Dentro del mundo de la acción humanitaria la neutralidad es una premisa central que permite a las organizaciones brindar ayuda a todas las víctimas de una emergencia de cualquier naturaleza. Desde esa óptica, pedir que no se politice la emergencia humanitaria es una solicitud importante, puesto que si la política partidista interfiere, puede terminar impidiendo que sea posible apoyar a las víctimas.
Pero mi rol no es de activista humanitaria y desde el punto de vista analítico es imprescindible afirmar que incluso la propia definición de nuestra situación social es un campo de lucha política y por eso parto del argumento central que titula estas líneas: La Emergencia Humanitaria Compleja es política. Y lo es desde varios puntos de vista que desarrollo a continuación.
En primer lugar, la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la sociedad venezolana tiene su origen en la política. La prolongada recesión económica presente desde 2014 y que solo a fines de 2021 parece empezar a remitir, no fue producto de un conflicto armado o de una catástrofe natural. Años de políticas económicas orientadas a promover el control estatal en la mayor parte de los sectores económicos terminaron minando las capacidades de producción nacional; el irrespeto de las normativas de licitaciones y contraloría propició una corrupción masiva que restó recursos a las áreas principales de la acción pública y dejó al país plagado de los cadáveres de obras inconclusas; contrataciones de personal basadas en la lealtad y sin considerar los requisitos técnicos nos han legado una burocracia oficial con escasa capacidad para la formulación y evaluación de las políticas públicas.
“Las negociaciones más importantes para que este país pueda recuperar la vía del crecimiento y el bienestar son las que tiene que ver con lo social”
En resumidas cuentas, múltiples aspectos de las políticas públicas de las últimas décadas crearon un panorama de caída del Producto Interno Bruto (PIB), escasez de bienes básicos de consumo, inflación, ausencia de billetes y monedas para pagar productos y servicios, deterioro de los servicios públicos y retroceso de los derechos sociales en general.
Algunos lectores quizás discreparán de lo anterior porque no he incluido el efecto de las sanciones. Podemos complacer a este sector de la audiencia admitiendo que las sanciones en efecto han agravado la crisis, puesto que ha caído el ingreso fiscal y, sobre todo a partir de 2020, han afectado la disponibilidad de combustibles en el mercado interno con fuertes efectos sobre la producción nacional y la distribución interna de mercancías, incluidos productos básicos como alimentos o medicinas. Por efecto de estas sanciones, el gobierno de Nicolás Maduro optó por permitir una relativa apertura económica y por un drástico ajuste fiscal. De acuerdo con estimaciones independientes, el déficit fiscal podría haber bajado de 20% del PIB a 7% en menos de tres años. Esta decisión política de disminuir el gasto público eliminando la inversión en el área social (el deplorable estado de hospitales y escuelas es prueba suficiente, aun en ausencia de cifras presupuestarias) y permitiendo la destrucción de los salarios, ha creado un nuevo panorama de alta desigualdad; en el que hay nuevamente productos en el mercado, pero una inmensa mayoría carece de los ingresos para beneficiarse de esta economía de enclave del siglo XXI. Para quienes están fuera de los enclaves dolarizados, la emergencia humanitaria continúa y se agravan las consecuencias.
“Hace falta acuerdos para tratar de rescatar la infraestructura social y recomponer los servicios pese a la emigración del personal”
El segundo aspecto político de la Emergencia Humanitaria Compleja es la lucha por que la gravedad de la situación social sea reconocida, tanto a nivel nacional como en el internacional. En esta lucha, la principal arma del gobierno de Nicolás Maduro ha sido dejar de publicar las cifras oficiales de la situación social. Desapareció de la web el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV). Dejó de publicarse la pobreza por ingreso, la encuesta de consumo de alimentos, los boletines epidemiológicos, las tasas de morbilidad y mortalidad, entre otras tantas estadísticas imprescindibles para hacer seguimiento a la situación social.
Pese a esta decisión política de extrema opacidad, las organizaciones de la sociedad civil con labor en el área social empezaban a notar las evidencias de la magnitud de la crisis y a intentar documentarla. Se enviaron informes al Examen Periódico Universal (EPU) 2016 y se llevaron cifras a audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertando sobre la emergencia en desarrollo. Para estos escenarios internacionales, las cifras resultaban poco creíbles o eran un elemento más en la conflictividad política venezolana. Solo cuando empezaron a llegar a las portadas de los medios las fotos de las multitudes de venezolanos intentando cruzar el Puente Simón Bolívar para ir a Colombia la comunidad internacional comenzó a tomar en serio las evidencias de una emergencia humanitaria en Venezuela.
“La decisión política de disminuir el gasto público eliminando la inversión en el área social y permitiendo la destrucción de los salarios, ha creado un nuevo panorama de alta desigualdad”
Por último, la Emergencia Humanitaria ha intentado ser instrumentalizada por ambos bandos en el conflicto político. La ayuda humanitaria que entraría por las fronteras se convirtió en un circo, entre los que querían promover su entrada y el Gobierno atravesando camiones en el puente para impedirla. En ambos casos, la situación real de la vida de millones de venezolanos era menos importante que tratar de anotarse una victoria usando la ayuda humanitaria como medio.
Por supuesto, las respuestas a la grave situación humanitaria son también políticas. Pero no me refiero con ello a que dependan de que haya un cambio de gobierno o régimen político; de hecho, ningún cambio político significaría automáticamente una mejora económica y social. Hacen falta acuerdos políticos para que las medidas de política económica y laboral sean acordadas a través del diálogo social. Hace falta acuerdos para tratar de rescatar la infraestructura social y recomponer los servicios pese a la emigración del personal. Hace falta acuerdos para recibir financiamiento externo y que los más pobres dejen de ser quienes pagan los costos del ajuste.
Sin embargo, cada vez que se habla de diálogo solo se piensa en el sistema político, en las elecciones. Pero las negociaciones más importantes para que este país pueda recuperar la vía del crecimiento y el bienestar son las que tiene que ver con lo social. Sin esas negociaciones, bien podría ocurrir un cambio político en el que los que más sufren sigan sufriendo. Después de todo, nada más favorable a las ganancias del capitalista que los salarios irrisorios que hoy se pagan en Venezuela. La lucha de las organizaciones sociales es que estos temas vitales no salgan de la agenda. No solo de elecciones libres vive el hombre.