“A punta de pistola me encerraron con mi esposa Gladys Cadenas y mi otro hijo en la casa, y en el patio le dispararon varias veces a mi hijo Ángel Isaías Tovar Cadenas. Después del asesinato de Ángel Isaías, me han llevado detenido ocho veces al hato y no paran las amenazas de muerte para mí y para mi otro hijo. Los organismos de seguridad, en particular el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), siempre me amenazan diciendo que el abogado Andrés García puso precio a nuestras cabezas”.
El relato corresponde a Jesús Hernán Tovar, campesino de 62 años que reside en la parroquia Cunaviche del municipio Pedro Camejo, en el estado Apure. El testimonio de Tovar se une al de decenas de humildes trabajadores del campo que denuncian ser víctimas de agresiones por parte de los responsables del Hato Merecure, encabezados por su dueño Luis Alberto Bracho Valbuena, el administrador Nelson Daboín y su abogado Andrés García.
La situación que afecta principalmente a los habitantes de las comunidades El Garcero y Tres Bocas de la parroquia Cunaviche, ha llamado la atención de la ONG Fundaredes. La organización defensora de derechos humanos registra que los hechos de violencia comenzaron en 2015, cuando el zuliano Bracho Valbuena asumió el control del terreno.
“Desde entonces, los productores locales vecinos del hato serían víctimas de actividades irregulares promovidas y/o permitidas por agentes estatales. Al menos 150 familias estarían siendo extorsionadas por funcionarios del CICPC con competencia en la zona”, documenta Fundaredes.
“He sido amenazado por el Hato Merecure, por su administrador Daboín y su abogado García. Constantemente me mandan a buscar con el CICPC, la Policía Nacional y hasta con la Guardia Nacional. Como muchos otros habitantes, he tenido que andar escondido para que no me asesinen. Hace dos meses me llevaron detenido hasta el CICPC y un funcionario de apellido Castillo me extorsionó con dos mil dólares para no procesarme por los tribunales”, asegura Alexis Daman Torres, campesino de 43 años oriundo de San Juan de Payara.
Nexos políticos
El dueño del Hato Merecure tendría una relación estrecha con una importante figura del oficialismo en Apure. “El poder del dinero y las relaciones con sectores políticos y militares parecen ser superiores a todos los escándalos y denuncias. De Luis Alberto Bracho Valbuena y el Hato Merecure abundan los relatos en la población de San Juan de Payara sobre su relación íntima con el exalcalde del PSUV, Pedro Danilo Leal”, comenta Juan Francisco García Escalona, activista de derechos humanos y dirigente político local.
En las primarias chavistas de 2021, Leal desafió y derrotó al gobernador Ramón Carrizalez. Sin embargo, al final la cúpula roja metió la mano e impuso como candidato a Eduardo Piñate, actual mandatario de la entidad llanera.
García Escalona resalta que “el municipio Pedro Camejo posee por su geografía una relación importante con el narcotráfico internacional. La presencia de grupos irregulares de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN no ha pasado inadvertida, ni las innumerables pistas clandestinas utilizadas por miembros de los carteles mexicanos y colombianos que han sido detenidos en la zona”.
El dirigente local, que fue diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV en el periodo 2010-2015, recuerda que “en abril de 2022, en tierras del Hato Merecure, hubo el hallazgo de un submarino artesanal utilizado para el trasiego de cocaína desde Colombia hasta Venezuela, hecho que tampoco tuvo una respuesta por parte de las autoridades venezolanas”.
García Escalona apunta que sobre el dueño del Hato Merecure, Luis Alberto Bracho Valbuena, “existen denuncias de estar vinculado presuntamente a mecanismos internacionales de lavado de dinero, apareciendo señalado en varios documentos de la investigación del bufete de abogados Mossack Fonseca de la Ciudad de Panamá, conocida popularmente como los Panama Papers”.
La respuesta
Los presuntos victimarios se han declarado víctimas de sus vecinos. En una respuesta enviada a la web de radio Fe y Alegría noticias, los propietarios del Hato Merecure aseguran que “han sido víctimas constantes de ataques y atentados a la actividad agropecuaria que se desarrolla en sus predios”.
Afirman que han enfrentado “el desmantelamiento de cercas perimetrales, hurtos de alambre de púas y estantes, (y) quema indiscriminada de los potreros, provocado por varios ciudadanos que se encuentran identificados plenamente por organismos de seguridad del Estado, ya que forman parte de bandas de delincuencia organizada dedicadas al hurto y robo de ganado”.
Ante los testimonios de vejaciones y violaciones a derechos humanos, los propietarios del Hato Merecure replican: “Estas personas se han dado a la tarea de crear falsos positivos por medios de comunicación y redes sociales, con la finalidad de formar una matriz de opinión negativa (…) y a su vez, tratar de ocasionar un conflicto con los trabajadores de la empresa agropecuaria, tratando de amedrentar y amenazar con armas de fuego, machetes y cuchillos al personal que labora como llaneros y pastorean los rebaños de novillas en terrenos propiedad del Hato Merecure. Estas acciones van dirigidas a fomentar temor en los empleados y abandonen la tierra para ellos luego justificar una invasión”.
¿Y las autoridades?
En su informe sobre el caso, Fundaredes habla de un “modus operandi” de la administración del Hato Merecure: “estaría apropiándose irregularmente de cabezas de ganado pertenecientes a productores de las zonas circundantes al hato. Los productores locales, legítimos dueños de las cabezas de ganado, irían al Hato Merecure a reclamar la propiedad de las reses. Es entonces cuando actúan los efectivos del CICPC, quiénes incriminan por abigeato (hurto de ganado) a los productores reclamantes”.
García Escalona agrega: “Son más de 150 familias afectadas, acusadas de formar parte de una gran red de abigeato, delito que sería irresponsable desconocer, pero que evidentemente es utilizado de perverso argumento para agredir a la población campesina despojada de todos sus derechos por poderosos vínculos con el gobierno. Ha sido público en medios de comunicación el pronunciamiento del hato debido a un robo de casi 5.000 animales, aspecto imposible de creer a manos de los campesinos de la zona”.
El dirigente local subraya que para ejecutar un robo de esa magnitud, los malhechores tendrían que contar con las guías de movilización del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), la complicidad de las alcabalas desplegadas por la Guardia Nacional y el Ejército, y una costosa red de transportes.
“Los delitos que se expresan en contra de los habitantes y los que ellos denuncian por parte de los administradores, equipo de seguridad y el dueño del hato deben ser investigados con imparcialidad. Nunca se debe hacer justicia por propias manos, aunque el papel de algunos funcionarios de los organismos de seguridad parece de cómplices en los excesos cometidos contra la comunidad, que denuncian delitos de lesa humanidad”, concluye García Escalona.