Durante mucho tiempo se ha hablado y escrito sobre la necesidad de combinar la presión interna y externa sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta estrategia ha sido ampliamente defendida por la sencilla razón de que no basta con aliviar los costos de salida del poder si no se incrementan los costos de permanencia. Aunque este no es el eje central de este análisis, es preciso subrayar que, si bien esa premisa es válida desde una perspectiva práctica y teórica, también es cierto que la tiranía de Nicolás Maduro no puede evaluarse bajo el prisma de los autoritarismos tradicionales. El sistema instaurado en Venezuela, labrado a lo largo de 25 años de erosión democrática, tiene todos los elementos del primitivismo gomecista, aunque con actualizaciones propias de nuestra época. Añádase a esto la estrecha colaboración con grupos terroristas, el narcotráfico y, como bien señala la historiadora Anne Applebaum, esa simbiosis casi natural entre los autócratas contemporáneos, sin importar ideologías, religiones o coordenadas geográficas.
Por lo tanto, la tarea de democratizar a Venezuela trasciende con creces el simple hecho de remover a quien actualmente ocupa (por la fuerza) el poder. Se trata de cambiar un sistema completo. Una estructura instalada y desarrollada con base en el odio a su propia población y la permanencia en el poder como objetivo final y unificador entre la élite de la misma. En este marco, cualquier intento de cambio pasa por una transformación sistémica que va mucho más allá de cambiar las caras visibles.
A lo largo de este recorrido democratizador (o la búsqueda de ello), Venezuela ha intentado —casi— todo: votar y no votar, protestar, marchar, combatir la propaganda, entre otros intentos. Sin embargo, lo que nunca se había visto, y esto merece destacarse, es la unión de un país entero alrededor de un deseo tan básico como poderoso: el cambio. Un deseo que ha sido alimentado por el anhelo de libertad, una vida mejor y la reunificación de millones de familias separadas. Esta unión ha cristalizado en un liderazgo claro: María Corina Machado, y desde el 28 de julio, en quien debe representar legal y legítimamente a los venezolanos: Edmundo González Urrutia.
Lo que hemos logrado como país, frente a la barbarie, ha sido histórico. Lo ha sido para nosotros mismos y lo ha sido para el mundo entero. Demostrar con claridad que se venció electoralmente a un tirano, con casi 40 puntos de diferencia, ha sido una revelación extraordinaria que debe ser incorporada a las formas de combate contra dictaduras y tiranías.
Y la presión interna, si volvemos al punto inicial, ha sido esa: desafiar al poder, votar, defender los votos, y demostrar la victoria, como lo fue también derribar las estatuas de Chávez el 29 de julio. Ese día, el chavismo entendió que su mayor derrota no fue solo electoral, sino simbólica. La imagen del comandante caído ha quedado para siempre grabada en la memoria.
Edmundo en el exilio, una nueva etapa
Estamos, sin embargo, en una nueva etapa. Como bien ha señalado Machado, con un tono de regaño que no pasó desapercibido, esta etapa es más peligrosa que la anterior. Lo es porque al poder, que todavía tiene poder, no le queda más que la fuerza bruta, el terror y la propaganda. No tienen apoyo popular, no tienen legitimidad alguna y tampoco tienen el apoyo del mundo. Ha sido tan burdo lo que han hecho que Lula, Petro, López Obrador, “Pepe” Mujica y Sánchez les han soltado la mano. Esto por no hablar de Boric, quien ha sido tan contundente contra la tiranía como lo ha podido ser Lacalle Pou o Milei. Y es lógico, pues semejante barbarie no tiene ideología pues sus crímenes arropan de derecha a izquierda, y el Partido Comunista venezolano puede dar fe de ello.
En esta nueva etapa, la presión internacional es tan crucial como la lucha interna. Porque aunque la victoria final será obra de quienes están en el terreno, esta no se materializará sin una acción global que cercene el espacio del chavismo y sus aliados. Ya no se trata de verificar los resultados electorales que conoce todo el mundo: ganó, por amplísimo margen, Edmundo González Urrutia. Se acabó el tiempo de pedir actas y, también, el tiempo de propuestas como la repetición de elecciones.
Por ello, durante los últimos días, mientras el presidente electo se exiliaba hacia Madrid, lo que puede ser (o no) un golpe importante para las aspiraciones de libertad, también hemos visto cómo algunos miembros de esa amplia y un poco abstracta “comunidad internacional” han decidido ir un poco más allá de los comunicados “contundentes”, tal y como amerita lo que ocurre en Venezuela.
