Desde la madrugada del 29 de julio, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, leyó un documento con unas cifras que daban como ganador a Nicolás Maduro, hasta hoy, 1° de agosto, han pasado solo cuatro días, pero una eternidad, en términos de las sistemáticas violaciones cometidas a los estándares internacionales y constitucional que rigen a toda elección.
Tan es así que, de una elección afectada por fraudes y malas prácticas, pasamos a un estado que he calificado de vacío constitucional, basado en el intento de desconocimiento de la violación presidencial.
Aquí resumo cómo llegamos a esta crisis, cuál es la situación actual, y cómo podemos salir de ella.
1. Sin actas públicas y verificables, no hay proclamación
Todos vimos a Amoroso leer un papel con unas cifras, y todos vimos a Amoroso, poco después, entregar una carpeta que debería tener la supuesta certificación de presidente proclamado. Pero jurídicamente, esas actuaciones son tan solo formas carentes de contenido.
Los estándares democráticos interamericanos, la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sientan las bases del Derecho Electoral centrado en los derechos humanos, y que garantiza elecciones auténticas. Por ello, la forma siempre prevalece sobre el fondo. Y el fondo es la voluntad del pueblo expresada mediante elecciones auténticas, como dispone el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La proclamación no es, por ello, solo un acto formal. Por el contrario, este es el acto final de un procedimiento electoral complejo, marcado por las fases de escrutinio, totalización y adjudicación. Todas esas fases se rigen por los principios de publicidad, transparencia, rendición de cuentas y participación. El resultado de esas fases son las actas electorales, accesibles a todos los actores en juego. Con lo cual, la proclamación debe ser una decisión motivada con base en el principio de transparencia, lo que obliga a garantizar el acceso a las actas y divulgar los resultados.
Nada de eso ha sucedido. En realidad, no hay constancia de que el documento leído por Amoroso haya sido un acta parcial de totalización. La inconsistencia de los resultados leídos arroja más sospechas.
Además, el CNE no solo no ha divulgado los resultados desagregados por mesa, sino que la página sigue caída. Por dos veces se ha convocado y diferida la presentación del supuesto segundo boletín.
Sin respaldo en actas electorales auténticas, no puede haber proclamación presidencial. Así que, si vemos más allá del acto protocolar organizado por Amoroso, en Venezuela no hay presidente electo.
2. El CNE tiene que garantizar el acceso a las actas electorales y permitir una verificación imparcial
Luego de que Amoroso leyera el documento de incierto origen, la comunidad internacional, con sus distintos tonos, ha requerido el acceso a las actas y su verificación. Hasta hora, el CNE ha ignorado ese pedimento.
El CNE, como ente rector de las elecciones, es el custodio legal de todas las actas electorales, pero en especial, de las actas de totalización. No puede haber proclamación sin actas de totalización, y éstas, repito, deben responder al principio de publicidad y transparencia.
Con lo cual, si me preguntan qué es lo más importante en este complejo panorama, respondería: que el CNE garantice el acceso a las actas que contienen el resultado desagregado por mesas.
Pero eso no es suficiente. Debido a las graves violaciones cometidas, esas actas, una vez divulgadas, deben ser verificadas de manera imparcial. Por ello, se ha sugerido una verificación internacional, que responda a los estándares aplicables en la materia y que permita la participación de técnicos designados por todos los actores públicos.
Por ello, el segundo punto más importante es éste: una vez divulgados los resultados electorales, debe permitirse una verificación imparcial.
3. El CNE no divulgó los resultados en el lapso legal
El lapso de totalización es de 48 horas. Dentro de este lapso, no solo el CNE debe cumplir la fase de totalización sino que, conforme al principio de transparencia, debe divulgar los resultados. No me refiero, claro está, a divulgar todas las actas de escrutinio, sino a los resultados desagregados por mesa, como por lo demás, es la práctica del ente comicial.
Por ello, el CNE tenía hasta las 6pm del 30 de julio para totalizar todas las actas, lo que debió estar acompañado no solo de la publicidad de ese procedimiento sino además, de la publicación o divulgación de los resultados en la página web.
