El 22 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional revisó un informe sobre la situación de Citgo y acordó solicitar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, es decir confiscar los bienes, a ochenta (80) diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, bajo el argumento falso de que han contribuido a la eventual pérdida de la empresa. La primera interrogante que surge es por qué a esa cantidad y no a los ciento doce (112) diputados que fuimos electos. ¿A quiénes excluyeron y por cuál razón? Ello sugiere que hay un interés político en la aplicación de la ley anteriormente nombrada con el objeto de causar daño.
En efecto, el contenido fundamental de la ley deja claro las causales de su aplicación, ninguna de las cuales recaería sobre el tema concerniente a Citgo. En su Artículo 1 se pauta que “Esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna”. Por su parte, el Artículo 5 define lo siguiente. Actividad ilícita: Toda actividad tipificada en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente.
En consecuencia, ninguno de los delitos representados en la ley se corresponde con las actuaciones de los diputados en el caso de Citgo y si se emplea la ley con el propósito de castigar a parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, estaríamos ante un hecho evidente de abuso de autoridad y uso político de la ley. El citado informe es deficiente en su forma y contenido al no tomar en consideración los factores que han provocado la situación de Citgo ni mucho menos el contexto de una política económica y petrolera destructiva que ha provocado un riesgo real que la empresa pase a manos de acreedores ansiosos de cobrar la deuda por los expropiaciones no pagadas de 2007-2010 de Crystallex y Conoco Phillips entre tantas otras, además de los intereses acumulados y el capital correspondiente a la emisión del Bono Pdvsa 2020. A partir de esos episodios se generaron una cantidad importante de demanda contra Venezuela. Allí reside la razón de los litigios contra Venezuela.
Al ejercer mi defensa pública voy a relatar los hechos y situaciones que han provocado la crisis de Citgo, para lo cual es vital revisar los antecedentes, porque lo que está ocurriendo tiene un origen claramente ubicado en el masivo endeudamiento que sufrió Venezuela a partir de 2005 y del cual esa empresa es una víctima.
La causa de la crisis
Entre 1999 y 2002 la gestión de las finanzas públicas mostró un comportamiento moderadamente conservador, el cual se correspondió con la etapa ortodoxa de la política económica del presidente Hugo Chávez. En la medida en que fue cambiando la naturaleza del proyecto político al unísono fue modificándose la fisionomía de las cuentas del gobierno y de superávits se fue pasando a déficits recurrentes, en particular, a partir de 2005 y en ocho años de los doce que gobernó Chávez hubo déficit. El factor fundamental de tales déficits que explica el incremento de la deuda pública fue la ampliación del ámbito del Estado en la economía mediante expropiaciones y confiscaciones de empresas a partir de 2007, que de solventes pasaron a requerir repetidos aportes de fondos y el aumento de la nómina del sector público. Adicionalmente la brecha entre 2003 y 2013 del tipo de cambio oficial y el paralelo 
Lo más notorio de este lapso, 2005-2012, es el salto monumental que registra el endeudamiento de Pdvsa, que pasó de US$ 3,748 millones en 2005 a aproximadamente US$ 78.496 millones en 2012, al incluir en ese saldo lo adeudado al BCV (US$ 38.480 millones). Entre 2009 y 2012 lo que sucedió en Venezuela fue una especie de vendaval de deuda, al incrementar el sector público en US$ 22 mil 229 millones sus obligaciones, equivalente a 6,8% del PIB.
La declinación de la producción de Pdvsa se agudizó a partir de 2008 y, de esta manera, la extracción de petróleo pasó de 2.428.000 barriles diarios en 1998 a 1.740.000 barriles en 2012, es decir una contracción de 40,5% y la producción total no declinó más porque las empresas extranjeras incrementaron la extracción de crudos al pasar de producir 360.000 barriles diarios en 1998 a 1.039.000 barriles diarios en 2012. El modelo diseñado, consistente en usar la industria petrolera exclusivamente como fuente de ingresos fiscales y para financiar una variedad de actividades ajenas al negocio petrolero sin que se reinvirtiera en la producción de hidrocarburos, demostró ser totalmente inviable y altamente costosa para los venezolanos, todo ello sin sanciones ni medidas coercitivas de ningún otro país.
