Tras casi seis meses desde que se dieran los primeros encuentros tripartitos en casi dos décadas, a finales de septiembre gobierno, trabajadores y empresarios volverán a sentarse en torno a la mesa de negociación bajo la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la búsqueda de soluciones a los muchos conflictos que enturbian el panorama laboral venezolano, más comprometido aun por los estragos causados por la peor crisis económica que ha vivido el país en su historia reciente.
La cita no estará exenta de viejas y nuevas desconfianzas y resentimientos: sin resolverse uno solo de los puntos planteados en la agenda del encuentro previo, la nueva ronda de negociación parte con dos pesados plomos en las alas: por un lado, la aplicación de una versión depurada de un instructivo que conculca derechos irrenunciables a la masa laboral del sector público; mientras que por otro, una nueva arremetida del Gobierno contra dirigentes de esos trabajadores que han vuelto a las calles a reclamar sus derechos.
Es por ello que tanto desde la representación sindical como desde la empresarial consideran que, si bien el mayor logro de la fase inicial del diálogo fue sentar al Gobierno a negociar, también estiman que falta mucho por recorrer antes de lograr resultados concretos, máxime cuando lo primero que se busca es ofrecer a los trabajadores venezolanos una mejora de las precarias condiciones del salario, duramente golpeado en la última semana por la escalada del dólar y el repunte de la inflación, un fantasma que no ha dejado de estar presente pese a la evidente mejora de las condiciones de la economía local.
“Para esta nueva ronda de diálogo la OIT se va a encontrar con un panorama muy complejo que ya conoce, pues las centrales sindicales notifican cada nuevo suceso contra la masa trabajadora”, afirma Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela), quien de esta manera ilustra el telón de fondo que tendrá la continuación del foro de diálogo que se dará en Caracas del 26 al 30 de septiembre.
De aquellas aguas y estos lodos
Los orígenes de la actual conflictividad laboral casi se remontan al inicio mismo de la “revolución bolivariana” y reúne cientos de expedientes y denuncias que centrales, federaciones, sindicatos, gremios, ONG, partidos y hasta personalidades a título individual han formulado ante la OIT durante las últimas dos décadas, y que motivaron el arribo de varias misiones del organismo al país. Aunque hasta 2014 el Gobierno aceptó la visita de esas misiones que venían a indagar in situ las acusaciones en su contra, a partir de 2018 denegó la entrada, lo que accionó otros mecanismos por parte de trabajadores y patronos.
Es así como en marzo de 2018 se solicitara a la OIT aprobar una Comisión de Encuesta, instancia cuasi jurisdiccional que llevó a cabo una exhaustiva investigación de los casos denunciados, lo que condujo a la redacción de un informe presentado en octubre de 2019 donde se acusó a Venezuela de violar los parámetros establecidos en tres Convenios de la OIT, especie de leyes de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros: el Convenio 26, concerniente al establecimiento del salario; Convenio 87, relativo a la libertad sindical; y Convenio 144, donde se fijan las pautas de la consulta tripartita como mecanismo para resolver diferencias y medir el cumplimiento de la normativa OIT.
“Desde Fedecámaras se cree que en efecto no ha habido mayor avance sobre la articulación del tripartidismo como mecanismo para la solución de conflictos”
El Gobierno, en una jugada maestra, rechazó el informe, pero sin presentar un alegato por escrito, pues de haberlo hecho habría afrontado un juicio en la Corte Internacional de Justicia cuyo veredicto sería de obligatorio cumplimiento. En su defecto, informó que se mantendría en el sistema de la OIT, razón por la cual debió aceptar la convocatoria de un diálogo tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores para buscar soluciones a los múltiples problemas en materia laboral que existen en el país. Si bien el diálogo se convocó en 2020, no tuvo ni norte ni mediador, por lo que murió al nacer. Tras una nueva ronda de presión, a finales de 2021 permitió la venida de una misión de alto nivel de la OIT ahora en calidad de mediadora del diálogo.
Sobre esta base, en abril pasado se instaló el foro de diálogo social, eufemístico término con el cual el Gobierno denomina a una comisión tripartita que, bajo la guía de personal técnico de la OIT -entre ellos un representante personal del Director General- logró sentar por primera vez en mucho tiempo al Gobierno para escuchar los planteamientos de empleados y empleadores.
Durante las reuniones de abril se estableció una metodología y un cronograma de actividades para una primera aproximación a la realidad. De hecho, fue mandatorio la instalación de mesas de diálogo para determinar el salario mínimo; otras para implementar la salida del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los procesos electorales de los sindicatos; otras para poner fin a la interferencia en las actividades sindicales; el cierre de los procesos penales contra dirigente sindicales; y el cese de las represiones contra las protestas de las organizaciones sindicales.
