Desde hace unos días asistimos al pulso de opinión pública entre quienes pretenden la continuidad del Gobierno interino y quienes consideran que se debe cambiar de estrategia, como consecuencia de las decisiones acordadas en la reunión que recientemente realizó la oposición en Ciudad de Panamá, con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Aunque el debate ha sido intenso y mediático, dista bastante de los intereses de la ciudadanía y parece un nuevo ejemplo de cómo la política opositora sigue sin hacer match con las prioridades de la población, cada vez más indiferente y ajena a los asuntos de los políticos. A la oposición le urge volver a tener dolientes.
¿Qué pasó en la reunión de Panamá?
La información recogida por importantes periodistas y medios de comunicación señala que se tocaron tres temas que vamos a profundizar: las Primarias, la negociación de México y la continuidad o no del Gobierno interino que encabeza el presidente encargado Juan Guaidó. Este último punto fue el más polémico porque, tras realizarse una especie de votación privada, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, es decir, tres de los cuatro partidos que del llamado G4, estuvieron en contra de la prolongación del interinato. Solo Voluntad Popular estuvo a favor.
Después de la reunión hubo una información errónea, donde se afirmaba que eran los americanos quienes le quitarían el apoyo a Juan Guaidó, por lo que su presidencia interina terminaría; pero lo cierto es que Estados Unidos acompañará la decisión que tome la mayoría de los partidos. Ellos respaldarán lo que se decida, no imponen.
El espinoso argumento del “mandato constitucional”
A raíz del debate generado por artículos como el de Financial Times, donde se reseñaron los resultados de la reunión de Panamá, el presidente interino y los dirigentes de su partido Voluntad Popular, como el propio Leopoldo López, han salido al ruedo argumentando que la continuidad del Gobierno interino es “mandato constitucional y no algo interpretativo, por lo que su vigencia debe mantenerse hasta la realización de unas elecciones libres, porque lo contrario sería reconocer a Nicolás Maduro y a la Asamblea que lidera Jorge Rodríguez”.
Esta afirmación tiene cierto sustento legal, y digo “cierto” porque la Constitución lo que señala es que treinta días después de la juramentación de un presidente encargado debe haber una convocatoria a elecciones. El problema, es que vamos para cuatro años y ese anuncio no se ha podido dar, por lo cual no pareciera lógico que la respuesta ante esta desafortunada situación sea mantener una estructura que no cumplió los objetivos para lo que se creó.
Dejando claro que el fracaso del Gobierno interino no es endosable únicamente al presidente encargado y su partido, sino a todas las organizaciones políticas que lo conformaron, y a estas alturas apelar al argumento del “mandato constitucional” como una camisa de fuerza para impedir que se exploren otras opciones de enfrentar al régimen madurista parece un error impulsado por intereses personales. La continuidad o no del interinato es una decisión política y debe tomarse pensando en las prioridades del país, no en individualidades o partidos.
En cuanto al asunto de mantener la protección de los bienes de Venezuela en el exterior también hay tela por cortar porque, en el caso de Estados Unidos, la protección no está atada a la existencia del Gobierno interino, sino que es una orden ejecutiva del presidente americano. En Portugal hay un bloqueo judicial, que también es independiente del interinato, por citar otro ejemplo. El problema pudiera presentarse en Inglaterra donde están salvaguardadas 31 toneladas de oro y el Gobierno interino ha tenido una vinculación directa en la defensa de ese activo.
¿Cuáles son las vías para concretar el finiquito del interinato?
Hay dos formas. La primera, y más correcta: es que en una sesión de la Asamblea se vote formalmente por el finiquito de sus funciones. La segunda, es que se venza su periodo legal de operación (enero 2023) y no se renueve para un nuevo año. Lo más probable, si nos dejamos llevar por actuaciones anteriores, es que ocurra esta segunda alternativa mediante la cual los dirigentes evitarán aparecer en el revuelo de opinión pública que surgiría de esa votación. ¡Amanecerá y veremos!
Tras el interinato, ¿se le abre el paso a la cohabitación y al “Venezuela se arregló”?
No, ese sería otro catastrófico error. La decisión de finalizar el Gobierno interino debe anunciarse formalmente junto con el nuevo plan o estrategia de la oposición para buscar un cambio político en el país. Si esto no se hace así, será muy difícil que no se instale la percepción de que terminaron con el interinato por revanchas internas, en lugar de dar un paso adelante en la búsqueda de una salida a la crisis política e institucional que padece el país.
Está claro que no se trata de seguir el camino de los “alacranes”, quienes desde 2019 jugaron a destruir no solo la figura del Gobierno interino, sino la de los mismos partidos políticos, muchos de los cuales usurparon con el favor de la justicia chavista. Tampoco el camino puede ser el de los supuestos parlamentarios “opositores” que hacen vida en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, y donde solo parecen fungir como comparsa de Jorge Rodríguez.
¿Regresará la negociación en México?
La reanudación parece inminente. Estaba prevista para el pasado 22 de octubre y se postergó para el 27 de este mismo mes, aunque aún no hay confirmación oficial. De lo que sí hubo información oficial fue de la reunión que sostuvo, en Washington, la cabeza de la delegación opositora, Gerardo Blyde, con funcionarios estadounidenses. De esa reunión ha trascendido la supuesta concreción de un “acuerdo humanitario” para Venezuela. De ser así, sería la primera medida que supondría beneficios para la población como resultado de ese disfuncional proceso en México.
Recordemos que, hasta ahora, el principal beneficiario de este intento de negociación ha sido Nicolás Maduro y su familia. Para estimular que se siente en la mesa, los Estados Unidos excluyeron de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro a Carlos Malpica Flores, ficha fundamental en la estructura financiera del régimen y sobrino de Cilia Flores. En su momento, se supo que en la gestación de esta medida estuvo involucrado Gerardo Blyde, pero los partidos del G4 se desligaron de la decisión. El otro gran guiño de los americanos a Maduro fue la liberación de los dos sobrinos de su esposa, quienes fueron capturados en Haití y cumplían condena en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Para la reanudación de la negociación en México el chavismo insiste en poner sobre la mesa el nombre de Alex Saab, el principal contratista de Maduro, hoy detenido en una cárcel de Miami a la espera de juicio por lavado de dinero. Se tiene confirmación de que Camila Fabri, la esposa del “empresario” colombiano, ha formado parte de, al menos, dos de las reuniones preparativas entre el régimen y la oposición para la reanudación del proceso en México. Esto es llamativo, porque han sido múltiples y públicos los intentos del madurismo por vincular a Saab en la negociación e intentar liberarlo del trance de enfrentar a la justicia estadounidense.
¿Qué pasa con las Primarias?
La celebración de unas elecciones primarias en la oposición fue otro de los temas discutidos en la reunión de Panamá. Sin duda, es otro tema espinoso y todavía no hay una fecha exacta porque primero se debe tener garantizada la logística y los recursos para realizar la elección. Se estima que el costo de este proceso ronda los 6 millones de dólares, por lo que exigirán que cada candidato ponga un porcentaje del costo total. De momento, ronda en el ambiente que esas elecciones primarias se realizarán a finales del primer semestre de 2023.
Temas como la participación de los venezolanos en el exterior o si el Consejo Nacional Electoral tendrá un rol en la elección están aún en el aire. Esas informaciones las anunciará la comisión de primarias que van a conformar los partidos y de la cual aún se desconocen los nombres que la integrarán.