A media mañana del martes 3 de marzo de 2025, la OFAC publicó la Licencia General (LG) n° 41A, la cual -en términos llanos- revoca la LG41, que había autorizado a Chevron a producir y exportar petróleo a Estados Unidos. El resumen de la nueva licencia es éste: Chevron deberá cesar operaciones en Venezuela antes del 3 de abril.
El hecho de que la OFAC no tomara ninguna decisión el 1° de marzo, cuando la LG41A se renovó automáticamente, generó algunas confusiones. En realidad, desde el punto de vista regulatorio, tal renovación no era relevante, en el sentido que la OFAC siempre tiene el poder de modificar y revocar cualquier licencia, como en efecto hizo.
Aun cuando en las próximas horas y días podrían dictarse nuevas decisiones y lineamientos, cabe aclarar algunos puntos de la nueva licencia.
Crónica de una revocatoria anunciada
La decisión no es del todo sorpresiva, no solo tomando en cuenta el contundente anuncio realizado por el presidente Trump el pasado 26 de febrero, sino en general, tomando en cuenta todos los anuncios realizados por el gobierno de Trump desde el 20 de enero, tal y como analicé aquí en La Gran Aldea. En realidad, tanto la LG41 como las operaciones petroleras amparadas en el llamado modelo Chevron eran muy frágiles, tanto institucional como políticamente. La fragilidad se agravó luego de que el régimen de Maduro decidera desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, violando abiertamente todos y cada uno de los acuerdos políticos suscritos desde 2021, y que habían justificado la LG41. En muchos sentidos, esta es la crónica de una revocatoria anunciada.
Tampoco contribuyó a esta fragilidad la narrativa que quiso construirse exagerando las bondades del modelo Chevron, incluso, en términos de transparencia en la industria petrolera. Frente a esta narrativa, sin embargo, estaban los hechos que como se sabe, son tercos. Sin negar los beneficios de la LG41 en términos del repunte de la producción petrolera, al mismo tiempo, debía tomarse en cuenta que el modelo Chevron era resultado de la Ley Anti-Bloqueo, que impuso un manto de confidencialidad agravando la ya opaca gestión fiscal. Quizás lo más importante, el modelo Chevron no se basó en el restablecimiento de los derechos de propiedad, sino más bien en opacos y muy precarios derechos. En el balance, el modelo Chevron no contribuía a reversar el proceso de autocratización y de políticas económicas predatorias.
Para el gobierno de Estados Unidos resultaba muy difícil justificar el mantenimiento de la LG41, en especial, pues las exportaciones petroleras de Venezuela a Estados Unidos son, desde una perspectiva de seguridad energética, muy poco relevantes. Al mismo tiempo, la LG41 -y otras licencias individuales de similar tenor- permitían al régimen de Maduro capturar, en condiciones opacas, entre 2.1 y 3.2 millardos de dólares al año, ingresos que no se destinaban de manera eficiente y transparente a la promoción del bien común.
Estos reparos son, en buena medida, la principal justificación del fin del modelo Chevron: alineado con la política exterior de “América Primero”, el gobierno del presidente Trump consideró contrario a los intereses geopolíticos, mantener negocios petroleros que incrementan la capacidad financiera del régimen de Nicolás Maduro, vista las condiciones autocráticas y predatorias imperantes.
El efecto práctico de la nueva licencia y el “cese de operaciones”
Esta justificación permite explicar el cambio radical que la LG41A introdujo. Así, la nueva Licencia estableció un período de cese de operaciones (wind-down) que vencerá el 3 de abril. Para entender este cambio, es necesario considerar cómo la OFAC ha interpretado estos períodos de cese de operaciones en programas como Irán y Rusia.
El período de cese de operaciones permite al operador económico autorizado por una licencia de la OFAC, a realizar todas las operaciones prohibidas, pero con el único fin de organizar el cese de operaciones. Esto impide emprender nuevos negocios, y más bien condiciona las operaciones que pueden realizarse, a aquellas que sean estrictamente necesarias para concluir operaciones en curso. Luego de que culmine el período de cese, el operador no podrá realizar ninguna operación.
Por ello, Chevron solo podrá terminar las actividades de producción y exportación, y sus operaciones anejas, que estaban en curso para el 3 de marzo de 2025. Además, la empresa podrá realizar cualquier actividad estrictamente necesaria para el cese de operaciones. Estas operaciones deberán ser finiquitadas el 3 de abril, pues a partir de ese día, Chevron no podrá realizar ninguna operación con el Gobierno de Venezuela y, en concreto, PDVSA. Esto quiere decir que para el 3 de abril de 2025, los contratos suscritos entre Chevron y PDVSA relacionados con las empresas mixtas, y en especial, los contratos de participación productiva amparados en la Ley Anti-Bloqueo, deberán terminar.
Las decisiones que faltan por tomar
Aun cuando no hay ningún anuncio oficial respecto de las otras licencias individuales similares a la LG41 (a favor de Maurel & Prom y Repsol), es razonable concluir que ellas tendrán la misma suerte, como pudiera anticiparse de la respuesta a la pregunta frecuente n° 1.218 de la OFAC.
Queda por aclarar qué pasará con las otras licencias y cartas de conformidad emitidas en el sector petrolero y de gas. Todos estos actos también podrían ser revocados en condiciones similares.
En este escenario, PDVSA estaría en una condición incluso peor que en enero de 2019, cuando fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos. Al menos en esa oportunidad, la OFAC emitió la Licencia General n° 8, que permitió a Chevron y otros contratistas mantener operaciones básicas. Pero en el escenario que se anticipa, no existiría ninguna licencia que permita a PDVSA contratar con empresas de Estados Unidos.
La situación podría incluso empeorar si la administración de Trump decide hacer cumplir las llamadas sanciones secundarias, amparadas en la orden ejecutiva 13.884 de 5 de agosto de 2019, y que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a operadores que no sean de Estados Unidos, en la medida en que favorezcan prácticas para evadir las sanciones a PDVSA. Si esta política se retoma, PDVSA encontraría limitaciones, incluso, para mantener operaciones en el mercado negro.
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Si alguna lección podemos extraer de la revocatoria de la licencia de Chevron, es el riesgo de considerar que es posible apalancar el crecimiento económico al margen del Estado de Derecho y de los derechos de propiedad. El modelo Chevron no era más que la excepción, precaria por lo demás, a las políticas predatorias que todavía se mantienen, y siguen los principios del socialismo del siglo XXI. Estas instituciones quedaron resumidas en la Ley Anti-Bloqueo y quizás, quieran llevarse a la abusiva reforma constitucional que Maduro ha promovido.
Ninguna licencia de la OFAC puede restablecer los derechos de propiedad.