El fraude electoral activó el terrorismo de Estado en Venezuela

Tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024, el Estado venezolano desplegó una estrategia sistemática de represión y control social que ha sido calificada por la CIDH como terrorismo de Estado. A un año de los comicios, las organizaciones políticas y sociales más representativas operan en semi clandestinidad y la represión se ha vuelto más eficaz y menos visible, mientras el modelo chavista busca consolidar su permanencia por medio del terror ejemplarizante.

Para quienes trabajamos en el área de derechos humanos, las dos semanas que siguieron al 28 de julio de 2024 fueron caóticas y vertiginosas. Asesorábamos a familiares de personas detenidas, intentábamos corroborar identidades de quienes habían sido privados de libertad, y procesábamos evidencias, mientras Nicolás Maduro declaraba que debían ser “dos mil” los arrestados tras las protestas contra el fraude electoral de los días 29 y 30. Sin embargo, aquella vorágine vivida experimentó un sacudón aún más fuerte cuando, el 18 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó oficialmente lo que ocurría en el país como “terrorismo de Estado”.

Fue una sensación agridulce. Por un lado, significaba la confirmación —por parte del órgano regional más respetado en la materia— de la veracidad de lo que veníamos denunciando. Por el otro, la profunda tristeza de que ese horror, que la CIDH había documentado en dictaduras pasadas de América Latina, ahora tocara nuestras puertas.

La CIDH no utiliza el término “terrorismo de Estado” a la ligera. Lo usó para referirse a la Argentina de la dictadura y el Plan Cóndor (1976–1983), al Chile de Pinochet, a la Guatemala del conflicto armado y el genocidio contra pueblos indígenas, al El Salvador de la guerra civil, y al Perú de los años 80 y 90, cuando la lucha antisubversiva sirvió de coartada para crímenes de Estado. Que la Comisión haya desempolvado esa categoría para hablar de Venezuela resulta revelador: “El régimen en el poder —señaló el 15 de agosto— está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista”. Venezuela se había ganado un lugar en el museo del espanto latinoamericano.

Ocho días después, la CIDH ratificaba su postura: “Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e intimidación generalizado, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”. El organismo usó esta calificación para justificar medidas cautelares a favor de Américo De Grazia, Carmen Leonor García Azuaje y Freddy Superlano. Asimismo, para solicitar el fin de la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.

Refinando la represión

El relato más exhaustivo sobre el colapso institucional tras el 28J se encuentra en la trilogía de informes de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, organizados cromáticamente como El Libro Negro, El Libro Rojo y El Libro Gris de Nicolás Maduro. El primero, titulado formalmente “Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela”, documentó dos ejecuciones extrajudiciales, 169 detenciones arbitrarias previas a las elecciones, el cierre de 24 establecimientos comerciales y 17 casos de represalia mediante la retención de bienes a proveedores vinculados con la campaña de Edmundo González. También registró la violación del derecho al asilo de seis personas refugiadas en la embajada de Argentina, 86 acciones de grupos armados prooficialistas el día de los comicios, 63 bloqueos a medios de comunicación y 24 (o 25, según Justicia, Encuentro y Perdón) personas asesinadas en las protestas contra el fraude. El Foro Penal corroboró 1.590 detenciones posteriores, clasificadas por Provea como “detenciones masivas” y “detenciones selectivas”.

A los detenidos del 28J se les aplicó una fórmula que luego se convertiría en norma: desapariciones forzadas de corta duración, negación del derecho a ser asistido por abogados de confianza, aplicación arbitraria de leyes antiterroristas, audiencias virtuales sin individualización de responsabilidades, y prisión preventiva incluso para adolescentes o personas con discapacidades severas.

El Libro Negro también advierte que 76 artículos de la Constitución —el 21,7% del total— fueron de facto derogados. La Defensoría del Pueblo, en lugar de velar por los derechos ciudadanos, mantuvo un silencio cómplice. Su titular, Alfredo Ruiz, otrora defensor en tiempos de la Cuarta República, respaldó el desconocimiento de la voluntad popular.

Gente de (no) paz

La llamada “Operación Tun-Tun” fue una ocurrencia de Diosdado Cabello durante su programa Con el mazo dando en 2017. “Tun tun”, onomatopeya del tradicional aguinaldo venezolano, fue resignificada: ya no se trataba de “gente de paz” tocando la puerta, sino de funcionarios policiales prestos a allanar viviendas y detener personas. El 30 de julio de 2024 Maduro anunció una ofensiva contra los denominados “comanditos”. La “Operación Tun-Tun” pasó a oficializarse como política de Estado.

