l mundo volvió a escuchar, con crudeza y detalle, la magnitud de los crímenes del chavismo. En la sede de la ONU en Ginebra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, presentó su nuevo informe: 172 páginas que documentan cómo el régimen de Nicolás Maduro ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La presentación estuvo marcada por las palabras iniciales de la presidenta Marta Valiñas, quien describió con precisión los métodos de tortura aplicados por los cuerpos represivos venezolanos:
“Señoras y señores delegados, la Misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas… En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocuyito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Y añadió un dato estremecedor: niñas adolescentes en centros transitorios fueron víctimas de violencia sexual “a cambio incluso de productos de limpieza para mantener una mínima salubridad en el lugar de reclusión”.
Cifras que estremecen
El informe de la Misión, elaborado entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, confirma que la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024 fue una continuación exacerbada de un plan sistemático de persecución política.
- 30 víctimas fatales documentadas: 25 asesinados durante protestas, 5 muertos bajo custodia y 3 que fallecieron tras ser liberados debido a la tortura y a la falta de atención médica.
- Más de 2.200 detenciones reconocidas por el propio régimen en 2024. La Misión pudo verificar directamente 243 casos ese año y 200 adicionales en 2025, con un promedio de 25 detenciones al mes.
- Entre los detenidos hubo 84 personas extranjeras, acusadas sin pruebas de “terrorismo” o “subversión”.
- 220 niños, niñas y adolescentes fueron arrestados entre julio de 2024 y enero de 2025. Algunos permanecieron incomunicados, otros fueron torturados o sometidos a violencia sexual.
Las detenciones no se limitaron a dirigentes políticos o activistas visibles: también incluyeron a periodistas, sindicalistas, profesores y ciudadanos que expresaron críticas en redes sociales o incluso en conversaciones privadas.
Aparato represivo e impunidad
El informe concluye que los abusos no son excesos individuales sino una política de Estado. Los arrestos son ejecutados por agentes encapuchados y sin identificación; el Ministerio Público acusa con expedientes genéricos; jueces subordinados avalan procesos ilegales; y las autoridades penitenciarias ejecutan castigos y torturas en celdas de aislamiento.
La Misión identificó casos de violencia sexual sistemática:
- Desnudez forzada y requisas invasivas.
- Sexo transaccional coercitivo, donde el acceso a alimentos o llamadas dependía de favores sexuales.
- Prostitución forzada dentro de cárceles y centros de reclusión transitoria.
En palabras de Valiñas: “Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de estos actos después de su excarcelación, mientras que los autores continúan en sus puestos con total impunidad”.
Crímenes de lesa humanidad
Los investigadores concluyen que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad, particularmente el de persecución por motivos políticos.
La represión, señalan, se sostiene en un aparato consolidado en el que confluyen cuerpos de seguridad, sistema judicial, Ministerio Público y autoridades penitenciarias. En Venezuela, no hay independencia judicial ni vías efectivas de protección.
Por eso, la Misión reiteró que quienes ejecutan, ordenan o toleran estos crímenes pueden ser responsables penalmente ante la Corte Penal Internacional.
Un narco-Estado en la mira internacional
El informe confirma lo que la ciudadanía venezolana denuncia desde hace años: el chavismo no es un gobierno sino una narcotiranía sostenida en el terror.
Un pequeño grupo —dirigido por el Cártel de los Soles— ha secuestrado al país, transformándolo en plataforma del crimen organizado, mientras somete a la población a asesinatos, torturas, desapariciones, persecución, exilio forzado y miseria planificada.
Lejos de ser un actor político legítimo, el chavismo opera como un sistema narcoterrorista que ocupa por la fuerza a Venezuela.
Existencia en juego
El mensaje que salió de Ginebra es inequívoco: Venezuela vive una lucha existencial. No se trata de matices ideológicos ni de diferencias de gestión, sino de enfrentar a una estructura criminal que ha hecho de la barbarie su método de gobierno.
“Memoria, verdad y justicia” no son solo consignas, son condiciones mínimas para que un país pueda reconstruirse.
El informe de la ONU no deja lugar a dudas: hay que ponerle fin a esta narcotiranía. No hay otra solución. Es la libertad.