Pero, como era previsible, todo quedó en el acercamiento inicial y mientras la visita extranjera estuvo en el país, pues ni el cronograma se cumplió ni la metodología se siguió. “El Gobierno hizo unas primeras reuniones y hasta allí llegó”, asegura Jacqueline Richter, profesora universitaria, activista y experta en materia laboral, quien asegura que aparte de la liberación de un dirigente sindical (Ronny Álvarez) y la condena y posterior cumplimento de la pena en libertad condicional de otro (Eudis Girot), es prácticamente nada lo que se ha hecho.
En efecto, al revisar el cronograma de actividades establecido en abril, el tiempo pasó sin que se cumpliera ninguno de los puntos pautados, excepto la consulta que se ha hecho a los sindicatos sobre las memorias (informes) que serán presentadas este año a la Comisión de Encuesta. Lo demás es letra muerta.
Salario que se esfuma
Marcela León, presidenta de la central ASI Venezuela, ratifica lo dicho por Richter y destaca la turbulencia que desatará el tema salarial en la próxima ronda de conversaciones. Recuerda que el Ejecutivo se había comprometido con la OIT a convocar una reunión de julio para discutir sobre fijación de salario mínimo y no lo hizo. Por el contrario, en términos coloquiales, dio una ‘patada a la mesa’.
“La situación ha empeorado con la aplicación del Instructivo Onapre”, dice León, convencida como está de que en este momento lo salarial es preponderante. “Todos los parámetros de fijación de salario se han incumplido… No se ha avanzado nada sino que se ha retrocedido. Es donde tenemos más problemas por toda la crisis del instructivo”, dice, recordando que se trata de una queja de vieja data.
Evidentemente, en 2018 varias centrales y federaciones presentaron ante la OIT una queja formal -que constituye uno de los expedientes acusatorios contra el Gobierno- por la aplicación de un instructivo similar, que tras la reconversión monetaria de agosto de ese año volvió sal y agua el aumento decretado por el Ejecutivo tres meses antes; algo similar a lo ocurrido este 2022, cuando el empleo de un esquema inconsulto redujo de un plumazo las asignaciones devengadas por los trabajadores públicos, violando el sentido de progresividad que rige todo beneficio laboral.
“Otra materia pendiente desde 2001 es la relacionada con la injerencia del CNE en los procesos eleccionarios de las organizaciones sindicales”
Jacqueline Richter, quien asiste a las reuniones en representación del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), es más tajante y señala que, aunque el Gobierno lo propusiera, sería imposible poder adelantar nada del tema salarial porque no existen los elementos necesarios para hacerlo.
“Es imposible analizar nada y alcanzar acuerdos sin tener información básica como tasa de inflación, crecimiento económico, cuánto de presupuesto nacional está destinado a salarios, sin saber en qué se gasta el gobierno la plata, el número de trabajadores que existe en la administración pública, cantidad de trabajadores por rama de actividad, etc.”, dice, en alusión a información que era cada mes actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco Central de Venezuela (BCV), pero que desde hace años no es revelada por las autoridades.
En esta misma línea, Eloína Pérez, consultora legal de Fedecámaras, asegura que, en medio de una multiplicidad de problemas graves, el del salario destaca porque afecta a trabajadores y patronos. Considera preocupante cómo se ha deteriorado el ingreso de los trabajadores, por lo que estima necesario establecer una forma de proyectar un ingreso razonable “que le permita a la gente poder vivir y estar por encima de los niveles de pobreza”.
Pérez está consciente de que esto implica tocar varias teclas a la vez, se atreve a desglosar algunos de los puntos básicos de una propuesta integral a discutir:
-La aplicación de una política macroeconómica orientada a controlar la inflación y crear riqueza.
-Establecer un mecanismo de fijación de salario mínimo con proyección de futuro que beneficie a todas las partes.
-Alcanzar un acuerdo sobre las prestaciones sociales para que esa figura vuelva a la vida.
-La posibilidad de hacer legal que el trabajador reciba bonificaciones en moneda dura (divisas).
“Debe haber mayor flexibilidad en la legalidad, y esto demanda la conformación de una instancia de diálogo donde todos podamos aportar ideas, negociar. No puede seguir habiendo decisiones unilaterales… Que las empresas, en la medida de sus posibilidades y con transparencia de su rentabilidad por delante, ofrezcan salarios acordes con las necesidades del trabajador. En la medida que todos seamos más productivos, podemos mejorar el tema remunerativo”, añade la especialista en derecho empresarial.
Del mismo modo, Pérez afirma que es urgente comenzar a discutir otros temas inéditos relacionados con el salario, como la precarización de las condiciones de trabajo producto de ocho años de crisis económica, y la forma de remunerar las modalidades de trabajo surgidas a raíz de la pandemia.
Autonomía cero
Sobreviolado. Ese sería el neologismo que mejor aplicaría para definir lo que ha sucedido respecto al Convenio 87, violado y vuelto a violar por el Gobierno aun cuando, apenas en abril de 2022, se comprometió con la OIT a enmendar la plana. “La represión ha arreciado y tenemos seis compañeros presos sin ninguna razón, detenidos por el mero hecho de exigir sus derechos”, acota Richter, en referencia a la detención de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, dirigentes encarcelados por reclamar sus beneficios laborales.
