En la tarde del miércoles 19 de octubre, la OFAC anunció varias licencias relacionadas con Venezuela. De inmediato, un rumor comenzó a rodar: levantaron las sanciones a PDVSA. Algún titular de prensa así lo indicó, incluso, señalando que la PDVSA de Nicolás Maduro se había reinsertado en el mercado internacional.
Yo mismo caí en la confusión, intoxicado por centenares de cadenas de WhatsApp. Hasta que me acordé de Sherlock Holmes: no es bueno sacar conclusiones antes de evaluar la evidencia.
Cuando se analiza la evidencia, puede concluirse que las sanciones a PDVSA no se levantaron. No por ahora.
El contexto: un acuerdo electoral bastante genérico
El Gobierno de Estados Unidos ha insistido, especialmente desde la Declaración de Bogotá de abril de 2023, que cualquier revisión de las sanciones dependerá de avances concretos en el proceso de democratización en Venezuela. Con esto mente, el 18 de octubre Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos: una suerte de declaración política en apoyo a Citgo y el Esequibo, y un acuerdo electoral.
Del acuerdo electoral no creo deba hacer mayor análisis. Ya se ha observado que se trata de un acuerdo genérico e impreciso, en el que las partes se comprometieron a acordar, en un momento futuro, condiciones electorales basadas en un listado de condiciones que, más o menos, va en sintonía con lo que se ha venido exigiendo a la fecha. No es de extrañar la desilusión: después de tantas negociaciones y mesas, este acuerdo no era, precisamente, lo que muchos esperaban.
De allí la incredulidad de algunos al leer que, como “premio” por tan limitado avance, se habían levantado las sanciones a PDVSA. Ya lo dice el dicho: música paga no suena.
Había que leer la letra pequeña y el contexto. En realidad, las sanciones no se levantaron. A pesar de las apariencias, el Gobierno de Estados Unidos -y otros actores de la comunidad internacional, que refrendaron la Declaración de Bogotá- todavía mantienen un rol importante para garantizar que el acuerdo electoral se implemente.
Para ello, hay que evaluar tres aspectos: (i) Los seis meses de la licencia de PDVSA, (ii) Lo que yo llamo el apéndice Blinken, y (iii) La ilegitimidad de Maduro en Estados Unidos.
Una licencia por seis meses sin prórroga automática
La licencia a PDVSA tiene una vigencia de seis meses, y a diferencia de la licencia de Chevron, la prórroga no es automática. La prórroga, de acuerdo con la nueva política, debe estar atada a genuinos avances en el cumplimiento del acuerdo electoral. Es Maduro a quien corresponde la carga de la prueba, y luego de su experiencia intentando engañar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sabe que no bastará con aparentar reformas electorales. Por el contrario, va a tener que demostrar su intención de implementar reformas alineadas, entre otros, con el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
“La licencia debe verse como una especie de muestra médica: PDVSA podrá iniciar su normalización en Estados Unidos, sí y solo sí hay avances genuinos en la ruta electoral”
Esto implica que lo único cierto es que la ventana que abrió la licencia es de seis meses, un lapso muy breve como para estimular las inversiones a largo plazo que el sector de gas y petróleo necesita. Una posición prudente de los inversionistas privados será esperar a ver qué pasa en estos seis meses y, si acaso, emprender algunas actividades de limitado alcance, quizás, solo para cobrar alguna deuda. Poco más.
Con lo cual, la licencia debe verse como una especie de muestra médica: PDVSA podrá iniciar su normalización en Estados Unidos, sí y solo sí hay avances genuinos en la ruta electoral. Para ello, Maduro debe pasar un examen antes del 28 de abril de 2024, cuando vence la licencia.
El apéndice Blinken (y las primarias)
El Secretario de Estado, además, esbozó otra política complementaria: antes de noviembre, Maduro debe iniciar la liberación de presos políticos y debe explicar cómo y cuándo eliminará las inhabilitaciones. Si no cumple con esos objetivos, las sanciones volverán.
Esto es, que antes del examen cuya fecha límite es el 28 de abril de 2024, Maduro debe pasar otro examen, y para ello, tiene apenas algunas semanas. De nuevo: no valen reformas solo en apariencia. Tiene que demostrar, con hechos, que hay en marcha una política de liberación de presos políticos y que las inhabilitaciones –todas– van a eliminarse.
