Si intentamos descifrar la realidad que hoy vivimos nos invaden sensaciones parecidas a un huracán arrasador, destructor, nostálgico de lo que hasta 1999 había sido un mundo pleno de instituciones de interacción, tal como las denomina Pierre Rosanvallon, el destacado politólogo francés, quien describe tres categorías: las político-sociales (partidos políticos, sindicatos, patronales), las profesionales-sectoriales (cámaras de comercio y agrarias, colegios profesionales) y las asociaciones. A lo cual hay que sumar todas las agencias, instituciones que actúan en el campo de la comunicación. El experto John Carey, investigador en Ciencias Políticas del Dartmouth College, precisa algo más al respecto: “Debajo de su retórica revolucionaria, en realidad lo que ocurre son procesos de ‘ingeniería institucional bastante inteligentes’”. Arrasar las instituciones de intermediación supone acabar con espacios de generación de oportunidades, encuentros, intercambios, diálogos y participación. Constituyen una especie de sistema nervioso que expresan las preocupaciones, aspiraciones y oportunidades de la sociedad. Empresas creadoras de productos, empleos y beneficios.
Partidos políticos generadores de proyectos de sociedad, modelos de gestión, espacios para la participación, el intercambio de ideas, percepciones que crean y unen a grupos sociales bajo concepciones compartidas. Tales como los medios de comunicación que informan, trasmiten opiniones e interpretaciones que masifican una gama heterogénea de lecturas sobre la realidad. Para los grupos políticos que aspiran ejercer un control totalitario de la realidad es una tarea clave anular, desvirtuar, hasta desaparecer las instituciones que unen, que confrontan con lazos umbilicales a los individuos, grupos y crean ciudadanos con responsabilidades en su sociedad. Acabar con la intermediación es un gran objetivo para los que aspiran ejercer poderes totalitarios, nada existe fuera de su ámbito permisado.
“Hoy existe un venezolano distinto, consciente y responsable que rechaza el autoritarismo, la violación de las leyes y el irrespeto al ciudadano”
Acabar con la intermediación es una gran tarea política que cubre todos los planos, en el económico se manifiesta con el brutal ataque a la propiedad, el sometimiento de los gremios de productores, la imposición de políticas y controles que debilitan y destruyen las potencialidades de cualquier emprendimiento.
En el plano político la meta es destruir los partidos democráticos más representativos o desnaturalizarlos, corromper sus ideales, metas y crear imágenes confusas sobre sus intenciones.
En el plano social es ostensible el enfrentamiento con las organizaciones no gubernamentales, aquellas que actúan con libertad interpretando y materializando aspiraciones de los grupos, las comunidades e individuos.
En el campo educacional la rivalidad se ejerce contra la escuela, los maestros, las universidades y todo sitio donde la gente crezca y aprenda a valerse por sí mismo.
En el terreno de la información y comunicación se aplica sin medias tintas la política de cierres de empresas de comunicación, la negación de permisos para operar y el torpedeo del acceso al mercado de insumos para las adquisiciones de tecnologías y materiales requeridos para operar, caso del papel y la tinta para la prensa escrita.
Los regímenes totalitarios ejercen de tal forma una práctica contra las instituciones libres conectadas con los ciudadanos con el objetivo de desaparecer su influencia sustituyéndolas por algo denominado “poder comunal”, donde el único que manda es el autorizado por el poder central. Una de las manifestaciones más perversa por su impacto a futuro es la guerra contra las escuelas, universidades, docentes, maestros y todo tipo de ente y entidad educativa que ejerza con libertad sus tareas propias. Un proceso respaldado por el intento de sustituirlos por entidades paralelas, colectividades ideologizadas al servicio político del Gobierno.
Un arrase institucional sin precedentes capaz de destruir un país, que, sin embargo, ha sacado a relucir la incapacidad manifiesta de construir algo distinto y mejor a lo ya existente. Tras las expropiaciones solo viene, indefectiblemente, ruina, miseria, pérdida de empleos y hambre.
Sin embargo, es imprescindible reconocer que este proceso destructivo singularmente ha contribuido a crear un estado de conciencia ciudadana que permite tener esperanzas en una vuelta a la democracia y a la libertad, en horizontes muy cercanos. La conclusión al evidenciar el arrase institucional ocurrido en Venezuela por el actual régimen en verdad muestra que destruyendo son los máximos expertos, pero a la vez saca a flote su total incapacidad para construir, maestros de la destrucción e ignorantes ciegos de la construcción.
