En Venezuela, la oscuridad no es solo una metáfora del colapso institucional, sino una realidad cotidiana que millones de ciudadanos enfrentan. No de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. En las regiones, ya son dos décadas de esto y en el país entero, la “emergencia energética” decretada por el propio régimen (2011) ya pasa los 14 años. Dos años después de eso (2013), el entonces ministro Jesse Chacón aseguró, con su particular voz, que resolvería la crisis eléctrica del país “en 100 días o renunciaría”. No resolvió nada y no renunció tampoco. Desde ese momento, han pasado más de 140 meses.
Los apagones constantes, la inestabilidad del servicio y el colapso del sistema eléctrico no son producto de la mala suerte, de “ataques”, de iguanas ni de sanciones externas, sino del saqueo sistemático de los fondos destinados a la infraestructura energética del país combinada con una kakistocracia que no sirve para nada más que para mantener el poder por la fuerza y el terror.
Según un informe de Transparencia Venezuela, las obras inconclusas y abandonadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han costado al país (hasta 2023) 316 mil millones de dólares, una cifra que duplica la actual deuda externa de la nación. Dentro de estas obras, varios proyectos eléctricos se encuentran entre los casos más emblemáticos del saqueo chavista.
Tocoma: la represa fantasma de la revolución
Uno de los ejemplos más flagrantes de corrupción en el sector eléctrico es la Represa de Tocoma, también conocida como Central Hidroeléctrica Manuel Piar. Concebida a principios de los 2000 como una solución para reforzar el sistema eléctrico nacional, la obra debía generar 2.160 megavatios y aliviar la dependencia de la ya saturada represa de Guri.
-Inicio de la obra: 2002.
-Fecha de culminación prometida: 2012.
-Monto total invertido: Aproximadamente 9.000 millones de dólares.
-Estado actual: Inconclusa, sin generar un solo megavatio.
El contrato principal fue adjudicado a la constructora brasileña Odebrecht, cuyo historial de corrupción en América Latina es bien conocido. En 2014, las obras se paralizaron debido a incumplimientos de pago y problemas financieros, dejando la infraestructura abandonada y sin ninguna funcionalidad. Hoy, Tocoma es un monumento a la desidia y la corrupción chavista.
Uribante-Caparo: una promesa incumplida
Otro caso similar es el del Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo, en el estado Táchira. Su central más importante, la Hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vueltosa), debía estar en plena operación en 2005. Sin embargo, la obra tardó casi una década más en entrar parcialmente en funcionamiento y, aún hoy, no está completamente operativa.
-Monto de inversión: Más de 1.000 millones de dólares.
-Estado actual: Operación parcial, sin cumplir su capacidad total.
-Corrupción sin electricidad.
Además de estos dos casos emblemáticos, Venezuela ha derrochado miles de millones en contratos fraudulentos y compras de plantas termoeléctricas inservibles. Empresas como Derwick Associates recibieron contratos multimillonarios para la instalación de plantas de generación que nunca funcionaron adecuadamente. ¿Dónde está ese dinero? La respuesta la tiene, como suele ocurrir, el portal Armando.Info: en Suiza.
Para 2010, el gobierno de Chávez destinó 5.000 millones de dólares para mejorar el sistema eléctrico. Sin embargo, la mayoría de estos recursos se diluyeron en sobreprecios, proyectos abandonados y equipos que nunca fueron instalados. Como resultado, la crisis eléctrica solo se ha agravado, dejando a millones de venezolanos a oscuras.
El precio del saqueo
Los venezolanos no sufren apagones porque el país carezca de recursos, sino porque el chavismo se los robó. Con los 316 mil millones de dólares que se han perdido en obras inconclusas y corrupción, Venezuela podría haber construido un sistema eléctrico moderno y eficiente, con capacidad suficiente para abastecer al país sin interrupciones. En cambio, lo que queda es un sistema colapsado, plantas eléctricas inservibles y una población sometida a la penumbra.
A pesar de la narrativa que intentan posicionar los propagandistas rojos y azules, que reine la oscuridad en Venezuela no es producto de las sanciones, sino de un régimen que, mientras destruía la democracia, la libertad y la República, también destruía los servicios básicos.
Si hoy en el país todavía hay hogares con electricidad, es gracias a esas grandes construcciones hechas por la denostada y hoy anhelada democracia, como es el caso de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Represa de Guri), proyecto impulsado por el gobierno de Rómulo Betancourt y continuado por las administraciones de Raúl Leoni, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, y otros tantos proyectos (sí construidos) donde un nombre suele repetirse: el del general Alfonzo Ravard, porque militares correctos, estadistas y demócratas, hay. Pero no los que hoy “gobiernan”.
La destrucción del sector eléctrico es solo una de las muchas manifestaciones de cómo el chavismo ha convertido a Venezuela en un país en ruinas. Mientras tanto, sus líderes y colaboradores disfrutan del dinero robado, lejos de la oscuridad que impusieron sobre millones de ciudadanos. También, mientras esto ocurre, el régimen venezolano ha priorizado la exportación de electricidad a Brasil. La empresa Bolt Energy fue autorizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel) para llevar a cabo estas importaciones, con el objetivo de reducir costos y diversificar el suministro energético en Roraima. Algo similar a lo que ocurrió en 2020 cuando no había gasolina en el país pero religiosamente se enviaban barriles de petróleo y combustible a Cuba. ¿Sí ven? No son ni han sido nunca las sanciones; es la tiranía que odia a los venezolanos.
La luz no volverá a Venezuela mientras la barbarie corrupta siga ocupando, por la fuerza, el poder. Solo el fin de este régimen permitirá reconstruir lo que fue saqueado y devolverle a la República la dignidad que es luz.