El pasado 28 de julio, más de 8 millones de venezolanos escogieron a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente de Venezuela. En un país normal, con instituciones, el presidente electo estaría disfrutando de su luna de miel con el electorado, anunciando equipos de gobierno y esperando su toma de posesión.
Pero Venezuela no es ni una democracia ni un país normal.
Luego de la abrumadora victoria de González, el chavismo ejecutó uno de los fraudes electorales más descarados de los que se tenga registro en el continente. Además, desplegó una de las operaciones de Terrorismo de Estado más crueles y sanguinarias en lo que va de siglo, dejando un balance de 2000 presos políticos, incluidos niños, niñas y adolescentes, un liderazgo opositor temiendo por su vida en la clandestinidad y barrios completos sometidos al miedo y al terror.
Luego del fraude, las instituciones de la dictadura chavista corrieron a proclamar a Maduro como presidente. Desde Europa, en recientes entrevistas, Edmundo González ha sido enfático: dice que estará en Venezuela para tomar posesión el 10 de enero y descarta, de plano, una presidencia en el exilio.
El conflicto tiene un nuevo hito declarado: 10 de enero de 2025.
Ante este complejo escenario, ¿qué pasará el 10 de enero? Algunas reflexiones reflexiones breves.
Primero. Defender la victoria de Edmundo González y su toma de posesión el 10 de enero es lo correcto política y constitucionalmente. Es honrar el mandato dado por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio. Es defender la memoria de Jesús Martínez, testigo electoral que, como tantos otros, arriesgó su vida valientemente para proteger las actas que constataban el triunfo opositor, y que luego murió en custodia del Estado. Es evitar más muertes como la del dirigente de Voluntad Popular Edwin Santos en Apure.
Lograr que Edmundo González tome posesión el 10 de enero es derrotar la narrativa de sectores como el Foro Cívico que busca que “pasemos la página”, escudados en el ropaje de organizaciones de la sociedad civil.
Segundo. El escenario internacional es propicio para la causa democrática venezolana.
Si bien el nuevo gobierno en Estados Unidos tomará posesión el 20 de enero de 2025, diez días después de la toma de posesión en Venezuela, los nombramientos del presidente Trump envían mensajes muy claros a la dirigencia chavista.
Marco Rubio, como Secretario de Estado; Mike Waltz, como asesor de seguridad nacional; y Christopher Landau, como subsecretario en el Departamento de Estado, son una señal clara de que Latinoamérica será una prioridad para la política exterior del presidente Trump.
En este sentido, Venezuela ofrece una doble oportunidad a su administración.
Por un lado, la posibilidad de destrabar el Nudo Gordiano de las dictaduras latinoamericanas. Un cambio político en Venezuela tendrá repercusiones en Cuba y Nicaragua.
Por otro lado, la migración. Si el presidente Trump quiere detener la llegada de venezolanos por su frontera Sur, la solución es muy clara: lograr el cambio político en Venezuela.
En una encuesta realizada por ORC Consultores a mediados de año, se estimaba que al menos 15% de los venezolanos en el exterior regresaría a Venezuela si ganaba la oposición.
Pues, la oposición triunfó contundentemente. Si los EE.UU y el continente quieren lograr que los venezolanos dejen de salir del país y que un porcentaje importante regrese a casa, aliviando así sus presupuestos públicos, la solución es presionar por el cambio político en Venezuela.
En Siria, la dictadura de Bashar al-Assad, que arrojó armas químicas a su pueblo y produjo una cruel Guerra Civil, cayó en 10 días.
Al día siguiente de que al-Assad abandonara el poder, cientos de miles de sirios abarrotaban las carreteras de regreso a Damasco. Si se logra el cambio político en Venezuela, pronto estas imágenes podrían ser las de las carreteras de Cúcuta con venezolanos cruzando el Puente Internacional Simón Bolívar de regreso a casa.
Al igual que en Siria, la caída de Maduro será suficiente incentivo para que los venezolanos vuelvan. El fin de la dictadura venezolana es el único camino sostenible para detener la migración.
Tercero. El 10 de enero no puede verse como un fin en sí mismo. Si la oposición apuesta toda su teoría de cambio a lograr la juramentación de EGU el 10 de enero, el chavismo aplicará el manual de costumbre: resistir, perseguir y desgastar. Resistir la presión nacional e internacional, perseguir a los líderes en el terreno y desgastar al liderazgo de la oposición.
Por tanto, el 10 de enero debe ser planteado como el inicio de un movimiento de presión nacional e internacional que desemboque en la toma de posesión de EGU y el inicio de una transición a la democracia en Venezuela.
En los años pasados, fui escéptico con las posibilidades de la ruta electoral para producir un cambio político en Venezuela. Sin embargo, hay un escenario favorable que surge de la ruta electoral cuando el cambio triunfa: la posibilidad de producir un momento Pinochet. Es decir, que ante el triunfo de la oposición, el estamento militar confronte al dictador y lo convenza de que ha llegado la hora de entregar el poder.
En 2014, 2017 y 2019 las Fuerzas Armadas venezolanas no se sumaron al llamado del pueblo y se negaron a ejercer su rol constitucional de defender la soberanía popular. La noche del 28 de julio, cuando Elvis Amoroso se inventó unos números en una servilleta, tampoco lo hicieron.
En los próximos meses, tienen una oportunidad de oro. No es un llamado a la insurrección militar, es un llamado a cumplir con la Constitución y hacer respetar el mandato popular emitido por 8 millones de venezolanos el 28 de julio.
Si algo demuestra la caída de la dictadura siria, es que los militares son leales hasta que dejan de serlo. Llegó la hora de que los militares venezolanos cambien su lealtad del PSUV hacia el pueblo venezolano.