En el mes de septiembre se esperan algunos cambios importantes en lo que respecta al tema de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, y que, al tenor de los acontecimientos mundiales reflejan el pulso geopolítico en el cual están permanentemente inmersos los Derechos Humanos, uno de los tres pilares fundacionales del multilateralismo, junto con el mantenimiento de la paz y la promoción del desarrollo.
Nuevo Alto Comisionado
Lo primero, es que en los próximos días conoceremos quién ha sido seleccionado como nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Hasta ahora parece no tenerse todavía la certeza de si quien presida este órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU será un croata, un ruandés o un austríaco. A estas alturas, finales de agosto hace cuatro años, ya se sabía quién reemplazaría a Zeid Ra’ad Al-Hussein sería Michelle Bachelet. Pero en esta oportunidad la geopolítica ha tenido un mayor peso en este proceso de selección.
De acuerdo a la resolución que crea el cargo de Alto Comisionado para los DDHH, el candidato será seleccionado de acuerdo con criterios de excelencia y trayectoria, al igual que de acuerdo con el principio de rotación geográfica establecido en la ONU desde su creación. Es decir, que, en esta oportunidad, el cargo debería recaer sobre un representante del grupo regional de Europa del Este, grupo regional que hasta ahora no ha dirigido este órgano subsidiario. Al revisar la rotación regional de los últimos dieciséis años constatamos como, efectivamente, el puesto de Alto Comisionado ha sido ocupado por representantes de los distintos grupos geográficos. Así, entre el 2004 y el 2008 justo en el período de transición entre la Comisión y el Consejo de DD.HH., fue designada una canadiense, Louise Arbour, en representación del grupo de Europa Occidental y otros Estados (que incluyen los Estados Unidos, Canadá, Israel, Turquía, Australia y Nueva Zelandia); posteriormente, de 2008 a 2014 estuvo al frente de la Oficina Navanethem Pillay, de Suráfrica, quien fue sucedida en 2014 por Zeid Ra’ad Al-Hussein, de Jordania, parte del grupo regional de Asia-Pacífico. Luego, en 2018 Michelle Bachelet de la región de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, dado que dentro del grupo de Europa Oriental se encuentra Rusia, es muy probable que cualquiera de los nombres propuestos sea bloqueado por este último fundamentalmente porque la mayoría de los países miembros de ese grupo son, hoy en día, miembros de la Unión Europea, y condenan la invasión de Rusia a Ucrania. Por esta razón se cree que el jurista Ivan Šimonović de Croacia, a pesar de contar con un excelente récord, no será seleccionado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para presentarlo a la Asamblea General.
“El mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos llega a su fin y se ha estado trabajando para extender su labor por un período más”
Este hecho ha ocasionado que se abra el juego político y se amplíen las opciones. Por una parte, se busca alguien de un muy alto perfil con una trayectoria intachable, y por otra, que su región no haya sido recientemente representada. Surgen así dos nombres adicionales, el del jurista ruandés, Adama Vieng, y el abogado Volker Türk, Secretario General Adjunto de política del gabinete de Guterres y de origen austríaco. Türk, además de ser persona de confianza de Guterres, conocer extensamente el tema de DD.HH. y el humanitario por haber trabajado con refugiados, proviene de un país neutral y ha sido por muchos años funcionario internacional, acostumbrado al rigor de la imparcialidad tan necesaria en el ámbito multilateral. Aunado a todo ello, aunque el grupo de Europa Occidental y otros Estados haya ocupado el cargo, Europa misma no ha contado con un Alto Comisionado desde las épocas de Mary Robinson. Todo esto lo hace un candidato muy fuerte, por lo que en pocos días sabremos si ha sido aceptado y estará ante el Consejo de Derechos Humanos en el 51° período de sesiones ordinarias que arranca el 12 de septiembre.
Informe sobre China
Ya hablando propiamente de temas inherentes al Consejo, entre temas pendientes en este nuevo período de sesiones hay varios temas de gran importancia que, de nuevo, reflejarán el ambiente geopolítico mundial.
El pasado mes de mayo, Michelle Bachelet estuvo en China como Alta Comisionada respondiendo a una invitación oficial extendida al Secretario General, Antonio Guterres, convocatoria que se le hiciera cuando este asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevaron a cabo en Beijing en febrero de este año. Como era de esperarse, el régimen chino hizo de esta visita una ocasión política, creando una narrativa en la que se presentan como un ejemplo de erradicación de la pobreza, de desarrollo y de defensa de los Derechos Humanos, afirmando que habían sido ampliamente elogiados por la Alta Comisionada.
Por su parte, muchas delegaciones y representantes de la sociedad civil expresaron dudas y desacuerdo con tal visita, así como la tibieza de sus palabras durante y al final de su visita, sobre todo debido a las violaciones generalizadas a los Derechos Humanos en ese país; y muy particularmente, la situación del Tibet, de Hong Kong y de la región de Xinjiang, donde se ha denunciado que se han producido detenciones en masa de alrededor de un millón de personas de la etnia Uigur, quienes son mantenidos en campos de concentración (llamados por el gobierno chino “de reeducación”) acusándolos de terroristas por ser de religión musulmana.