Una Pdvsa mal manejada que abarcaba la política social, construcción de viviendas, venta de alimentos, subsidios y préstamos concesionales a varias naciones en el marco del Acuerdo Integral de Cooperación con Cuba para vender petróleo con grandes descuentos al igual que Petrocaribe, a lo que se sumó una expansión de la nómina que de 30.000 trabajadores en 1998 llegó alcanzar a 120.000 personas en 2012, tenía necesariamente que generar una caída de la producción y pérdida de capacidades gerenciales y administrativas y también necesidades crecientes de endeudamiento. Lo más paradójico fue el hecho que a partir de 2007 mientras más deuda contraía Pdvsa mayor era la caída de la producción.
Al asumir Chávez en 1999 la deuda externa total se situó en US$ 28 mil 311 millones (36% del PIB) mientras que en 2012 totalizó US$ 110.500 millones (55% del PIB) a pesar de que en esos años los precios del petróleo se multiplicaron por diez.
En política petrolera, la instrumentada por el presidente Chávez estuvo a cargo de Alí Rodríguez y Rafael Ramírez y fue un rotundo fracaso, de acuerdo con los niveles de producción. En 1998 Venezuela produjo 3.288.000 barriles diarios de petróleo en tanto que en 2012 la producción alcanzó a 2.770.000 barriles por día, lo que denota una caída acumulada de 15,7%, sin sanciones. Así, al concluir 2012 la situación fiscal y en particular de la deuda era insostenible y la economía no podía soportar el elevado peso que significó el servicio de la deuda y todo ello arrastró a Citgo, debido a que con las expropiaciones ejecutadas desde 2007 y especialmente en 2009, se generó una cadena de eventos legales contra esa empresa, que era y es el activo venezolano más apreciado por los acreedores.
¿Qué hicieron con Citgo?
Citgo es una empresa petrolera venezolana que tiene sus operaciones en Estados Unidos. Fue fundada en 1910 por Henry Doherty, en 1986 Pdvsa adquirió la mitad de ella y, luego, en 1990 terminó por comprarla en su totalidad. El plan de quienes diseñaron la política petrolera de ese tiempo era expandir la producción petrolera para lo cual resultaba fundamental asegurar mercados en Estados Unidos, el principal socio y que por su cercanía a Venezuela se garantizaba la compra del crudo para ser refinado y vendido en una red de gasolineras y estaciones de servicios. Citgo cuenta con tres grandes refinerías localizadas en Texas, Luisiana e Illinois que pueden procesar 749.000 barriles de petróleo al día, tiene una red de cuarenta y ocho (48) terminales, más de seis mil estaciones de gasolina y una flota de camiones y centros de distribución para colocar sus productos.
Una de las críticas más comunes que se le hacía a Citgo en el pasado era que su rentabilidad se derivaba del hecho que compraba crudo venezolano a descuento. En concordancia con esa tesis, en 1998 Hugo Chávez en un evento en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en plena campaña electoral, dijo que a Citgo había que venderla porque su rentabilidad era ficticia, basada en la compra de crudos baratos a Pdvsa. Esa misma opinión la suscribía Maduro. Ya como presidentes Chávez y Maduro cambiaron de opinión, el primero se dio cuenta que Citgo era rentable y no la vendió, pero la puso en peligro. De hecho, entre 1999 y 2012 Citgo entregó dividendos por US$ 8.457 millones y entre 2013 y 2017 por US$ 3.793 millones.
El problema de Citgo comenzó en 2009 cuando el presidente Chávez expropió la empresa minera Crystallex y ésta empieza a ejercer acciones legales para reclamar el pago del valor de sus inversiones y enfila contra Citgo, el activo más cotizado de Venezuela en el exterior. El año 2010 fue determinante para la suerte de Citgo al emitirse el Bono Pdvsa 2017 por US$ 6.985 millones con vencimiento el 2 de noviembre de ese año y un cupón de 5,375%. Pdvsa requería cada vez más recursos no obstante los elevados precios del petróleo, no para expandir su producción sino más bien para financiar la fuga de capitales mediante el control de cambios. De esta manera, en septiembre 2016 Eulogio Del Pino como presidente de la empresa concurre ante la Asamblea Nacional con un proyecto de ley para refinanciar la deuda emitida en 2010 con vencimiento en 2017, lo cual en principio no hacía falta porque el ordenamiento legal faculta a Pdvsa a endeudarse sin tener que requerir la aprobación legislativa a menos que alterase la composición accionaria de una empresa del Estado.
