A inicios de noviembre de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro anunció que no continuaría el pago de la deuda pública externa financiera, prometiendo una renegociación que, al día de hoy, sigue siendo una promesa incumplida. Podríamos referirnos a este evento como la crónica de un default anunciado. Pues lo cierto es que desde mucho antes la crisis de la deuda Venezolana -y la posibilidad de un default- eran más que evidentes. Maduro siempre negó esa posibilidad, apoyado además por algunos analistas y firmas que, a pesar del inminente colapso, insistían que el riesgo de Venezuela no era relevante.
Cinco años después, el incumplimiento de la deuda ha derivado en decenas de litigios internacionales, medidas de embargo sobre activos externos y, en suma, en una compleja situación legal que, en los próximos meses, podrá complicarse incluso más para crear una suerte de tormenta perfecta.
Los orígenes de la insostenible deuda pública externa
Tal y como explico en mi libro sobre este tema, la deuda pública externa de la República podría estimarse en cerca de 68.434 millones de dólares, mientras que la deuda de PDVSA sería de 72.321.00 millones de dólares. Esto incluye a la deuda financiera (de 107.388 millones de dólares) y la deuda no-financiera, derivada de incumplimientos contractuales y expropiaciones (calculada en no menos de 33.000 millones de dólares).
“Como en el cuento de la lechera, las ambiciones se han centrado en los activos, olvidando lo obvio: que junto a los activos están los pasivos, que superan en creces a los primeros. Venezuela no tiene activos: solo tiene pasivos”
Este endeudamiento fue producto de la inconstitucional concentración de funciones en la Presidencia de la República, lo que permitió aumentar la deuda para financiar al modelo socialista. En simultáneo, este modelo destruyó los mecanismos de mercado y la capacidad de PDVSA de producir petróleo, derivando en reclamos por expropiaciones e incumplimientos contractuales. Por ello, ya para 2014 los profesores Ricardo Hausmann yMiguel Ángel Santosanticipaban que Venezuela haría default en su deuda.
Pero el entonces gobierno de Nicolás Maduro optó por diferir la renegociación de la deuda, en parte, pues había decidido desconocer a la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015. Sin acceso a los mercados, en 2016 Maduro dispuso extraer miles millones de dólares a través de endeudamientos de PDVSA y CITGO. Esto incluyó el canje de ciertos bonos de PDVSA por los Bonos 2020, garantizados -inconstitucionalmente- con el 50,1% de las acciones de CITGO.
La emisión de los Bonos PDVSA 2020 fue valorada por algunos analistas como una decisión razonable que disminuiría el riesgo país. Los pronósticos fallaron: un año después Maduro pagó los bonos PDVSA 2017 que no habían sido canjeados, y decidió incumplir con el resto de la deuda. El default, que en 2014 muchos negaron, llegó finalmente. Por cierto: la crisis de la deuda fue anterior a la política de sanciones. Con lo cual, esta política no afectó la capacidad de endeudamiento externo, que ya para 2016 era inexistente.
Los activos externos que se han perdido (y los que por ahora se han salvado)
El default de la deuda derivó en litigios internacionales que con el tiempo han ido creciendo. En los juicios bajo control del régimen de Maduro diversos acreedores han obtenido embargos, y otras medidas que han afectado el patrimonio público venezolano. Así, entre otros, sobresalen los siguientes activos que se han perdido o están en riesgo:
*PDVSA perdió la participación de control sobre Nynas, la refinería en Suecia, en condiciones poco claras.
*Lo que queda de las acciones en Nynas pertenece a la filial holandesa de PDVSA, Propernyn. Pero los acreedores han embargado esas acciones, y podrían así hacerse con el control de lo que queda en Nynas.
*Otros activos de PDVSA en el Caribe han sido igualmente afectados, como es el caso del terminal en Bonaire, como ya había sucedido con activos de PDVSA en Curazao.
*Las refinerías en el cuales participa PDVSA en el Caribe también se han visto afectadas. Así, en condiciones poco transparentes, PDVSA decidió ceder su participación en la refinería de República Dominicana. Por su parte, el Gobierno de Jamaica expropió la participación de PDVSA en la refinería de ese país (lo que fue aprovechado por acreedores para embargar el pago de la justa indemnización).
