La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive una de las peores crisis humanitarias de los últimos años debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Este conflicto por el control de rutas estratégicas del narcotráfico ha forzado el desplazamiento de más de 200 personas, muchas de las cuales buscan refugio en Venezuela.
El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, informó que más de 112 personas ya han sido evacuadas hacia bases militares y otras 50 están siendo trasladadas desde el municipio de El Tarra hacia lugares seguros como Cúcuta. “Estamos priorizando los asaltos aéreos para garantizar la libertad de movimiento en zonas de confinamiento”, aseguró.
Las cifras de la emergencia son alarmantes. El Puesto de Mando Unificado (PMU) confirmó que los combates han dejado al menos 30 muertos, numerosos heridos y unas 70 familias desplazadas. Además, se declaró alerta amarilla en los hospitales de la región y se suspendieron las clases en varias localidades afectadas.
Narcotráfico y disputa territorial
La violencia tiene como trasfondo la lucha por el control del corredor estratégico Tibú-Cúcuta, clave para el transporte de cocaína. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Norte de Santander alberga más de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos, perpetuando el conflicto.
El periodista argentino Nacho Montes de Oca analizó la situación y afirmó que «la violencia marca el fracaso del plan de Petro. Entre los asesinados hay 8 ‘gestores de paz’ que apoyaron la tregua. Irónicamente, parte de los desplazados huyen hacia Venezuela. El norte de Santander, donde se encuentra Catatumbo, tiene plantaciones de coca controladas por el ELN en complicidad con el Cartel de los Soles del chavismo. Desde Venezuela se procesa y exporta la droga, además de manejar el resto del tráfico ilegal en la frontera».
Impacto en la población civil y otras regiones
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que los desplazados enfrentan graves riesgos, incluyendo la falta de alimentos, medicinas y albergues adecuados. Las autoridades colombianas han desplegado tropas especiales y habilitado corredores humanitarios para mitigar la crisis, mientras que en Cúcuta se declaró emergencia humanitaria para recibir a las familias afectadas.
Por otro lado, la violencia también se extiende a otras regiones, como el Cauca, donde enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y el ELN han confinado a comunidades campesinas e indígenas, agravando la crisis humanitaria.
Un llamado urgente a la acción
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos instan al Gobierno de Colombia a intensificar las medidas de protección para la población civil y trabajar en soluciones a largo plazo para frenar la violencia. Mientras tanto, cientos de familias continúan dejando atrás sus hogares, cargando solo con la esperanza de encontrar seguridad y paz en medio del caos.