Venezuela: la normalización fallida — crímenes de lesa humanidad bajo la apariencia de elecciones

Basado en el informe “27J: La normalización fallida. Elecciones municipales y cierre del espacio cívico en Venezuela” (Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, septiembre 2025).

El 27 de julio de 2025 quedó registrado en los papeles oficiales como una jornada electoral municipal más. En la realidad, fue la consumación de un simulacro: una votación con una participación real estimada del 29% sobre el padrón electoral, que dejó como resultado —según la documentación independiente— la adjudicación de 85% de las alcaldías y 83% de las concejalías al bloque oficialista. No se trató de una normalización política, sino de la puesta en escena de un régimen que recurre a instrumentos de poder, coacción y violencia para sostenerse. El informe “27J: La normalización fallida” lo documenta con método, cifras y testimonios: lo que algunos intentan presentar como “retorno a la normalidad” es, en realidad, la profundización de una emergencia democrática de carácter complejo y letal.

El Estado capturado por economías ilícitas

La tragedia venezolana ya no puede leerse únicamente como una crisis política; hay una economía criminal que la sostiene. Transparencia Venezuela y datos de la UNODC apuntan a que casi el 24% de la cocaína mundial transitó por Venezuela en 2023, y que los ingresos brutos por ese tránsito habrían rondado los 8.185 millones de dólares en 2024. Ese flujo de recursos ha dejado de ser un fenómeno marginal: se ha integrado a la estructura del poder, con presuntas vinculaciones de altos mandos civiles y militares al denominado “Cartel de los Soles”. El resultado es explosivo: un Estado que opera como protector y operador de actividades delictivas, con consecuencias directas sobre el ejercicio de derechos y la vida cotidiana.

Represión institucionalizada: detenciones, desapariciones y rehenes

El cierre del espacio cívico no es una metáfora. Entre enero y agosto de 2025 las organizaciones que monitorean violaciones a la libertad de expresión documentaron 167 agresiones —censura, intimidaciones, hostigamiento judicial— y 24 detenciones relacionadas con el ejercicio periodístico. Para septiembre de 2025, las cifras de presos políticos confirmados superaban los 1.000 —1.056 según los recuentos—, incluyendo 41 extranjeros y decenas de binacionales utilizadas como piezas de negociación internacional. Entre junio y agosto, el informe documenta 71 detenciones arbitrarias (el 63% dirigidas a militantes políticos) y constata que el 45% de las detenciones incluyeron desapariciones de corta duración: una herramienta práctica de intimidación y control social. Estos patrones —detención sistemática, desaparición, persecución judicial selectiva— no se explican por errores aislados; forman parte de una política de Estado.

Militarización y la excusa de la “defensa”

La retórica de la “soberanía” y la amenaza externa se ha convertido en el argumento para profundizar la militarización. Tras incidentes en el Caribe ligados a operativos antidrogas de fuerzas estadounidenses —que el informe documenta como dos ataques a embarcaciones venezolanas que dejaron 14 muertos— el Ejecutivo respondió con el Plan Independencia 200: 284 frentes de despliegue, milicia, cuerpos policiales y fases de “resistencia activa” que diluyen la frontera entre civil y castrense. Ese plan no es reacción circunstancial: crea infraestructura permanente de control y posibilita la restricción arbitraria de libertades bajo el pretexto de emergencia.

La migración como efecto y evidencia del colapso

El éxodo no cayó del cielo: es la consecuencia directa de la captura estatal, la violencia y la desprotección. Hacia mediados de 2025 había alrededor de 6,87 millones de venezolanos desplazados en 17 países de América Latina; el fenómeno de “flujo inverso” (más de 14.000 retornos desde Estados Unidos y México en condiciones forzadas) muestra el desamparo de quienes huyeron y ahora son devueltos a la precariedad. En Europa, 49.000 solicitudes de asilo en el primer semestre de 2025 contrastan con una tasa de reconocimiento formal ínfima: la protección real es marginal y frágil. La migración masiva es, en síntesis, el dato más concluyente de un Estado que ha dejado de garantizar la seguridad y la dignidad de su población.

Crímenes de lesa humanidad: una calificación que exige acción

El informe subraya que los patrones observados —detenciones arbitrarias sistemáticas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales vinculadas a la respuesta a narcotráfico, persecución política masiva— cumplen los umbrales que, bajo derecho internacional, permiten y exigen el análisis sobre crímenes de lesa humanidad. No son abusos improvisados: son dispositivos de control político con efectos colectivos y prolongados en el tiempo. La comunidad internacional y los órganos de justicia universal deben interpretar estos hechos con la gravedad que demandan. Normalizar lo ocurrido sería legitimar la impunidad.

La falacia de la “normalización”

Algunos actores —gubernamentales o externos— promueven la narrativa de una “vuelta a la normalidad” mediante procesos electorales y acuerdos pragmáticos. El informe desmonta esa falacia: los comicios de 27J y las maniobras para constituir una nueva Asamblea Nacional fueron intentos de revestir de legalidad una estructura que impide la competencia libre, la prensa independiente y la actividad cívica. La “normalidad” que proponen no es la de la democracia, sino la de un autoritarismo sofisticado que utiliza instituciones vaciadas para reproducirse.

Qué hacer (y qué no serviría)

La salida de esta tragedia no pasa por aceptar la farsa. El informe plantea la necesidad de:

• Mantener y aumentar la presión internacional dirigida a desmontar las redes criminales que sostienen el poder.
• Exigir mecanismos de rendición de cuentas y abrir espacios de investigación internacional independientes.
• Priorizar la protección de las víctimas, la documentación y la preservación de pruebas para procesos de justicia transicional.
• No normalizar ni negociar la impunidad: cualquier negociación que omita la verdad, la justicia y la reparación sólo prolongará el sufrimiento.

Conclusión

Venezuela no está ante una crisis política más: está ante un régimen que, según la evidencia acumulada, combina represión sistemática y economías ilícitas para mantenerse en el poder. Hablar de “normalización” en ese contexto es cerrar los ojos ante la barbarie. La única salida compatible con la dignidad humana y el derecho internacional es la reconstrucción democrática que pase por el fin de este sistema y el rescate de la libertad: verdad, justicia y reparación deben ser el eje irrenunciable de cualquier transición legítima. El informe lo documenta con cifras y casos; la comunidad internacional y la sociedad civil tienen la obligación moral y política de no permitir que la historia se escriba como si nada hubiera pasado.