La Hora de Venezuela
El informe que el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó recientemente ante el Consejo de DDHH del foro internacional, resume de manera contundente la situación de las libertades políticas y en general de las garantías fundamentales en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024.
Ya pasaron poco más de 11 meses desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador de los comicios del 28 de julio a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación, pese a las denuncias de fraude de la oposición que sí presentó sus pruebas sobre la victoria del opositor Edmundo González Urrutia con 65% del total de sufragios.
Defensores de derechos humanos y analistas políticos coinciden en que, a lo largo de estos meses, se ha profundizado la represión y la persecución política contra todo aquel que Miraflores perciba como disidente, como último recurso de una élite política que decidió mantenerse en el poder sin el respaldo popular mayoritario.
Subrayaron igualmente el enorme daño causado a la herramienta del voto como instrumento de cambio y como vía pacífica para dirimir las diferencias.
Olas represivas
“A 11 meses después de las presidenciales el balance no es positivo, con un régimen autoritario que ha hecho retroceder muchas libertades, incluso dentro de su propio partido donde privan las imposiciones, con un Poder Electoral que no ha cumplido con su deber de publicar las actas (del 28 de julio). Una élite muy reducida está gobernando en Venezuela y una de las consecuencias es el tema económico”, señala el politólogo Raniero Cassoni.
La muestra más reciente del deterioro de las libertades en Venezuela, en este caso de expresión, es la persecución desatada contra economistas y analistas que se atrevan a hacer estimaciones sobre variables como la inflación y el dólar, sostiene el consultor político.
De hecho, el profesor universitario y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, lleva más de 20 días en situación de desaparición forzada, en vista de que sus abogados y familiares no han podido ubicar donde está recluido.
“La falta de un cambio y de reajuste de políticas se está viendo reflejado en el aumento de la inflación, en el aumento del costo de la vida para los venezolanos, lo que hace más complejo el escenario”, añadió.
Hasta con economistas
Al menos tres economistas presos, entre ellos Cabezas – de quien su familia exige una fe de vida- y dos liberados, es el reporte que hizo Provea hasta mediados de junio sobre la ola de persecuciones y detenciones contra los analistas en el área económica. Antes la ola persecutoria fue arrojada con fuerza contra alcaldes en ejercicio, principalmente del estado Zulia.
Antes y después del 28 de julio, apresaron a seis jefes de gobiernos locales, entre ellos el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina (octubre de 2024), quien permanece detenido e incomunicado. En marzo de 2025, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó sobre la aprehensión del alcalde opositor de Colón por su presunta vinculación con una red de narcotráfico en la región.
Ilegitimidad y fuerza
“Que Maduro haya perdido la elección y que su legitimidad sea cuestionada tiene al gobierno hiperreactivo. Le tiene mucho miedo a la pérdida del control de la calle ante posibles protestas por cualquier tema: gasolina, dólar, entre otros. Por eso se persigue a los economistas, por eso está muy atento a apagar cualquier foco que se prenda”, advirtió el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón.
Tanto Cassoni como Alarcón coinciden en que ante la “imposibilidad de legitimarse” electoralmente -porque Maduro no demostró que fue reelecto -y por resultados (buen gobierno) recurre a la represión como única vía para permanecer en Miraflores. Busca mostrarse fuerte, pero siempre bajo el temor de no poder controlar una manifestación de descontento popular que se masifique y que produzca un quiebre interno.
“Actualmente la gente tiene miedo a protestar porque los niveles de represión son más altos que en el pasado; pero basándonos en reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas van en aumento, aunque son microprotestas aisladas por servicios públicos. Pero las hay todos los días y es un síntoma de que el ambiente se está calentando”, sostuvo Alarcón.
Hasta el 23 de junio, la ONG Foro Penal dio cuenta de 934 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país, entre ellos 4 adolescentes (14 a 17 años), que van desde ciudadanos comunes, activistas, dirigentes políticos, periodistas, hasta defensores de derechos humanos como el abogado de presos políticos Eduardo Torres, que es uno de los casos más recientes (9 mayo de 2025).
