En la aldea
26 diciembre 2024

Los mil y un triunfos opositores suprimidos

“No podemos, como ciudadanos interesados en la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, dar por hecho que la oposición está cumpliendo con su deber. Mientras no nos digan cómo piensan defender el voto en este contexto autoritario, no tenemos por qué darles cheques en blanco. Más bien hay que exigirles que sean claros con lo que tienen en mente. Ya hoy es tarde”.

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Alejandro Armas | 15 mayo 2023

Quienes me conocen bien en mi faceta como observador de la política venezolana, saben que puedo ser muy insistente apuntando hacia lo que creo correcto, al punto, quizá, de pasar por fastidioso (se los juro, en situaciones más recreativas y relajadas, nunca me comporto así). Bueno sería entonces que el azar del tiempo y el espacio produzca distintas situaciones sobre las que comentar, de forma reiterativa, pero también sucesiva. Una tras otra. No obstante, como la política venezolana ha sido en general estática en los últimos años, con cambios más de forma que de fondo, aquello está difícil. Así que mi leitmotiv relacionado se ve en la triste obligación de ser particularmente reiterativo: si la oposición aspira a lograr el cambio político mediante elecciones, necesita una estrategia que vaya más allá del voto y que actúe en defensa del mismo en el predecible caso de que el Gobierno desconozca un resultado adverso.

A lo largo de los años en que he emitido este enunciado, ha recibido distintos cuestionamientos y objeciones. Uno de ellos es que, seguramente, la dirigencia opositora tiene un plan de esa naturaleza, pero que no le conviene revelarlo hasta que surja la contingencia para la que fue diseñado, ya que así contaría con el elemento de la sorpresa a su favor. 

Encuentro este argumento débil, por varias razones. Para empezar, me parece bastante ingenuo suponer que el chavismo no esté considerando desde este mismo momento la posibilidad de una movilización ciudadana masiva en contra de algún intento de desechar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Y que no se prepare para ello. Si la dirigencia opositora desarrollara una estrategia para organizar tal movilización, es bastante probable que el chavismo esté al tanto, gracias a los servicios de inteligencia del Estado, que en realidad están al servicio de los intereses de la elite gobernante.

“Si la oposición aspira a lograr el cambio político mediante elecciones, necesita una estrategia que vaya más allá del voto y que actúe en defensa del mismo en el predecible caso de que el Gobierno desconozca un resultado adverso”

Además, creo que es una pésima práctica comunicacional el darles a entender a los votantes que derrotar efectivamente al chavismo solo requerirá una avalancha de votantes opositores que Miraflores no se atreva a desconocer (como hoy hace Henrique Capriles y, en 2018, hizo Henri Falcón), para luego decirles, cuando ocurra lo contrario, que sí habrá que hacer más. Si no se prepara a los ciudadanos para posibles situaciones difíciles, más exigentes que media hora de cola para votar, tal vez no escuchen en su momento el llamado a la movilización.

Pero hay algo todavía más inquietante sobre la tesis de la supuesta planificación a puerta cerrada. Y es algo tan sencillo como que, probablemente, ni siquiera esté ocurriendo, ni vaya a ocurrir. Así que no se puede confiar ciegamente en que la dirigencia opositora haga lo que tiene que hacer. 

Porque si vemos la experiencia previa, esta dirigencia no tiene un buen historial de hacer valer el voto por ella, cada vez que el chavismo lo vacía de significado. Esto es algo que se remonta a la aparición de los primeros “protectores”, o ejecutivos regionales y locales designados a dedo por el Presidente en aquellos espacios que perdía electoralmente. Hablamos de 2008, luego de que Antonio Ledezma arrebatara al chavismo la Alcaldía Metropolitana de Caracas y se creara el “Gobierno del Distrito Capital”, depositario de las funciones quitadas a la Alcaldía. A partir de entonces, abundan los ejemplos de la oposición básicamente dejándose robar triunfos, o limitándose a denunciar los vicios del sistema electoral sin pasar de lo retórico. Estas ilustraciones no se limitan a los “protectores” que luego se les impuso a estados como Miranda, Nueva Esparta y Zulia. Veamos.

