A la jueza española María Tardón la corrupción venezolana le tiene sin cuidado, y prueba de ello es que volvió a tomar una decisión que abre las puertas para que quede impune un esquema multimillonario que golpeó las arcas públicas venezolanas, y directamente aPetróleos de Venezuela (Pdvsa).
Tras alegar que no ha encontrado “indicios de criminalidad”, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España declaró el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por blanqueo de capitales contra el empresario Raúl Gorrín. Al propietario del canal denoticias Globovisión se le señala de formar parte de una trama que se apropió de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, caso que ya ha sido investigado y sentenciado en Estados Unidos, con la declaración de culpabilidad de algunos de sus cómplices, mientras Gorrín no ha comparecido.
“No se ha llegado a corroborar, más allá de las invocadas sospechas de encontrarnos ante operativas sospechosas de blanqueo de capitales (…), que los que al investigado se atribuyen puedan tener como origen el producto ilícito de la comisión de algún hecho delictivo”, fue uno de los razonamiento de la jueza, informó la agencia española EFE.
La jueza Tardón no consideró que el hecho investigado se trató de un contrato irregular con Pdvsa, una empresa que es el brazo económico del gobierno de Nicolás Maduro y el centro de la mayoría de los desfalcos milmillonarios al patrimonio de Venezuela. La petrolera venezolana no rinde cuentas y, además, varios de sus expresidentes también han ocupado el cargo de ministro del área petrolera al mismo tiempo, acabando con el control independiente del Estado sobre las empresas públicas.
El otro argumentó que usó la jueza Tardón es un dictamen emitido por un tribunal de Caracas que libra de culpas a Gorrín, sin considerar que la justicia venezolana es señalada como un instrumento de impunidad y de represión, según afirman organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como analistas nacionales e internacionales, y entes académicos y profesionales que han estudiado el Poder Judicial venezolano.
Fiscales de más de 20 países han confirmado a Transparencia Venezuela que la Fiscalía General venezolana no responde a los exhortos, al punto de que fiscalías de otras naciones ya no envían solicitudes formales de información sobre corruptos venezolanos e ilícitos y optan por pedir apoyo para sus investigaciones a la justicia de países como Panamá, Estados Unidos, Suiza y otros.
Citando a la “justicia venezolana”
A la hora de conocer casos sobre irregularidades administrativas con recursos públicos de Venezuela, la jueza María Tardón ha esgrimido argumentos que preocupan. Mientras la justicia en Estados Unidos emite sentencias sobre los mismos hechos, los acusados se declaran culpables y se les imponen sanciones, ella los libera de culpas. En el caso de Raúl Gorrín, por ejemplo, decidió el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, rechazando la posición de la Fiscalía Anticorrupción de España.
Gorrín estaba imputado desde 2019, tras un informe de la Policía Nacional española que lo vinculaba con una operación en la que Pdvsa giró una línea de crédito por 600 millones de dólares a la sociedad venezolana Rantor Capital en diciembre de 2014, pero el dinero fue cobrado por Eaton Global Services, dos empresas presuntamente controladas por Raúl Gorrín. Esta maniobra fue tan exitosa para los involucrados que se repitió exactamente igual en febrero 2015. La operación dio paso a un esquema internacional de lavado de dinero con sofisticados sistemas de falsas inversiones, compra-venta de bienes raíces y la creación de empresas ficticias. La justicia de Estados Unidos abrió una investigación por estos hechos conocida como Money Flight, en la que fueron señalados en 2018 al menos 22 personas, de las cuales solo 11 han sido identificadas, entre ellas exfuncionarios de Pdvsa, banqueros y empresarios. De ellos, 5 fueron condenados y otros 6 fueron acusados, la mayoría están fugitivos.
Entre los elementos que la jueza Tardón utilizó para su dictamen se encuentra una decisión adoptada por el Tribunal 11 de Control de Caracas el 16 de septiembre de 2020 que libró de responsabilidad a Raúl Gorrín, a su socio Gustavo Perdomo y a Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, de los delitos de legitimación de capitales, corrupción, instigación y traición a la patria por desfalcar a la petrolera. Víctor Aular fue detenido en Venezuela en 2022, por otro fraude a Pdvsa, conocido como el caso Atlantic, causa que según algunos medios también fue sobreseída, lo que no se ha podido confirmar porque no está disponible.
Transparencia Venezuela expresa su indignación ante esta decisión de la jueza española María Tardón en favor de Raúl Gorrín, pues sorprende que se utilice una sentencia de un tribunal venezolano que forma parte de una justicia cooptada, sin considerar, además, que el empresario ha sido protegido del gobierno de Venezuela y que su canal de televisión Globovisión es un instrumento para difusión de los mensajes del gobierno Maduro.
En los últimos años, instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas han denunciado que en Venezuela “no hay independencia en la administración de justicia”, una situación que facilita “perseguir y detener a las personas opositoras o percibidas como tales”.
Precisamente, la falta de un Poder Judicial independiente es una de las razones por las cuales el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan está investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014, pues no ve voluntad real en la justicia venezolana.
