Tres meses tiene el gobierno de Venezuela para presentar sus alegatos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que este lunes abrió una investigación para evaluar las irregularidades cometidas en las elecciones del 28 de julio.
«Si la parte (Venezuela) no contesta, queda confesa. Si Venezuela no contesta, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos (…)», indicó a La Gran Aldea Ignacio Álvarez Martínez, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien forma parte del escritorio IHR Legal, el equipo de abogados que interpuso la demanda contra las elecciones ante el comité de la ONU.
La oficina de Naciones Unidas admitió la demanda y solicitó al Estado venezolano que “se abstenga” de destruir el material electoral relacionado con las presidenciales.
“Si no lo hacen, no acatan las medidas, no aportan sus pruebas y -simplemente- omiten el debido proceso, el Comité podría decidir a favor de los denunciantes. Ellos (el gobierno) tienen su derecho a la defensa, pero si no lo hacen, incurrirían en una falta gravísima, dejando ver que realmente el proceso comicial de julio no fue auténtico. Están acorralados”- indicó a La Gran Aldea Ignacio Álvarez Martínez, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien forma parte del equipo de denunciantes.
«Ahora está corriendo un plazo para que Venezuela conteste el proceso. Eso no es un tema que se resuelva haciendo comunicados de prensa, diciendo cualquier cosa. Esto un procedimiento riguroso y formal, donde Venezuela tiene un plazo para contestar, y si no contesta, va a ser mucho peor», agregó Álvarez.
El exrelator explicó a La Gran Aldea que sería «absurdo» que el régimen de Maduro no presente su defensa, ya que el Estado forma parte de los tratados y convenios del organismo, y, en teoría, tendría que enfrentar en proceso.
Álvarez argumentó que el caso presentado por la firma IHR Legal, está sustentado: «se aportaron las actas de escrutinio – algunas hasta en físico – el portal web donde se pueden verificar los verdaderos resultados, según la voluntad de millones y millones de venezolanos y se ampara bajo la presunción de delitos como: fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia.”
Además, los denunciantes afirman que el proceso en el comité es un “avance crucial” en la lucha por la democracia y que se trata de una acción “sin precedentes”.
“Estimamos que el caso abierto por la ONU probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”, resalta una nota de prensa de IHR Legal.
En una notificación de acuse de recibo, el Comité de la ONU precisó que la solicitud de medidas provisionales no implica que se haya adoptado “decisión alguna sobre la admisibilidad el fondo de la comunicación”.