Venezuela: Tortura y represión como política de Estado

Introducción

Mientras lees esto, cientos de presos políticos están siendo torturados en El Helicoide, el principal centro de detención y torturas de Venezuela. Dentro de sus muros, los detenidos son víctimas de golpizas, asfixias con bolsas plásticas y violencia sexual, incluida la violación. Este mismo patrón de violencia se extiende a las calles, donde las fuerzas de seguridad actúan con impunidad para reprimir las manifestaciones contra el gobierno.

A partir de testimonios, registros audiovisuales e informes de organismos internacionales, este reportaje revela cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la persecución, la tortura y la violencia como instrumentos de control político para castigar cualquier forma de disidencia.

El país donde la represión es ley

Durante más de veinticinco años, el régimen chavista ha institucionalizado la violencia para mantenerse en el poder. Uno de los episodios más sangrientos se produjo en 2017, cuando las protestas masivas fueron brutalmente reprimidas, dejando un saldo de 157 fallecidos, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Entre los casos más emblemáticos de este periodo de protesta se encuentra el asesinato de Neomar Lander, un joven de 17 años que murió cuando un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le disparó una bomba lacrimógena directamente en el pecho durante una manifestación en Caracas; y el de David José Vallenilla, de 22 años, quien se encontraba en una protesta a las afueras de la Base Aérea La Carlota y fue asesinado a quemarropa por el sargento Arli Méndez Terán, que le disparó a corta distancia con un fusil empleado para lanzar perdigones.

Estas muertes no fueron hechos aislados. Entre los años 2011 y 2021, Venezuela registró más de 92.000 protestas en todo el país, y se estima que unas 287 personas perdieron la vida en el contexto de estas manifestaciones. La respuesta del régimen a las protestas populares ha sido la violencia.

Episodios documentados de represión en Venezuela (2014–2019)

Solamente en el año 2019 se registraron 16.739 protestas y se reportó una cifra de 61 fallecidos, así como el asesinato de seis personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente días después de realizadas las protestas.

En su informe anual de 2019, PROVEA describió dos casos de ejecuciones extrajudiciales: Luis Enrique Ramos Suárez (29), quien asistió a la manifestación de la oposición el 23 de enero de 2019, y Eduardo Luis Ramos Torbello (30), conocido por su postura opositora, aunque no participó en la marcha. Alrededor de las 3:00 p.m., un grupo de unos 20 oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegó a la vivienda de Luis Enrique, donde estaba con sus padres y varios niños, y se lo llevaron. Al mismo tiempo, Eduardo Luis fue interceptado en la calle por otros agentes que lo obligaron a subir a un vehículo. Horas después, ambos jóvenes fueron encontrados muertos.

Estos actos de violencia, ampliamente documentados por la prensa y organizaciones de derechos humanos, evidencian el uso deliberado y sistemático de la represión letal como política de Estado.

Esta política de represión estatal ha sido ejecutada principalmente por el Comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos paramilitares conocidos como “colectivos”, integrados por civiles armados que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad. Además, las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (RAAS), integradas por vecinos que actúan como agentes de inteligencia, han colaborado informando a los cuerpos represivos del régimen sobre la ubicación e identidad de manifestantes y disidentes.

Crímenes bajo investigación internacional

La represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano no ha pasado inadvertida. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció una Misión Internacional de Determinación para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.

Su informe de 2022 concluyó que estos delitos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, forman parte de un plan sistemático para reprimir a la oposición, identificando a Nicolás Maduro y a altos funcionarios como los principales artífices de una maquinaria destinada a reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

El rol de los servicios de inteligencia

Para llegar a sus conclusiones, la misión analizó información proveniente de antiguos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Estas fuentes revelaron que el presidente y otras autoridades de alto nivel participaban en reuniones de coordinación y posteriormente ordenaban directamente a ambos organismos las medidas que debían adoptarse contra objetivos específicos. Una vez dadas las órdenes, se perseguía a personas con un perfil determinado, o a sus familiares, incluidas aquellas que habían criticado al gobierno o constituían una amenaza particular para el régimen.

Las detenciones se caracterizaban por graves irregularidades, como el uso de señuelos, intentos deliberados de los funcionarios por encubrir su identidad, la fabricación de pruebas y el uso desproporcionado de la fuerza durante los operativos.

Tortura y violencia sexual

La Misión de la ONU asegura haber documentado 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entre 2014 y 2021.

Los funcionarios de esta agencia emplearon métodos de tortura brutales, incluidos golpizas, descargas eléctricas, asfixia y tortura psicológica, que causaron graves lesiones físicas y traumas psicológicos duraderos. La Misión documentó casos de pérdida sensorial, lesiones reproductivas y abortos espontáneos.

