El último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela

Está pautado para el día miércoles 29 de junio el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los DDHH en Venezuela bajo el mandato que los miembros del Consejo le otorgaran en septiembre del 2020. El Consejo de Derechos Humanos analizará en este, su 50° período de sesiones no solo a Venezuela, por supuesto. Bajo el ítem 4, relativo a Situaciones de los Derechos Humanos que requieren la atención del Consejo, se revisan en cada período de sesiones un número de países, y en este caso la lista de países que serán objeto de una presentación oral y posteriormente de un diálogo interactivo son los siguientes:

6. 1. Burundi, uno de los países más pobres del mundo en guerra civil desde el 2015 y padeciendo una crisis humanitaria y de refugiados. Luego del último informe de la Comisión de Investigación, el Consejo de DDHH nombró un relator especial basándose en los resultados de la Comisión para monitorear la situación, formular recomendaciones para mejorarla y recopilar y evaluar información de todas las partes interesadas en relación a los DDHH y el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Burundi en esa materia.
      
      
   2. Etiopía, país en guerra civil impulsada desde el gobierno central contra su más importante provincia, situación para la que el Consejo de DDHH estableció una Comisión Internacional de Expertos y que presentará un informe oral.
      
      
   3. Myanmar. Luego de la persecución de la minoría musulmana Rohingyas en el 2017 que provocó su gran éxodo en la región asiática y que llevó al establecimiento de una Misión de Determinación de los Hechos; y luego del golpe de Estado llevado a cabo por los militares de ese país al desconocer los resultados electorales en el 2021, el Consejo de DDHH estableció un relator especial a quien le han prorrogado el mandato por un año más a fin de que presente un informe sobre los progresos en materia de DDHH en ese país.
      
      
   4. Siria, en guerra civil desde 2011, el Consejo de DDHH decidió prorrogar por un año más el mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación y solicitó a la Comisión que presentara una actualización oral al Consejo durante el diálogo interactivo en su quincuagésimo período de sesiones. Además, solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada que siguiera documentando y publicando las muertes de civiles y que presentara un informe al respecto. Ambos informes orales se van a escuchar en este período de sesiones.
      
      
   5. Bielorrusia, en situación de investigación sobre todo desde el 2020 cuando el Presidente de ese país, quien gobierna desde hace más de veinte años se declaró vencedor de las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año. Desde entonces ha aumentado la represión, la persecución y las torturas de quienes se oponen al régimen ante la ausencia de un poder judicial independiente. En este contexto, el Consejo adoptó el nombramiento de un Relator Especial, quien presentará un informe sobre la situación de los DDHH en Bielorrusia al Consejo.
      
      
   6. Venezuela. En 2020 se adoptó la extensión del mandato para que la Misión de Determinación de los Hechos establecida en el 2019 continuara su investigación por dos años más. En esa resolución se le solicitó también a la Alta Comisionada que preparara un informe completo por escrito sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela que contuviera una evaluación detallada de la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores, y presentarlo al Consejo en su 50º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo.

Se destacan aquí varias cosas. La primera de ellas y que, como venezolanos nos debería interpelar a todos, es la compañía en la que se encuentra Venezuela gracias al régimen de Nicolás Maduro. Los países examinados y cuya situación preocupa al Consejo, son autocracias: países en guerra civil, países donde han ocurrido genocidios, donde hay grupos armados en control del territorio, o gobiernos sin Estado de Derecho y sin respeto a procesos electorales. Al leer los informes sobre estos u otros países, se puede evidenciar que bastaría con cambiar el nombre de cualquiera de ellos por el de Venezuela, para que la situación de persecución, de ejecuciones extrajudiciales, de crisis humanitaria, de éxodo sea idéntica a la nuestra. Incluso, en muchos casos, los informes conceden que ha habido una leve mejora o un compromiso de las autoridades para hacer mejoras, pero que la situación de violación de los Derechos Humanos persiste, tal como ha aparecido en los últimos cuatro años en los distintos informes de la Oficina de la Alta Comisionada sobre Venezuela. Pareciera que compartieran un manual de dictaduras de tal manera que la similitud de las acciones quedara plasmada en estos informes. Además, ya veremos cómo, al igual que los representantes de Burundi, Siria o Bielorrusia, el representante de Venezuela atacará y descalificará la pertinencia o calidad de su contenido, como si todos manejaran un mismo guion.

