El desempeño del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela no parece haberse visto afectado por el hecho de que su cuñada forma parte del bufete que defiende al Estado venezolano en esa causa, de acuerdo con expertos y promotores de la causa en esa instancia.
Hace una semana, el diario estadounidense The Washington Post reveló el nexo de Khan con la abogada Venkateswari Alagendra,quien forma parte del bufete contratado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para defenderlo por presuntos crímenes contra la humanidad en instancias internacionales.
Según la publicación, Alagendra nació en Malasia, estudió derecho en Londres, tiene una maestría en leyes y, así como la esposa de Khan, integra el Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Ha participado en procesos como parte de la defensa de Maduro.
La revelación parece haber dividido a las víctimas de potenciales crímenes de lesa humanidad y sus representantes legales en dos grupos, explicó a la Voz de América Adolfo Salgueiro, profesor jubilado de derecho internacional y activista de derechos humanos.
Hay quienes desean exigir mayor velocidad en la causa, incluso si ameritara recusar a Khan, mientras otros apuestan por seguir confiando en sus gestiones y que creen inconveniente tratar de apartarlo del caso, justo cuando corren versiones extraoficiales sobre su inminente solicitud de órdenes de comparecencia o aprehensión en Venezuela, precisó.
“Milito en el grupo que le pide que se apure en los términos más respetuosos hacia su independencia”, comentó Salgueiro, integrante del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), que ha reportado 1.500 incidencias de violaciones graves de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional.
A su juicio, no existen evidencias de que Khan se haya parcializado o haya fallado en sus responsabilidades en el caso Venezuela I. “Ha ganado las incidencias. No parece prudente solicitar su remoción. Es como nadar para morir en la orilla”, advirtió.
Sin señales que comprometan a Khan
Khan anunció en noviembre de 2021 la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde abril de 2017. El gobierno de Maduro, así como el fiscal general Tarek William Saab, un exgobernador del chavismo, han denunciado como parcializadas y politizadas las actuaciones de Khan, a favor de sus opositores.
El lunes pasado, la oficina de Khan emitió un comunicado afirmando que la indagación está activa, sigue su curso y que Khan “no retrasará sus esfuerzos” para lograr la rendición de cuenta sobre esa situación.
Sin referirse a la polémica porque su cuñada sea parte de la defensa de Maduro, la fiscalía reivindicó su independencia e imparcialidad, así como sus éxitos al hacer valer su jurisdicción para la investigación. También, dijo que la composición del equipo legal venezolano “es un asunto de dominio público” y nunca fue objetado por ninguna de las partes.
Khan ha solicitado órdenes de aprehensión contra dos gobernantes de alto perfil este año: pidió en mayo una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de defensa, Joav Galant, por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en sus acciones militares en la Franja de Gaza y naciones vecinas; también hizo lo propio contra el presidente ruso Vladimir Putin por su guerra contra Ucrania.
Putin acaba de desafiar este mes la orden de aprehensión en su contra, ya aprobada, viajando a Mongolia, país signatario del Estatuto de Roma, piedra legal fundacional de la Corte Penal Internacional. Especialistas interpretaron que ese periplo evidenciaba las debilidades de la justicia internacional.
De acuerdo con los registros de la fiscalía de la CPI, se han emitido 28 casos que han involucrado órdenes de arresto contra 28 funcionarios, esencialmente de África y naciones árabes. Esas acusaciones incluyen a Omar Al Bashir, solicitado desde 2010, aún «en libertad».
Los reportes sobre el rol de la cuñada de Khan como parte del equipo legal del gobierno de Venezuela “sí lucen preocupantes”, aunque “no existen señales claras” de que haya influido en la investigación, de acuerdo con Mariano de Alba, abogado venezolano especializado en geopolítica, derecho internacional y diplomacia.
Se preguntó por qué el fiscal Khan no reveló en su momento que su cuñada se había sumado al equipo legal de la parte que él investiga, cuando el código de conducta de su oficina establece que sus miembros deben abstenerse de potenciales conflictos de interés.
“Es un mal precedente porque el fiscal y la fiscalía no actuaron con el máximo cuidado”, apuntó De Alba, quien, sin embargo, dijo haber notado que la oficina de Khan “defendió vehementemente” la continuidad de la investigación.
En cambio, De Alba atribuyó “la lentitud” de la investigación a la apelación que hizo Venezuela a la decisión de iniciar esa fase del caso y a “la estrategia” de Khan de convencer y ayudar a las autoridades a que adelanten investigaciones y juicios genuinos en el país suramericano.
“Es una maniobra”
Emilio Figueredo, abogado y docente experto en relaciones y derecho internacionales, coincidió con la noción de que los nexos familiares de Khan y una abogada defensora del Estado venezolano no ha tenido incidencia en la investigación.
“Por lo contrario, las dos acciones interpuestas por el régimen venezolano fueron rechazadas por el fiscal y eso que la cuñada forma parte desde hace tiempo del equipo jurídico venezolano”, destacó a la VOA.
A su juicio, la revelación sobre los vínculos del fiscal de la CPI y una representante del equipo de Maduro “es una maniobra” para tratar de demorar el curso de la acción legal al intentar recusar al fiscal.
Una recusación exitosa significaría que la ONU debe designar un nuevo fiscal. “Maduro ganaría un tiempo que no tiene con el actual fiscal”, indicó.
Efectos de las posibles órdenes de la CPI
Salgueiro, del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, estimó que el caso Venezuela I se encuentra en una etapa de prontos anuncios de decisiones, que podrían incluir órdenes de comparecencia o de captura contra posibles responsables de crímenes de lesa humanidad.
Los vínculos de Khan y la abogada Venkateswari Alagendra pueden tener impacto vistos desde “lo moral y lo mediático”, pero no constituyen un conflicto de interés, insistió, si bien resaltó que la CPI ha decidido “en alguna causa más rápido que en otra”.
De Alba, por su parte, estimó que la posible solicitud de emisión de órdenes de arresto contra algunos altos funcionarios del Estado venezolano, que tendría que ser aprobada por la Corte Penal, “puede tener múltiples consecuencias”.
“Por un lado, habría que evaluar qué reacción generan a lo interno del gobierno venezolano. Una posibilidad es que disminuyan la disposición por parte de algunos funcionarios a involucrarse en la represión”, señaló.
“Pero, también es posible que cohesionen más al gobierno y hagan más difícil que algunos funcionarios estén dispuestos a considerar su salida del poder”, añadió.
De Alba recordó que la Corte no cuenta con mecanismos para ejecutar esas eventuales órdenes de arresto y dependería de que “haya disposición dentro de la institucionalidad venezolana” para hacerlo, en todo caso.