Circula en redes sociales la invitación que el Instituto de Transiciones Integradas (IFIT) y la Embajada de Suiza, le hacen a un grupo selecto de personas para debatir sobre la “Reforma Constitucional oportunidades en un esquema de continuidad del conflicto”. El evento se realizará el próximo 29 de enero en la residencia del embajador suizo en Caracas y tiene como fin “examinar las oportunidades para alentar al diálogo y al entendimiento en un contexto muy adverso, de continuidad del conflicto político”. Además, busca “comenzar a explorar cómo podría contribuir este desafío a la transformación de la iniciativa en un nuevo pacto político”.
En este artículo me detendré en tres detalles que pueden ayudar al lector a entender la relevancia de este encuentro y porqué en La Gran Aldea nos dedicamos a escudriñar en él. Primero, aspectos sobre su realización. Segundo, descripción de los convocados y, tercero, detalles relevantes sobre su temática.
Reunión presencial ¿en Caracas?
Comencemos por los aspectos de su realización. Llama la atención que el evento sea en modalidad presencial, en una sede diplomática ubicada en Caracas. Es bien sabida la grave situación de persecusión y violación de Derechos Humanos que hay en nuestro país. Quienes hacen política y han desafiado a la dictadura se encuentran resguardados, exiliados o presos. Son pocos los que, formando parte del mundo político o de la sociedad civil, se pueden dar el lujo de circular por la ciudad, mucho menos reunirse.
Sumado a esto, conviene recordar que el pasado 14 de enero la cancillería de Nicolás Maduro ordenó limitar el número de diplomáticos acreditados en las embajadas de Países Bajos, Francia e Italia, y les impuso limitaciones de movilidad en el país. La dictadura de Nicolás Maduro monitorea de cerca el comportamiento del cuerpo diplomático y no son pocas las presiones a las que son sometidos. Considerando lo anterior, se puede presumir que una reunión de este tipo solo es realizable si ocurre con algún tipo de venia del régimen. De otra manera, difícilmente se realizaría.
Los convocados
Ahora, debemos preguntarnos: ¿Por qué la dictadura de Nicolás Maduro permitiría un encuentro de este tipo? La respuesta a esta interrogante, esta asociada a los convocados y a la naturaleza de la reunión.
Veamos la lista de invitados: Arturo Peraza, sacerdorte jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello; Ana María San Juan, profesora de la Universidad Central de Venezuela; Claudia Nikken, secretaria ejecutiva de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación de Barbados; Jesús María Casal, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y expresidente de la Comisión Nacional de Primarias; María Eugenia Salazar, socia del escritorio jurídico Baker & Mckenzie y miembro de la Junta Directiva de CONAPRI; Rafael Guzmán, miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia; Ramón Guillermo Aveledo, político venezolano; Ramón José Medina, político venezolano; Stalin González, representante de Un Nuevo Tiempo y Victor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela.
A la mayoría de los invitados los une su rechazo extendido y público al proceso de cambio político que lideró María Corina Machado, y sus esfuerzos por torpedearlo. Veamos los episodios concretos que sustentan esta afirmación. Recordemos algunas acciones y declaraciones de Arturo Peraza: la reunión que hizo en la sede de la UCAB- La Castellana en abril de 2024, para promover la candidatura presidencial de Manuel Rosales; a pocas semanas del fraude del 28 de julio, declaró que “la oposición no tiene capacidad ni viabilidad para gobernar” y en numerosas ocasiones ha dicho que la oposición y la dictadura deben negociar, sin referir al fraude electoral o la violación masiva de Derechos Humanos.
Veamos ahora los pollíticos que han sido convocados: Rafael Guzmán, de Primero Justicia; Stalin González, de Un Nuevo Tiempo; y Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina, sin militancia partidista.