Lo segundo, es que, más allá de la operatividad o utilidad del sistema universal de DDHH representado en este Consejo, los venezolanos no deben acostumbrarse a que esta sea la norma, ni esperar que esta Alta Comisionada o quien esté por venir actúen para evitar que se sigan violando los derechos fundamentales. Antes bien, es necesario preguntarse ¿cómo se llegó a este nivel de deterioro?, ¿por qué a quienes detentan el poder y son en definitiva responsables del bienestar de los ciudadanos, permitieron estos niveles de degradación que nos llevaron a estándares similares a los del país más pobre del mundo, o de la guerra civil más larga y cruenta de este siglo, o de la razzia y exterminio de sus semejantes realizada por jefe de Estado alguno contra su propia población por el hecho de tener creencias distintas?

Poco importan las sanciones, o cómo son señaladas por el régimen, las medidas coercitivas unilaterales, pues llegar hasta aquí no fue cosa de un día, ni culpa de un imperio o su presidente. El daño no sólo viene asociado a la corrupción, la ineficiencia, la ausencia de políticas de Estado, de la inadecuada formación ciudadana de los órganos de seguridad del Estado, y la inobservancia de las leyes, sino del deterioro moral del país que se promueve desde la cúpula del gobierno de facto.

Por eso, cuando leemos en el informe que será presentado por la Oficina de la Alta Comisionada que sigue reportando casos de detenciones arbitrarias, de ejecuciones, de silenciamiento de los medios violando la libertad de expresión, o señalando que es necesario garantizar “investigaciones prontas, independientes, efectivas, imparciales, transparentes, exhaustivas y creíbles y procedimientos judiciales en los casos de presuntas violaciones de los Derechos Humanos”, y que asegure, “enjuicie y castigue a los responsables, incluidos los superiores, de conformidad con el derecho internacional de los Derechos Humanos” vemos repetirse la historia de otros estados fallidos y forajidos. Una vez alcanzado este nivel de cronicidad, de falta de voluntad genuina por parte de quienes ejercen el poder para asegurar la debida protección y el debido respeto por los derechos básicos de los ciudadanos, es muy poco lo que las instancias internacionales pueden hacer. Menos aun cuando los apoyos regionales y de la comunidad internacional ya han dejado de existir, y se aleja la posibilidad de continuar con las investigaciones internacionales independientes que puedan recabar y documentar nueva información.

A la natural frustración que esto causa, hay que contraponer la realidad de que la ONU y sus organismos tienen limitaciones, pues no pueden ir más allá del señalamiento y la exhortación puesto que se parte de la base de que quienes firmaron los tratados para adherirse a la ONU o al Consejo de DDHH lo hacen para cumplir de manera voluntaria con las normas allí establecidas. Pero la realidad es que, al no tener una autoridad coercitiva, la fuerza de la ONU no es más que persuasiva, exhortativa y que los pasos para que los casos documentados lleguen a denuncias y acusaciones concretas, tardarán muchos años.

Al entender estas limitaciones, solo queda seguir ejerciendo presión desde adentro, denunciando con rigor y seriedad. Y buscar apoyos incluso en las mismas filas de quienes gobiernan, porque entre los afiliados al PSUV, entre aquellos que creen que Maduro está haciendo las cosas bien, entre aquellos que querían una revolución porque estaban en desacuerdo con las imperfecciones de la democracia debe haber gente que no coincida con el rumbo que se tomó hacia la red de complicidades y dependencias que se tejen en el club de los autócratas. Habrá gente en esas filas que se sentirá avergonzado de verse retratado al lado de los casos más atroces del planeta. Que debe dolerle el hambre y la pobreza de un país, el daño ecológico a nuestra selva amazónica donde cunde la destrucción de nuestras comunidades autóctonas, así como el trabajo infantil y la explotación sexual, según reseña también este último informe de la Alta Comisionada Bachelet. Y a ellos es que hay que dirigirse para buscar que desde adentro procuren cambiar las cosas. Porque de lo contrario, seguiremos acumulando informes y compartiendo el podio con esos países parias, y el Consejo de Derechos Humanos, si acaso, para hacerle honor a nuestra cronicidad, designará un relator especial que se ocupe de seguir documentando e informando acerca de las violaciones a los DDHH ocurridas en Venezuela y así sentirse que está haciendo algo.