Según el Observatorio Digital ProBox, el término se popularizó en redes sociales del oficialismo tras los comicios. Videos realizados por cuentas de Instagram de organismos policiales mostraban a personas mientras eran detenidas por haber participado en manifestaciones. En algunos casos, eran obligadas a dar declaraciones auto inculpatorias o de arrepentimiento. Los videos se intercalaban con imágenes de personajes de terror como Chucky o La máscara. En otros, se mostraba a la persona en una manifestación y, luego del rótulo “Dos doritos después”, siendo detenidas. Los clips audiovisuales comenzaban o finalizaban con la consigna “Operación Tun-Tun sin lloradera”.  

El 5 de agosto, en un acto con la juventud oficialista, Maduro improvisó una consigna cantada: “Tun-Tun no seas llorón, vas para Tocorón”, en alusión a la cárcel más temida del país. Desde entonces, la palabra “Tun-Tun” se volvió consigna del PSUV para demandar la represión de sus adversarios.

A esta política se sumó su complemento: la delación comunitaria. El 30 de julio se anunció que la app VenApp permitiría denunciar opositores. Así informaba el Diario Vea a sus lectores: “Ya es un hecho. En la aplicación VenApp está habilitada la ventana para denunciar a los grupos delincuenciales y criminales que intentan alterar la paz del país (…) A través de la Línea 58 de la VenApp te aparecerá la opción Denuncia; al seleccionarla surgirá “Guarimba fascista”. Después, en subcategorías, encontrará 10 opciones para reportar saqueos, daños al patrimonio público, alteración del orden público, ataques a personas, desinformación, robo, cierres de vías públicas, amenazas, guarimbas fascistas, entre otros”.

El 2 de agosto, Maduro afirmaba: “Hemos atendido 5.000 reportes de amenazas a líderes de calle a través de la VenApp. Tengan la seguridad de que uno por uno los vamos a despejar”. Aunque solo una fracción de estos reportes fuera veraz, la cifra evidencia una política activa de fomento de la delación. Como lo señaló la ONG Ve Sin Filtro: “La integración de las plataformas digitales a las prácticas de persecución del chavismo sigue un patrón de décadas de creación de un sistema de castigos y recompensas para obtener inteligencia social a través de acusaciones de disidencia política, incrustado en la sociedad a través de una estructura de “jefes callejeros” del partido local y soplones conocidos como “Patriotas Cooperantes”. 

La cosecha del terror

Un año después, el despliegue del terrorismo de Estado ha sido eficaz. Ante el colapso de lo que alguna vez fue su base electoral cautiva, y tras el sonado escape de refugiados desde la embajada argentina, el chavismo optó por represalias ejemplares capaces de inducir el miedo necesario para que la sociedad se autoinhibiera. Sin necesidad de represión masiva sostenida, se logra el mismo resultado: control mediante el terror.

El Libro Gris, publicado en julio de 2025, resume bien el saldo: organizaciones sociales y políticas operan hoy bajo “semi-clandestinidad impuesta”: “un repliegue forzado, una visibilidad reducida por razones de protección y una discreción estratégica frente a un entorno represivo. La legalidad formal de muchas de estas organizaciones, aunque bajo amenaza sigue vigente, pero el ejercicio de sus derechos ha sido coartado de facto por amenazas, hostigamiento y criminalización”. La situación del llamado espacio cívico ha sufrido una transformación cualitativa crucial después que las autoridades decidieron abandonar la última de las formalidades democráticas que le quedaban. 

El reporte, además, señala que la práctica de la delación se ha extendido de las aplicaciones digitales oficialistas a ser una práctica socialmente más extendida, en momentos en que la población decide cuál será su estrategia de adaptación a la permanencia del autoritarismo. Allí se transcribe el testimonio de un directivo de un partido representativo de oposición, quien relata que, al asistir a una reunión en una embajada de un país europeo, emitió una opinión ante dos representantes de “sociedad civil” de los cuáles sospechaba: Un empresario y un rector de una universidad privada de la capital. Días después sus palabras eran repetidas por Cabello en “Con el mazo dando”. 

Como ha advertido el historiador Timothy Snyder, los peligros autoritarios no deben compararse únicamente con el nazismo o el estalinismo. Hacerlo puede adormecer el juicio. Las formas contemporáneas de autoritarismo no necesitan botas negras ni bigotes para consolidarse.

En Venezuela, luego del fraude electoral, se están aplicando algunas. Y mientras tanto, el resto de los autoritarismos emergentes en la región toma nota.