Psiquiatría en defensa de la revolución

¿Quién define lo que es la normalidad y lo que se escapa de ella? ¿Acaso el juicio de un profesional es condición suficiente para distinguir la sensatez de la locura? A los médicos psiquiatras y psicólogos clínicos se les otorga la autoridad para hacer ambas cosas. Esto nos revela la íntima relación que existe entre el poder y el ejercicio de estas disciplinas. El llamado “juicio clínico” de los profesionales en salud mental permite justificar privaciones de libertad bajo el argumento de velar por el bienestar de la persona. Lo anterior ocurre en la reclusión, la incapacidad jurídica y el sometimiento a tratamientos en contra de la voluntad del considerado paciente.

Lo que entendemos como normalidad se encuentra inevitablemente enmarcado en un contexto sociohistórico, por lo que no suele ser una concepción estable e inamovible. En el pasado, para muchos, la homosexualidad era claramente una desviación patológica de la normalidad; incluso se incluía en la lista de patologías psiquiátricas de la Organización Mundial de la Salud hasta el año 1990, siendo que las categorías descritas en los manuales de psiquiatría también están sujetas a los cambios en el terreno sociocultural. Al desenmascarar la presunta imparcialidad de los juicios psiquiátricos, no es de extrañarse que ciertos criterios puedan llegar a estar determinados por formas de pensar que buscan imponerse como norma.

Ideologías como el chavismo en Venezuela han pervertido términos psicológicos o psiquiátricos para sustentar un sistema de opresión política. Tempranamente, en el año 2003, el médico sanitarista Erik Rodríguez planteó la categoría diagnóstica de “disociación psicótica” para clasificar al sector de la sociedad venezolana que se oponía a la revolución bolivariana, refiriéndose a su comportamiento como un problema psicológico que los llevaba a ser agresivos, violentos e intolerantes al presidente Hugo Chávez y sus seguidores [1].

De manera similar, diversos actores del régimen chavista han utilizado términos de la psiquiatría para chantajear, censurar y perseguir a miembros de la oposición en repetidas ocasiones. Sería imposible no mencionar a Jorge Rodríguez, psiquiatra y actual presidente de la Asamblea Nacional, quien se ha barajado a lo largo de la historia del chavismo entre múltiples cargos públicos y, desde su programa televisivo Política en el diván, utilizaba frecuentemente términos de la psicología clínica para ofender y descalificar a quienes se oponen al chavismo. Rodríguez llegó a señalar al aire, apelando a su juicio como psiquiatra, que la psicosis es un trastorno propio de la oposición, desacreditando los argumentos de dirigentes políticos al definirlos como consecuencia de ideas delirantes y alucinaciones que los alejan de una realidad objetiva, de las bondades de la “Revolución Bolivariana” y de su líder, Hugo Chávez [2].

Más recientemente, tras el fraude electoral más grande de la historia del país, encontramos declaraciones como las del fiscal general Tarek William Saab, leal a Nicolás Maduro, acusando a Edmundo González Urrutia de tener un “delirio de demencia” al autoproclamarse presidente electo [3]. Asimismo, el chavismo ha respondido a la defensa de la verdad de los resultados del 28 de julio por parte de la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, calificándola de “loca” o de psicópata sin evidencia clínica alguna [4]. Este es un ejemplo de cómo los términos psiquiátricos son distorsionados en la tónica de la posverdad —fenómeno que caracteriza a los regímenes autoritarios— con el cual manipulan los sentimientos y las creencias de la gente para influir en la percepción de los hechos de una forma que les sea conveniente.

Otro ejemplo lo tenemos con el actual ministro de Interior y Justicia, y segundo hombre más poderoso del régimen venezolano, Diosdado Cabello, quien en su programa Con el mazo dando, luego de los acontecimientos en los que se denunciaba la detención arbitraria de María Corina por parte de los cuerpos de seguridad del régimen, los tacha como una mentira más de la dirigente, señalándola de padecer de mitomanía (tendencia a mentir de forma repetitiva). Cabello dedicó varios minutos a transmitir videos que aparentaban ser educativos sobre la mitomanía y cómo sus características correspondían con el comportamiento de la líder opositora [5], seguido de la reproducción de la canción titulada La llamaban loca para burlarse no solo de María Corina, sino también de todas las personas que sufren algún problema psicológico.

