En Colombia, en las calles de Bogotá, Cúcuta, Medellín y tantas otras ciudades o pueblos, los venezolanos escuchan frases como “solo vienen a robar”, “quieren todo regalado”, “nos quitan las oportunidades”, y muchas más. Varias de estas son alimentadas por titulares de prensa y declaraciones oficiales que fomentan el odio y rechazo hacia los migrantes. Unos crean los estigmas y otros se encargan de mantener el discurso en diferentes esferas de la sociedad.
Las redes sociales son uno de los escenarios que más refleja esta situación. Según la plataforma Barómetro de Xenofobia, para finales de 2022 el discurso discriminatorio contra venezolanos en Colombia creció un 169%, teniendo en cuenta el aumento de publicaciones ofensivas, especialmente relacionadas con la reapertura de la frontera entre los dos países, que se oficializó el 26 de septiembre del año pasado.
En casos como este se ven con mayor frecuencia mensajes sobre los supuestos riesgos de permitir el tránsito de migrantes sin control y crece el uso de palabras como ‘plaga’, ‘pobres’ y ‘malandros’, según la plataforma. Aunque la xenofobia se dispara en casos específicos es un problema latente, una narrativa que explotan medios de comunicación y líderes de opinión pública a conveniencia.
A pesar de las campañas para reducir el discurso xenófobo en las salas de redacción y así mermar el estigma en las calles, hace falta más trabajo arduo para enfrentar el discurso antivenezolano. En este espacio, a partir de cifras, estudios y hechos, desmitificamos tres estigmas sobre la presencia de venezolanos en Colombia.
Inseguridad y violencia, más allá de las noticias
De los más de seis millones de venezolanos que han salido del país en busca de oportunidades o huyendo de la violencia estatal, cerca de 2,5 millones están en Colombia, según datos de la autoridad migratoria de ese país. De este número, cerca de 500.000 estarían en Bogotá.
Esa capital, al ser el principal destino de los migrantes, probablemente por la mayor oferta laboral, también es uno de los principales focos de xenofobia. En todos los estratos socioeconómicos se escuchan comentarios xenófobos. Algunos contra las mujeres, la presencia de niños en colegios oficiales o la entrega de ayudas a los recién llegados, pero principalmente por el supuesto impacto de la migración en el aumento del crimen y la violencia.
“El Fondo Monetario Internacional asegura que contratar población migrante puede incrementar el Producto Interno Bruto de países como Colombia en hasta 4,5 puntos porcentuales para el año 2030”
La máxima autoridad administrativa de la ciudad, la alcaldesa Claudia López, ha lanzado frases y acusaciones que muchos consideran xenófobas. Por ejemplo, en agosto de 2021, propuso crear un comando especial para perseguir a delincuentes venezolanos. Los ataques eran una forma de explicar el incremento de 15,2% en la tasa de homicidios y del 21,7% en el número de hurtos a personas.
Pero las mismas versiones oficiales se encargaron de desmentir a la alcaldesa, pues los reportes de la Policía de Bogotá estimaron que, de las 17.000 capturas hechas a la fecha, apenas 2.470 eran de ciudadanos venezolanos. Si bien no es una cifra menor, los expertos señalaron que seguía siendo marginal y que las autoridades no tenían explicaciones sobre si cada captura correspondía a delitos cometidos con violencia.
La misma Claudia López fue una de las que más difundió, a finales de 2022, que la llegada al país de la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua era el principal factor de inseguridad en esa capital. Sin embargo, los expertos han señalado que se trata de un discurso sin sustento que termina desviando la atención sobre los verdaderos focos de violencia.
“El Tren de Aragua ni siquiera ha logrado controlar Caracas, mucho menos podría poner en jaque a Bogotá (…). Hablaría muy mal de la gestión en seguridad en Bogotá que esa banda sea la causante de todos sus males”, dijo a La Silla Vacía la periodista Ronna Rísquez, que lleva más de cuatro años investigando a ese grupo criminal. “Los criminales locales son lo suficientemente malos como para dejarse quitar el mercado. Los delincuentes venezolanos trabajan para colombianos”, aseguró César Restrepo, director de Seguridad Urbana de ProBogotá, a El Espectador.