Muchos hablan hoy, porque así lo quiso el propio protagonista, de las secuelas de los comicios presidenciales de 2013. Hace una década, Capriles, como candidato presidencial y líder ad hoc de la oposición, denunció que le quitaron la victoria con trampas. Por ello, convocó protestas… Que luego suspendió. Hizo gestiones ante el Consejo Nacional Electoral para reclamar lo que, en sus palabras, le pertenecía, pero de forma infructuosa.

Luego tenemos las elecciones parlamentarias de 2015, que la oposición ganó de forma aplastante. El chavismo solo lo reconoció nominalmente, dejando apenas que la mayoría disidente sesione en el Palacio Federal Legislativo (y eso en medio de situaciones recurrentes de violencia contra los diputados por parte de seguidores del oficialismo). De inmediato, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adicto al PSUV confiscó todas las funciones de la Asamblea Nacional (AN). La oposición no llamó a protestas masivas en defensa del Parlamento, pues prefirió enfocar sus esfuerzos en convocar un referéndum revocatorio presidencial. Pero ese esfuerzo también fue suprimido forzosamente por la elite gobernante. ¿Qué hizo entonces la MUD?, ¿proseguir con las manifestaciones que ya había emprendido con la llamada “Toma de Caracas”? En absoluto. Se fue a otro diálogo con el chavismo que, como sus antecesores y sucesores, no produjo nada. Varios meses después, ante una nueva arremetida contra la AN, finalmente hubo una convocatoria a la movilización en respaldo de la legislatura. Si bien estas protestas sí fueron inmensas, es de notar que ocurrieron más de un año después de la anulación de facto de la AN.

Ese mismo año hubo elecciones regionales, a las cuales la MUD concurrió en medio de un escepticismo inmenso entre la población, por la ya marcadísima deriva autoritaria en el país. Buscando disipar temores, la coalición opositora dio a entender que estaba lista para superar cualquier obstáculo ilegítimo. Al final, la MUD obtuvo un puñado de gobernaciones, se quejó de las irregularidades que aseguró que podía combatir y… Más nada. Tan solo Andrés Velásquezfue un paso más allá, demostrando una manipulación numérica que le negó la Gobernación de Bolívar. Pero de ahí no pasó.

Nuestra siguiente parada en este triste recorrido (¿del “autobús del progreso”?) es la elección presidencial de 2018. Henri Falcón en esencia hizo lo mismo que la MUD un año antes. Por supuesto, el resultado fue igual. Aunque Falcón y sus defensores (no se rían; sí existen) ahora pontifican que no venció a Maduro por culpa de la abstención fomentada por terceros, eso no fue lo que en su momento dijo el exgobernador de Lara. Cuando el CNE anunció los resultados, Falcón declaró la elección viciada y exigió que se repitiera. Sin embargo, no llamó a ningún tipo de manifestación a favor de tal demanda.

A partir de entonces, el grueso de la oposición boicoteó cuanta elección se hizo en Venezuela, hasta que decidió tomar parte en las regionales de 2021. En Barinas, ganó Freddy Superlano, militante de Voluntad Popular (VP). El TSJ anuló el resultado y ordenó repetir el proceso, con Superlano inhabilitado. La oposición no exigió que se revirtiera semejante arbitrariedad, sino que participó en la elección repetida y, aunque ganó, fue con un candidato que el chavismo halló más aceptable. No olvidemos que, de los partidos opositores, VP es el que el chavismo más detesta por “radical”. Así que permitirle tener una gobernación representaba un riesgo que quizá Miraflores no estaba dispuesto a tolerar. En cambio, ya se sabía por la experiencia de Laidy Gómez, en Táchira, y similares que los gobernadores militantes de Acción Democrática pueden ser sumisos y manejables. En efecto, tan pronto asumió la gobernación, Sergio Garrido dejó claro que se adherirá a la norma tácita de la política venezolana por la cual los gobernadores y alcaldes ajenos al PSUV deben abstenerse de usar sus despachos para el activismo opositor, o cualquier otra cosa que moleste al chavismo. Ni eso impidió, sin embargo, que el gobierno central le quitara atributos al ejecutivo regional barinés.

Es por todo esto que no podemos, como ciudadanos interesados en la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, dar por hecho que la oposición está cumpliendo con su deber. Mientras no nos digan cómo piensan defender el voto en este contexto autoritario, no tenemos por qué darles cheques en blanco. Más bien hay que exigirles que sean claros con lo que tienen en mente. Ya hoy es tarde.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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