Una lista elaborada por Efecto Cocuyo registró más de 60 dirigentes políticos apresados e incomunicados, sin acceso a abogados y familiares solo en 2025. Antes de Cabezas, en el mes de mayo, fue detenido el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad, señalado de “conspirar” contra la administración de Maduro.
Desde enero de 2025 no se sabe nada del exvicepresidente del Poder Electoral y excandidato presidencial, Enrique Márquez, más allá de su detención.
“Destrucción del Estado de Derecho”
Durante la actualización oral del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 27 de junio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, expresó que entre julio de 2024 y lo que va de 2025 diversas personas fueron “objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de torturas y malos tratos”.
La presentación de ese registro le valió insultos del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, y la declaratoria de “persona non grata” por parte del Parlamento con mayoría chavista, que además solicitó a Miraflores desvincularse de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, mientras Türk siga en el cargo.
Rodríguez instó además al fiscal abrir un juicio al alto funcionario de la ONU por no actuar a favor de migrantes venezolanos retenidos, sin derecho al debido proceso, en Estados Unidos y El Salvador.
El abogado penalista y defensor de presos políticos, Joel García, considera que el deterioro del Estado de Derecho en Venezuela, que más bien cataloga de “destrucción total”, comenzó a profundizarse desde finales de 2023, como antesala a las elecciones presidenciales.
“Desde 2023 en adelante, el deterioro de las garantías sobre los derechos fundamentales de las personas, de los detenidos, no existe, porque no es que se deterioró, sino que se destruyó. Hoy día una persona detenida y, lo vimos con las protestas postelectorales y quienes fueron detenidos de manera arbitraria, nunca contaron con derechos más allá de la vida -algunos porque hay casos de muertes- durante la permanencia en las cárceles”, señaló García.
Presos políticos sin derechos
Muchas de las personas privadas de libertad por motivos políticos tras las presidenciales, denuncia García, cumplen una “pena anticipada”, porque casi un año después no han tenido acceso a un juicio justo “ni a lo mínimo” que se le debe garantizar a un preso: el derecho a la defensa.
“No es un deterioro, es la destrucción total del Estado de Derecho. Hoy día quien resulte apresado por motivos políticos sabe que cayó en un barril sin fondo porque su libertad no depende de un juez, sino de factores de tipo político fuera del Poder Judicial y eso es grave para una sociedad. Venezuela está en una situación de inexistencia del Estado de Derecho porque los códigos, las leyes y la propia Constitución son letras vacías”, sentenció.
¿Se puede hacer política de oposición en Venezuela?
Tras las presidenciales, la principal líder opositora que condujo al triunfo electoral del 28 de julio, María Corina Machado, permanece en la clandestinidad para evitar ser apresada, aunque Cabello aseguró que saben dónde se encuentra y que solo es cuestión de tiempo para que la encarcelen.
A lo largo de estos 11 meses, Machado sustituyó las manifestaciones de calle debido a los altos niveles de represión por los esfuerzos internacionales para que los países presionen a Maduro a aceptar una transición política. Edmundo González, exiliado en España desde septiembre de 2024 e impedido de tomar posesión del cargo de Jefe de Estado, se convirtió en una especie de embajador de la causa democrática en Venezuela.
¿En este contexto es posible seguir haciendo oposición en Venezuela? Cassoni recuerda que hacer política tiene que ver con la capacidad de crear espacios para transmitir un mensaje, idealmente en condiciones de libertad, pero en el actual contexto venezolano, apunta, requiere mayor creatividad y capacidad de ser disruptivo para provocar divisiones en el adversario.
Sostuvo que precisamente la promoción de divisiones es lo que más le ha resultado al chavismo con la oposición, al punto de que hoy hay menos conciencia de hacia dónde se debe caminar para salir de la crisis.
La operación para rescatar a cinco refugiados de la Embajada de Argentina (mayo de 2025), que, según analistas, dejó al descubierto cierta vulnerabilidad en el aparato de inteligencia que dirige Cabello, lo ven como uno de esos intentos para provocar fricciones internas en el poder.
Pero el tiempo sigue pasando y mientras el chavismo promete celebrar “por todo lo alto” el aniversario del 28 de julio de 2024, los niveles de esperanza de la ciudadanía por un futuro mejor y confianza en el liderazgo opositor merman.