Por otra parte, un estudio de International Crisis Group estimó que, si bien es cierto que el Tren de Aragua le disputa a la criminalidad colombiana algunas rentas ilegales, no tienen la capacidad de controlar la ciudad. “Mientras que la atención pública se enfoca en bandas venezolanas, las colombianas se mueven tras la cortina de humo del crimen organizado venezolano que supuestamente se está tomando el mercado de microtráfico”, dice el estudio.
De hecho, esta organización entrevistó a algunos líderes de bandas colombianas que aseguraron estar conformes con la excesiva atención que se les da a los grupos de venezolanos. “Eso es lo que necesitamos, que todo el mundo piense que son ellos (…) que toda el agua sucia se vaya para ellos y no para nosotros. Nosotros seguimos limpios y andamos tranquilos”, dijo uno.
A todo esto se suma que en la ciudad hacen presencia poderosos grupos armados que controlan el microtráfico de drogas, las extorsiones y el sicariato. En las listas de los organismos de inteligencia aparecen algunos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Según la Defensoría del Pueblo, en algunos casos, estos grupos ‘instrumentalizan’ ciudadanos venezolanos para delinquir.
“Algunos creen que entre más venezolanos ingresen a su país será más difícil competir por un puesto de trabajo. Una situación que preocupa teniendo en cuenta que Colombia, según el último dato disponible, tiene una tasa de desempleo del 13,7%”
El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses aporta otra perspectiva a la discusión. La entidad señala que los venezolanos en Colombia, lejos de ser principales victimarios, también son víctimas de la criminalidad. Entre enero de 2017 y marzo de 2022 se han registrado 4.129 muertes violentas de ciudadanos venezolanos, siendo el homicidio la causa principal, con 2.558 víctimas.
En cuanto a la capturas, la entidad reportó que los migrantes representan un 9,7% del total. En el análisis los delitos relacionados son tráfico o porte de estupefacientes, hurto a personas, hurto a entidades comerciales, porte de armas, lesiones personales, receptación, violencia intrafamiliar y homicidios. Este último solo representa el 2% de los delitos cometidos.
En suma, los datos e investigaciones de organizaciones especializadas demuestran que el estigma que vincula a los migrantes venezolanos con el aumento de la criminalidad en Colombia nace, en la mayoría de casos, de la utilización del prejuicio por parte de medios de comunicación y figuras políticas, que se benefician al incrementar sus audiencias y desviar la atención sobre las fallas en la política de seguridad, respectivamente.
Los analistas coinciden en que ‘venezolanizar’ la inseguridad en Colombia oculta las causas reales del problema y, por el contrario, desata otra crisis: la xenofobia, que a la larga genera más violencia.
“Nos vienen a quitar el trabajo”
Esta es una de las conclusiones a la que muchos colombianos llegan haciendo cuentas y análisis superficiales. Algunos creen que entre más venezolanos ingresen a su país será más difícil competir por un puesto de trabajo. Una situación que preocupa teniendo en cuenta que Colombia, según el último dato disponible, tiene una tasa de desempleo del 13,7%.
Este prejuicio, uno de los que más motiva ataques xenófobos, no es fácil de desmontar. Sin embargo, al revisar los datos oficiales, la realidad salta a la vista. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2022, un 85% de la población venezolana en Colombia reportó problemas para conseguir empleo pago. Además, un 80,8% de los migrantes que sí consiguieron trabajo reportaron tener contratos verbales; es decir, sin garantías de un sueldo digno y seguridad social.
La exigencia de documentos difíciles de conseguir, las malas condiciones laborales y la discriminación por su nacionalidad son las principales trabas de los migrantes para obtener un empleo. Según la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), del total de venezolanos ocupados solo el 9% está afiliado al sistema de salud y el 3% al sistema pensional.
Para este gremio, la falta de empleo para los migrantes es un problema mayúsculo, pues no solo implica mayores cargas para el Estado colombiano, sino que también se traduce en la pérdida de un importante potencial laboral. Además señala, que incluir migrantes venezolanos en las plantas de empresas colombianas promueve la sana convivencia y por ende una sociedad democrática abierta a los cambios.
“La inclusión laboral del migrante tiene beneficios en varios niveles: nacionales, empresariales, culturales y humanitarios. Al insertar al migrante en un puesto de trabajo, este pasa de ser un “costo” para el país a ser un aportante de parafiscales e impuestos. Además, al ser contratado con un ingreso fijo, el migrante es un consumidor de servicios públicos, alimentos y vivienda, generando un impacto positivo en la economía del país”, dice la ANDI.
Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que contratar población migrante puede incrementar el Producto Interno Bruto de países como Colombia en hasta 4,5 puntos porcentuales para el año 2030. “No observamos indicios de que los migrantes estén desplazando a los trabajadores nacionales, aunque sí detectamos presiones a la baja sobre los salarios en el sector informal”.
“Según la Asociación Nacional de Industriales, del total de venezolanos ocupados solo el 9% está afiliado al sistema de salud y el 3% al sistema pensional”
Los datos de este organismo también permiten evidenciar que los venezolanos en Colombia, y en general en todos los países de América Latina que han recibido población migrante, ganan 30% menos que los trabajadores locales. Esto sucede porque los migrantes con altos niveles de educación sólo consiguen empleos no calificados.
“La brecha salarial de la población migrante frente a los colombianos es de más de 30 puntos porcentuales. De hecho, por cada 100 dólares que recibe un colombiano, el migrante venezolano recibe solo 68,15 dólares”, señala un estudio de Dejusticia, en el que también se revela que, para 2019, mientras los colombianos trabajaban 44,73 horas a la semana, los migrantes trabajaban cerca de 50,49 horas semanales.
A pesar de la masiva entrada de venezolanos a Colombia y del estigma sobre su supuesto rol nocivo para el mercado laboral, lo cierto es que los migrantes y refugiados continúan encontrando barreras en los procesos de inclusión laboral, que incluso se hacen presente en el desarrollo de microempresas y emprendimientos. A todo esto se suma la brecha de género, pues aunque hay más mujeres migrantes, su participación en el mercado laboral es menor, ya que la tasa de desempleo para los hombres venezolanos es de 9,3% y la de las mujeres alcanza el 22,05%.
A fin de cuentas, hace falta vigilancia y control para asegurarse que los empleadores no aprovechen la vulnerabilidad de los migrantes para explotarlos y pagarles menos. En lugar de tener la atención en las quejas, el Estado debería enfocarse en garantizar empleo digno para todos y todas, sin importar la nacionalidad.
La supuesta “sobrecarga” del sistema educativo
Uno de cada cuatro venezolanos en Colombia es niño, niña o adolescente. Para julio de 2021 había más de 479.800 alumnos matriculados en el país vecino, el 93% en el sector oficial. Pese a que la educación es un derecho, otro de los mitos sobre la migración señala que este fenómeno satura el sistema educativo público y les quita opciones a los estudiantes colombianos.
Sin embargo, para ese mismo año, solo el 5% del total de la cobertura educativa de ese país correspondía a estudiantes venezolanos. Con esa cifra no se puede hablar de una sobrecarga. Pero, además, la asignación de cupos en los colegios públicos funciona por oferta y demanda. El Estado entrega un monto a cada institución por los niños o niñas, independientemente de si son colombianos o venezolanos.
Por otro lado, educar a los migrantes traerá ventajas para Colombia, para su economía y desarrollo, no hacerlo, por el contrario, solo reproduce la pobreza. A todas luces es falso que los estudiantes provenientes de Venezuela les quiten los cupos a los nacionales colombianos, lo que sí es cierto es que la xenofobia ha llegado hasta los colegios.
“A veces nadie quiere jugar conmigo porque soy venezolano”, escribió un niño en un taller realizado en Bogotá. Esta frase pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades garanticen espacios seguros para niños y niñas.
¿Golpe a la salud?
Según la Federación Médica Venezolana, cerca de 42.000 trabajadores de la salud han abandonado el país debido a la crisis del sistema. Los malos salarios, la pésima infraestructura hospitalaria y la falta de medicamentos los empujan a dejar sus carreras y buscar suerte en otro lugar. Se trata de un círculo vicioso en el que los médicos dejan sus puestos por falta de condiciones y los ciudadanos deben hacer lo mismo, para buscar atención en alguna ciudad de Colombia.
Cúcuta fue, probablemente, la primera que recibió una oleada de migrantes que además de buscar una forma de subsistir necesitaban atención médica, bien fuera por un problema que surgió en el camino o para intentar continuar algún tratamiento especializado. En el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, ya de por sí muy saturado, empezaron a verse día tras día más venezolanos, una situación que molestó a los locales.
