Se han seguido presentando propuestas en torno al 28 de julio de 2024, con el propósito de lograr que las elecciones presidenciales previstas para ese día logren dar paso a nuevas condiciones políticas, basadas en el pluralismo, la convivencia y, en suma, la democratización de Venezuela.
Estas propuestas incluyen, en especial, un pacto de convivencia política basado en una amnistía general por faltas y delitos políticos. Colombia ha avanzado en su propuesta de pacto para alcanzar la paz política.
¿Por qué este interés en proponer pactos de convivencia política? ¿Es en realidad necesario un pacto de tal naturaleza? ¿Tiene cabida la amnistía?
Continuando con algunas reflexiones publicadas en La Gran Aldea, quisiera tratar de aclarar éstas y otras dudas. El punto de inicio es reconocer por qué, en Venezuela, lo que está en juego el 28 de julio no es una elección presidencial.
El 28 de julio no están en juego elecciones presidenciales
Pensar en el 28 de julio en términos elecciones presidenciales es un grave error. Elecciones presidenciales son las celebradas, por ejemplo, en Panamá, República Dominicana y México: unos pierden y otros ganan, pero la democracia -y las instituciones políticas- siguen su marcha.
También es un error pensar que los comicios serán libres y justos, y que quien resulte proclamado será aceptado y reconocido como presidente. En realidad, el cúmulo de malas prácticas electorales cometidas a la fecha es suficientemente grave como para denunciar la nulidad de las elecciones por fraude, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Y del acuerdo de Barbados, resulta más fácil identificar las pocas condiciones que se están cumpliendo a medias, de las muchas otras que han sido violadas.
En parte, en la narrativa política se ha colado la idea de que la solución a los problemas de Venezuela es electoral, y que la “oposición tóxica” atentó en contra de la democracia al salirse de la ruta electoral. Pero, como he explicado, no se puede salir de una ruta que no existe: Venezuela es un país sin libertad, y sin posibilidad de celebrar elecciones libres y justas.
Que el evento del 28 de julio no cumpla con las condiciones de integridad electoral, no implica que la única opción es llamar a la abstención (erradamente calificada como boicot). La crisis política, democrática, económica y social es de tal magnitud que como ya pasó con las primarias, el evento del 28 de julio se está convirtiendo en un catalizador de la voluntad de cambio, y esa voluntad debe expresarse.
El principal reto es cómo lograr que ese catalizador funcione, y que las elecciones del 28 de julio no terminen siendo otras elecciones fallidas.
La apuesta de Maduro y su élite
Si se ha llegado hasta aquí, no ha sido por Maduro y su élite, sino a pesar de Maduro, De haber funcionado su estrategia, y luego del apartheid político, a esta altura del juego debería haber un “candidato de unidad” que no lo es tal, y una oposición -otra vez- dividida llamando a la abstención.
Pero esa estrategia no se ha logrado. La oposición está unida y, contra todo pronóstico, hay un candidato unitario que respeta el espíritu de las primarias.
Maduro y su élite más cercana tienen todos los incentivos para evitar que el candidato unitario se presente a la elección. En un grado extremo, hay varias vías del legalismo autocrático para sacar del juego a la MUD. Una opción intermedia es diferir la elección, por ejemplo, debido a cualquier emergencia inventada o creada. Pero la última opción es permitir la elección del 28 de julio, pues entonces, la única alternativa que quedaría -de mantenerse las actuales condiciones- es forjar un fraude muy costoso el día de la elección (inventando resultados, como pasó con el referendo sobre el Esequibo) o anulando la elección (como pasó con la elección parlamentaria de 2015).
Si cualquiera de estas opciones de fraude se materializa, el evento del 28 de julio agravará la crisis de Venezuela y sus efectos regionales. Muchos están preocupados por saber si en ese evento, Maduro sería “reconocido” como Gobierno (lo que es una compleja pregunta jurídica). Pero creo que el principal problema es que, en el evento de un fraude, no habría gobierno que reconocer: la gobernanza de Maduro, ya débil, podría terminarse de fracturar, agravando el colapso de Venezuela que es, ya, un estado frágil. Pensar en cualquier recuperación económica de Venezuela en este contexto, es una ilusión.
Precisamente, el anuncio de la revocatoria de la invitación a la Unión Europea para que monitoree las elecciones puede ser el primer paso de la cadena de fraudes continuos orientados a impedir que el catalizador funcione.
La pregunta es, entonces, cómo crear los incentivos para hacer más costoso cualquier intento de fraude continuado que acelere la implosión de Venezuela.
¿Es posible una convivencia política con el oficialismo?
El pacto de convivencia política -que, a falta de mejor nombre, llamo sistema de justicia transicional- puede generar esos incentivos.
Una de las principales críticas que he recibido es que no es posible una convivencia política con los responsables de la emergencia humanitaria compleja y los violadores de derechos humanos. Este todo o nada es poco pragmático.
Asumamos que el candidato de la plataforma unitaria resulta proclamado el 28 de julio. Guste o no, a partir de ese momento, se iniciaría una convivencia entre el presidente electo y las instituciones actuales, convivencia que se mantendría después de la toma de posesión, el 10 de enero de 2025. El nuevo presidente tendrá, en contra, al TSJ, la Asamblea, el Poder Ciudadano y la mayoría de los estados y municipios. También, por supuesto, tendrá en contra al Poder Electoral, que lo proclamó. La Fuerza Armada también resulta importante en esta ecuación de poder.
