Durante más de una década, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, construyeron no solo una alianza ideológica, sino también una red de negocios opacos, sin licitaciones, con sobreprecios, intermediarios fantasmas y sospechas de corrupción sistemática. En nombre de la “integración Sur-Sur” y el “socialismo del siglo XXI”, ambas administraciones desplegaron mecanismos financieros y comerciales que permitieron desviar recursos públicos a través de fideicomisos, emisiones de bonos y acuerdos bilaterales sin control institucional.
Uno de los casos más documentados fue el escándalo de los Bonos del Sur. Según una investigación de Armando.info, basada en el testimonio del exfuncionario argentino Claudio Uberti —pieza clave en la conexión bilateral—, entre 2005 y 2007 se desarrolló un esquema especulativo de colocación de bonos argentinos financiados por el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONDEN) venezolano, con divisas públicas del Estado venezolano. La operatoria era simple pero lucrativa: Venezuela compraba bonos argentinos en dólares, pagados con bolívares a tipo de cambio oficial, y luego los revendía en el mercado internacional. El diferencial cambiario generaba ganancias millonarias.
Según Uberti, parte de esas ganancias —alrededor de 50 millones de dólares— fueron distribuidas en partes iguales entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, y los bancos intermediarios también recibieron su porción. Este mecanismo funcionaba como una caja negra de financiamiento político, sin auditoría, fuera del presupuesto, y al margen del Congreso de ambos países.
A este esquema financiero se sumó otro escándalo que adquirió notoriedad internacional: el caso Antonini Wilson. En agosto de 2007, el empresario venezolano Guido Antonini intentó ingresar a Argentina con una valija que contenía 800.000 dólares en efectivo, no declarados, en un vuelo oficial contratado por ENARSA (la energética estatal argentina). Las investigaciones del FBI demostraron que ese dinero había sido enviado por PDVSA para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y que altos funcionarios venezolanos intentaron encubrir el hecho mediante presiones y sobornos. En Estados Unidos, varios implicados fueron condenados. En Argentina, la causa judicial fue sistemáticamente bloqueada durante años.
Pero las relaciones comerciales entre los dos regímenes no terminaron ahí. Bajo el paraguas de convenios bilaterales energéticos, Argentina importó petróleo y derivados de Venezuela a través de ENARSA. En muchos casos, las compras se realizaron con precios superiores a los del mercado, sin licitación pública, y con la intermediación de empresas privadas ligadas a ambos gobiernos. Exfuncionarios y periodistas denunciaron que parte de los pagos regresaban en forma de retornos ilegales a funcionarios kirchneristas y chavistas. Uno de los operadores señalados fue Alejandro Uzcátegui, empresario cercano al oficialismo venezolano.
Otro capítulo poco explorado pero igual de grave es el negocio del arroz. Diversas investigaciones —incluidas las del diario Clarín y reportes periodísticos independientes— revelaron que entre 2010 y 2014 se exportaron grandes cantidades de arroz argentino a Venezuela a través de empresas intermediarias asociadas al Fideicomiso Argentina-Venezuela, un mecanismo financiero opaco que operaba sin los controles habituales del Estado. El arroz era vendido a precios hasta 70% más caros que los del mercado internacional, y parte de esos envíos nunca llegó a los consumidores venezolanos. Se ha vinculado a María Gabriela Chávez, hija del expresidente, y al entorno de Cristina Kirchner, en la articulación y aprobación de esas operaciones.
Todo esto formó parte de un entramado de corrupción binacional, facilitado por la afinidad política, la concentración de poder en el Ejecutivo, y la falta de rendición de cuentas. Mientras millones de venezolanos caían en la pobreza y la inflación devoraba sus ingresos, los fondos públicos se desviaban para alimentar una maquinaria política y empresarial que operaba desde Buenos Aires hasta Caracas, pasando por Panamá, Uruguay y cuentas en paraísos fiscales.
Hoy, muchos de esos hechos siguen impunes. En Argentina, la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad por corrupción marca un precedente, pero queda mucho por investigar. En Venezuela, no hay justicia posible bajo la tiranía de Nicolás Maduro, y los archivos de PDVSA, FONDEN y el fideicomiso binacional permanecen sellados bajo siete llaves.
Todavía falta mucha justicia en Argentina. Y en Venezuela, falta toda. Que llegue es una tarea urgente y fundamental. Porque sin verdad, sin memoria y sin consecuencias, los corruptos —y sus cómplices— seguirán sintiéndose impunes.