Además, se perpetraron actos de violencia sexual y por razón de género, incluyendo violaciones, amenazas de violación, descargas eléctricas o golpes en los órganos reproductivos y amenazas de mutilación genital.

El mismo modus operandi se repite con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La misión investigó 51 casos en los que los funcionarios del SEBIN torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles e inhumanos que podían extenderse por días o semanas.

Las torturas solían cometerse durante los interrogatorios para extraer confesiones o para obligar a las personas a incriminarse a sí mismas, en particular a líderes destacados de la oposición.

El Servicio utilizaba diversos métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico, así como amenazas de muerte o violación. Antiguos empleados del SEBIN afirmaron que el presidente, los directores o el propio director ordenaban directamente las torturas.

Escalada de violencia tras las elecciones de 2024

Después de que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor de las elecciones presidenciales, miles de venezolanos salieron a las calles a manifestarse tras las denuncias de fraude electoral. La respuesta del régimen fue nuevamente un baño de sangre: según el informe de la Misión de la ONU publicado en septiembre de 2024, al menos 25 personas fueron asesinadas y más de 2.000 detenidas —entre ellas menores de edad y personas con discapacidad—, muchas de ellas acusadas de terrorismo simplemente por ejercer su derecho a la protesta.

Entre las víctimas se encuentra Ángel Mora, un joven de 17 años que murió tras recibir una golpiza propinada por las fuerzas de seguridad durante una protesta en Guanare, estado Portuguesa. Mora estuvo varios días en la UCI antes de morir.

Se documentó un alarmante aumento de la violencia sexual, incluyendo amenazas de violación y desnudez forzada, frecuentemente infligidas durante las detenciones e interrogatorios. Dos adolescentes, de 15 y 17 años, fueron detenidas a pesar de no participar en las protestas y sufrieron abusos físicos y sexuales.

Unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) las golpearon, las tildaron de “perras guarimberas” y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de la ropa. Posteriormente fueron trasladadas al comando de la GNB, donde continuaron los maltratos. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales.

Persecución y terror: Operación Tun Tun

Bajo la llamada Operación Tun Tun, el régimen implementó una política de persecución en el contexto de las elecciones de 2024.

Uno de los casos más emblemáticos es el de María Oropeza, dirigente del partido Vente Venezuela, quien transmitió en vivo el momento en que agentes de seguridad derribaban la puerta de su casa para detenerla sin orden judicial. Días después, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) utilizó la misma transmisión de Oropeza para difundir un video editado con la música de la película Freddy Krueger, con el fin de exhibirla como un trofeo y aterrorizar a la población.

Otro caso estremecedor es el de Merlys Oropeza, una joven de 25 años encarcelada bajo esta misma operación tras publicar un estado de WhatsApp donde se refería a la jefa del consejo comunal de su comunidad. Fue condenada a 10 años de prisión por “incitación al odio” y, en una carta a sus padres, expresó sus deseos de no seguir viviendo debido a las condiciones de reclusión:

“No quiero que me vengan a ver con esta tristeza en los ojos. No quiero que me sigan esperando con esperanzas cuando yo misma me he rendido. Solo quiero pedirles perdón por haber arruinado mi vida y la de ustedes con ella”.

Estos episodios de persecución evidencian un patrón de violencia que tiene como propósito sembrar terror en la población y reprimir las protestas sociales tras las denuncias de fraude electoral.

De acuerdo con los hallazgos de la Misión de la ONU, todas las personas detenidas en este contexto fueron encarceladas sin órdenes de captura y sin informar a los familiares dónde serían trasladadas.

En muchos casos, las detenciones se dieron tras denuncias anónimas a través de la aplicación VenApp, originalmente concebida para la gestión de servicios públicos, que fue habilitada para denunciar a personas sospechosas de participar en las manifestaciones bajo etiquetas como “actividades sospechosas”, “guarimba fascista”, “desinformación” y “desorden público”.

La aplicación fue inhabilitada en las tiendas Apple Store y Google Play tras los reportes masivos contra su uso.

El testimonio de las víctimas en la CPI

La ONU no ha sido la única instancia internacional que ha investigado el accionar de las autoridades venezolanas. En febrero de 2018, Fatou Bensouda, entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), abrió un examen preliminar para analizar los presuntos delitos cometidos en Venezuela desde 2017, en el contexto de las manifestaciones.

En septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión interestatal de seis Estados parte del Estatuto de Roma —Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— para iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que existen bases razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos incluyen delitos como persecución política, detenciones arbitrarias, tortura, violación y otras formas de violencia sexual por parte de miembros del Estado venezolano.

Finalmente, en 2021, el fiscal Karim A. A. Khan anunció el cierre de la etapa preliminar y la apertura de una investigación formal.

En abril de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), donde se recopilan testimonios de 8.900 víctimas venezolanas.

