El desempeño del comercio binacional entre Colombia y Venezuela coloca en evidencia una de las conclusiones que más recientemente ha sido resaltada en economía: las instituciones -o las reglas que rigen el intercambio de bienes y servicios- influyen, para bien o para mal, en el crecimiento.
Según datos de la Cámara Colombo-Venezolana, el comercio en la frontera de 2.219 km entre los dos países alcanzó los 7.211 millones de dólares en 2008, en buena medida, como resultado de las instituciones adoptadas en el marco de la Comunidad Andina (CAN), como el arancel común y la zona de libre comercio. Pero desde entonces, el deterioro institucional incidió en la drástica disminución del comercio entre los dos países.
La primera causa de deterioro derivó de la denuncia del Convenio de Cartagena por Venezuela en 2006, lo que, en la práctica, llevó a la desaplicación de las instituciones que, al amparo de la CAN, favoreció el comercio binacional, que para 2012 había bajado a 3.060 millones, según datos de la Cámara.
La segunda causa fue el deterioro de la relación entre ambos países, cuando en 2015 el Gobierno de Venezuela ordenó cierre parcial de la frontera. Para el 2016, el comercio binacional había caído a cerca de 800 millones, en un descenso que continuó hasta la ruptura de relaciones entre ambos países, en 2019, lo que se tradujo en el cierre de los pasos fronterizos en el Norte de Santander. Como recuerda la Cámara, aun cuando en 2021 se abrieron los pasos fronterizos, la reapertura de la frontera comercial quedó pendiente.
Sin instituciones jurídicas para acompañar el comercio entre ambos países, con los pasos fronterizos cerrados y sin relaciones diplomáticas y consulares, el comercio formal siguió cayendo, además, agravado por el efecto de la pandemia de la COVID-19. La post-pandemia demostró una ligera mejora: en el período de enero a mayo de 2022, la Cámara estimó el comercio total en 250 millones, lo que supuso un incremento del 110% en comparación con el mismo período del año 2021, cuando el comercio se valoró en 119 millones. Aun así, esto implicaría una caída de cerca del 97%, si lo comparamos con las estimaciones de 2012.
“Más allá del colapso de los controles centralizados que se puso de manifiesto en 2018, todavía es una tarea pendiente la implementación de las políticas para atender la compleja crisis económica y social en Venezuela”
Además del impacto que el deterioro institucional y la pandemia han tenido en Venezuela, es necesario ponderar el colapso de la economía venezolana -estimado en más del 80% del PIB-. Desde el 2021 este colapso se ha ralentizado, incluso, registrando un moderado e inestable crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento responde preponderantemente a instituciones económicas informales, lo que determina limitaciones importantes para la recuperación económica en Venezuela.
Precisamente, la informalidad en la frontera es otra variable para considerar. La ausencia de instituciones y de pasos fronterizos incide en el comercio formal, pero crea incentivos para el comercio informal, aupado por la crisis migratoria venezolana, como también por la migración pendular. Así, según estimaciones de 2021 del entonces director de la Cámara, Germán Umaña Mendoza, aun cuando el comercio formal podía estimarse en cerca de 200 millones de dólares, el comercio informal -e ilegal- podría haber alcanzado los 2.000 millones. La informalidad en la frontera incide -y es incidida- por la creciente informalidad de la economía venezolana.
II
El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, revocando de esa manera el reconocimiento diplomático que el entonces presidente Iván Duque había extendido al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado.
Esto ha llevado a planear la reapertura de la frontera, de manera gradual, a partir del 26 de septiembre de 2022. Este anuncio estuvo acompañado del Acuerdo de la Frontera, celebrado en Cúcuta el 18 de agosto de 2022, entre empresarios colombo-venezolanos. El ministro de Comercio de Colombia, Germán Umaña Mendozaindicó que el objetivo es “cerrar brechas sociales mediante el desarrollo”.
“El sector privado colombiano está mucho más capacitado para beneficiarse del comercio binacional que el sector privado venezolano (…) caracterizado por la destrucción de los mecanismos de mercado”
Más allá del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, y de la reapertura de los puestos fronterizos para el comercio -lo que implicará labores de coordinación en materia de transporte y vías terrestres-, el marco institucional seguirá siendo una restricción importante para retomar el comercio formal y desplazar al comercio informal.
