Al momento de escribir estas líneas estamos en plena Semana Santa de 2023, pero el tema tiene la pertinencia suficiente para dedicarle algunas palabras. Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela generan polémica y enfrentamientos, no solo entre funcionarios-partidarios del gobierno venezolano de turno y líderes-partidarios de la oposición, sino también se generan dentro de los mismos sectores democráticos.
Vale la pena recordar el por qué de las sanciones impuestas a Venezuela, que tienen un antecedente claro durante la parte final del gobierno de Barack Obama (2015), en el que a través de un decreto declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América”. Las razones expuestas en ese momento todavía siguen vigentes: Violaciones a los Derechos Humanos, corrupción y lavado de dinero.
Si bien Obama, y al comienzo del gobierno de Donald Trump, las sanciones se limitaban a sanciones personales y no generales, esto cambia a partir de 2017. Progresivamente el gobierno estadounidense, al no observar cambio alguno en el comportamiento del gobierno venezolano, escaló el alcance de las sanciones y las hizo más generales, enfocadas a la comercialización de petróleo y a las actividades del Banco Central de Venezuela. Uno de los objetivos era limitar los ingresos del gobierno venezolano, con la intención de limitar el posible daño que este pudiese causar a los ciudadanos venezolanos. Estas, sin duda alguna, son las que causan mayor polémica.
¿Las sanciones nos llevan a algo? Como apunta de manera reiterada el profesor Jorge Lazo, por sí solas no. Deben estar enmarcadas en una estrategia amplia y con muchos actores internacionales comprometidos a que estas logren un cambio político o un cambio de comportamiento de quienes ostentan el poder. El gobierno de Trump las escaló (algunos técnicos apuntan que de manera desordenada), parecía que tenían una estrategia clara, pero la realidad indica que ese momento de intensidad pasó.
“Hay que reconocer que todavía tienen una función en limitar los ingresos del Gobierno y también evita la liquidación de activos de la República. El caso del oro en Inglaterra es un muy buen ejemplo”
Casi todos coincidimos en que hay que reconsiderar el tema de las sanciones. Hoy, sin una estrategia clara, no tienen sentido. Por otro lado, hay que reconocer que todavía tienen una función en limitar los ingresos del Gobierno y también evita la liquidación de activos de la República. El caso del oro en Inglaterra es un muy buen ejemplo. Pero su función desde el punto de vista político es aún más relevante: representan prácticamente el único punto de peso que tienen los sectores democráticos de cara a una negociación.
Si son un “activo político”, lo sensato, lo conveniente para el país es utilizarlas de manera astuta. Que se desmonten sin obtener nada a cambio sería un gran error político y tampoco sería lo más beneficioso para los habitantes del país. ¿Tiene sentido pedir que se desmonten sin ver avances claros en materia electoral o de redemocratización?, ¿cuál va a ser la magnitud del impacto de ese nuevo escenario?, ¿la población venezolana verá mejoras importantes en su calidad de vida o esa mejora solo será para quienes ocupen el poder? Son solo algunas inquietudes que me pasan por la cabeza.
Como mencioné en redes sociales:
“Si estás resignado, es claro que lo que reclamarás es que no haya más sanciones. Si deseas cohabitar, también.
Pero hay un grupo importante de venezolanos que desean y se esfuerzan por resolver el problema de fondo”.
Entiendo la esperanza, para mí sin base, que tienen muchos sobre las posibilidades de mejora una vez que las sanciones sean relajadas. Pero, ¿de verdad piensan que con eso Venezuela “se va a arreglar”? El “problema de fondo” va mucho más allá de las sanciones, de hecho, se puede decir que son el origen de las sanciones. Es un sistema político que cercena libertades, que viola derechos humanos, que se ha quedado en el poder a pesar del deseo de la mayoría de los venezolanos, que ha sido corrupto a lo largo de estos 24 años, reconocido por ellos mismos, un régimen político que destruyó los vestigios de institucionalidad que teníamos, y que creó una institucionalidad alineada con sus intereses económicos y de permanencia en el poder.
Apuntemos nuestros esfuerzos hacia lo que realmente le traerá un cambio para el país, no nos resignemos y utilicemos el destino de las sanciones en una herramienta dentro de una estrategia mayor que nos lleve al cambio político que todos anhelamos.
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@HenkelGarcia