El informe describe el uso de niveles extremos de violencia física y psicológica —incluidos delitos sexuales y por motivos de género— perpetrados por las autoridades venezolanas en centros de detención, durante manifestaciones y en allanamientos ilegales. Documenta casos en los que las víctimas fueron torturadas, violadas o agredidas sexualmente, a menudo como castigo o humillación por su posición política o identidad de género.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de denuncias de tortura y violencia de género, incluyendo tanto casos resumidos como testimonios directos de víctimas que exponen los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas:

“Cuando descubrieron mi identidad de género no binaria, después de revisar mi teléfono celular, me sometieron a humillaciones. Me colocaron en un tigrito o celda de 2×2 metros; me esposaron las manos por detrás, sujetándolas a un gancho en el piso, dejándome así por lo que creo fueron dos o tres días, sentado en ese lugar. No me dieron agua, ni comida, ni me permitieron hacer mis necesidades fisiológicas, por lo que tuve que hacerlo encima de mí. Me dejaron salir al segundo o tercer día, débil, casi arrastrándome porque no podía mantenerme en pie, con las piernas entumecidas. Me desnudaron, colgaron mis manos hacia arriba y me lanzaron cubetas de agua que la mayoría de las veces caían en mi rostro. Luego me soltaron y me obligaron a enjuagar mi ropa solo con agua. En una ocasión, me llevaron a una habitación donde solo había un viejo escritorio metálico fijado a la pared y una silla de metal en el centro. Me esposaron las manos a la silla con dos pares de esposas, tomaron una vara eléctrica de las que se usan para el ganado y la conectaron con un cable largo a un enchufe de la pared. La colocaron varias veces sobre mi pecho, arrojaron agua sobre mis pantalones, precisamente en los genitales, y descargaron electricidad sobre mis testículos. Así que no pude contener la vejiga y oriné con mucha fuerza por el shock. Aún tengo en el cuerpo las cicatrices de las quemaduras eléctricas. Falsificaron un documento judicial en el que afirmaban que había sido condenado a muerte y me llevaron a una habitación donde me subieron a un banco de plástico; me colgaron una cuerda al cuello y me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas que no podía responder. Los golpes fueron tan fuertes que una de las patas del banco se rompió, así que quedé colgado y perdí el conocimiento. Aún tengo las cicatrices en el cuello. Luego me trasladaron a un área con otros presos y les dijeron que yo era un violador, por lo que me golpearon y abusaron de mí, obligándome a realizar sexo oral. […] Mi enfermedad, [redactado], en estado terminal, se agravó por no haber recibido tratamiento ni atención médica, que aún no recibo porque sigo privado de libertad”.

“[Individuos] desconocidos tocaron el timbre de mi casa; no abrí la puerta, así que irrumpieron en ella. Eran un grupo de hombres del SEBIN; me golpearon, me escupieron, me tiraron del cabello, me dijeron que me violarían, me golpearon con un arma y amenazaron con matar a mi familia porque yo era ‘una maldita fascista de la oligarquía’. Luego me ataron y robaron el dinero y los suministros [redactado]. Tras estos hechos repugnantes, uno de ellos se bajó los pantalones y amenazó con violarme; me orinó encima y me dijo que le dijera a [nuestra líder] que era una terrorista fascista y que, si seguíamos conspirando contra la revolución, nos matarían a todos; que la oligarquía jamás tomaría el poder. Más tarde, mi esposo llegó con mis hijos y me encontraron en ese estado aterrador. No puedo olvidar el rostro de mi hijo mayor y el ataque de pánico que tuvo al verme así. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Muchas cosas me han pasado en la vida, pero esta marcó mi vida”.

“[La víctima] fue secuestrada por un gran número de funcionarios del SEBIN que le ataron las manos y los pies, lo amarraron a un vehículo del SEBIN y lo arrastraron por más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo al [redactado], donde fue torturado durante 24 días. […] Las torturas fueron literalmente macabras: le arrancaron las uñas de las manos y los pies con alicates; lo asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas plásticas que contenían insecticidas, lo que dañó gravemente sus pulmones; le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpearon todo su cuerpo con toallas mojadas; y lo obligaron a bañarse constantemente en orina y excrementos […]”.

“Soy un activista político opositor al régimen de Nicolás Maduro […]. Mi arresto tuvo lugar el [redactado] […]. En la prisión de [redactado], mis derechos humanos no eran derechos, sino simples sistemas de recompensa que se instrumentalizaban de la forma más perversa posible. Cuando las visitas familiares o de mis abogados eran más frecuentes, no era porque se tratara de un derecho, sino porque para los militares eso era prácticamente un premio que podían quitarme a voluntad, como quien le quita un hueso a un perro. […] Otra forma particular en que los oficiales uniformados ejercieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra mí fue de naturaleza vicaria, es decir, me hacían sufrir a través del maltrato a mi familia. Mi esposa […] fue constantemente víctima de abuso sexual bajo la amenaza de que, si no lo toleraba, no le permitirían verme […]. De este modo, muchas veces la obligaron a desnudarse, a abrir las piernas, le realizaron tocamientos indecentes (violencia sexual) y, en una ocasión, incluso la obligaron a quitarse la toalla sanitaria para ‘revisar que no escondiera ningún objeto’, lo que fue profundamente humillante y ofensivo para ella […]. En una ocasión fue aún peor, porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela, e incluso intentaron desnudar a nuestros hijos”.