Si intentamos ordenar el torbellino de ideas en nuestra mente que sugiere este tema, podemos buscar el hilo inicial del ovillo, el cual en nuestro caso comienza claramente, y sin ningún tipo de encubrimiento, por el ataque directo a quienes representaban un cierto poder económico distinto al concentrado en las garras del Estado. Aun resuena en los medios de comunicación el estallido del ataque a la propiedad de este sector y su estigmatización como una suerte de depredadores sociales. Todos tenemos el recuerdo del episodio declarado contra los productores agrícolas y pecuarios. Situación que los comunicadores calificaban de la siguiente manera: “Apoyado en 26 leyes aprobadas por sus partidarios llegó el comunismo a Venezuela”.
El saldo de este funesto episodio para los productores de alimentos venezolanos fue la destrucción de la propiedad, más de 6 millones de hectáreas productivas, especialmente aquellas de mayor rendimiento, los pilares de nuestra seguridad alimentaria como país. Hoy enfrentamos episodios de hambruna y dependemos de importaciones fraudulentas del régimen.
En nuestra memoria permanece una de las escenas más sobrecogedoras de la vida de Venezuela, “el 7 de febrero de 2010. Acompañado del alcalde de Caracas, y de otros chavistas, el presidente Hugo Chávez estaba caminando por el centro histórico de la ciudad, y al ver un edificio en la esquina de la Plaza Bolívar, preguntó ante las cámaras de televisión: “¿Y ese edificio?”. Le dijeron que era un inmueble con comercios privados de joyería. Y Chávez levantó el brazo, lo señaló y dijo: “¡Exprópiese!”.
No fueron las trompetas de Jericó anunciando una nueva etapa de nuestra historia, era el inicio de la tempestad; luego sobrevendría la invasión y ocupación de viviendas, la destrucción -paradójicamente- de la industria de la construcción y la crítica a la aspiración de propiedad familiar de la vivienda porque estas no podían considerarse como “mercancías”.
Con base en estas premisas ideológicas se desató una guerra contra las empresas más consolidadas en todos los sectores de la industria y el comercio, lo cual ha llegado a los extremos que la dimensión del aparato económico de Venezuela se ha reducido a una quinta parte. Chávez, cual Atila tropical -por donde pasa no crece la hierba- arremetió contra PDVSA, la cuarta empresa petrolera del mundo. Comenzó atacando directamente su recurso más valioso que indudablemente no era la materia física petrolera sino su bagaje de recursos humanos. Con un pito en la boca destruyó décadas de conocimientos y aprendizaje hasta reducir a PDVSA a los que es hoy, un montón de chatarra que no genera recursos para sus gastos internos. Como denuncian Leonardo Vera y Francisco Monaldi: PDVSA, saqueada, sin ganancias operativas, ni inversión. Sin gente capacitada, con una deuda impagable. Viviendo del financiamiento del BCV. Un fruto de la revolución Chávez-Maduro.
Estos son recuerdos algo desordenados del proceso destructivo de las instituciones que creaban beneficios y empleos, un ataque a la economía desatado por Chávez-Maduro que luego les fue imposible sustituir con la variedad de engendros socialistas- colectivistas consumidores de renta, destinados al fracaso por su inviabilidad económica.
Vienen a nuestra mente las imágenes terribles de la destrucción de los medios de comunicación, el cierre de la televisora que cubría todo el territorio como Radio Caracas Televisión (RCTV). El fin de la prensa libre y de los periódicos regionales, el acoso a los periodistas, el cierre de 280 emisoras de radio, mas de 80 periódicos, siete cadenas de televisión, un proceso respaldado hipócritamente por el régimen con la aprobación de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, cuyo objetivo no solo es limitar la pluralidad y diversidad del contenido de los medios de comunicación tradicionales y digitales, sino su carácter represivo, que impone penas de 20 años de prisión a quienes sean acusados de promover discursos de odio por medio de estas plataformas. Un texto legal que ha servido para castigar a comunicadores y ciudadanos portadores de denuncias contra el régimen en el poder.