Esto último es muy importante, si tomamos en cuenta la importancia de las inhabilitaciones en el proceso de primarias pautado para el 22 de octubre. En lugar de tolerar las inhabilitaciones a favor de “opciones reales”, el Gobierno de Estados Unidos se encargó de recordar lo obvio: no hay elecciones libres con inhabilitados. Esto refuerza, sin duda, el proceso de primarias.
La PDVSA de Maduro no puede actuar legalmente en Estados Unidos
Más allá de lo que diga la licencia, la PDVSA de Maduro no puede actuar legalmente en Estados Unidos pues, hoy, solo la Junta Administradora ad hoc de PDVSA designada en 2019 ejerce esa representación.
Por ello, hoy, el presidente de PDVSA designado por Maduro no puede representar a esa empresa en Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria, vender petróleo o comprar insumos. De hecho, no puede hacer nada. Solo la Junta Administradora ad hoc puede ejercer esa representación.
Como he explicado, la primera y más importante sanción en contra de Maduro fue su desconocimiento legal como presidente, situación que solo se mantiene en Estados Unidos. Más allá de la licencia, por ello, la PDVSA de Maduro no puede actuar en Estados Unidos y eso impide normalizar sus operaciones.
Alineando intereses con el sector privado
Otro aspecto positivo de esta nueva política es que facilita alinear intereses con el sector privado. Si el sector privado quiere que la “muestra médica” pase a ser algo permanente, entonces, debe dedicar su esfuerzo a acompañar reformas genuinas a favor de la democratización.
Pues en realidad, el problema en Venezuela no es cómo exportar más petróleo o negociar con bonos de la deuda. El problema de fondo es, en esencia, de derechos humanos. El sector privado puede cumplir un rol importante en ese sentido.
Las sanciones no fracasaron (y una advertencia frente a los profetas del levantadismo)
Una última acotación. Lo sucedido en estos días es otra prueba de que las sanciones no han fracasado. En los últimos meses se han intensificado las opiniones a favor de levantar las sanciones por su fracaso. Bajo esta posición, las sanciones debían ser revocadas a cambio de nada.
Pues no. Si se firmó el acuerdo electoral (modesto, pero no por ello irrelevante), si hoy hay algunos presos políticos -rehenes de Maduro- que recobraron su libertad física, si hoy es posible, quizás, avanzar en condiciones electorales, es por cuanto las sanciones están allí.
Así que hay que tener cuidado con los profetas del levantadismo, que en algunos casos coinciden con el ambosladismos. Los mismos que antes abogaban por levantar las sanciones a cambio de nada, son los que ahora nos dirán que ya las sanciones se levantaron, que ya ganaron la batalla, que Maduro ahora puede vender todo el petróleo que quiere para seguir, y que la normalización de PDVSA es mejor que el statu quo. Y por supuesto, aprovecharán para achacar a la oposición o a las sanciones la responsabilidad de cualquier cosa que salga mal. Y se negarán, de plano, a que la flexibilización de las sanciones que se ha otorgado sea revisada, así sea que Maduro siga avanzando en su ímpetu autocrático.
No se trata de un concurso para ver quién tiene la razón. Al final, será la historia quien juzgue el rol de las sanciones en esta etapa. El gran peligro de quienes quieren -engañados o engañando- dar a entender que ya se acabaron las sanciones, es que reducen el incentivo de Maduro para cumplir con los compromisos derivados del apéndice Blinken y del acuerdo electoral. El objetivo es el contrario: crear mayores incentivos (dentro y fuera de Venezuela) para que esta oportunidad no sea desaprovechada.
No nos dejamos engañar. Hoy, más que nunca, hay que subir la barra, no bajarla. Quedan apenas unos meses para las elecciones presidenciales de 2024. Con el impulso de las primarias como expresión legítima de participación ciudadana, todo el esfuerzo debe dedicarse no a celebrar falsas victorias, sino a monitorear y exigir que Maduro cumpla con las tareas que tiene pendientes. Y reclamar que, de no cumplir con esas condiciones, las sanciones sean revisadas (incluyendo la sanción a Chevron).
Ya el reloj empezó a andar para lograr, en muy poco tiempo, pasos concretos para avanzar en un proceso de reconciliación, justicia y paz.
Facta, non verba.