Gustavo Petro tiene en mente un montón de planes. Que América Latina, y no solo Colombia sea una potencia de la vida, en un mundo futuro y feliz de energías limpias, como lo acaba de decir ante el Consejo Permanente de la OEA. También rehacer la vieja carta democrática, representativa y liberal -sin negar esos conceptos, dijo- que las Américas han reformado varias veces pero que aún así le parece insuficiente. Y, con mucha más urgencia, un plan para Venezuela.
Un plan trabajado por meses, según revela La Silla Vacía, entre Caracas, Washington y Bogotá. La cosa parece ir en serio, lo cual no despeja el pesimismo y la desconfianza de los venezolanos por el enésimo intento de destrabar lo que es un escenario de vallas y trincheras -como define la RAE el término-. Para el régimen asentado en Miraflores las expresiones bélicas son más potables.
“¿Qué hacer con las sanciones? ‘Más democracia y cero sanciones’, dibujó Petro como objetivo de la cumbre desde Estados Unidos”
Cómo le irá a Petro con su cumbre internacional, que reunirá en Bogotá a representantes de 19 países de la región, de Europa y enviados del gobierno de Joe Biden, lo comenzaremos a saber, o a intuir, a partir del martes 25 de abril. El diario El Colombiano advierte que el presidente colombiano asume riesgos mayores en su intento de convertirse en el líder de izquierda de la región. Quizás la ambición de Petro sea ir más allá de esos límites en este mundo global y, en apariencia, despolarizado. Es un jugador y no le ha ido nada mal con las apuestas que ha cazado. “Los cambios jamás pueden suponer un salto al vacío sin paracaídas”, dijo en su exitosa campaña electoral. Se refería entonces, entre otros países, a Venezuela. A alguien, o a muchos, según se vea, se le olvidó el paracaídas.
Lo que Petro ha puesto en la escena pública internacional es el tema que se debate en las redes sociales en Venezuela. ¿Qué hacer con las sanciones? “Más democracia y cero sanciones”, dibujó Petro como objetivo de la cumbre desde Estados Unidos donde andaba de gira y conversó durante hora y media con el presidente Joe Biden. En principio no parece que se logre ni lo uno, ni lo otro, porque el tema es complejo. Lo que está por demostrar es sí las sanciones son una herramienta política para presionar al régimen venezolano a que acuerde condiciones para la competencia electoral. Algo así como pactar su propia derrota. Los sandinistas -valga como recordatorio- fueron a elecciones en 1990 tras indecibles presiones, incluida una atípica insurgencia armada, y perdieron. Violeta Chamarro reemplazó a Daniel Ortega en el poder (ya estaba entonces) un 25 de abril. ¿Será fecha sortaria?
Petro, tras su encuentro con Biden del jueves 20 -un día después de su cumpleaños 63-, rechazó ser un mediador entre Caracas y Washington. Y esbozó la estrategia “planteada sobre la mesa” con el presidente de los Estados Unidos, que no se mueve un ápice de la postura conocida: primero democracia. “Una estrategia, dijo Petro,-serio y buscando con lentitud las palabras exactas-, que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o paulatinamente en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral se vaya también levantando progresivamente sanciones”. Por Miraflores, dicen, se escuchó un chaparrón.
El origen y el balance
Hay muchos motivos para desconfiar de la iniciativa política y diplomática de Petro. Uno, es de izquierda, se alzó en armas (las dejó hace más de 30 años) y como no hay matices, todos los de izquierda son iguales, al principio o al final. Se olvida que ese aparente tronco ideológico común pudiera ayudar a eliminar vallas. Dos, esa reunidera con Maduro que recuerda a cuando Juan Manuel Santos convirtió a Hugo Chávez en su “nuevo mejor amigo”. Y ya se sabe con el enemigo ni agua. Tres, el aval de Maduro a la cita de Bogotá, que da la idea de que todo está cocinado. Cuarto, su embajador en Caracas, Armando Benedetti, que, ciertamente, es un perifoneador del discurso oficial. “La culpa de la debacle de Venezuela es de las sanciones”, casi que dice el nada diplomático colombiano, en cuya línea está el presidente argentino, Alberto Fernández, que atribuye el empobrecimiento del país y el exilio a la aplicación de esas medidas.
