Las ciudades del país se llenan de murales coloridos. El Mercado Principal de Mérida parece un cubo de Rubik recién terminado, estos mismos colores amarillos, naranjas y azules se desplazan hasta otros trazos de la capital. Las paradas de autobuses están pintadas y la gente celebra que después de años de apagones eléctricos y falta de atención en el resto de los servicios al menos algo tenga color en esa ciudad fría, pero hermosa.
No solo Mérida está colorida. En Caracas los murales que promocionan la red social estatal “VenApp” le dan la vuelta a la ciudad. Al menos en el Bulevar de Sabana Grande hay dos extensos murales que la anuncian. Pero la estridencia de la propaganda se opaca con la ausencia de información pública que debe divulgar el Estado. Para la ciudadanía es imposible hacer contraloría en lo que gastan los gobernantes en todo el país, en los estados y las alcaldías.
En los autobuses la gente cuchichea cuando pasa por el Paseo La Nacionalidad y se indigna al ver nuevos adornos que decoran el lugar, mientras en los “hospitales no hay ni alcohol”. Al menos en lo que va de año en esta zona los ornatos fueron cambiados unas cinco veces. En enero estaba la decoración de Navidad, que rápidamente fue sustituida por la de Carnaval, luego se instalaron vallas y figuras con tela para celebrar el 8 de marzo Día de la Mujer. Después vinieron los ornatos por la Semana Santa y finalmente los que aún quedan: la nueva bandera de Caracas y también la de Venezuela en homenaje a la Batalla de Carabobo.
La economista y coordinadora regional de Transparencia Venezuela, Christi Rangel, dice en conversación con La Gran Aldea que sin acceso a la información sobre la administración financiera y sin rendición de cuentas hay riesgos inmensos de abuso de poder y de corrupción. Además, apunta que en Venezuela no hay independencia de las instancias de control, como lo son la Contraloría General de la República y Asamblea Nacional (AN).
Desde hace cinco años no hay acceso a ningún documento presupuestario, lo que impide conocer en qué se invierten los recursos públicos. A medida que surgen más y más ornatos la ciudadanía también se hace preguntas, todavía más con casos extremos como el Paseo La Nacionalidad o también conocido como Paseo Los Próceres, donde las estructuras armadas con telas y cabillas cambian casi trimestralmente.
El Estado pasó del boom de los precios del barril de petróleo en la década de Hugo Chávez con una producción de más de dos millones de barriles diarios a un entorno de contracción de los ingresos por la caída de la producción, baja en los precios del crudo y sanciones a la industria en enero de 2019. Los ingresos se redujeron de forma dramática y con ello algunos gastos. Sin embargo, en los últimos tres años las autoridades se han vuelto más pragmáticas, incluso renunciando a sus dogmas ideológicos para abrirse al mercado.
Una muestra de ello es la cercanía con el sector privado, que les ha permitido sostener reuniones de trabajo en los últimos meses. La más reciente fue la invitación a la AN para discutir el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, en la que gremios como Conindustria y Fedecámaras hicieron propuestas.
Desde 2019 el gobierno de Nicolás Maduro aplica ajustes que le han brindado resultados parciales, como recortar el gasto público. Las autoridades comenzaron a monetizar menos al reducir el gasto, lo que explica en parte la desaceleración en la inflación. Una política que mantienen hasta la fecha, por ejemplo, la inflación podría pasar de 686% en 2021 a 122% al cierre de este año.
El recorte del gasto se vio reflejado en los programas sociales y en los salarios y pensiones de la administración pública, estos pasaron a ser los más bajos de la región y pese a que se aplicó un aumento en marzo de este año la calle sigue alborotada con protestas que claman por reivindicaciones laborales. Sin embargo, algunos trabajadores empiezan a notar cierta mejora.
Un trabajador del Instituto de Deportes del Municipio Libertador del estado Mérida, quien prefirió reservar su nombre, dice que desde que el alcalde Jesús Araque (PSUV) asumió el cargo en noviembre de 2021, hubo “un aumento significativo” en los sueldos y que también ha otorgado bonos importantes. Por el Día de la Madre el empleado dice que la institución dio un bono de 300 bolívares (63 dólares) a las madres de los trabajadores. Mientras que por el Día del Trabajador recibieron en mayo dos bonos de 300 bolívares, que fueron cancelados en cada quincena, en ese momento el equivalente en dólares era de 63 dólares o un total de 126 dólares.
“Él a los trabajadores sí les aumentó, claro como todo no alcanza, pero sí ha ido aumentando poco a poco. También reactivó las pólizas de HCM de todos los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador y las familias. Ha dotado de uniformes y ha ayudado con consultas oftalmológicas”, comenta el trabajador.
En el primer trimestre de este año los ingresos en divisas del Gobierno aumentaron 122%, según datos de Ecoanalítica. Los ingresos totales del Estado podrían cerrar este 2022 en 20.000 millones de dólares.