Estos discursos que reducen las actitudes discrepantes al chavismo a problemas clínicos generan diversos problemas a la sociedad civil. Primero, se tratan de argumentos ad hominem que refutan las críticas atacando a quienes las emiten sin analizar su contenido, apelando a las emociones como estrategia retórica por encima de la lógica para invalidar opiniones legítimas, cerrando así el espacio cívico. Además, pervertir juicios clínicos que apelan a una supuesta incapacidad mental puede justificar la privación de libertad, la represión y la censura, como fue el caso de Franklin Brito, un agricultor y biólogo venezolano que, por sostener una serie de disputas legales y huelgas de hambre contra el gobierno de Hugo Chávez, fue retenido y torturado en el Hospital Militar, en contra de su voluntad y la de su familia, bajo la orden de un tribunal que lo declaró incapacitado mentalmente sin ninguna evidencia clínica [6].

La disputa de Brito comenzó luego de que, en el año 2002, tuviera un enfrentamiento con el alcalde chavista de su municipio, Juan Carlos Figuerella, quien había solicitado una subvención a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para financiar un proyecto agroquímico. Brito advirtió a la CVG sobre el riesgo de malversación de fondos, y fue tomado en cuenta por el organismo, que decidió negar el proyecto del alcalde. En consecuencia, Brito fue despedido de los cargos públicos que ejercía en una escuela y en el instituto agrónomo del municipio, y su terreno fue detentado —es decir, expropiado— por vecinos autorizados por el Instituto Nacional de Tierras. Brito denunció esta situación como una acción orquestada por el alcalde Figuerella como venganza en su contra.
Como respuesta, Brito se involucró en varias disputas legales y protestas públicas, llevando a cabo un total de seis huelgas de hambre. A pesar de que siempre fue racional en sus demandas y se mantuvo apegado al derecho, el Estado lo acusó de mentiroso y “loco”, hasta que, en enero de 2010, fue desalojado por la fuerza del lugar en el que hacía su huelga de hambre y trasladado al servicio de psiquiatría del Hospital Militar por orden de la fiscal general. Su desalojo es un ejemplo del uso desmedido de la fuerza que se legitima en sociedades militarizadas como la venezolana, donde se levantó su campamento en las puertas de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevando a Brito en un vehículo blindado compuesto por 60 efectivos de la policía y algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

En el Hospital Militar, Brito estuvo durante varios meses bajo hospitalización forzada sin ningún tipo de evaluación clínica, confinado y con severas restricciones para recibir visitas. Lamentablemente, Brito murió a los ocho meses de permanecer totalmente incomunicado en el hospital, donde médicos psiquiatras, violando códigos deontológicos, utilizaron categorías pseudomédicas para arremeter contra una persona que denunció y se opuso firmemente a los abusos de poder del chavismo: un cruel precedente de las consecuencias de reducir los problemas políticos que atraviesa el país a problemas psiquiátricos.

Tortura psiquiátrica a la cubana

El régimen venezolano no es el único que pervierte la psicología y la psiquiatría para fines políticos en América Latina. Este modo de proceder se remonta, al menos, a mediados del siglo XX en la Cuba castrista, pues desde hace tiempo los Estados autoritarios habían encontrado un recurso valioso en estas disciplinas para sus fines políticos. De este modo, entrenados por la KGB soviética a inicios de los años sesenta en Moscú, los psicólogos del régimen castrista desarrollaron su propia metodología de tortura psiquiátrica llamada “psicología operativa”, que tenía el propósito de reprimir y torturar psicológicamente a prisioneros señalados por la Seguridad del Estado de cometer “ofensas” políticas contra el régimen.
La ONG Archivo Cuba reporta 41 casos de abuso psiquiátrico desde que el régimen está instalado en la isla [7]. Algunas de estas personas pagaron un precio altísimo por expresar sus ideas en contra del régimen comunista, como es el caso de Leandro Hidalgo Pulido, un joven de 20 años que, en 1990, durante un campeonato de boxeo en La Habana, exclamó “¡Abajo el comunismo!”, siendo brutalmente arrestado y llevado a Mazorra, el centro de reclusión psiquiátrica más grande de Cuba, donde fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y sometido a medicación forzosa y a tortura con electroshock. Un reporte del año 2011 informó que no se tenía conocimiento de la vida de Leandro desde hacía siete años.
Más recientemente, en junio de 2018, el rapero cubano Henry Laso, conocido como El Encuyé, también fue internado en Mazorra debido a su música crítica con la dictadura y por llamar a los jóvenes a protestar por sus derechos. Laso recibió un diagnóstico de esquizofrenia con el que su familia no estaba de acuerdo y, luego de pasar por otros tres hospitales psiquiátricos, fue excarcelado ese mismo año luego de realizar una huelga de hambre en el hospital.
De manera similar a lo ocurrido con Brito en Venezuela, los prisioneros psiquiátricos en Cuba suelen recibir un diagnóstico de esquizofrenia, y bajo la etiqueta de la locura se justifica no solo la reclusión en un centro psiquiátrico, sino también la censura de sus ideas disidentes como producto de una supuesta disfunción mental fuera de lo razonable. Bajo el diagnóstico clínico se argumenta la administración forzosa de psicofármacos y de terapia electroconvulsiva, que se configuran realmente como métodos de tortura psiquiátrica para castigar a quienes piensan distinto. Lo anterior puede ser una consecuencia no solo de las relaciones autoritarias que emergen de sociedades militarizadas como la cubana, sino también de una sociedad medicalizada, en una isla que se vende al mundo por su sistema y personal de salud, del que se enorgullecen exportar a Venezuela.

