La patética escena se desarrolló en las desvencijadas instalaciones del Consejo Nacional Electoral. A veces la majestad de una institución se refleja por el estado de su infraestructura.
Enclavada en medio de las “Torres de El Silencio” o Centro Simón Bolívar, como se le conoce, está el agónico poder electoral, cuyos propagandistas intentan vender como un cuerpo moderno dotado de alta tecnología, mientras “funciona” en una sede “provisional” dentro de una edificación de principio de los años 50, inaugurada, por cierto, por otro dictador: Marcos Pérez Jiménez. Un edificio estéticamente llamativo, pero muy mal mantenido. Antes, en tiempos de democracia, se caracterizó por sus relucientes murales, plazas con fuentes y hermosos pisos, hoy es sólo un recuerdo de lo que alguna vez fue, sin contar que es la instalación que ha albergado algunos de los más sórdidos momentos del último cuarto de siglo, incluyendo madrugonazos, esperas interminables, barandas emblemáticas e irreversibles tendencias.
Por ahí fueron pasando uno a uno esos que uno tiene como referencia de lo que no debe ser un ciudadano, personajes a quienes poco les importa el interés general y el bienestar de la población, esos que celebran que los presos y perseguidos sean otros, quien los manda pues. Son esos que, a cambio de una buena cantidad, dicen que tenemos el mejor CNE del mundo, que en Venezuela no hay una dictadura y que vamos a un proceso electoral incuestionable. En Venezuela nos ha dado por llamarlos alacranes, cuando realmente sólo son parte del mismo sistema de oprobio, pero en un rol diferente que se les asigna desde el poder, una suerte de cómplices necesarios.
El objetivo de la reunión era -nada menos- que la firma de la capitulación de los alacranes, a la que dieron por llamar Acuerdo de reconocimiento de los resultados de la Elección Presidencial del 28 de julio de 2024, un documento tan particular, tan surreal que uno no entiende cómo se puede proponer semejante esperpento.
De acuerdo con el texto suscrito por Maduro y sus aliados, los actos del poder electoral son como los dogmas de la iglesia católica, no se pueden cuestionar de ninguna forma. Los regímenes monárquicos no contemplaban mecanismo de discusión contra los actos del poder, esto era así, pues si el monarca es el representante de Dios en la tierra, no hay nada que controvertir. A partir de la división de poderes propugnada por Montesquieu, empieza a consolidarse la idea de que es posible recurrir de los actos del poder y lograr su corrección o anulación, esto origina que poco después de la Revolución Francesa, surgiera un tribunal especial para la administración. Estamos hablando de 1790 aproximadamente.
El acuerdo suscrito en el CNE niega más de doscientos años de evolución jurídica y nos lleva al punto del absolutismo, cuando propugna que lo que diga el rey Amoroso, no puede ser discutido por ninguna vía. Es decir, no existe la jurisdicción electoral. El acuerdo incluye también en el punto tercero, una mentira histórica, como es la afirmación de que el CNE ha actuado apegado a derecho en todas las fases del proceso y ha brindado plenas garantías electorales, es decir, que no dejó sin derecho al voto a más de 4 millones de venezolanos que están en el exterior, y que no hay ventajismo alguno por parte de Maduro en la campaña. Esa negación de la realidad ha sido refrendada por los firmantes del delirante documento.
Pero como si no fuera suficientemente entreguista de la voluntad de la población, los alacranes se comprometen a ir ante la comunidad internacional a convencerlos de que el CNE siempre dice la verdad y nada más que la verdad. Es decir se convierten en lobistas del poder, eso sí, sin pudor alguno. Con esto se comprometen a no defender ni siquiera sus propios votos.
Pero por más insólito que sea, ya los firmantes incumplieron el acuerdo, en efecto en su punto octavo. Se comprometieron a rechazar y denunciar cualquier financiamiento o recurso provenientes de hechos ilícitos nacionales o internacionales.
Está claro que esto es una celada pensada para tratar de impulsar denuncias contra el verdadero sector democrático sobre su supuesto financiamiento ilegal. Sin embargo, parece que se les olvidó que toda la campaña del dictador Maduro está siendo financiada con dinero público.
Los vehículos, aviones, funcionarios, insumos del Estado están dedicados de forma exclusiva a empujar la insostenible candidatura del continuismo. Resulta, entonces, que Claudio, Bertucci, Ceballos, el Guácharo, Brito, Ceballos y compañía, están obligados a denunciar a Maduro por la ilegalidad en la que ha incurrido al utilizar el dinero de todos los venezolanos para su delirio reeleccionista. Sin embargo, una denuncia de esta envergadura pondría al denunciante en el foco, con lo que podría empezar a desvelarse de donde reciben estos falsos candidatos dinero para sus propias campañas.
Entre los incontables crímenes de Nicolás, uno de los más evidentes es el de peculado que comete a diario durante esta campaña. No luce muy inteligente de parte de quienes están robando y utilizando los recursos públicos, obligar a la denuncia sobre un tema tan delicado y sobre el cual la prueba es tan escandalosamente contundente. La única forma de haber redactado esto en estos términos, es porque se trata de un acuerdo entre panas, en el que ninguno pondrá al otro en evidencia, no es en balde que los alacranes sean inmunes a su propio veneno.