Vamos a montarnos por un momento en la maquinita de H. G. Wells. Viajamos al 1 de mayo de 2017. En medio de unas protestas masivas contra la ruina socioeconómica del país y la anulación de facto de una Asamblea Nacional en manos opositoras, que iba a impulsar el cambio político que urgía para la inmensa mayoría de los venezolanos, Nicolás Maduro anunció otro de tantos planes de la élite gobernante para ir en contra de tales anhelos ciudadanos: una “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC). Hubo una reacción de pánico. No solo porque semejante gesto indicaba que no había ninguna disposición en Miraflores de hacer concesiones a la oposición ampliamente mayoritaria, sino porque el proyecto podía marcar una más profunda radicalización de todo lo que los votantes rechazaron en los comicios parlamentarios de 2015. “Nos van a terminar de convertir en otra Cuba”, era el gran temor. Pues se formó la ANC pero, con el paso del tiempo, era evidente que no tenía como propósito redactar una nueva Carta Magna inclinada hacia el castrismo. Era obvio que no tenía como propósito redactar una nueva constitución de cualquier tipo. Solo sirvió para que la élite gobernante legislara en paralelo a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Hoy dicha élite vuelve a plantear modificaciones a la Ley Fundamental de la República (si es que algo de eso existe más allá del texto), pero con un alcance más modesto. No reemplazar la Constitución de 1999, sino reformarla. Y creo que no hay razones para asumir que esta vez la cosa tampoco va en serio. ¿Qué se trae entonces entre manos Miraflores? Por los momentos, la vocería oficial en la materia ha sido característicamente vaga. Habla de “profundizar la democratización del país” y expresiones similares, sin ningún detalle concreto. Pero de algo podemos estar seguros: las intenciones gubernamentales son las mismas que en 2017. Es decir, mantener como sea el poder y un statu quo del cual los jerarcas oficialistas y sus allegados son los únicos beneficiarios. Por lo tanto, me atrevería a decir que todos los elementos de la reforma constitucional apuntan a dos direcciones. Primero, reforzar el control de la sociedad y el condicionamiento de las instituciones públicas a los intereses de la élite gobernante, en el contexto de un descontento masivo y las secuelas de las decisiones tomadas el 28 de julio pasado. Segundo, favorecer los negocios de los miembros de dicha élite. Con esto en mente, a continuación discutiremos factores hipotéticos de la reforma, los cuales he considerado en solitario o conversado con colegas.
Empecemos con la primera vertiente. Reforzar el control social en Venezuela a estas alturas solo se puede lograr mediante mecanismos de intimidación de las masas descontentas, que es básicamente lo que la élite gobernante ha estado haciendo de una forma u otra desde que perdió el respaldo de la mayoría ciudadana. Entre mayor manifestación de descontento, mayor necesidad de intimidar. No en balde los meses posteriores al 28 de julio, la agenda en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo estuvo marcada por lo punitivo. Aprobaron la “Ley Antisociedad” que puede erradicar organizaciones no gubernamentales vistas como indeseables desde el poder. Aprobaron a toda velocidad una ley que puede incautar bienes e imponer sentencias draconianas de cárcel para personas que asuman discursos vetados, etc.
Pues bien, quizá la reforma vaya a dar rango constitucional a todo eso. Y si bien es cierto que de todas formas desde hace años se castiga de manera arbitraria a opositores en el país, incluir los castigos en la Carta Magna pudiera volver el patrón más sistemático. No tiene por qué limitarse a lo que ya se discutió o se discute en la AN. Hay diputados oficialistas que recientemente han planteado retirar la nacionalidad venezolana a quienes encuentran demasiado molestos. El año pasado, Maduro habló de introducir la cadena perpetua en el país. No me parece descabellada la posibilidad de que ahora evalúen hacer todo eso realidad. Tampoco que varios de los mecanismos de control considerados, estén dirigidos restringir todavía más la esfera pública, con mayores limitaciones a lo que queda de medios de comunicación y, sobre todo, redes sociales. Las redes han sido un punto de especial interés para la élite gobernante luego del 28 de julio, el cual ha manifestado con acusaciones iracundas, bloqueos y exigencias de que las compañías propietarias de las redes tengan oficinas en Venezuela (esto último solo puede interpretarse como una pretensión de presionar para que no permitan expresiones que incomodan a Miraflores).
Pasemos a las posibles reformas al andamiaje institucional. Una hipótesis que he escuchado es el fortalecimiento del llamado “poder popular”, constituido por consejos comunales y comunas, al punto de hacerlo la organización político-administrativa del país. Vieja discusión, de hecho. Desde que tales entidades fueron creadas hubo alertas de que iban a reemplazar a las gobernaciones y a las alcaldías para que el chavismo ejerciera su hegemonía administrativa, sobre todo el territorio nacional. En su momento tuvo sentido, pues había gobernadores y alcaldes haciendo oposición real. Pero eventualmente se impuso la regla tácita de la política venezolana que prohíbe a los titulares de esos puestos hacer oposición real. El arquetípico de alcalde fuera del PSUV ya no es David Smolansky, sino Gustavo Duque. Además, veo poco probable que en el futuro inmediato comunas y consejos comunales desplacen total o parcialmente a gobernaciones y alcaldías por la misma razón que no lo han hecho hasta ahora. A saber, que el sistema vigente es mucho más sencillo para el reparto de recursos públicos entre miembros de la élite gobernante. Se ha vuelto una suerte de regresión al cuasi feudalismo que había en Venezuela en el siglo XIX, con caudillos y caciques regionales y locales -eso sí: todos subordinados al Ejecutivo central, como en tiempos de Antonio Guzmán Blanco-. Sin embargo, sí considero posible que la reforma brinde a los entes del “poder popular” nuevas prerrogativas en materia de control social, como vigilancia de vecinos, etc.
