Para calcular la magnitud del riesgo que significa el ataque emprendido por la dictadura contra las ONG establecidas en Venezuela, ahora recrudecido en las sesiones de la Asamblea Nacional (AN) controlada por el PSUV, basta con detenerse en el quiosco del barrio para comprar los periódicos del día. Encontraremos chucherías y grata conversación, pero, desde hace ya mucho tiempo, ningún impreso sobre lo que sucede frente a nuestras narices. No hay diarios ni semanarios porque, a través de diversos mecanismos -compra, cierres compulsivos y amenazas descaradas- los mandones los sacaron de circulación. La radio no tapa el agujero debido a que las emisoras, para mantenerse con vida y solo en ocasiones excepcionales, apenas se atreven con contadas noticias que incomoden a los supervisores del oficialismo. Se da así el caso de que ni siquiera sepamos del trabajo de los partidos políticos de oposición, debido a que no hay manera habitual de enterarse de lo que hacen para acompañar a la sociedad en sus calamidades. Solo los portales independientes tratan de conectarnos con la realidad cuando superan los bloqueos de un brutal alicate, o si algún benefactor sigiloso se atreve a sostenerlos con su apoyo.
De un vistazo de tal realidad se desprende el cúmulo de trabas que se han impuesto a la actividad de agentes sociales que son esenciales para el restablecimiento de la democracia. Los ciudadanos que, por razones de oficio y vocación, deben crear el vínculo entre la sociedad y sus desventuras; las profesiones llamadas a acicatear la conciencia colectiva, o las instituciones que cumplían el propósito antes del ascenso del chavismo, han sido condenadas a subsistir en un oscuro rincón, o a desaparecer sin la esperanza de la resurrección. Existió un puente entre las necesidades de la colectividad y su difusión pública, que se volvió frágil y estrecho hasta el extremo de que resulte aventurado afirmar que todavía sirve para cumplir su objetivo. Un puente hecho espontáneamente durante el período democrático por un conjunto de individualidades, sin dependencia de organizaciones partidistas ni de fondos de erario, conviene recalcar. ¿Cómo va a funcionar ese puente, renovado por fortuna hace unos veinte años, si la dictadura ha hecho de su destrucción una meta esencial?
“¿Cómo va a funcionar ese puente, renovado por fortuna hace unos veinte años, si la dictadura ha hecho de su destrucción una meta esencial?”
A partir de la segunda mitad del siglo XX, en Europa y en los Estados Unidos comenzaron a establecerse asociaciones privadas sin fines de lucro para la protección de los valores y para la reivindicación de conductas que la Segunda Guerra Mundial había puesto en las puertas del cementerio, o para evitar los riesgos que suponía la imposición de los principios soviéticos durante la guerra fría. Catástrofes como las matanzas generalizadas que provocaron los nazis, y más tarde las de Corea y Vietnam animadas desde el Pentágono; o violencias sin cuento contra los derechos de las minorías en diversas latitudes, o hambrunas sin justificación ni explicación razonable, condujeron a la creación de organizaciones de inspiración universal que buscaran soluciones que no se limitaran a lo local, o que ofrecieran mensajes que no se redujeran a ámbitos nacionales. Como solían chocar con los intereses de regímenes poderosos, o con las ambiciones de partidos y banderías, abrieron un camino de autonomía que hoy ocupa lugar imprescindible en sentido panorámico. Así sucedió en Venezuela desde hace dos décadas, por lo menos, con prólogos de interés, una actividad que hoy la dictadura quiere desarraigar.
Pero estamos ante una historia más antigua y digna de memoria. Se remonta a los tiempos de la Ilustración, médula del pensamiento del siglo XVIII, cuando se divulgó el principio de la universalidad de la razón y la necesidad de imponerla sin atenerse a barreras regionales o comarcales. Nacida en las páginas de la Enciclopedia para liquidar los prejuicios del llamado Antiguo Régimen, encontró acogida en luminarias individuales del mundo occidental y, mucho después, a partir de las depredaciones del XIX y de las guerras mundiales del siglo siguiente, en el proyecto de crear asociaciones oficiales -al comienzo la Sociedad de las Naciones y la Unión Panamericana, por ejemplo- que apuntalaran una causa imprescindible para la humanidad toda. De esa orientación, y de los valores divulgados por sus promotores, vienen nuestras ONG que la dictadura quiere aniquilar a través de una legislación que está a punto de aprobar en su AN.
De acuerdo con el proyecto de ley que circula en la AN oficialista, las ONG que funcionan en Venezuela tienen una historia distinta: son tentáculos de una hegemonía imperial que conspira o puede conspirar contra la soberanía de la nación. Por consiguiente, deben someterse a rigurosas medidas de inspección que, si no las acaban del todo, pueden reducir sus actividades en términos escandalosos. Para que tengan una idea más cabal del propósito de asfixia que la dictadura persigue, quizá baste con saber que el proyecto se inspira en una regulación establecida ya por el gobierno de Bolivia, que no es precisamente un lucernario de democracia ni un testimonio de la profundidad del pensamiento latinoamericano.
Si ya no podemos informarnos cabalmente, si cada vez se han despedazado más las conexiones con la realidad circundante, hechas por las personas que las saben hacer; si ya se ha perseguido con saña y cálculo a los factores que antes permitían que nos sintiéramos como partes de un compromiso o de un desafío compartido, ¿cómo haremos sin las organizaciones que hoy velan por nuestros presos, por nuestra libertad de expresión, por la salud y la alimentación del pueblo sin sacar ni una locha de las arcas públicas?