Rafael Guzmán fue diputado a la Asamblea Nacional 2015 y actualmente es miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia. Es abogado y se le relaciona con el bufete de abogados De Jesús & De Jesús, escritorio designado por el régimen de Nicolás Maduro para actuar a su nombre, en el proceso de arbitraje que inició la empresa transnacional ConocoPhillips.
Stalin González es bien conocido. Fue diputado a la Asamblea Nacional en el período 2016-2021 y ha acompañado abiertamente las posiciones de su partido político. No estuvo de acuerdo con las primarias, promovió la candidatura de Manuel Rosales y, llegado el momento de la elección presidencial, mantuvo un perfil especialmente bajo.
Ramón Guillermo Aveledo también es un personaje relevante de la política nacional. Ha tenido diferencias políticas y estratégicas con el proceso político que comenzó en las primaras. Quizás, el más relevante lo resume la publicación en “X”, hecha el 27 de abril de 2024: “Ni tan cerca que queme el Santo ni tan lejos que no lo alumbre. Viejo dicho venezolano que me viene a la mente en estos días”. De esta manera, recomendaba que María Corina Machado se alejara de Edmundo González Urrutia, en el periodo de campaña. La sugerencia no fue escuchada por el Comando Con Venezuela y el tiempo demostró que la unidad perfecta entre candidato y líder, fue exitosa.
Por su parte, Ramón José Medina es un político de larga trayectoria en nuestro país. Recientemente participó, junto a la Embajada suiza, en las gestiones de mediación con el régimen, que permitieron que Fernando Martínez Mottola, abandonara la sede diplomática y volviera a su casa. Recordemos que esta negociación al «detal» de Martínez Mottola, se hizo de espaldas al Comando y sin informar a sus compañeros de cautiverio.
Para finalizar, detengámonos en María Eugenia Salazar, socia del escritorio jurídico Baker & Mckenzie y hasta el año pasado fue miembro de la Junta Directiva de CONAPRI. Salazar es especialista en disputas y arbitrajes. Quienes la conocen, aseguran que es del equipo cercano de Alberto Vollmer (Ron Santa Teresa) y ha trabajado en el lobby antisanciones, dentro y fuera del país. El pasado 21 de marzo de 2024, la Cámara Venezolano-Suiza de Comercio e Industria organizó un evento titulado: “Las sanciones de USA y su impacto en las transacciones financieras” y ella fue la única ponente.
¿Quién dialoga?
Volvamos ahora a los objetivos de la reunión: “examinar las oportunidades para alentar al diálogo y al entendimiento en un contexto muy adverso, de continuidad del conflicto político”. Además, busca “comenzar a explorar cómo podría contribuir (la constituyente de Maduro) este desafío a la transformación de la iniciativa en un nuevo pacto político”.
Viendo los convocados, uno podría cuestionar las presencias y, sobretodo, las ausencias. Llama la atención que entre los invitados no se encuentre ningún representante del Comando Con Venezuela. Destaca también que no se disponga un espacio para quienes representan más de siete millones de votos, emitidos el pasado 28 de julio. En el mejor de los casos, esta ausencia le resta eficiencia y trascendencia política al encuentro. En el peor de los casos, se podría pensar que son los primeros pasos de un proceso de diálogo de espaldas al país.
De igual manera, podríamos preguntarnos si efectivamente el proceso constituyente que propone Nicolás Maduro, puede abrir puertas a un nuevo pacto político que restablezca la democracia en nuestro país. Todo parece indicar que no ocurrirá de esa manera y que la iniciativa refundacional de Maduro, busca darle estabilidad en el poder. Y para lograr validez con un proceso amañado a todas luces, deberá ganar en legitimidad y ser creíble. Para ello, necesita de la cooperación de la comunidad internacional y de ciertos actores políticos, sociales y económicos nacionales. En la invitación del embajador suizo y del IFIT, el régimen encontrará ambas cosas.
Por eso, y para concluir, no dudo en afirmar que ese desayuno lo brindan los suizos, lo aúpa la dictadura y lo padecemos los venezolanos que queremos democracia para nuestro país.