Obviando lo ocurrido en otras latitudes
Otro elemento que preocupa de la decisión de la jueza María Tardón a favor de Raúl Gorrín es que ignoró que el empresario no solo está sancionado por el Gobierno de Estados Unidos desde 2019, acusado de saquear miles de millones de dolares de Venezuela, sino que es solicitadopor la justicia de ese país, que no solo lo señala en el caso Money Flight que lavó 1.200 millones de dólares, sino también por pagar millones en sobornos a funcionarios venezolanos para hacerse con bonos del Estado.
Los cargos en el Tribunal del Distrito Sur de Florida contra el empresario venezolano datan de 2017. Raúl Gorrín es señalado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos adicionales de lavado de dinero.
Las acusaciones se centran en los presuntos pagos de millones de dólares que realizó entre 2008 y 2017 a los extesoreros nacionales venezolanos, Claudia Patricia Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse transacciones de divisas a tasas favorables, ambos con sentencia firme, la primera a 15 años de prisión, reducida luego a 12 años, y el otro con una pena reducida ya cumplida, tras colaborar con la justicia.
En diciembre de 2017, Andrade se declaró culpable delcargo de conspiración para lavar dinero y reconoció haber recibido unos 1.000 millones de dólares de parte deRaúl Gorrín y de otras personas a cambio de usar su puesto de tesorero nacional para permitirles realizar operaciones cambiarias favorables.
Las sentencias que favorecen a los señalados
La jueza Tardón tiene en sus manos la macrocausa de Pdvsa, un expediente de máxima complejidad dividido en 4 piezas, y ha ido resolviendo pedazos del expediente con dictámenes que dejan bien parados a los señalados de corrupción por desfalcar las arcas de Venezuela.
Así que no es la primera vez que la jueza María Tardón adopta decisiones favorables a sospechosos de estar incursos en hechos de corrupción en Venezuela. En julio de 2023, la magistrada de la Audiencia Nacional sobreseyó la causa seguida contra María Lila Bravo de Rincón – esposa del empresario Roberto Rincón Fernández– convicto y confeso en Estados Unidos por participar en una trama que desfalcó 1.000 millones de dólares a la estatal petrolera. En este caso, consideró que el nexo filial no era suficiente y que “no se ha evidenciado la intervención personal directa ni indirectamente” de la señalada.
En la misma decisión donde libró de toda responsabilidad a Bravo de Rincón, la jueza Tardón rechazó citar a declarar a Nicolás Maduro, quien para la época en la que ocurrieron las irregularidades era miembro de la junta directiva de Pdvsa. La citación de Maduro fue propuesta por uno de los acusados, el expresidente de la extinta Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa, solicitado también por la justicia Estados Unidos y cuya extradición ha sido negada por las autoridades españolas. El exfuncionario venezolano obtuvo la nacionalidad española en 2017 y cambió el orden de sus apellidos por lo que es conocido ahora como Javier Ochoa Alvarado.
Meses antes, en septiembre de 2022, la jueza Tardóncerró una causa seguida al exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Nervis VillalobosCárdenas, por su presunta relación en la misma trama que desfalcó a Pdvsa. La justicia de Estados Unidos quiere procesar a Villalobos y ha solicitado la extradición del exfuncionario venezolano a España, una petición que no ha terminado de ser decidida.
Rumores que circulan en la Audiencia Nacional de España señalan que la pieza llamada Columbus también fue sobreseída por la jueza Tardón, pese a que la justicia de Estados Unidos ya ha emitido sentencias sobre hechos similares, operados por las mismas personas, como el empresario argentino Luis Fernando Vuteff, condenado en diciembre de 2024 a dos años y medio de cárcel por blanquear dinero de Pdvsa.
¿Quién es la jueza María Tardón?
María Tardón Olmos, nació en octubre de 1957 en un pueblo de Segovia, a unos 112 kilómetros al norte de Madrid, aunque creció en la localidad de Valdepeñas, a 362 kilómetros al sur.
Se graduó de abogada en 1984, y en 1987 ingresó al Poder Judicial español, según se lee en la página web de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una agrupación que reúne a 865 jueces españoles y que se presenta como no alineada con una tendencia ideológica.
En 1999 la jueza Tardón se postuló y fue elegida concejal en Madrid por el conservador Partido Popular (PP). No obstante, solo estuvo un período y luego regresó a la judicatura, donde se especializó en violencia contra la mujer.
En 2017, fue designada como magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, el tercer tribunal en importancia en España, tras el Constitucional y el Supremo.
Pese a que los últimos años de su carrera los dedicó a la lucha contra la violencia machista, desde que está en la Audiencia Nacional la jueza Tardón ha tenido en sus manos casos relacionados con la corrupción de relevancia, entre ellas la macrocausa de Pdvsa; uno de los asuntos que salpica al hoy opositor PP y otro que involucra a un ex alto cargo de las Naciones Unidas.
Transparencia Venezuela en el exilio, 24 de junio de 2025