Pero hay una sola razón para mantener una comedida expectativa. Nada está pasando en las negociaciones en México. No hay ni fecha electoral -y Maduro juega con eso- ni las mínimas condiciones para participar, aunque todas las organizaciones políticas opositoras, y alguna coleada, se estén preparando para esa convocatoria incierta. La cita internacional es un hecho, guste más o menos.
“El tema es complejo. Lo que está por demostrar es sí las sanciones son una herramienta política para presionar al régimen venezolano a que acuerde condiciones para la competencia electoral. Algo así como pactar su propia derrota”
La Plataforma Unitaria, tan solo una parte de la oposición y además golpeada desde el final del gobierno interno, anda en la perspectiva de ver con buenos ojos la conferencia internacional de Bogotá y poner sobre la mesa -aunque sea de forma indirecta, porque no participarán en la cumbre al igual que el régimen, un empate por ahí-, la postura de que “sin democracia” no se pueden levantar las sanciones. Al menos, la democracia que permita votar a todos y sin consecuencias para su seguridad.
Lo que obvian Fernández y Benedetti y otros más -parece que Petro no- es que las sanciones al régimen venezolano y a sus más destacados personeros tuvieron origen en su comportamiento antidemocrático y en la oscuridad de su desempeño.
Fue en 2014, durante el gobierno de Barack Obama, que una Ley del Congreso de los Estados Unidos estableció las primeras medidas de carácter personal contra figuras del régimen. El gobierno venezolano fue acusado, como lo recuerda el economista Gustavo García, de violaciones de derechos humanos y de actividades de corrupción y lavado de dinero proveniente tanto del narcotráfico como de la corrupción. “Venezuela se convirtió en el exportador fundamental de cocaína hacia Europa y los Estados Unidos. Hay que recordar los escandalosos casos de personas muy conocidas -unas en Venezuela y otras en Estados Unidos- que fueron detenidas con enormes cantidades de bienes inmuebles, yates, autos, etc.”, dijo García en el espacio 3 Contigo del canal EVTV de Miami. No fue para nada un asunto caprichoso de EE.UU., ni de Obama, que fue el presidente que abrió una puerta a la normalización de relaciones con Cuba.
Esas sanciones de carácter personal se ahondaron a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y en 2017 se ampliaron a actividades del sector público venezolano, afectando al Banco Central de Venezuela (BCV) y a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y otras de carácter más general que impactaron, particularmente, en la relación de los bancos con el sistema financiero internacional. El economista Miguel Ángel Santos, en una entrevista con La Gran Aldea a mediados del año 2020, precisó que las sanciones, contrario a lo que algunos quieren hacer ver, fueron adoptadas de manera gradual para abrir el espacio para la negociación que llevara a la transición política.
Pero la gran pregunta, que no esquivó Santos, es en torno a la efectividad de las medidas sancionatorias al régimen y sus personeros. Y los hechos son determinantes: la transición política no se produjo. “Lo que obliga a repensar cuál debe ser la estrategia, su alcance e implementación para evitar caer en esa calle ciega que hoy es Cuba”, adelantaba hace casi tres años Santos. Una estrategia que nunca apareció y condujo a profundizar la división entre los sectores de oposición. Que el asunto se debata más allá de las redes sociales luce de necesario sentido común.
Qué fue primero
Siendo evidente que las sanciones no han cumplido su cometido, en lo que hay amplia coincidencia, aunque menos en los motivos de su ineficiencia, por las carencias de la oposición o porque el régimen también juega y juega muy duro, y por rutas que el reciente escándalo de corrupción ha terminado de revelar, el debate se ha centrado en la incidencia de las sanciones en el agravamiento de los padecimientos de la población venezolana.