Así, desde el punto de vista de las reglas jurídicas que aplican a la frontera comercial, estas son las principales restricciones para promover el comercio formal entre Colombia y Venezuela:
- Informalidad económica en Venezuela. Más allá de la informalidad en la frontera, la economía venezolana se ha visto afectada por una creciente informalidad y criminalidad (que algunos estudios han estimado en 20% del PIB de 2021). La informalidad de la economía venezolana supone un riesgo de cara al comercio binacional -más allá de los arreglos institucionales que pueda establecerse-. Un ejemplo es la creciente dolarización en Venezuela, que responde a un proceso de facto. Esta informalidad es, actualmente, una de las principales restricciones al crecimiento económico estable e inclusivo. De otro lado, y más allá del colapso de los controles centralizados que se puso de manifiesto en 2018, todavía es una tarea pendiente la implementación de las políticas para atender la compleja crisis económica y social en Venezuela.
- Instituciones binacionales. Tras siete años de declive, es preciso establecer un nuevo marco jurídico binacional, no solo para crear adecuadas condiciones de seguridad jurídica sino, además, para fomentar el comercio, en especial, en lo que respecta a la regulación de aduanas y medidas tributarias. Una disposición que se ha asomado es la creación de una zona económica especial. Sin embargo, de nuevo, el mayor reto está del lado de Venezuela: la fragilidad estatal supone obstáculos importantes para diseñar e implementar instituciones que favorezcan al comercio binacional.
- Sanciones económicas y sobrecumplimiento financiero. Aun cuando las sanciones internacionales no aplican a operaciones entre privados, lo cierto es que ellas han contribuido a agravar el riesgo de Venezuela, lo que, aunado a la creciente informalidad, supone obstáculos prácticos para la integración de Venezuela al sistema financiero internacional. Por lo tanto, el comercio binacional debe venir acompañado de políticas para construir la capacidad de implementar efectivamente los mecanismos de inteligencia financiera, todo lo cual supone erradicar la informalidad económica en Venezuela. Hasta tanto ese objetivo no se logre, el comercio binacional estará impactado por las medidas de inteligencia financiera.
- Emergencia Humanitaria Compleja y crisis migratoria. Además de atender a estos aspectos institucionales para solucionar las restricciones más vinculantes al comercio binacional, es también necesario incluir instituciones orientadas a dar respuesta a la crisis humanitaria migratoria desde Venezuela -más allá de la migración pendular-. Aun cuando a un ritmo más lento, el flujo de venezolanos que migran ha venido en aumento, estimándose en cerca de 6,8 millones para julio de 2022 (con cerca de 2,2 millones de venezolanos en Colombia). Para fomentar un comercio binacional formal, es necesario procurar también soluciones institucionales a la emergencia humanitaria migratoria en Venezuela, desde la perspectiva de la centralidad de los Derechos Humanos.
- Limitaciones al crecimiento del sector privado venezolano. Finalmente, otro aspecto práctico a tomar en cuenta es que, en las actuales condiciones, el sector privado colombiano está mucho más capacitado para beneficiarse del comercio binacional que el sector privado venezolano. En el país este sector ha sido diezmando no solo por el colapso del PIB sino, además, por el colapso institucional, caracterizado por la destrucción de los mecanismos de mercado. Si bien es cierto que desde el 2018 los controles centralizados que impedían el emprendimiento privado colapsaron, todavía no se han restablecido los mecanismos de mercado, al tiempo que el colapso estatal priva al sector privado venezolano de insumos básicos -desde el suministro eléctrico confiable hasta la seguridad jurídica-. Por lo tanto, los arreglos institucionales que se implementen en la frontera también deben considerar las complejas reformas que en Venezuela siguen estando pendientes, para proveer al sector privado venezolano del adecuado marco jurídico -lo que requerirá, en todo caso, superar la crisis política.
La adopción de un adecuado marco jurídico en la frontera colombio-venezolana no solo puede fomentar el comercio binacional formal, sino que, además, puede propender a detener la creciente informalidad económica en Venezuela y con ello, crear incentivos para el restablecimiento de los mecanismos de mercado en el país -y, quizá, favorecer la solución a la crisis humanitaria y política en Venezuela-.Pero para lograr ese objetivo es preciso diseñar adecuadamente las reglas jurídicas que regirán a ese comercio binacional, tomando en cuenta las variables que hemos mencionado.