Sanciones y CPI
Para empezar, vimos cómo el pasado 2 de septiembre, Estados Unidos confiscó en República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro, con base en las sanciones que pesan contra la tiranía de Venezuela. Avión que fue trasladado a Florida. Es el segundo luego del avión de Emtrasur retenido durante un buen tiempo en Argentina.
Días después, el 6 de septiembre, Uruguay (el país más democrático de la región) formalizó su incorporación a la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra la tiranía de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ocurrió el mismo día en el que los exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA le solicitaron a la propia CPI y su Fiscalía que despliegue con urgencia su función preventiva para detener los crímenes de lesa humanidad que se ejecutan a través de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual en Venezuela.
Horas más tarde, ese mismo día, el gobierno de Argentina pidió formalmente al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas de la tiranía de Venezuela. Es el primer Estado en hacerlo.
La Fiscalía a cargo del no exento de polémicas, Karim Khan, se expresó el 9 de septiembre y confirmó que está analizando las denuncias de crímenes cometidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales y asegura que “no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas”. Alguna presión sintieron, tal vez.
Posteriormente, el 11 de septiembre, el Pleno del Congreso de España aprobó la proposición no de ley relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela. La iniciativa fue presentada por el Grupo Popular y fue apoyada por 177 votos a favor, 164 en contra (sí, claro, los socialistas) y una abstención.
Como bien explica el profesor José Ignacio Hernández, la ilegitimidad de Maduro es la primera y más importante de las consecuencias de la proposición pues, por un lado rechaza categóricamente cualquier opción que niegue al pueblo venezolano el ejercicio de su soberanía, como podría ser una repetición electoral o un gobierno de coalición que excluya el mandato popular y por el otro, promueve ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron levantadas antes de las elecciones.
Así, llegamos al movido jueves 12 de septiembre donde, mientras un grupo de 49 países más la Unión Europea (UE) firmaban una declaración conjunta en las Naciones Unidas para pedir “restablecer las normas democráticas en Venezuela”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaba que sancionaban a 16 funcionarios del régimen, acusados de obstruir el proceso electoral presidencial y violar los derechos humanos en Venezuela.
Los sancionados incluyen altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), y oficiales militares y de inteligencia. Entre los nombres destacados se encuentran Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, presidente de la Cámara Electoral del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE; y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Pero eso no es todo, pues simultáneamente, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a funcionarios vinculados al régimen que socavaron el proceso electoral y participaron en actos de represión. “Incluyendo las acciones de hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores por contribuir a la situación en el país”, dijo Antony Blinken. “Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas potencialmente sujetas a restricciones de visa por su papel en socavar la democracia, participar en corrupción significativa o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”.
Y esto último es, tal vez, incluso más relevante que las propias sanciones, pues identificar a cuadros medios y bajos, así como a testaferros y familiares que compartan las actividades ilícitas, es “apretar” justo en la —pequeña— base que mantiene al chavismo. Una base a la que le agrada mucho el color verde dólar y visitar a Mickey Mouse.
Presión y liberación
Hasta este momento, mientras el “puente de plata” estaba bien adornado y la zanahoria estaba sobre la mesa, a Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino López y el flamante ministro de represión y tortura, Diosdado Cabello, les bastaba con hacer una sola pregunta: ¿y si no acepto, qué? Hoy comienzan a tener una respuesta: sanciones, presión, investigación y condenas directas desde La Haya. Todo ello mientras, casualmente (o no), los operativos contra el narcotráfico cerca de las costas venezolanas aumentan y el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos presenta un proyecto de ley para detener las inversiones petroleras en Venezuela “hasta que se respeten los resultados legítimos de las elecciones”.
Esto es, cerrar el flujo de dinero individual de los esbirros, cerrar el flujo de dinero limpio para el mantenimiento del Estado tiránico y cerrar el flujo de dinero negro para la repartición de lo que Bruce Bueno de Mezquita y Alastir Smith denominaron en ‘El manual del dictador’, como «coalición ganadora».
Se están dando los primeros pasos de lo que debe ser una acción contundente, organizada y mundial. Estas acciones son muy importantes puesto que la recuperación de la democracia en Venezuela y con ello el fin de una tiranía sostenida por un régimen del terror, debe convertirse en una causa global. En una que consolide una unidad de todo demócrata independientemente de su ideología.
Hoy en Venezuela puede darse la consolidación de una deriva autocrática mundial donde dictadores y tiranos pueden robar elecciones, secuestrar niños, torturar mujeres y asediar embajadas sin consecuencias reales, o, por el contrario y ojalá así sea, se pueda levantar la bandera de una lucha global por la democracia que se escriba en los libros de historia y de ciencia política, cómo se puede derrotar a la barbarie del siglo XXI.