En esta nueva etapa de cordialidad entre la elite gobernante chavista y las cúpulas empresariales del país, los representantes de las segundas justifican el “no meterse en política” alegando que su misión es velar por sus negocios y por la prosperidad económica de Venezuela, sin importar quién gobierne. Mensaje que gozaría de mayor credibilidad si hubiera algún cuestionamiento, por crítico que sea, al hostigamiento de empresas privadas solo por brindar servicios a opositores. Si mal no recuerdo, la actual oleada de dicho acoso comenzó en la histórica ciudad de Coro, donde el Seniat multó y cerró un hotel en el que María Corina Machado pernoctó. Desde entonces, la lista no ha hecho sino crecer y crecer, abarcando otros hoteles, servicios de transporte y de logística para eventos masivos. Ni siquiera unas vendedoras humildes de empanadas se salvaron.
Cuando se dieron los primeros casos, me causó algo de estupor ver a personas asombradas, como si fuera algo sin precedentes. En realidad la táctica autoritaria, que yo gusto de llamar “persecución indirecta”, se remonta al menos a la elección de la Asamblea Nacional de 2015. A partir de entonces hubo episodios de hoteles sancionados por alojar en Caracas a diputados opositores residenciados en otras zonas del país. También hubo presiones a aerolíneas nacionales para que no les vendieran pasajes. La idea es hacerles la vida de cuadritos a los dirigentes opositores al disuadir a la población en general de proveerles servicios necesarios para sus actividades políticas. Que un organismo tributario esté más pendiente de eso que de cumplir con su función recolectora de impuestos es otra muestra de la privatización del Estado por la elite chavista ya discutida en esta columna.
Por supuesto, el mensaje que Miraflores desea transmitir no es solo que prestar servicios a sus adversarios como si fueran clientes cualquiera acarrea un costo inmenso. También que apoyar a opositores puede tener consecuencias punitivas. Sea asistiendo a concentraciones en apoyo a Machado o a Edmundo González Urrutia, o incluso votando por este último en las elecciones por venir.
«¿Por qué un gobierno antidemocrático que tiende naturalmente a su preservación no se va por lo seguro, que sería proscribir a todo retador competitivo?»
Desde hace años, la elite gobernante despliega mecanismos coercitivos para desalentar el respaldo a la oposición. Por lo general, mediante el condicionamiento de la otorgación de algo por el Estado, desde un empleo hasta la comida subsidiada de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Pero acá la palabra clave es “desalentar”. Se trata sin duda de medidas grotescamente arbitrarias y repudiables. No obstante, desalentar algo no es lo mismo que prohibirlo o impedirlo. Sube el costo de una acción. Crea miedo en torno a su emprendimiento. Pero no la imposibilita. Volviendo al tema de la última emisión de esta columna, el hecho es que sigue siendo posible para los millones de votantes venezolanos seleccionar a González Urrutia en el tarjetón el 28 de julio. Y así será mientras la elite gobernante no anule la candidatura opositora unitaria.
Cabe preguntarse entonces, ¿por qué un gobierno antidemocrático que tiende naturalmente a su preservación no se va por lo seguro, que sería proscribir a todo retador competitivo? Hay distintas posibles razones. Comencemos por aquella cuya comprensión menos esfuerzo requiere: el gobierno contempla más adelante eliminar la candidatura de González Urrutia o no está dispuesto a reconocer un triunfo suyo, de darse. En este caso, la persecución indirecta sería solo un elemento típico entre las arbitrariedades de una elite gobernante que se siente segura de que permanecerá en el poder como sea, por lo que considera que bien puede darse el lujo de mantener sus conductas represivas contra todo aquello que encuentra indeseable.
Otra posibilidad es que dicha elite no tenga certeza sobre cómo proceder. Que en su seno haya roces entre facciones, algunas de las cuales quieren preservar o hasta acentuar la represión, sin importar el costo, mientras que otras se inclinan por una cautela mayor. Ya hemos visto otros indicios al respecto, empezando por la mismísima candidatura de González Urrutia permitida por el poder, a diferencia de la de Machado o la de la profesora Corina Yoris. También la errática sesión de la Asamblea Nacional en la que se introdujo en el orden del día a última hora la segunda discusión de la ley para regular y restringir las organizaciones no gubernamentales, solo para que el debate fuera diferido para una fecha no precisada. En tal sentido, la persecución indirecta sería una manifestación de la puja por parte de las facciones más radicales.
«Lo que los responsables transmiten es un ensañamiento caprichoso y cruel con personas a menudo de pocos recursos»
Pero, ¿y si el chavismo decidió que no impedirá que González Urrutia compita y no tiene pensado desconocer una derrota? Pues entonces creo que la única explicación posible es que la persecución indirecta es un intento de conseguir que Nicolás Maduro sea el candidato más votado, aunque sea mediante la intimidación de los votantes. Le veo poca probabilidad de éxito a semejante maniobra. No dudo que, visto el riesgo de pérdidas económicas en un país donde mucha gente no puede darse el lujo de parar de producir ingresos ni por poco tiempo, algunos proveedores de servicios en los que la dirigencia opositora está interesada se rehusarán a brindárselos. O que algunas personas se abstendrán de asistir a concentraciones de apoyo a Machado y González Urrutia. Sin embargo, cuando llegue el día de la votación, dudo mucho que el miedo sea tan intenso y extenso como para que millones de personas que desean sufragar por González Urrutia lo hagan por el oficialismo. Que baste para voltear la tendencia en prácticamente todos los estudios de opinión, abrumadoramente a favor de la oposición. Incluso considerando las denuncias de “voto asistido” forzoso que hubo en procesos electorales previos.
Es más, tales artimañas pudieran producir el efecto contrario al deseado por sus autores. Pudiera más bien alentar el voto por la oposición. No hay que ser muy brillante para entender que los cierres de negocios o confiscación de bienes producen un rechazo inmenso en las víctimas, así como un deseo de justicia. La masificación de la denuncia pudiera hasta estimular el voto castigo en terceros. Son, después de todo, situaciones insólitamente injustas. Lo que los responsables transmiten es un ensañamiento caprichoso y cruel con personas a menudo de pocos recursos. En un país donde las masas padecen un empobrecimiento brutal, es fácil sentir empatía por las víctimas. Piénsese nada más en la secuela del cierre del puesto de empanadas en Guárico.
Dada el escaso margen de éxito que asigno a este plan hipotético, así como la incoherencia de un gobierno que se prepara para un muy probable cese de su hegemonía y a la vez comete actos arbitrarios, tengo muchas reservas con respecto a la tercera posibilidad. Por otro lado, me permito repetir que mis expectativas ya han sido desafiadas antes, con la autorización de la candidatura de González Uurria. Veremos