¿Y qué va a hacer el presidente electo el 10 de enero de 2025, asumiendo que llegue hasta ese día? ¿Eliminar todas estas instituciones con un decreto? Ni siquiera la constituyente es una opción perfecta, pues ésta requiere, cuando menos, la tolerancia del TSJ y la colaboración del CNE.
Ya hay convivencia, y de haber elecciones el 28, la convivencia continuará, guste o no. El reto es cómo transformar esa convivencia -que es una situación de hecho- en convivencia política, basada en el respeto genuino a la voluntad electoral, tomando como guía el memorando de entendimiento firmado en México.
Para aclarar: hablo de convivencia política o democrática, basada en el pluralismo y la centralidad de los derechos humanos. No me refiero a la cohabitación entre oprimidos y opresores, o a la convivencia basada en la impunidad o en la paz autoritaria.
O se logra esa convivencia política, o el 28 de julio no servirá de catalizador, sino que terminará en otra elección fallida que acelerará el colapso venezolano -y sus impactos regionales, como la crisis humanitaria de movilidad-.
La justicia transicional (pero no la amnistía)
El nombre que le he dado a esta convivencia política es sistema justicia transicional. La propuesta de justicia transicional es necesaria antes del 28 de julio, pues ella podría marcar la diferencia entre otra elección fallida, o un paso hacia la transición democrática. Y es clave después, para garantizar la gobernanza.
¿Por qué hablo de justicia? El norte de este pacto tiene que ser sentar las bases para la reconciliación nacional, paso previo a la convivencia. La justicia, para ser tal, debe basarse en la memoria y en la centralidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La amnistía es, en cierto modo, lo opuesto, pues ésta se basa en el olvido. Y no hay reconciliación desde el olvido. Por ello, la amnistía no es una opción.
La apuesta de algunos es jugar a que el 28 de julio sea, tan solo, una elección presidencial más y que quien resulte ganador sea reconocido y aceptado como tal, a pesar del fraude continuado. En esta narrativa las graves violaciones de derechos humanos pasan a ser de lado y lado. Como en Fuenteovejuna, todos son responsables, pero nadie es responsable.
Esto no va a funcionar. Querer convertir el 28 de julio en otro 14 de abril de 2013 o 20 de mayo de 2018, lejos de solucionar el conflicto, lo va a agravar.
No es de extrañar, por ello, el interés de países como Brasil y Colombia en evitar unas falsas elecciones, pues éstas, al empeorar la crisis, agravarán la emergencia migratoria. Y esto terminará de consolidar a la crisis venezolana en una crisis regional.
Las cinco aristas de la justicia transicional
Retomando lo que he venido explicando, la justicia transicional venezolana debe cubrir cinco aristas:
- La transición democrática, pasa por construir las instituciones de la democracia constitucional basadas en el pluralismo político. Y pluralismo implica convivencia.
- La transición de los derechos humanos requiere restablecer la dignidad de las víctimas, lo que solo puede hacerse desde la verdad, la memoria y la reparación. Los delitos cometidos no pueden quedar inmunes, aun cuando los mecanismos de justicia penal ordinaria no resulten aplicables, al ser necesario acoplarlos a los objetivos de la transición democrática.
- La transición del Estado, que requiere reconstruir la capacidad estatal de Venezuela, y en concreto, el monopolio legítimo de la fuerza y del control del territorio.
- La transición social, orientada a superar la emergencia humanitaria compleja, causa raíz de la crisis de movilidad regional.
- La transición económica, en la cual la economía surgida de la dolarización y privatización de facto, dé paso a la economía social de mercado.
Estos cinco objetivos deben enmarcarse en los valores constitucionales que fundamentan el Estado de Derecho. Y ello precisa de una delicada arquitectura jurídica: el catalizador popular debe transformarse en instituciones constitucionales para la transición.
Además, estos objetivos deben abandonar la idea de ver la convivencia como un asunto entre el gobierno y la oposición. Esos dos grupos quedaron fragmentados hace mucho tiempo. La convivencia es necesaria dentro del oficialismo y dentro de la oposición, y entre todos los grupos -incluyendo élites de poder- que están genuinamente convencidas de que la democracia debe ser la única regla de juego.
Convivencia política o nada.
En realidad, no hace falta un acuerdo específico sobre convivencia política: las bases de esa convivencia ya fueron acordadas por la Plataforma Unitaria y Maduro, en el memorando de entendimiento de 2021 y el acuerdo de Barbados de 2023. Lograr “derechos políticos para todos” -como dispone el memorando- solo es posible dentro de una convivencia política.
El reto es concretar esas bases y transformar a la convivencia política en una estrategia posible.
Si este objetivo no se logra, los riesgos de que se evite o manipule la elección del 28 de julio seguirán siendo altos. Sin este objetivo, el presidente electo el 28 de julio (si es que hay elecciones) no tendrá la gobernabilidad necesaria, ni siquiera, para llegar al 10 de enero de 2025. Y en lugar de catalizador de la transición, el 28 de julio podrá servir de detonante de la crisis venezolana.