En este recuento emocional emergen dos momentos fatídicos para los venezolanos, el primero es la expropiación de los partidos políticos tradicionales, la toma por facinerosos pagados por el Gobierno para realizar una ocupación de los partidos políticos de oposición y convertirlos en cascarones vacíos al servicio político del madurismo. Decidir la suerte de partidos a través de las sentencias 71, 72 (15 y 16 de junio) y 77 (7 de julio) de la Sala Constitucional la cual desconoció las directivas de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), y recientemente lo increíble, la condena de su antiguo aliado ideológico, el Partido Comunista de Venezuela, reemplazando en todos los casos a las directivas de estas organizaciones por juntas ad hoc presididas por dirigentes comprados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Quizás nos queda nombrar el ataque contra las universidades autónomas nacionales, la representación del nivel educativo más alto del país. La intención clara fue sustituirlas por una representación académica favorable a la instalación del socialismo sin ninguna referencia a la calidad, excelencia e idoneidad técnica y moral que debe privar en el funcionamiento de estas importantes instituciones educativas. Las universidades nacionales fueron sometidas a una sequía económica que le negaba los presupuestos ordinarios, no respondían a los requerimientos obligando al personal académico a emigrar, morirse de hambre y a disminuir su impacto en la formación de las nuevas cohortes de profesionales requeridos para el progreso y avance del país. El Gobierno aplicó desde 2008 una reducción sistemática de los presupuestos de las universidades. Recorto 6.800 millones de dólares a la Universidad Central de Venezuela mientras inyectaba a sus Misiones proselitistas, Sucre y Alma Mater, 7.404 millones de dólares. Actualmente, el Gobierno controla 61 de las 71 instituciones universitarias del país.
En el terreno de las instituciones responsables de aplicar justicia al país, el arrase ha sido total, su epicentro fue la toma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convertido hoy en una institución servil y justificadora de la dictadura política. Para lograrlo emprendió el siguiente camino: Transformó el sistema de nombramiento de magistrados en un procedimiento político excluyente, cambió las reglas para la elección de magistrados a través de simple mayoría. Eligió magistrados sin credenciales ni formación, pero leales al régimen; incrementó el número de magistrados en cada Sala, todos bajo control político. Expulsó a los disidentes a estas normas para constituir el TSJ chavista-madurista que tenemos actualmente.
Hoy en Venezuela vivimos un momento amargo, el arrase institucional de las instancias de intermediación ha sido profundo y demoledor, el país se ha hundido en la pobreza, millones han decidido emigrar en terribles condiciones, hasta arriesgar sus vidas. “Hoy una familia en Venezuela, conformada por cinco personas, necesita 118,14 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar, cuyo valor en julio se ubicó en 502,27 dólares. Mientras el salario mínimo está establecido en 130 bolívares mensuales, alrededor de 4,25 dólares. Cada grupo necesita 16,74 dólares diarios para cubrir la canasta alimentaria, calculada con los precios de 60 productos.
Lo que hemos perdido en la economía y en las instituciones, sin embargo, parece haberse suplido por el crecimiento de un nivel de conciencia de los venezolanos que hoy piensan distinto, saben que no pueden depender de las migajas que le otorga un gobierno populista: aceptar y permanecer callados. Todos los estudios de opinión muestran que la gente no quiere ni aspira vivir bajo las limosnas de las bolsas CLAP, quieren trabajar, salarios dignos, empresas eficientes que remuneren cabalmente al trabajador. Aspiran ser tratados con dignidad, poder expresar sus opiniones a través de nuevos periódicos, estaciones de radio, televisoras libres. Sueñan con universidades con la capacidad de formar a los venezolanos responsables de nuestro futuro.
De forma contundente las encuestas están mostrando que hoy existe un venezolano distinto, consciente y responsable que rechaza el autoritarismo, la violación de las leyes y el irrespeto al ciudadano. Es importante entender cómo se han arrasado, desbastado las instituciones que ejercían intermediación entre el Estado y los ciudadanos y entre nosotros mismos; pero el resultado ha sido sorpresivo, la ciudadanía está inconforme, no se subordina, ni somete a una situación que niega la participación en búsqueda de valores distintos a la sumisión y aceptación de una realidad castrante.
Todas estas razones nos llevan a participar de forma decidida en las elecciones primarias, encontrar al candidato de nuestra preferencia, oponernos a las maniobras fraudulentas de las inhabilitaciones que nos impidan elegir presidente a un ganador, expresión de la voluntad popular. No hay que buscar salidas colaterales, nombrar reemplazos, eso sería una vez más doblegarnos ante las imposiciones dictatoriales y tramposas del régimen. La aspiración es poder elegir y consagrar al candidato que escojamos los venezolanos libremente. Dios nos oiga. Amén.