El poder psiquiátrico a manos de un Estado militarizado

La naturaleza totalitaria de regímenes como el castrista y el chavista se ha caracterizado por el incremento de la presencia de efectivos y símbolos militares en diversos espacios de la vida pública. En el ámbito psiquiátrico en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene una presencia notoria. Por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, diversos pabellones que la administración no ha logrado mantener fueron cedidos por una época a milicianos para que durmieran, hicieran sus vidas e incluso criaran puercos dentro de las instalaciones [8]. Se vuelve inevitable que los militares desempeñen un rol dentro de los servicios de salud mental a través de los intercambios con los pacientes y el personal sanitario, introduciendo el ordenamiento militar en el funcionamiento de las instituciones.
A medida que se normaliza el uso de la fuerza como medio legítimo de control en los espacios que ocupan las Fuerzas Armadas, se justifican las transgresiones violentas contra las libertades personales, al mismo tiempo que, en las interacciones sociales, comienza a predominar la sumisión y la obediencia. Esta militarización de las relaciones civiles acentúa la asimetría en el ejercicio de la psiquiatría como autoridad para justificar la privación de libertades con fines políticos, donde, con total impunidad, se arremete contra individuos que molestan al poder. Así como se presenta cruelmente en las historias de Franklin Brito y de Leandro Hidalgo, la combinación de la militarización y la psiquiatría arremete violentamente contra libertades y derechos fundamentales, para recluir personas en un servicio de psiquiatría hasta perder la vida.
Cabe hacerse la pregunta: ¿cuánto poder tiene en sus manos un régimen totalitario que, con la fuerza de las armas, puede secuestrar ciudadanos y, con la perversión de la psiquiatría, justificar la privación de sus libertades?

Este escenario, en el que ciudadanos que se oponen a un régimen son perseguidos bajo argumentos pseudomédicos emitidos por simpatizantes del oficialismo, demuestra la ingenuidad de quienes pretenden que la psicología y la psiquiatría puedan mantenerse al margen de la política, y que debemos cuestionarnos la forma en la que opera el poder bajo el pretexto de la neutralidad, la ciencia y la verdad.

Además, resulta imposible ignorar que la dimensión psicológica de las personas es afectada por las relaciones de poder, puesto que no puede existir bienestar personal con la privación constante de derechos a nivel colectivo y la presencia de relaciones humanas marcadas por la violencia. En contextos de opresión política, la experiencia psicológica de los ciudadanos suele estar dominada por sentimientos como el miedo, la ansiedad, la ira, la desconfianza y el resentimiento, que derivan de haber sufrido abusos e injusticias por parte de quienes ejercen el poder.

Para poder alcanzar el bienestar —en el que se pueda expresar un sentir y pensar personal positivo— es necesario liberarse de las dinámicas de opresión, y el primer paso para hacerlo es discernir las fuentes políticas de la experiencia psicológica de opresión, es decir, los sistemas y estructuras de poder que establecen las condiciones para que un grupo sea oprimido en beneficio de otros. Se debe asumir un compromiso con lo político y lo psicológico al mismo tiempo; esto inevitablemente nos lleva a cuestionar la autoridad de los profesionales de la salud mental para definir y controlar la experiencia de los usuarios, que, como se ha venido exponiendo, puede utilizarse para descalificar y reprimir a disidentes políticos a través de su práctica.

La labor investigativa de los profesionales de salud mental debe tener en cuenta los derechos humanos fundamentales de las personas hacia las que se dirige su práctica profesional, en medio de un contexto de totalitarismo, violencia y militarización, donde las relaciones que se dan en la psiquiatría adquieren mayores tintes de desigualdad y opresión. Considerar estos aspectos posibilita la promoción del bienestar, la resistencia a la opresión y fomenta la liberación a través de la concientización y el conocimiento de las dinámicas, las fuentes y las experiencias en los múltiples niveles de opresión, entre los que se incluyen los que pueden ejercer la psiquiatría y la psicología.