En medio de una creciente tensión diplomática, el régimen de Nicolás Maduro ha rechazado la decisión del gobierno de Brasil de mantener la custodia de la Embajada de Argentina en Caracas, tras la revocación unilateral del beneplácito emitido por el gobierno venezolano. Esta situación genera incertidumbre tanto en los refugiados opositores como en la comunidad internacional, quienes siguen de cerca los acontecimientos.
Durante la mañana de este sábado 7 de agosto, la Cancillería de Maduro emitió un comunicado afirmando que “hemos tomado la decisión de revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al Gobierno de la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros y Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia que se encuentran en ella”.
La respuesta desde Brasil no tardó en llegar. Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, respondió con contundencia: “Recibimos con sorpresa el comunicado de Venezuela, pero Brasil permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno de Argentina designe otro país que cumpla las funciones de protección que venimos desempeñando, porque es lo que está establecido en la Convención de Viena.”
La postura firme de Brasil ha sido un golpe inesperado para Maduro, quien no está dispuesto a ceder en su demanda de que Brasil abandone la protección de la sede diplomática argentina. Fuentes cercanas al régimen chavista han señalado que se está ejerciendo una fuerte presión sobre las autoridades brasileñas para que dejen de brindar protección a la Embajada.
Este conflicto diplomático ha escalado en un momento particularmente delicado para Venezuela. Desde el 28 de julio, Maduro ha intensificado las acciones represivas en el país, lo que ha sido calificado como un «régimen de terror» por distintos observadores internacionales. En el centro de esta disputa se encuentra la Embajada argentina, donde están refugiados seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado: Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez Mottola y Pedro Urruchurtu.
El viernes, Urruchurtu, internacionalista y miembro del partido opositor Vente Venezuela, denunció en sus redes sociales el asedio de la embajada por parte de patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Estas unidades policiales permanecen apostadas frente a la sede diplomática, generando una atmósfera de creciente tensión, mientras Brasil se mantiene firme en su decisión de no retirar la custodia.
La situación ha puesto en evidencia las crecientes violaciones a las normativas internacionales por parte del régimen chavista. Con este acto, Maduro no solo está desafiando al Gobierno de Javier Milei, sino que, sorprendentemente, también arremete contra un aliado regional como el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido tradicionalmente afín al chavismo.
El conflicto diplomático está directamente relacionado con violaciones a importantes tratados internacionales, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), que establecen las normas para la protección y respeto a las misiones diplomáticas. Además, Maduro está desafiando la Convención de Asilo Diplomático (1954), firmada precisamente en Caracas, y otros instrumentos fundamentales como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ante la gravedad de la situación, la Cancillería argentina ha emitido un comunicado advirtiendo que “cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados” será “condenado duramente” por la comunidad internacional. Este pronunciamiento subraya la preocupación por el respeto al derecho internacional y la protección de aquellos que buscan refugio diplomático frente a la represión del régimen chavista.
La comunidad internacional observa con atención este conflicto que desafía los principios de las relaciones diplomáticas por parte de un régimen que responde a las críticas y condenas con un incremento de la represión y del terrorismo de Estado, extendido ahora a un nivel internacional.