Ese bono en cuestión, llamado Pdvsa 2020 fue colocado en septiembre 2016 en condiciones leoninas: US$ 3.000 millones con 8,5% de rendimiento, poniendo en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo y el 49,9% restante otorgado a Rosneft a cambio de un préstamo por US$ 1.500 millones. Me correspondió alertar a la comisión del Psuv en la Asamblea Nacional acerca de la inconveniencia de ese bono. Esa alerta hecha a Héctor Rodríguez, Hugbel Roa y Asdrúbal Chávez, comisionados por el Psuv para tratar el tema, no surtió efecto y se emitió el bono. Los defensores en el debate de esa emisión fueron los diputados del partido de gobierno Ricardo Sanguino, Hugbel Roa y Asdrúbal Chávez, mientras que por la oposición estuvimos en contra Omar Barboza, Alfonso Marquina, Rafael Guzmán y José Guerra. En la discusión advertimos la inconveniencia de esa emisión y la Asamblea Nacional en plenaria aprobó remitir el acuerdo con sus observaciones al Bono Pdvsa 2020 al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes. Esa decisión del parlamento del 27 de septiembre de 2016, mediante la cual se cuestionó el sobreendeudamiento de Pdvsa y se solicitó el inicio de investigaciones por presuntos delitos al patrimonio público derivados de esta operación, y otras acciones posteriores, han contribuido a que Citgo no se haya perdido. Ello es una verdad incontrovertible.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional en vista de la situación de riesgo en que estaba Citgo dada la agresividad de los acreedores que exigían el pago y para fortalecer la defensa de la empresa, acordó, entre otras cosas: Primero, Ratificar que el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional. Segundo, Ratificar que el contrato de emisión del Bono 2020 violó los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sus condiciones financieras fueron lesivas debido a la irracionalidad bajo la cual PDVSA estructuró el canje y posterior emisión. Lo que señalamos en el debate de la Asamblea Nacional en septiembre de 2016 se comenzó hacer realidad y en noviembre de 2017, de forma atropellada Maduro anunció la moratoria de los pagos de la deuda externa. La situación financiera del país era apremiante, después de haber disfrutado del mayor auge de ingresos petroleros de toda su historia. Los acreedores se dispusieron entonces a demandar el pago a Pdvsa como complemento a las acciones que ya había iniciado Crystallex para cobrar lo adeudado por la expropiación de 2009. Era la primera vez que en una colocación de un bono de Pdvsa se otorgaba una garantía física, porque antes esa garantía siempre fue la capacidad de pago y la reputación de la empresa. Con ello comenzó un verdadero viacrucis para Venezuela porque se cerró el mercado financiero internacional y se vino sobre la República una verdadera lluvia de demandas en tribunales internacionales por deudas no pagadas.
En el ínterin, al entrar Venezuela en incumplimiento de pago en noviembre de 2017, tuvo que adoptar una decisión muy difícil al vencerse el 27 de abril de 2019 el pago por US$ 72 millones del bono Pdvsa 2020 que está garantizado con las acciones de Citgo. Los profesionales de la crítica cuestionaron el pago que autorizó la Asamblea Nacional sin darse cuenta del peligro de perder una empresa como Citgo que en ese momento valía US$ 10.000 millones, ante un gobierno nacional que estaba paralizado y sin hacer ningún tipo de gestión para solventar el problema que él mismo había generado. Si no se hubiese hecho ese pago, Citgo estaría en manos extranjeras porque Maduro no tenía ninguna intención de pagar la deuda.
Ante el peligro del embargo debido a la deuda acumulada, Citgo fue protegida de los acreedores por el gobierno de Estados Unidos desde mediados de 2019 hasta la sentencia, muy controvertida, de la Corte de Delawere del 27 de marzo de 2023 que validó la figura del Alter Ego y falló a favor de los acreedores a lo que se sumó la Licencia 42 de la OFAC del primero de mayo de 2023 mediante la cual no se bloqueará la venta de las acciones de Citgo. Pdvsa Ad Hoc y Citgo han hecho todo lo posible para salvar la empresa para los venezolanos. De hecho ante una solicitud, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió los nuevos embargos dictados contra Citgo por el juez Stark. Ciertamente, Citgo está en peligro de perderse por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, en las distintas instancias jurisdiccionales de Estados Unidos hay espacio todavía para preservar la empresa para los venezolanos, en particular si priva una política de carácter nacional, que trascienda la lucha interpartidista.