Voces del horror: sobrevivientes ante la comunidad internacional

Además de los casos documentados por la CPI, otros sobrevivientes han compartido públicamente sus experiencias de tortura bajo el régimen de Maduro.

Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Argentina, dos víctimas relataron los horrores que padecieron dentro de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Víctor Navarro fue detenido arbitrariamente en 2018 por agentes del SEBIN que allanaron su vivienda de forma ilegal y lo trasladaron a El Helicoide.

“Ahí estuve días desaparecido mientras le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Mientras mi familia no sabía nada de mí, me torturaron física y psicológicamente”.

“También fui testigo de cómo torturaban a otras personas, cómo asfixiaban a jóvenes y golpeaban a quienes estaban directa o indirectamente vinculados conmigo. Pasé por muchísimos interrogatorios donde el principal objetivo era que inculpara a personas inocentes. El objetivo era fabricar un expediente falso para acusarme públicamente de terrorista, que fue lo que hizo Diosdado Cabello en televisión mostrando una foto mía y diciendo que había capturado una célula terrorista. Ese hecho fue lo que hizo que mi familia supiera que yo estaba detenido por el Estado venezolano”.

Durante los meses que estuvo encarcelado, fue sometido a tratos crueles e inhumanos.

“Me golpearon constantemente, colocaron una pistola cargada en mi boca, me arrodillaron y me obligaron a decirles que tenía miedo, que debía pedirles perdón por mis actos terroristas. Durante estos cinco meses viví las peores atrocidades que puede vivir un ser humano. Estuve en una celda hacinado con 16 personas, cuatro de ellos menores de edad, dos de ellos torturados”.

Por su parte, Anthony Vega permaneció encarcelado durante cinco años tras ser detenido de forma arbitraria por agentes del SEBIN y el FAES.

“Vivía en una zona popular de Caracas, muy vulnerable. Mi comunidad siempre ha sido objeto de abuso policial y de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía política de la dictadura”.

“En octubre de 2014, un grupo de hombres armados y sin identificación me interceptó junto a otras personas. Llegaron de forma abrupta, golpeando y lanzando disparos al aire. Intenté correr y esconderme, pero un hombre encapuchado me apuntó y me dijo: ‘Tírate al suelo, maldito, o te mato’. Me ataron las manos por detrás con cinta, me cubrieron el rostro con mi propia camisa y me subieron a un auto. En el trayecto me golpearon en las costillas, sin saber aún que mi destino sería El Helicoide”.

“Al llegar fui interrogado y presionado para admitir un crimen que no cometí. Me acusaban de haber asesinado a un diputado. Yo no tenía la menor idea de lo que me hablaban; ni siquiera sabía qué era un diputado. Solo vivía mi vida como lo intentaba hacer cualquier joven en Venezuela”.

Durante su reclusión fue víctima de torturas físicas y psicológicas.

“Me colocaron periódico en los ojos y las manos, me envolvieron con cinta y me esposaron. Perdí completamente la noción del tiempo y el espacio. De repente alguien me hizo arrodillar, otro se montó sobre mi columna y jaló mis brazos hacia atrás haciendo palanca. Otro me sujetó las piernas con fuerza y me montaron una bolsa en la cabeza para asfixiarme. Entré en un estado de desesperación hasta el punto de desmayarme varias veces. En ese momento solo quería alcanzar la muerte para librarme de esa agonía”.

“Además de las golpizas y asfixias, fui víctima de amenazas de violencia sexual, incluso contra mi hija de nueve años, como mecanismo de coerción. Me oriné y me defequé encima; sentía la sangre salir de mi nariz y cómo entraba por mi boca. Me amenazaron con introducir un palo de escoba por el ano”.

Conclusión

Gracias al trabajo de organismos multilaterales, organizaciones de derechos humanos y la prensa, hoy conocemos estas historias de horror que revelan la verdadera naturaleza de un régimen que ha institucionalizado la represión como herramienta para sostenerse en el poder.

Se trata de un plan sistemático para perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a quienes se atreven a oponerse.

El mundo no puede mirar hacia otro lado mientras los venezolanos sufren. Tenemos el deber de alzar la voz por quienes no pueden hacerlo y exigir justicia para todas las víctimas de esta dictadura.