*Algunas de las cuentas bancarias del Gobierno de Venezuela en Novo Banco (Portugal), igualmente han sido embargadas.
Mientras tanto, CITGO -el principal activo externo- ha logrado preservarse a pesar del default desordenado de la deuda. Esto es resultado de la defensa judicial adoptada desde febrero de 2019 y que se complementó con las medidas de protección derivadas de las sanciones, vigentes desde diciembre de 2019. Pero esas defensas no durarán para siempre.
La tormenta perfecta de la deuda
El default de la deuda pública externa ha derivado, como vimos, en decenas de litigios internacionales y en algunos activos perdidos. Pero incluso así, lo cierto es que el número de litigios sigue siendo relativamente bajo, si consideramos que toda la deuda de más de 140.000 millones de dólares está en incumplimiento. Sin embargo, creemos que Venezuela se aproxima a la tormenta perfecta de la deuda pública externa en los próximos meses, principalmente, por tres razones.
La primera razón es la extinción del Gobierno interino -y de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional- a partir del 5 de enero de 2023, según la reforma del Estatuto de Transición aprobada en 2022. Esto podrá trasladar la defensa judicial y el control de los activos del Gobierno interino al régimen de Maduro. Además, como la OFAC ya ha anticipado, este cambio podría incidir en la política de sanciones y de protección de activos.
La segunda razón es que en el 2023 comenzarán a prescribir las obligaciones de la deuda, pues de acuerdo con el Derecho de Nueva York -aplicable como regla a la deuda financiera- ese lapso de prescripción es de seis años. Una alternativa para los acreedores es celebrar acuerdos para extender esa prescripción (llamados “tolling agreements”), lo que no parece posible debido a la crisis política del Gobierno de Venezuela: Maduro ha ofrecido celebrar esos contratos, pero no tiene capacidad legal, y el Gobierno interino -que al menos hasta el 5 de enero de 2023 sí tiene capacidad legal- abandonó la estrategia frente a la deuda, como resultado de pugnas políticas internas.
La tercera razón es que hay expectativas de que PDVSA pueda aumentar las exportaciones petroleras mediante contratos suscritos con empresas petroleras internacionales, a las cuales el Gobierno de Estados Unidos podría otorgar licencias o cartas de dispensa. El ingreso petrolero será un imán para los acreedores que, pacientemente, han aguardado la renegociación.
Esto permite entender, por ejemplo, por qué hay fondos privados europeos interesados en comprar deuda Venezuela, cuyo precio en el mercado secundario es de apenas centavos de dólar. La recuperación económica de Venezuela -asumiendo que esa recuperación pueda darse- va a requerir, tarde o temprano, renegociar toda la deuda. Ante ese escenario, la mejor opción para los acreedores es organizarse de manera colectiva -o en su caso, concentrar títulos de deuda- para aumentar su poder de incidencia y negociación.
“La tormenta perfecta de la deuda pública venezolana, a partir de 2023, aconseja incluir el tema de la deuda pública externa en la agenda. Pues ya sabemos cómo termina el cuento de la lechera”
¿Y ahora qué?
El problema de la deuda está subestimado. Así, el interés se ha centrado en promover acuerdos políticos para manejar activos externos con fines humanitarios. Algunos incluso ya cuentan los barriles de petróleo que producirá PDVSA con sus socios privados. Como en el cuento de la lechera, las ambiciones se han centrado en los activos, olvidando lo obvio: que junto a los activos están los pasivos, que superan en creces a los primeros. Venezuela no tiene activos: solo tiene pasivos.
A fines de 2018 el diagnóstico generalizado era que el default de la deuda venezolana llevaría a perder CITGO junto al resto de activos externos. Los pronósticos no se cumplieron. A pesar de que muchos activos externos bajo responsabilidad del régimen de Maduro se han perdido, CITGO sigue protegida. Incluso, hoy día CITGO tiene muy buenos resultados económicos (lo que muestra el éxito de la estrategia de defesa de ese activo).
Los acreedores han aguardado por cinco años la anunciada renegociación de la deuda. Pero esa paciencia tiene límites -tanto más si se considera el complejo panorama global de la deuda externa en los próximos años-. La tormenta perfecta de la deuda pública venezolana, a partir de 2023, aconseja incluir el tema de la deuda pública externa en la agenda. Pues ya sabemos cómo termina el cuento de la lechera.