Dado que, repito, entre las vaguedades adelantadas por el gobierno sobre el propósito de la reforma está “democratizar a la sociedad”, muchas especulaciones al respecto tienen que ver con las instituciones electorales. Lógico, pues la reforma está ligada a las secuelas de las últimas elecciones presidenciales. Tal vez veamos en tal sentido mayores limitaciones a la inscripción de candidaturas y el registro de partidos como organizaciones habilitadas para lanzar abanderados. Esas limitaciones, de darse, muy probablemente dependerán de compromisos a no denunciar los vicios del sistema electoral, o incluso del entramado de instituciones dominadas por la élite gobernante en general. En otras palabras, la participación estará condicionada a que nadie haga lo que la oposición hizo después del 28 de julio.
No estoy tan convencido de que la élite gobernante esté pensando en acabar con el voto directo y establecer un sistema de dos o más grados. Por alguna razón, que desconozco, esta ha sido una de las posibilidades sobre las que varios adversarios del gobierno, más han alertado. Sostienen que el hipotético nuevo sistema electoral encargaría la elección de algunos o todos los cargos del Ejecutivo y el Legislativo nacionales, a los entes del “poder popular”. O que estaría modelado en el sistema electoral cubano, en el cual ningún partido (ni siquiera el oficialista, que es el único permitido) hace nominaciones, sino que asambleas municipales y organizaciones sindicales, de mujeres, de agricultores, etc. “nominan” candidatos a la Asamblea Nacional, para lo cual tienen en cuenta criterios como la “lealtad al proceso revolucionario”. Tampoco estoy muy convencido de que se vaya a establecer un régimen de partido único (de nuevo, imitando a Cuba). Tanto eso como la hipótesis del sistema electoral de varios grados, iría contra la tendencia de la hegemonía chavista y de sistemas políticos similares del siglo XXI, por la cual se simula que hay una democracia representativa como las de Europa y Norteamérica, con “elecciones” no competitivas y una “oposición” simbólica.
Pudiera alguien señalar que todo cambio al sistema electoral venezolano será irrelevante mientras se mantenga el presente orden político, pues luego de las secuelas del 28 de julio las masas, como nunca antes, no van a querer votar. Estoy de acuerdo en que la abstención en los próximos “comicios”, habrá un montón solo este año, muy probablemente será altísima. Pero, un momento. ¿Y si la reforma estableciera el “voto” obligatorio?, ¿suena impensable? Poco o nada es impensable a estas alturas. De hecho, según reportó en octubre pasado Eugenio Martínez, periodista especializado en asuntos electorales, entre las propuestas de reforma a la legislación comicial, hechas entonces por diputados a la Asamblea Nacional había una consistente: “obligar a votar a todo el que tenga más de tres años sin hacerlo”.
Aislamiento continuado
Veamos por último las posibilidades relativas a intereses crematísticos. No me extrañaría para nada ver la constitucionalización de la perestroika bananera y del abandono del cuasi estalinismo caribeño emprendidos hace seis años. Como ese giro se debió en parte a un agotamiento del modelo anterior de extracción de riqueza mediante el Estado, el cual a su vez fue consecuencia,en parte, al aislamiento del país con respecto a las democracias del mundo y el cierre de mercados para la exportación de petróleo, me cuesta ver que se le dé marcha atrás en un contexto de probable continuidad de tal aislamiento.
Más bien tengo en mente un fortalecimiento de los instrumentos con los que la élite gobernante ha tratado de mostrarse más amigable al sector privado, para así tener una fuente alterna de generación de riqueza. Eso incluiría, por ejemplo, consolidar las Zonas Económicas Especiales. Pudiera integrar también, mayores facilidades para la privatización total o parcial de activos del Estado, como ya se ha venido haciendo mediante la llamada “Ley Antibloqueo”. Eso sí, con la opacidad característica y el favoritismo para con empresarios compinches de la élite gobernante. Nada de libre mercado. Capitalismo iliberal y amiguista.
La designación de Delcy Rodríguez como parte del comité al frente de la comisión de reforma es una señal. Rodríguez ha fungido por años como el principal vínculo entre el gobierno y las cúpulas empresariales. A propósito, compartirá la posición con Tarek William Saab, Cilia Flores y Hermann Escarrá, lo cual indica que el proyecto estará dominado por las facciones de Maduro y de los hermanos Rodríguez, en la élite. Justo las que han acumulado más poder en años recientes.
Hasta aquí con nuestros bocetos de reforma constitucional. De no ocurrir próximamente un evento que precipite una transición política (cosa que dependerá del desempeño de la oposición y de quienes la apoyan allende nuestras fronteras), veremos cuáles ingresan a la galería como obras finalizadas y cuáles no.