“Los tres expertos internacionales independientes deben presentar documentación detallada que ilustre las estructuras de las cadenas de mando en los hechos ocurridos en Venezuela desde el 2014”
Desde 2018 se espera que la Oficina que preside Bachelet informe sobre los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo para determinar la situación de violaciones y abusos en estas regiones, y ahora, luego de esta visita, se espera además que la Alta Comisionada rinda cuentas sobre la misma. Bachelet ha anunciado que el esperado informe será hecho público antes del fin de su mandato, este 31 de agosto, pero varias delegaciones creen que el mismo será presentado por su sucesor en septiembre ante los miembros del Consejo de DD.HH.
Parte del retraso parece que se debe a que China ha mantenido una enorme presión para que el informe no refleje lo que ellos consideran sesgos políticos impuestos por Occidente, quienes se han dedicado a atacar los logros de China para así debilitar su actual capacidad de influencia internacional. China, al igual que otras dictaduras, ejerce un fuerte lobby político y diplomático para vaciar de contenido el sistema de DD.HH.
Extensión del mandato para que continúe la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
Aunque para la mayoría de los Estados miembros el tema de Venezuela ha pasado a un segundo plano ante la situación geopolítica mundial con Rusia y China, y se evidencia un cansancio por parte de muchos miembros de la comunidad internacional debido a su ya establecida cronicidad, en este período de sesiones ocurrirán dos hechos relevantes para la sociedad civil venezolana y sobre todo para las víctimas y sus familiares.
Por una parte, se recibirá el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que investiga las detenciones arbitrarias, las torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela desde el año 2014, cuyo mandato se adoptó por primera vez en septiembre del 2019, y se renovó por dos años más en el 2020. En esta ocasión, los tres expertos internacionales independientes deben presentar documentación detallada que ilustre las estructuras de las cadenas de mando en los hechos ocurridos en Venezuela desde el 2014.
Como es de suponerse, es un material cuantioso y de particular relevancia, toda vez que puede nutrir las investigaciones que lleva a cabo de fiscalía de la CPI sobre las denuncias que ha recibido para la construcción y apertura de casos por crímenes de lesa humanidad. Pero además permiten incrementar la lucha contra la impunidad reinante en Venezuela, puesto que pone en evidencia las políticas de Estado que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
“Bachelet ha anunciado que el esperado informe será hecho público antes del fin de su mandato, este 31 de agosto, pero varias delegaciones creen que el mismo será presentado por su sucesor en septiembre ante los miembros del Consejo de DD.HH.”
Por otra parte, el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos llega a su fin y se ha estado trabajando para extender su labor por un período más. Hasta hace pocas semanas se tenían fundadas dudas acerca de la posibilidad de extender ese mandato, esencialmente porque al no existir ya el Grupo de Lima, no se cuenta con quienes impulsen el tema, ni con los suficientes votos de los Estados miembros que ocupan un puesto en el Consejo de DD.HH., sobre todo de muchos de aquellos Estados que representan a la región de América Latina y el Caribe, es decir: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.
Pero en los últimos días, y en parte justamente debido a la situación geopolítica mundial, pero también a la acción sostenida de la sociedad civil internacional, se ha logrado avanzar en la redacción de un proyecto de resolución que sea aceptable para algunos de los miembros de América Latina que normalmente forman parte de las alianzas ideológicas de la dictadura venezolana, y para incorporar a delegaciones de otras regiones a fin de conseguir los votos necesarios. Además, se tiene en mente avanzar en la adopción de otros mecanismos más permanentes para garantizar el monitoreo y la rendición de cuentas por los abusos perpetrados por el régimen de Caracas, y que sirvan como mecanismo de disuasión en el futuro.
Elección de dos de representantes de la región de América Latina y el Caribe al Consejo de DD.HH.
En este mes de septiembre también llega al final el período de Brasil y Venezuela como miembros del Consejo de Derechos Humanos. Brasil no puede lanzarse para la reelección inmediata, pero Venezuela sí, y como era de esperarse, busca un segundo período consecutivo como miembro del Consejo. Normalmente, el grupo regional de América Latina y el Caribe presenta tantos candidatos como puestos disponibles existan para ser ocupados por la región. Así, el año pasado se presentaron tres candidatos para ocupar tres puestos, y este año se deberían presentar dos candidatos para esos dos puestos que se liberan.
“En este mes de septiembre también llega al final el período de Brasil y Venezuela como miembros del Consejo de Derechos Humanos”
Sin embargo, se están presentando tres: dos de ellos, Chile y Costa Rica, con la mejor imagen en materia de multilateralismo y derechos humanos, y uno, Venezuela, con varias investigaciones por violación de DD.HH. y crímenes de lesa humanidad a cuestas.
Lo usual es que los grupos regionales discutan a lo interno y presenten los candidatos que serán refrendados por el resto de los Estados al momento de la votación, pero visto que se hace imposible coordinarse internamente, queda en manos de los Estados representados en la Asamblea General votar por los candidatos que ocuparán un asiento en el Consejo de DD.HH. La situación no es nueva, ya en el 2019 Venezuela y Costa Rica competían por ese asiento, pero con la pandemia de la COVID-19, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y la disrupción de las cadenas de suministro que han creado escasez alimentaria y energética e inflación, el mundo ha cambiado y los Estados miembros saben que se hace necesario reforzar el sistema multilateral, incluyendo los DD.HH.
No en vano decía Kofi Annan: Sin derechos humanos no hay paz y sin paz no hay desarrollo.
*Internacionalista, ex Embajadora, Coordinadora de Iniciativa por Venezuela, Presidente y Fundadora de Vision 360 Multitrack Diplomacy.