Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro.
Juan Pablo II
Uno de los temas en las discusiones sobre el futuro de Venezuela es la deuda pública externa, valorada en no menos de 140.000 millones de dólares. Como hemos explicado en La Gran Aldea, esa deuda no solo es consecuencia de títulos y bonos emitidos principalmente por la República y PDVSA, y que hoy están en incumplimiento. También se incluye la deuda derivada de expropiaciones, así como del incumplimiento de contratos. Un caso especial es la deuda de PDVSA, cercana a los 72.000 millones de dólares. Una porción importante de esa deuda deriva de incumplimientos con contratistas de la estatal petrolera, incluyendo los socios minoritarios de las empresas mixtas.
La solución integral al problema de la deuda es su renegociación, lo que debe partir de amplios acuerdos políticos. Pero como sea que no hay condiciones para esa renegociación, se ha generado una situación de desorden, en el cual hay diversos activos externos en riesgo -el más emblemático de todos es Citgo-. En el medio de ese desorden, algunos acreedores se han favorecido.
Así, en 2021 algunos tenedores de bonos -no identificados- lograron beneficiarse en una operación poco transparente de canje de deuda por la participación accionarial de PDVSA en una refinería en el extranjero. Otro emblemático caso es Chevron, que gracias a la licencia emitida por el Gobierno de Estados Unidos y contratos (hasta ahora, confidenciales) con el Gobierno de facto de Maduro, comenzaron a recibir petróleo como pago de la deuda comercial que mantiene con PDVSA.
Y mientras Chevron acaba de recibir un tercer cargamento de petróleo como pago de su deuda, en Venezuela los maestros protestan por condiciones económicas dignas en defensa de sus derechos económicos y sociales.
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En el desorden de la deuda pública externa, y en el medio de operaciones poco transparentes, hay un acreedor que ha quedado olvidado: las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es imperativo reparar la injusticia que se ha cometido al no facilitar mecanismos para que esas víctimas puedan beneficiarse de reparaciones económicas.
Una de las consecuencias de la violación de derechos humanos aceptada en el Derecho Internacional es la reparación, incluso, económica. Esta reparación es una forma de justicia restaurativa que se orienta, junto con otras medidas más, a restablecer la dignidad de las víctimas.
“La experiencia comparada demuestra que los litigios individuales son ineficientes para lograr reparaciones a las víctimas. Lo más eficaz es promover remedios colectivos que formen parte del litigio estratégico de derechos humanos”
En Venezuela, las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden clasificarse en dos grupos. Por un lado, encontramos las víctimas colectivas de la Emergencia Humanitaria Compleja. Esa emergencia, como concluyó el panel de expertos designado por la OEA, respondió a políticas violatorias de derechos humanos adoptadas por el Gobierno de Venezuela. Tal es el caso, también, de quienes tienen la condición de refugiados en la crisis migratoria venezolana, como concluyó la Comisión Interamericana.
Por el otro lado, encontramos a víctimas individuales, pero que responden a políticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas políticas tipificadas como delitos en el Estatuto de Roma. Estas víctimas ya han sido identificadas en el Sistema Interamericano, así como por diversos organismos de la ONU, incluyendo la Misión internacional independiente de establecimientos de los hechos. Muy en especial, estas víctimas individuales forman parte de la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. A estos efectos, se ha otorgado hasta marzo de 2023 para que las víctimas presenten su testimonio para justificar la necesidad de seguir con esa investigación.
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Como la profesora Jacqueline Bhabha ha concluido recientemente, las reparaciones a las víctimas suelen ser parte de las políticas de justicia transicional adoptadas con posterioridad al conflicto. Tal y como observó Benjamin Ferencz, para evitar la venganza, las víctimas de la opresión deben saber que sus opresores serán traídos a la justicia, y deben hacerse esfuerzos para reparar las heridas de aquellos que han sufrido.
Hasta ahora, la reparación a las víctimas venezolanas ha sido relegada a un momento futuro en el cual se implemente la justicia transicional. Pero ante lo incierto de la transición política en Venezuela, esperar no luce como una acción adecuada.
Sin embargo, la reparación a las víctimas no encuentra condiciones apropiadas en la realidad política venezolana. Así, el Gobierno de facto de Nicolás Maduro ha adoptado una muy ambiciosa reforma legislativa para simular la existencia de investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos, con el propósito de impedir la investigación de la Corte Penal Internacional, sobre la base del principio de complementariedad. Esta posición coincide con la estrategia recomendada por algunos sectores, según la cual la investigación ante la Corte, al igual que la política de sanciones, crea obstáculos para la transición. Como se observa, aquí se apuesta por una transición basada en la impunidad.
