La fe de vida tiene al menos dos acepciones comunes: una es la prueba que te solicita el Estado para llevar a cabo un trámite administrativo, y la otra, la demostración que se le pide a una organización criminal o terrorista que mantiene secuestrada o desaparecida a una persona, de que esta sigue viva. Cada año, jubilados y pensionados deben demostrar mediante un papel firmado por una autoridad pública, que están vivos, y así continuar cobrando lo que con tanto sacrificio se ganaron, así sirva de poco para vivir dignamente. La otra, es la que forma parte de una negociación para liberar a un rehén o al menos conocer de su destino, en virtud de su ilegal desaparición o privación de la libertad por parte de grupos criminales.
En la Venezuela revolucionaria, la fe de vida alcanza una novedosa dimensión que sirve como referencia para intentar acercarnos a la comprensión de la naturaleza de quiénes detentan el poder más absoluto que alguna vez se haya ejercido en nuestro país. Resulta que ahora la ciudadanía se ha visto en la necesidad imperiosa de solicitar a las “instituciones” al servicio de la dictadura, fe de vida de presos políticos, torturados y desaparecidos a manos de los organismos de seguridad que sostienen al régimen.
Por más insólito que parezca, este tipo de solicitudes posiciona adecuadamente los roles de los diferentes actores de la sociedad. Por una parte, están los venezolanos que encarnan a las víctimas de la criminalidad violenta que ejecuta el Estado mismo a través de sus órganos encargados de la represión, quienes, a su vez, se comportan a la usanza de grupos de criminalidad organizada transnacional terroristas como las FARC, el ELN o ISIS, a quienes históricamente los negociadores se han visto en la necesidad de solicitarles fe de vida de los rehenes que mantienen en cautiverio con fines políticos o económicos.
“La palabra es poderosa, por ello la exigencia de fe de vida hacia el Estado no es un tema menor, es un grito que los señala”
Esto no es un hecho aislado, por el contrario, hay que analizarlo a la luz de la reciente alerta que ha emitido el ejecutivo norteamericano, donde advierte a sus ciudadanos no viajar a Venezuela ya que se están produciendo ilegales detenciones de nacionales de ese país, para ser utilizados como fichas de canje frente a las pretensiones de Nicolás Maduro de aliviar sanciones, o intentar liberar a sujetos de interés como Alex Saab, o a sus sobrinos condenados por narcotráfico por las autoridades judiciales de ese país. Estamos entonces frente a un Estado que sin pudor alguno secuestra a personas para procurarse ventajas, y por esa razón como en el caso del crimen organizado, hay que solicitarles una demostración de que los rehenes permanecen con vida.
Todo esto queda apuntalado con lo acontecido durante los últimos días con el preso político Luis de la Sotta, respecto de quien se ha denunciado estar en condiciones infrahumanas de aislamiento, impedido de asistencia jurídica, médica y humanitaria. Actores políticos, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y familiares, se han unido para solicitarle al régimen que aporte una fe de vida de este rehén, sin que hasta la fecha se haya dado alguna respuesta de tales peticiones hechas de forma pública y ante los entes respectivos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes, en su incondicional complicidad con la dictadura, permanecen silentes frente a cualquier reclamo.
El lenguaje es el signo de los tiempos, lo que se dice y cómo se dice es revelador y recoge lo que se siente y cómo se interrelaciona el ciudadano con el poder. La palabra es poderosa, por ello la exigencia de fe de vida hacia el Estado no es un tema menor, es un grito que los señala como terroristas, es una expresión tangible de una dolorosa realidad en la que una revolución que prometía llevar a la gente a ‘la mayor suma de felicidad posible’, se convirtió en una organización de vulgares secuestradores de una población a quienes niegan los derechos más elementales. Con estos en el poder, Venezuela no tiene vida.