A pesar de algunos indicios de alivio de las restricciones fiscales en 2022 la economista María Antonia Moreno, investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que el Gobierno todavía enfrenta el reto de lograr una consolidación fiscal robusta. Sin embargo, apunta que con el incremento de los ingresos fiscales este año provenientes de la renta petrolera, el déficit de las finanzas públicas debería ser menor que el de años anteriores.
“Es posible que, para este año, el Gobierno logre financiar cerca del 80% del gasto fiscal con ingresos ordinarios. No obstante, esta fuente de ingresos tiene limitaciones, por ejemplo, en el caso de la tributación interna el crecimiento del PIB se produce en sectores de limitada creación de valor, como el de comercio y servicios”. Para Moreno “sin una recuperación sostenida, especialmente de la producción industrial, la capacidad de restablecer la recaudación tributaria interna es muy limitada”.
La tentación en las presidenciales
Desde el propio gobierno han denunciado corrupción alrededor de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La más reciente es la solicitud que hizo el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el 30 de agosto, para que se abriera una investigación contra el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez por presuntamente desviar 4.850 millones de dólares en 2012.
Para la economista Christi Rangel la opacidad en el manejo de los recursos del Estado potencia los riesgos de abuso de poder. La especialista indica que Venezuela es el único país de la región y de todo el continente americano que no publica la información más básica del proceso presupuestario.
“Luego de tantos casos de corrupción no es difícil pensar que sigan ocurriendo. Las probabilidades de que ocurran gastos irracionales se vinculan a que haya oportunidad de negocios de la élite gobernante y sus allegados. Manejar los recursos que son de la ciudadanía -en secreto- brinda oportunidad de abuso, además con las sanciones también se ha manejado mucho dinero en efectivo y esto empeora la situación de los riesgos”, dice Rangel.
Rastrear a dónde se van los recursos es una tarea imposible en un Estado que no divulga cifras relacionadas al presupuesto desde 2017. Sin embargo, algunos edificios institucionales empiezan a exhibir luces con el color de la bandera, los murales con propaganda florecen en paredes que antes estaban desteñidas. Los carnets de trabajadores de entidades como el Banco de Venezuela también lucen renovados.
La imagen corporativa y política del gobierno madurista cambia y se mimetiza. Del rojo característico de la época de Chávez, ahora las principales figuras del partido gobernante visten con colores azules o simplemente ampliaron la paleta. Caracas también es un ejemplo de esos esfuerzos por retocar, pintar y alumbrar, un país que estuvo sumido en una contracción durante siete años hasta perder 80% del tamaño de su economía.
Más ingresos y elecciones presidenciales en menos de dos años son una tentación para un gobierno, que como dijo antes la coordinadora regional de Transparencia Venezuela, no rinde cuentas y con esto deja el camino abierto para el abuso de poder. Sobre esto Rangel indica: “Creo que podemos esperar, de cara a la proximidad del proceso electoral presidencial en 2024, gastos populistas para ganar intención de voto; gastos que tienen que ver con el ciclo electoral y me parece que esto va a venir”.
La economista apunta que ya en el estado Mérida ha habido un desembolso que se puede vincular “al derroche”, con ornatos y pinturas excesivas. “De hecho, ya hay una crítica de una comisión de patrimonio de la ciudad por los colores que se han usado y además por la publicación excesiva de nombres e imágenes del alcalde, el gobernador y de Nicolás Maduro. Nosotros (Transparencia) vamos a reportar como corrupción esta situación de que por toda la ciudad vemos el nombre del alcalde y del gobernador: en vallas, en murales, en señales de tránsito, en pasarelas, por todos lados”.
Para la investigadora María Antonia Moreno una forma de corregir los desequilibrios que existen alrededor del gasto fiscal es “redimensionar el tamaño del sector público y llevarlo a un nivel óptimo”, como burocracia innecesaria al tener unidades administrativas que duplican funciones, mejorar la formación y la remuneración real del personal de la administración pública, desconcentrar el gasto que debe recaer en municipios y gobernaciones de acuerdo con sus competencias, privatizar empresas públicas que generan pérdidas y reestructurar el gasto social.
Transparencia Venezuela señala que la claridad presupuestaria asegura que la asignación de los recursos se dirija a las necesidades reales de la población, fortalece la confianza en el sector público y están asociados con déficits más bajos, costos menores de endeudamiento, instituciones democráticas más sólidas y mejores resultados de desarrollo.
Pero por tres años consecutivos Venezuela ha obtenido 0 puntos sobre 100 máximos en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021. Una evaluación independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario nacional de 120 países. El estancamiento de Venezuela en la mínima calificación, que lo ubica en la posición 117 del ranking global y en la última posición del Continente.
Para Christi Rangel si bien desde el Estado ha habido un esfuerzo por contener el gasto, observan que hacia la parte mediática se siguen destinando recursos, que sacrifican, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores públicos y pensiones, que estas últimas para el 15 de septiembre eran de 16 dólares calculados a la tasa oficial.
Rangel coincide con Moreno en que una forma de optimizar recursos es estructurar el tamaño de la administración pública. “Que es gigantesca para Venezuela”.