Esto significa que el plazo convenido entre OIT y Gobierno para la revisión de casos de detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra sindicalistas venció sin que se hubiesen sentado siquiera a revisar la lista de casos (más de 100), como también venció en agosto el lapso concedido para analizar las denuncias sobre estigmatización y descrédito contra sindicatos y personalidades relacionadas con el mundo laboral.
“Como era previsible, todo quedó en el acercamiento inicial y mientras la visita extranjera estuvo en el país, pues ni el cronograma se cumplió ni la metodología se siguió”
“No se han revisado los casos planteados y se han sumado otros. Hay un estancamiento total”, recalca Marcela León, al tiempo de recordar que entre los muchísimos temas pendientes está el de los consejos productivos de trabajadores, una figura parasindical que la OIT ya ha catalogado de ilegal y pide sea anulada, pero que el Gobierno se empecina en mantener e incluso reforzar con la propuesta de creación de una federación de consejos productivos. Al respecto, debieron convocarse reuniones entre el Ministerio del Trabajo y sindicatos en julio y agosto pero no se realizaron.
Otra materia pendiente desde 2001 es la relacionada con la injerencia del CNE en los procesos eleccionarios de las organizaciones sindicales. Particular atención merece el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RNOS), cuyo estancamiento impide que cientos de sindicatos puedan elegir sus autoridades, con la consecuente pérdida de legitimidad para discutir contratos o realizar cualquier reclamo ante las autoridades competentes. En abril se convino la convocatoria de talleres formativos e informativos en la materia, pero nada pasó.
“No hay autonomía de los sindicatos en los procesos electorales y eso es una grave violación de la norma, pero son muchísimos los temas no resueltos en relación con la violación a este Convenio (87) y todo lo que tiene que ver con la consulta tripartita (Convenio 144)”, acota la presidenta de ASI Venezuela.
Cuando el interés apremia
El tema que sí ha captado la atención del Gobierno es el relacionado con las denuncias respecto al Convenio 144. La razón es evidente: como el foco está en la redacción de las memorias (informes) que debe entregar el Gobierno sobre el cumplimiento de 17 Convenios de la OIT, Miraflores quiere entregar a tiempo (antes del 1º de septiembre) estos informes, que van con las observaciones hechas por los sindicatos, aprobando o no la redacción oficial. “Es lo único que ha hecho el Gobierno: llamar a las organizaciones y tomarse fotos para mandarlas a la OIT para decir que han ido cumpliendo”, afirma Jacqueline Richter.
“De allí que la representación sindical vea con escepticismo la efectividad de la nueva ronda de negociaciones que se dará a partir del 26 de septiembre con la asesoría técnica de la OIT”
Desde Fedecámaras se cree que en efecto no ha habido mayor avance sobre la articulación del tripartidismo como mecanismo para la solución de conflictos, aunque se tiene la esperanza de la reciente convocatoria a una reunión del Consejo de Economía Productiva pudiera ser un primer paso hacia un nuevo entendimiento.
“De las acusaciones de asesinos y conspiradores que se hicieron a la forma de dirigirse a nosotros, hoy el clima ha cambiado. Puede que haya un diálogo de verdad”, acota Eloína Pérez.
Sin embargo, en el movimiento obrero no hay mucha confianza en ese supuesto diálogo amplio, y desde ASI Venezuela ilustran con un ejemplo su postura: Con base en lo establecido en el Convenio 144, que es Ley de la República, todo proyecto de ley que se lleve a debate en la Asamblea Nacional debe ser previamente consultado con los sindicatos, una prerrogativa olímpicamente omitida desde siempre.
“Empezando por la reciente Ley de Zonas Económicas Especiales, que rechazamos porque se eliminó todo articulado de protección a los trabajadores, ninguna ley se ha discutido con los sindicatos. Tampoco los 10 proyectos de leyes de regímenes de zonas especiales, la Ley de Salud y tantas otras que actualmente se discuten. Y no es que nos manden una cartica preguntando qué opinamos, la consulta debe ser efectiva, es decir, que se oigan nuestras propuestas y se consideren. Así lo dice el Convenio 144”, argumenta la abogada Marcela León.
De allí que la representación sindical vea con escepticismo la efectividad de la nueva ronda de negociaciones que se dará a partir del 26 de septiembre con la asesoría técnica de la OIT. De hecho, Jacqueline Richter estima que Venezuela no apruebe la materia y en noviembre próximo el régimen volverá a estar en el banquillo de los acusados en el Consejo de Administración de la OIT, por incumplimiento de los acuerdos del diálogo social. “El Gobierno se había comprometido a acatar las directrices de la OIT, pero como es un maula que promete pero no cumple, volveremos al banquillo”, dice. Las evidencias hasta le dan la razón.