Pero vencido ese lapso, solo hay un gran vacío.
Por lo tanto, y más allá de los vicios del acto protocolar que hizo Amoroso, lo cierto es que el vencimiento del lapso para divulgar los datos de la totalización ratifica la inexistencia de una proclamación.
4.La Sala Electoral no puede llenar el vacío constitucional
El 31 de julio, Nicolás Maduro presentó recurso contencioso electoral con medida de amparo cautelar ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, acompañando unas supuestas actas electorales en poder del PSUV. Según las noticias, el recurso es para que la Sala Electoral verifique la supuesta proclamación.
Pero esta acción no tiene fundamento jurídico y es, en realidad, un medio abusivo al cual, por cierto, ya se ha acudido antes.
La Sala Electoral solo resuelve demandas por la validez de la actividad e inactividad del Poder Electoral. No tiene facultades para certificar o validar resultados electorales. Solo el CNE, como explicamos, tiene esa facultad, la cual ha sido violada.
De otro lado, esta demanda no resuelve el primer problema: es el CNE -no el Tribunal Supremo- quien tiene que permitir el acceso a las actas electorales.
En todo caso, hay dos posibles escenarios con esta demanda:
- La Sala Electoral dicta una sentencia certificando el resultado. Además de implicar un claro exceso de poder, esta certificación no satisface los estándares requeridos para que la elección sea auténtica, pues no brinda confianza alguna.
- La Sala Electoral nunca decide la demanda, pero usa la medida de amparo para obligar a la Plataforma Unitaria a entregar las actas que ésta tiene. Si la Plataforma no cumple, la Sala podrá declarar el desacato como excusa para perseguir políticamente.
La admisión del recurso y la convocatoria de una audiencia para el 2 de agosto, anunciada por la Sala la tarde del 1º de agosto, pareciera indicar que la opción es la primera. O sea, que la Sala -controlada por Maduro- pretende ser quien certifique la supuesta proclamación de Maduro. Esto, sobra decirlo, incumple los estándares de verificación imparcial que se han exigido.
5. El lapso para divulgar los resultados no es de 30 días
El lapso para entregar los resultados no es de 30 días. Este es el lapso que la Ley dispone para publicar, en Gaceta, el acto conclusivo del procedimiento electoral. Pero mucho antes que ese lapso venza, el CNE tiene el deber de publicar o divulgar los resultados, lo que debió haber hecho 48 horas después de la elección.
Quizás otro de los objetivos con la abusiva maniobra ante la Sala Electoral sea agotar ese plazo de 30 días para entregar las actas. Esta es una interpretación absurda: el principio de transparencia electoral no puede suspenderse por 30 días.
6. Nicolás Maduro no puede ser reconocido internacionalmente como presidente electo
El plan de Maduro era forzar su reelección con un fraude que no obstruyera su reconocimiento internacional. Tan seguro estaban algunos de ese objetivo, que incluso se efectuaron reuniones con algunos representantes del sector privado sobre los planes económicos que el reelecto presidente implementaría.
No existe ninguna posibilidad de que, al menos en las principales democracias, Maduro sea reconocido como presidente bajo estas condiciones. En realidad, como vimos, desde el artículo 21 de la Declaración Universal, Maduro no puede ser considerado presidente electo. Tal es el cúmulo de violaciones cometidas a la fecha que esta situación es irreversible: pase lo que pase, Maduro no recuperará la legitimidad que perdió en 2019.
7. Las sanciones van a afianzar
Otra de las ideas de Maduro era que luego de su reelección, las sanciones se desmontarían. Pero esto tampoco va a pasar.
No interesa ahora volver al debate sobre el efecto negativo de las sanciones en la economía. Lo que importa aclarar es que, ante el desconocimiento de la voluntad popular, tanto Estados Unidos como la Unión Europea acudirán a su política de sanciones personales, si consideran que ello es necesario para facilitar una salida.