“El impacto negativo de las sanciones es innegable pero su magnitud es difícil de precisar”, ha dicho Santos más recientemente. O, viéndolo al revés, un relajamiento de las medidas tendría un efecto positivo en, por ejemplo, la producción petrolera “pero dado que los administradores son los mismos y los demás factores son los mismos (se entiende, el desmontaje institucional del Estado) no soy muy optimista” con ese otro impacto, abunda Santos, que en mayo próximo se unirá al Tecnológico de Monterrey como director de su Escuela de Gobierno, tras pasar nueve años en el área de Investigación Aplicada del Laboratorio de Crecimiento de Harvard.
“Hay muchos motivos para desconfiar de la iniciativa política y diplomática de Petro. Es de izquierda, se alzó en armas (las dejó hace más de 30 años) y como no hay matices, todos los de izquierda son iguales, al principio o al final”
Muy pronto, a mediados de julio de 2019, Francisco Rodríguez -también economista, son ellos los que debaten ante la ausencia de miradas políticas- escribió en The New York Times en español un artículo titulado “Las sanciones contra Venezuela tienen una verdad incómoda”. Rodríguez, a quien sus críticos no toman como un agente neutral, sostenía que “tanto los legisladores que diseñaron esta estrategia imprudente como los líderes políticos que la apoyaron, podrían terminar compartiendo la responsabilidad con el régimen criminal e incompetente de Maduro por la tragedia que vive el país”.
A pesar de las dificultades para cuantificar el impacto de las sanciones -en el país no existen cuentas, el ministerio de Finanzas dejó de dar cifras desde 2009 y el último informe financiero de PDVSA es de 2016– Rodríguez, producto de una investigación personal, apuntaba que tras la primera ronda de sanciones económicas la producción petrolera venezolana “sufrió el peor colapso que haya producido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en huelga petrolera”. La economía venezolana, según sus cuentas, habría perdido aproximadamente 17 mil millones de dólares al año. “Las hambrunas (lo que pronosticaba que se produciría) no derrocan dictadores, solo conducen a la pérdidas de vida”, remataba su texto.
De manera que sobre el impacto negativo de las sanciones hay, también, dos enfoques: uno, son las culpables del deterioro económico y social del país, que tiene en Miraflores sus principales voceros, aunque no únicos; dos, el reparto de culpas es equiparable, como empaca Rodríguez su apreciación, lo que llevaría la “crisis humanitaria” a “catástrofe humanitaria”, sin dejar de advertir que el régimen se volvió “más represivo y despiadado”.
Pero, ¿cuál era el país que existía antes de las sanciones más drásticas contra el régimen venezolano? Una investigación realizada por Miguel Ángel Santos junto con Dany Bahar, José Ramón Morales y Sebastián Bustos, señalaba que para el cierre del año 2018 las importaciones de alimentos ya habían caído en 96% en relación con 2012 y las de alimentos más del 70%, además del desplome de la industria petrolera, del Producto Interno Bruto y del Incremento de la mortalidad infantil. “Para mí, decía Santos en la entrevista citada, está claro que entre 80% y 90% del deterioro generalizado que estamos padeciendo se había producido ya antes de las sanciones”.
“Las sanciones son más una excusa que una realidad”, dijo, por su parte Gustavo García en el programa 3 Contigo, que conducen María Sol Pérez Schael, Álvaro Benavides La Grecca y Carlos Blanco, en EVTV. Para él, basta con ir a Las Mercedes (en el este de Caracas) y a los bodegones para darse cuenta que no hay restricción a las importaciones. “Las sanciones que generan problemas son las financieras”, admite, producto del “escandaloso” nivel de lavado de dinero que hay en Venezuela como resultado del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
“En un país donde hay un montón de grupos irregulares operando y cantidad de actividades también irregulares hechas por el propio gobierno a su más alto nivel, y el reciente escándalo en PDVSA es una muestra de ello, la banca internacional toma precauciones para funcionar con Venezuela porque no se puede prestar al lavado de dinero y algunos bancos, que sí lo han hecho, han sido sancionados en Europa. Hay una mancha país, que ha producido en primer lugar el Gobierno porque todo lo que tiene que ver con el país tiene un tufo a lavado de dinero”, completó García.
