La candidata presidencial opositora venezolana María Corina Machado tildó, este lunes 29 de enero, de “delincuencia judicial” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar su inhabilitación para ejercer cargos públicos y descartó que tengan previsto designar un candidato sustituto.
“No pueden hacer elecciones sin mí (…) ellos van a hacer todo para tratar de impedir mi candidatura. (El presidente) Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato”, dijo en referencia a la primaria presidencial celebrada el 22 de octubre que ganó con más de 2 millones de votos, y que el Gobierno calificó como un proceso fraudulento.
“El candidato sustituto es el plan de los que no quieren cambio y nuestro plan es el cambio, punto”, agregó en una conferencia de prensa este lunes, flanqueada por miembros de la Plataforma Unitaria de la oposición, al ser consultada sobre si podría darse la discusión sobre designar a un candidato sustituto.
“El candidato sustituto es el plan de los que no quieren cambio y nuestro plan es el cambio, punto”
María Corina Machado
El TSJ ratificó el viernes 26 de enero la inhabilitación de Machado por 15 años para ejercer cargos públicos, quien presentó en diciembre ante esa instancia un recurso como parte de los procedimientos acordados por el gobierno y la oposición en el contexto del acuerdo firmado en Barbados, en octubre.
Machado y sus abogados insisten en que no está inhabilitada y recordaron que el recurso presentado ante el TSJ no es una apelación sino un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho” de la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por la Contraloría General de la República (CGR), acción que nunca le fue notificada.
La candidata opositora, que aseguró tener preparada una estrategia que no anticipará, sostuvo que continuará recorriendo el país y propiciando actividades de organización ciudadana ante los comicios presidenciales cuya fecha aún no se ha determinado.
Respecto al anuncio de EE.UU. de revisar su política de sanciones tras la decisión del TSJ, Machado reiteró que no forma parte de la negociación directa que existe entre Caracas y Washington, por lo que, según dijo, “son las partes las que tienen que actuar y decidir cuando una de ellas incumple”.
Tras la firma del Acuerdo en Barbados, el Gobierno de Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan “temporalmente” algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones.
La delegación negociadora de la oposición denunció, el sábado 27 de enero, que se violó el procedimiento de revisión de las inhabilitaciones acordado por el gobierno y la oposición en el contexto del Acuerdo de Barbados, y exigió que la decisión sea revertida. Pero la delegación del oficialismo descarta la posibilidad y niega haber violado el Acuerdo.
En días recientes varios integrantes del partido de Machado han sido detenidos y sus sedes y las de otras organizaciones políticas han sido vandalizadas con grafitis de “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial del Gobierno para enfrentar “cualquier intentona terrorista” y que es considerado como parte de una estrategia de persecución por parte de la disidencia.
Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impide ejercer cargos públicos por un tiempo determinado por las autoridades. Inhabilitaciones como las de Machado han sido administrativas, y cuestionadas, entre otras cosas, por no darse mediante un proceso judicial.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el Gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.