Pero hay que recordar, como se ha resaltado en un libro reciente, que los regímenes autoritarios han aprendido a simular reformas para dar cumplimiento a sus obligaciones de derechos humanos, en una actitud claramente hipócrita. Tal es, precisamente, el caso de Venezuela, pues como concluyó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las reformas adelantadas por Maduro tan solo suponen una apariencia de investigación, que incumple los estándares internacionales.
Del lado de la oposición venezolana tampoco hay una política de reparación. El Estatuto de Transición aprobado en 2019 decidió diferir la reparación a la etapa posconflicto, luego del “cese de la usurpación”, que nunca llegó. Mientras tanto, las disputas internas en el seno de la Asamblea Nacional de 2015 debilitaron la capacidad de aliviar el sufrimiento de los venezolanos. La única excepción fue el programa Héroes de la Salud implementado -tras notables retrasos debido a esas disputas políticas internas- hacia septiembre de 2020. Esas discusiones impidieron replicar esta iniciativa en otros sectores, a pesar de contarse con activos externos para ese propósito.
Además, luego de la inconstitucional decisión de eliminar la presidencia encargada, la situación de las víctimas es más precaria. Así, la Asamblea Nacional decidió eliminar la representación de Venezuela ante la OEA, perjudicando a las víctimas del Sistema Interamericano. Por otro lado, el interés sobre los “activos externos” en el seno de la Asamblea, parece limitarse a una disputa por su control partidista.
Tampoco es claro que Maduro y la oposición puedan trabajar constructivamente para aliviar el sufrimiento de los venezolanos. En noviembre de 2021 se firmó en México el segundo acuerdo social, que incluye la creación de un fondo con “activos bloqueados” para financiar programas sociales. El acuerdo empleó un lenguaje muy impreciso, generándose además falsas expectativas al señalarse que el fondo sería de tres mil millones de dólares, cuando lo cierto es que el acuerdo no establece monto alguno.
Maduro, aprovechándose de la confusión, ha denunciado que la oposición incumplió el acuerdo, ante lo cual la oposición ha respondido diciendo que Maduro es quien sabe dónde están los activos. Todavía es posible hacer que el fondo funcione, si la atención se centra hacia donde debe enfocarse. No obstante, ante lo imperfecto del acuerdo social (en términos de definición de las obligaciones) y la ausencia de mecanismos de solución de controversias, las partes pueden extender estos mutuos señalamientos indefinidamente.
En pocas palabras: las víctimas de derechos humanos no tienen espacios en Venezuela para avanzar en la reparación.
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Ante esa situación de desatención, las víctimas han intentado iniciativas individuales para lograr la reparación. Un caso emblemático es el de los familiares del concejal Fernando Albán, torturado y asesinado por el gobierno de Maduro, y que recientemente obtuvieron una sentencia de condena a su favor en Estados Unidos. Ahora inicia el largo camino para intentar ejecutar esa sentencia, con el agravante de que no cuentan con el apoyo del Gobierno de Venezuela (más allá de las dudas sobre quién representa a ese Gobierno en Estados Unidos).
La experiencia comparada demuestra que los litigios individuales son ineficientes para lograr reparaciones a las víctimas. Lo más eficaz es promover remedios colectivos que formen parte del litigio estratégico de derechos humanos.
Las víctimas de las FARC, en un caso que he analizado con detenimiento aquí, lograron organizarse para cobrar una sentencia de reparación en contra de activos de PDVSA, e incluso, activos propiedad de personas señaladas por sus vínculos con la corrupción, como es el caso de Leonardo González Dellán, Samark López y Raúl Gorrín. Esas víctimas, de hecho, ya han logrado embargar algunas cuentas de PDVSA y algunos activos de las personas sancionadas por sus vínculos con Maduro.
Sin negar el derecho a la reparación de las víctimas de las FARC, lo cierto es que, según el Derecho Internacional, las víctimas venezolanas de violaciones de derechos humanos deben tener una posición de preferencia para ejecutar activos externos como mecanismo de compensación. Atenta contra la justicia que mientras acreedores de la deuda financiera y no-financiera estén cobrando parte de su deuda, las víctimas venezolanas estén desasistidas.
La ausencia de mecanismos de reparación es una violación adicional a los Derechos Humanos de las víctimas. Por ello, el tiempo para reparar a las víctimas venezolanas es ahora.