Apoyo a Machado y la Plataforma
Sin embargo, Alarcón sostiene que tanto Machado como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) siguen siendo los principales referentes opositores frente a la crisis de credibilidad que sufren otros sectores encabezados por figuras como Henrique Capriles y Manuel Rosales.
“El nivel de aprobación para María Corina sigue estando allí para mi sorpresa, aunque ha caído de 70% a 53%. Eso es distinto a que la gente siga creyendo que María Corina va a poder conducir a un cambio de gobierno. La gente la acompaña, se siente identificada con ella porque luchó y no pudo, pero ha llegado al punto de esperar que la transición se produzca a partir de los mismos sectores que sostienen a Maduro en el poder o de la comunidad internacional, lo que es normal cuando se pierde la expectativa interna”, explicó.
Oposición cooptada
En el balance de lo que ha ocurrido en el país a 11 meses de los comicios presidenciales, los analistas también apuntan al “crecimiento” de una oposición “cooptada” como consecuencia de la no llegada del cambio político.
En este sector no solo se ubica a quienes dicen ser opositores, pero avalan todas las decisiones que se toman en la AN y no denuncian las violaciones de los derechos humanos, sino a quienes optaron por “convivir” con el autoritarismo, aunque igual, como señala Cassoni, estén en riesgo de sufrir detenciones. Es el caso de quienes mantienen su participación en los procesos electorales, aunque carezcan de garantías.
“La oposición cooptada es una oposición que no quiere seguir en la pelea y, por lo tanto, ha sido neutralizada. Pero como la gente lo está viendo en blanco o negro, la percibe como cómplice del gobierno y no ve bien por ejemplo que intente negociar. Han perdido piso político y los resultados del 25 de mayo, en los que solo pudieron conservar una gobernación y unas pocas curules en la AN lo demuestran, no mueven nada. Ello nos lleva a pensar que muchas de esas 120 alcaldías en manos de la oposición puedan ser mucho menos de la mitad después del 27 de julio”, advirtió Alarcón.
Herida mortal al voto
Para el director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, un retroceso importante ha sido el del mecanismo del voto como instrumento democrático para imponer la voluntad popular, lo cual se ha constatado con los procesos electorales convocados para 2025. Según expertos, la abstención para los comicios de gobernadores, Consejos Legislativos y la AN, superó 70% y no se espera que, para las municipales del 27 de julio, el panorama mejore demasiado.
“Desde las elecciones del 28 de julio, algo grave es la pérdida del sentido del derecho al sufragio como mecanismo de expresión de la soberanía popular, lo cual lo percibe la población que se volvió escéptica sobre el valor de la participación ciudadana”, subrayó.
Tras no reconocer el triunfo de Edmundo González, según el 85% de las actas de votación divulgadas por la oposición, el Poder Electoral “puso de moda” no dar mayores explicaciones sobre los procesos comiciales como la publicación de los resultados electorales desglosados y del cumplimiento de cada una de las etapas del cronograma. Sin dejar de mencionar que mantiene la práctica, junto a la Contraloría, de las inhabilitaciones arbitrarias contra dirigentes políticos y la aprobación y eliminación “exprés” de tarjetas partidistas.
Qué pasará el 27 de julio
Para las elecciones municipales del 27 de julio, por ejemplo, no pudieron postularse para optar por la reelección los alcaldes de El Hatillo, Elías Sayegh y de Los Salias, del estado Miranda, Josy Fernández, por estar inhabilitados desde 2024, para un total de 10 alcaldes impedidos de optar por cargos de elección popular, por declarar su apoyo a María Corina Machado y Edmundo González.
“El gobierno, que no cuenta con legitimidad de origen ni de desempeño, está intentando construir un modelo de gobernabilidad, siendo minoría, para mantenerse en el poder de manera indefinida”, alertó Uzcátegui.
Analistas también advirtieron que el hecho de hacer el mismo día los comicios municipales con una consulta para proyectos comunitarios basadas en circuitos comunales sin fundamento constitucional, es una especie de “ensayo” para el diseño de un sistema electoral “centralizado” y controlado totalmente por el poder.