La situación de criminalidad, violencia e inseguridad representa el mayor desafío para la transición en Venezuela. El país ha sido secuestrado y desinstitucionalizado por un régimen narcotraficante que durante 26 años entregó nuestra soberanía y utilizó a los cuerpos de seguridad para el terrorismo de Estado.
Chávez y Maduro presentaron 20 planes de seguridad que resultaron en más de 500 mil venezolanos asesinados por el hampa, convirtiendo al país en uno de los 10 más violentos del mundo y haciendo de Caracas una de las capitales más peligrosas para vivir, comparable solo con Kabul o Bagdad. Así, la inseguridad fue la primera gran causa de la emigración. Familiares de asesinados, víctimas de secuestro, robo y extorsión empezaron a huir por miedo e impotencia, al no tener acceso a la justicia, con una impunidad que se ha mantenido por encima del 90%. Es decir, se premia al delincuente y se castiga al inocente.
Esta situación obliga a implementar un plan de seguridad ciudadana que, desde el punto de vista civil, tenga una visión integral que incluya a los cuerpos policiales, los grupos de rescate (Protección Civil y Bomberos) y un renovado sistema penitenciario. Además, la seguridad ciudadana debe ser transversal a las distintas áreas de políticas públicas como infraestructura, servicios y educación, para garantizar la protección de los venezolanos y generar confianza en el retorno de millones de migrantes. La gente volverá con libertad y permanecerá si hay seguridad.
El nuevo gobierno democrático reestructurará a los cuerpos de seguridad, capacitará a 100 mil policías despolitizados y proveerá equipamiento moderno y tecnología de punta para las labores de patrullaje, investigación e inteligencia. Asimismo, se retomarán las academias de formación descentralizadas, se promoverán intercambios de experiencias positivas con aliados internacionales y se aumentará significativamente la inversión en sedes y comandancias para modernizarlas. Se creará una Oficina Nacional de Control y Actuación Policial para imponer disciplina y mejorar los procedimientos. Venezuela debe transitar de las alcabalas “matraqueras” y coercitivas hacia una nación donde prevalezcan el orden, la justicia y la confianza en las autoridades de seguridad.
Para que las labores policiales sean efectivas, Venezuela debe contar con áreas afines a la seguridad ciudadana que actúen de manera independiente y sean refundadas, como el poder judicial y el sistema penitenciario. El país debe construir cárceles nuevas, acabar con el hacinamiento en los centros de reclusión, respetar el debido proceso, agilizar con transparencia las decisiones de los tribunales y erradicar el pranato hamponil para que las cárceles dejen de ser centros expansivos de criminalidad y se conviertan en espacios de reinserción social mientras los reclusos cumplen su condena. Una acción concreta, como la implementación de inhibidores de señal en las cárceles, coartará las comunicaciones de quienes planifican y ejecutan delitos desde su reclusión.
Las casas clandestinas de tortura deben ser ubicadas y clausuradas, mientras que las cárceles utilizadas para los presos políticos deben ser cerradas y convertidas en museos de memoria histórica, de modo que las próximas generaciones no repitan episodios atroces y los funcionarios policiales carguen con la responsabilidad de actuar apegados a la ley y respetando los derechos fundamentales.
Para concluir este primer bosquejo: la seguridad ciudadana siempre debe tener una visión integral, reflejada en acciones concretas y de alto impacto. Por ejemplo, transitar por carreteras, calles y autopistas iluminadas y bien señalizadas es sinónimo de seguridad y tranquilidad para conductores y transeúntes; plazas, parques y canchas nuevas y recuperadas harán que la gente se apropie y conviva en esos espacios públicos; grupos de rescate y emergencia como Protección Civil y Bomberos que actúen con rapidez y eficiencia ante desastres naturales garantizarán también el resguardo de los venezolanos. Acciones concretas como reemplazar el sistema de cámaras viales e implementar nuevas aplicaciones para “botones de emergencia” y llamadas rápidas marcarán la diferencia entre el control social (lo que hoy sucede) y la verdadera protección ciudadana.
Los venezolanos quieren libertad, prosperidad y reencuentro. Para lograrlo es esencial pasar del país violento del chavismo al país seguro, ordenado y decente que todos merecemos.