El pasado 28 de julio el pueblo venezolano votó con coraje y dignidad cívica. A pesar del ventajismo, de los obstáculos institucionales y de la censura comunicacional, ganamos las elecciones presidenciales e hicimos presidente -conforme a la Constitución de 1999- a Edmundo González Urrutia. Ese triunfo marcó un hito fundamental en la historia patria. Es un gran paso hacia la urgente y eventual democratización del país.
Pero el régimen no se ha rendido. Por el contrario, ha comenzado a preparar su ofensiva para contrarrestar la verdad del 28 de julio. Nicolás Maduro ha anunciado su intención de reformar la Constitución. No se trata de una propuesta para modernizar el Estado ni de una convocatoria deliberativa, participativa o con intenciones reformistas auténticas. Es una jugada de la autocracia para acabar con el sistema político-electoral y perpetuarse en el poder. Se avecina la amenaza más grande y definitiva que hemos enfrentado desde la instalación de la dictadura chavista-madurista.
Pienso que Maduro no concretará su reforma de inmediato. Está calculando maquiavélicamente los tiempos para hacerlo. Esperará que acontezca el desastre del 25 de mayo, con una elección manipulada y destinada al desencanto popular, que resellará la hechura de su oposición “leal”: los auxiliares de dictadores. Luego dejará que pasen las elecciones municipales y pretenderá que se diluya el efecto del 28 de julio, lo cual no ocurrirá. Querrá que el pueblo venezolano entre en una nueva etapa de desánimo y de desolación psicológica. Y entonces, solo entonces —cuando piense que la esperanza esté debilitada y el mundo tenga menos interés en la causa venezolana— buscará imponer su proyecto: una reforma constitucional para su permanencia en Miraflores per saecula saeculorum.
Pero no es solo eso. Maduro quiere, con esta reforma, instaurar finalmente el Estado Comunal que siempre soñó Chávez: un sistema sin democracia representativa, sin alternancia en el poder, sin ciudadanía electora. Su objetivo es dar un paso irreversible hacia la nortecoreanización, la cubanización y la nicaraguanización de Venezuela. Quiere institucionalizar un poder totalitario disfrazado de legalidad autoritaria utilizando un texto constitucional de disfraz y simulación democráticas.
Frente a esta amenaza, nuestra tarea es defender la Constitución de 1999. No por nostalgia ni por ingenuidad institucional, sino porque es el símbolo jurídico y político de nuestra victoria electoral y de la lucha democrática. Con esa Constitución hemos derrotado varias veces al régimen en las urnas: reforma 2007, parlamentarias 2015 y 28 de julio de 2024. Esa Constitución, en democracia, dará de sí para construir un nuevo Estado de derecho y una democracia verdadera. El dilema, por tanto, no es reforma constitucional o no. El dilema es democracia o dictadura.
Mientras Maduro permanezca en el poder cualquier Constitución seguirá siendo letra muerta. Por eso, no debemos caer en la trampa de pensar que el problema se resuelve con cambios normativos o con rediseños constitucionales. Si lo hacemos estamos en el cuadrante de una desgracia que se puede denominar “positivismo autocrático”. Con Maduro en el poder no hay Carta Magna que valga para la libertad. Pero con Maduro fuera del poder la Constitución puede ser norma viviente, puede desarrollársela en servicio de la ciudadanía y de la reconstrucción nacional.
Ahora bien, debemos evitar dos peligros: el primero es reducir esta amenaza a una disyuntiva electoral: votar o no en un futuro referéndum; porque la gravedad de la cuestión trasciende por mucho ese reduccionismo simplón. El segundo es permitir que la supuesta “defensa de la Constitución” sea utilizada por los auxiliares de dictadores como un argumento “táctico” en la “campaña” del 25 de mayo: “votamos en las parlamentarias y regionales porque nos estamos preparando para defender la Constitución cuando se concrete la reforma constitucional”. Hay quienes ya insinúan que esta puede ser una oportunidad para un nuevo reencuentro nacional de las fuerzas democráticas. Pero ese discurso debe analizarse con cuidado porque puede terminar legitimando el plan de Maduro con lenguaje seudodemocrático. Es de presumir que quien sirva a Maduro el 25 de mayo también le servirá en el episodio de mutación constitucional que plantee la dictadura.
La realidad es muy sencilla: esta reforma constitucional es un traje de dictador a la medida, que significa Maduro y/o régimen para siempre. Y quiero saltar adelante para recordar que una de las primeras derrotas de Hugo Chávez fue en 2007, como ya mencioné, cuando el pueblo le dijo que no a su reforma constitucional, siendo los jóvenes y estudiantes protagonistas. Chávez la llamó “victoria de mierda” (solo cito, y perdón por lo prosaico). Hoy alguno pensará que también podemos vencer en un referéndum defendiendo la Constitución. Pero el país ha cambiado radicalmente. El régimen de 2007 era un niño de pecho autocrático en comparación con el de 2025. Si Maduro fue capaz de robarse un período presidencial desconociendo el resultado del 28 de julio, ¿por qué no habría de robarse también el texto constitucional que lo eternizaría a él y a los suyos en la dominación del país?
Por eso, hay que tener cuidado con la tentación “tecnocrática” y “el legalismo de buena fe” para “proponer” reformas alternativas o contrapropuestas. Eso nos haría hundirnos lentamente en el pantano de arena movediza trazado por Maduro. No es el momento de corregir el texto constitucional. Eso lo haremos en democracia y con sosiego republicano. Es el momento de impedir su demolición. Si entramos en ese terreno, insisto, terminaremos debatiendo en los términos que Maduro quiere imponer.
Este es un momento de urgencia y claridad. Debemos partir desde la humildad de reconocer que es difícil establecer el plan para enfrentar esta amenaza. Pero hay que construir una posición firme y llevarla al seno de la unidad para luego expandirla a todos los venezolanos. No podemos permitir que este sea otro dilema que Maduro utilice para dividirnos o polarizar a la población. Porque, al final del día, el problema de Venezuela no es la Constitución. El problema es Maduro, el problema es el régimen.