“Para ANDI, incluir migrantes venezolanos en las plantas de empresas colombianas promueve la sana convivencia y por ende una sociedad democrática abierta a los cambios”
Rápidamente se extendió el rumor y los medios y autoridades políticas empezaron a difundir la información como si se tratara de una invasión, en la que los venezolanos iban a usurpar los servicios médicos que pagaban los colombianos. El caso de Cúcuta se repitió en Bucaramanga, Riohacha, Santa Marta, Arauca, Bogotá y en general en todo el país.
Varios medios publicaron noticias sobre la entrada de venezolanos que propagaban enfermedades como difteria y sarampión o acerca de los sobrecostos para el sistema colombiano. En el primer caso, si bien es cierto que algunos migrantes no tenían acceso a vacunas o tratamiento médico, por la misma crisis de la salud en Venezuela, es de resaltar que la transmisión de algunas enfermedades es algo normal en el contexto de las migraciones.
“En todo desplazamiento humano existe la posibilidad de un incremento de transmisión de enfermedades. Por ejemplo, en los mundiales de fútbol, donde se congregan personas provenientes de muchas nacionalidades, se realizan controles de epidemia para evitar eso”, asegura el epidemiólogo colombiano Julián Fernández, quien trabajó para el Ministerio de Salud.
En cuanto al tema de la sobrecarga presupuestal, los expertos indican que atender a los migrantes en la frontera y recibirlos sin problemas en los hospitales es la mejor opción para el país, pues se trata de prevenir complicaciones que a la postre son más costosas para el sistema de salud. Aun así, algunos medios insisten en mantener abierto el tema de los gastos y aseguran que el país gasta billones de pesos al año en atención a los migrantes, pero no existen cifras que lo comprueben.
En cambio, según un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el costo por año estaría rondando los 72.000 millones de dólares, algo así como el 0,007% del PIB colombiano. En este punto hay que tener en cuenta que Colombia ha recibido millonarias donaciones de países y organizaciones extranjeras que ayudan a mitigar los efectos de la migración.
En cualquier caso, teniendo en cuenta los acuerdos firmados por el Estado colombiano y varios más, las autoridades políticas y administrativas están obligadas a prestar servicios de salud a los migrantes de cualquier país. Más que un tema sanitario o monetario, se trata de gestos humanitarios.
La situación de las mujeres migrantes
Frases como “quita maridos” para referirse a las mujeres venezolanas están presentes en las conversaciones cotidianas en Colombia. Lo cierto es que las migrantes buscan mejores oportunidades para ellas y para sus familias, pero se chocan con xenofobia y discriminación.
El estatus migratorio aumenta su vulnerabilidad y las expone a ser víctimas de violencia basada en género, como lo demuestra una investigación de Amnistía Internacional. Este documento detalla que, pese al subregistro en las denuncias, en 2020 se reportaron 4.165 casos de este tipo de violencia. Dentro de las causas que encontró este estudio están los prejuicios relacionados con la sexualidad de las migrantes, “a quienes catalogan como ‘roba maridos’ o como trabajadoras sexuales”.
“Yo como migrante paso por algún lugar y nadie me contesta o me ignoran. Nosotras, siendo mujeres venezolanas, para las colombianas somos prostitutas o les quitamos el marido y hay mucha xenofobia, hasta con los niños”. Este es el testimonio de una mujer migrante en Cúcuta, recopilado por Alianza por la Solidaridad para una investigación sobre violencia basada en género. En este análisis se detallan algunas de las violencias que sufren las migrantes, dentro de las más comunes en su estadía en Colombia se encuentra la violencia verbal, sexual, emocional o psicológica, económica y física.
Análisis de redes sociales confirman la hipersexualización. En publicaciones dirigidas explícitamente a mujeres migrantes se encuentran palabras como “trabajadoras”, “robando”, “venecas”, “sexo”, “males”, “cuerpo” y “sexuales”. Estos prejuicios, entre otras cosas, las exponen más a la violencia sexual. Y a la hora de acudir a la justicia también son vulneradas, Amnistía Internacional concluyó que Colombia y Perú, los dos países que analiza el informe, fallan en garantizar los derechos de las mujeres venezolanas, quienes se chocan con la xenofobia y el machismo cuando intentan denunciar. La violencia está en todos los espacios, en la ruta migratoria y las ciudades en las que deciden quedarse; en el ámbito familiar, por parte de sus parejas o exparejas; en los espacios de trabajo, entre otros. Lo más complicado es que en la mayoría de los casos las migrantes no cuentan con redes de apoyo ni con independencia económica para salir de los ciclos de violencia. A la larga, estos imaginarios las exponen a más violencia.