Desmontar y reinstitucionalizar
Las sanciones son, en estos momentos, la única herramienta que tiene la oposición para forzar una negociación política. Ya no para la salida del gobierno de Maduro en lo inmediato sino para la realización de elecciones “libres y justas”. ¿Serán absolutamente libres y absolutamente justas? Es improbable: sería lo mismo que decir que Venezuela transita por un régimen democrático. Los factores de oposición tendrán que hacer su trabajo. Superar en algún grado importante su división actual (ni siquiera ha habido una declaración conjunta sobre la “cruzada anticorrupción”) y definir una agenda común sobre algunos aspectos acuciantes, en paralelo con la participación en las primarias. ¿Si está previsto firmar un programa mínimo compartido por qué no dar algunas muestras previas de remar en la misma dirección?
Es lo que reclama el empresario Jorge Botti. “Una agenda clara con hitos en lo electoral, lo político y retorno de garantías democráticas”. Botti sostiene que no hay forma de relanzar el país sin levantar las sanciones. “Nos guste o no, estamos obligados a resolver el dilema de fondo”, escribió en Twitter. Advierte que no es experto en transiciones y entiende que es un problema complejo porque “nadie hace concesiones sin tener elementos de presión y/o incentivos poderosos”.
“Pero hay una sola razón para mantener una comedida expectativa. Nada está pasando en las negociaciones en México. No hay ni fecha electoral (y Maduro juega con eso)”
Pero las medidas sancionatorias contra el régimen venezolano -cómo lo recuerdan Gustavo García y Henkel García en el programa 3 Contigo– son, en su mayoría, adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en el marco de un contexto político de acuerdo bipartito entre republicanos y demócratas, aunque haya habido desde el interinato de Juan Guaidó un laborioso trabajo de cooperación al respecto.
Henkel García recuerda, citando a José Ignacio Hernández, profesor de derecho constitucional y consultor, que desmontar las sanciones es más complejo que adoptarlas: “Se sobreestima el rol de la oposición, cuando esa una decisión exclusiva del gobierno de Estados Unidos y su Congreso”. Y Estados Unidos no olvida que el objetivo de las medidas es presionar por la realización de elecciones transparentes y supervisadas por la comunidad internacional. Su desmontaje, si se produjera, sería gradual y como contrapartida de una agenda de cambios verificables.
“Qué Maduro se vuelva más democrático no tiene el mayor sentido, de manera que hay que apuntalar la herramienta para que pueda favorecer el cambio político”, añade este analista e instructor en finanzas.
Y eso es lo que queda claro -para retomar el hilo inicial de este texto- luego de la reunión Biden-Petro. El dictamen sobre las sanciones aún no es definitivo. Es lo que puede llevar al régimen a la mesa de negociaciones otra vez.
El plan de Petro, que La Silla Vacía presenta como confidencial y al cual tuvo acceso o a algunas personas enteradas, reconoce dos elementos que pudieran favorecer la negociación: uno, la crisis de liquidez en el gobierno de Venezuela que ha hecho que no tengan para pagar sueldos de sus bases sociales; y, dos, que Biden dispone de un mayor margen de maniobra después de las elecciones de medio período. El artículo de La Silla Vacía, firmado por Daniel Pacheco, refiere que una persona cercana a la negociación con Washington admitió que “no había visto una disposición a remover sanciones como la que hay ahora…”.
Petro no se debe haber presentado ante Biden con las manos vacías. Sus cuatro encuentros con Maduro desde noviembre del año pasado -más la visita a Miraflores del canciller Álvaro Leyva el domingo 16 de abril- deben haber servido para preparar esa cita en el Despacho Oval, que de acuerdo a las imágenes fue distendida y cercana y con tiempo para hablar y precisar. ¿Es de esperar un gesto de Miraflores ahora? El texto de La Silla Vacía adelanta que puede ser la promesa de liberación de presos políticos a cambio de desbloquear los más de 3 mil millones de dólares acordados en noviembre en las negociaciones en México, que irían al fondo que administraría Naciones Unidas. Pronto sabremos si hay juego.