Por su parte, Estados Unidos podrá revisar su política de licencias petroleras, que están beneficiando económicamente a Maduro. Hay muchas opciones, en especial, modificar las licencias para impedir que Maduro se beneficie económicamente del ingreso petrolero. Pero podemos asumir que, en estas condiciones, la flexibilización iniciada con la licencia Chevron no continuará.
8. Solo hay dos salidas
Hay solo dos salidas a esta situación. Cada una admite variantes, pero me voy a enfocar solo en los aspectos centrales:
- Maduro se queda. No creo posible una normalización de la situación política. No estamos en 2015, 2017 o 2019. La única forma que tendría Maduro de quedarse es dejando atrás las formas constitucionales y asumir el mando férreo y autoritario. Este cambio agravará más todavía el colapso de Venezuela, que es ya un Estado cuyas frágiles instituciones han sido cooptadas por estructuras criminales. El resultado puede ser la peor crisis humanitaria del continente (mucho más grave que la crisis actual). En todo caso, no me queda claro si Maduro y su élite tienen capacidad para resistir por mucho tiempo en estas condiciones.
- Maduro se va. Si Maduro cede y sale del poder, se evitará la catástrofe y Venezuela podría iniciar un lento camino a la transformación democrática.
Me interesa explorar algunas vías para implementar la segunda variante.
9. ¿Cómo puede salvarse la elección presidencial?
La única manera de salvar la elección presidencial es haciendo valer la voluntad de los electores, lo que pasa por la divulgación y verificación de los resultados. Y esos resultados favorecen a Edmundo González.
Esta conclusión no se basa, solo, en las actas de escrutinio que la Plataforma Unitaria divulgó, sino en el cúmulo de violaciones -muchas de ellas muy torpes- que ha cometido el régimen. Si las actas de escrutinio le fuesen favorable, no estaríamos donde estamos.
Esta es la primera vez que se proclama a un presidente sin respaldo alguno. Esto es mucho decir en un país que acumula más de 20 años de malas prácticas electorales. Así que, en lo personal, no tengo dudas: Maduro sabe que perdió las elecciones.
Quizás se intente seguir engañando a todo el mundo, divulgando unos resultados fabricados y mostrando algunas actas igualmente amañadas. A decir verdad, el régimen tiene en su poder tanto los comprobantes de votación como las actas de escrutinio, así que puede intentar adulterar ese resultado. Pero este intento está condenado al fracaso: junto a la evidencia documental que pueden intentar fabricar, hay también una evidencia electrónica, que no van a poder falsificar.
Así que la única manera de salvar las elecciones es haciendo valer el resultado electoral, lo que requerirá de un acompañamiento internacional que brinde certeza al resultado.
Con voluntad política (véase la siguiente sección) esto es fácil de lograr desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ordena al CNE la verificación de las actas con acompañamiento internacional. No sería la primera vez que algo así sucede.
10. La justicia transicional
Solo una negociación podría permitir rescatar la voluntad del electorado, hoy secuestrada por una autoproclamación. Toda negociación requiere incentivos. Y estos incentivos deben enmarcarse en un acuerdo negociado con elementos de justicia transicional.
Paradójicamente, la capacidad de negociación de Maduro y su pequeña élite es hoy mucho mayor que la que tenían el 28 de julio. Al haber colocado al país en esta crisis, su salida negociada sería facilitada -dentro y fuera- de Venezuela. Pero la apuesta es arriesgada: si se pasan la línea de no retorno, la posibilidad de que su salida sea negociada podrá disminuir.
Fuera de la pequeña élite de Maduro, el principal reto a lograr es generar confianza de que se implementará y cumplirá un acuerdo político de transición. Aquí, el rol de la comunidad internacional es clave.
Además, este acuerdo es fundamental para dar forma constitucional al Gobierno de Edmundo González. No estamos solo ante una elección sino, como ha señalado el profesor Brewer-Carías, en un momento constituyente que permitiría restablecer la separación de poderes, condición necesaria para lograr adecuadas reglas de gobernanza basadas en el pluralismo.