“No hay tiranía más detestable que la que se ejerce
a la sombra de la ley y so color de justicia”
Francisco Javier Yanes
En enero de 2022 la quinta legislatura de la Asamblea Nacional, bajo el control de Nicolás Maduro, aprobó la Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La mayoría de las reformas son formales y muchas de ellas de poca transcendencia, salvo en lo que respecta a la reducción del número de magistrados (que de 32 pasan a 20), lo cual permitirá a la quinta legislatura designar a esos nuevos magistrados. Esta selección quedó a cargo del Comité de Postulaciones Judiciales, quien también debe intervenir en la sección de los candidatos a Inspector General de Tribunales y Director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Este Comité se instaló el 2 de febrero de 2022. Diversos interesados -incluyendo a buena parte de los actuales magistrados, quienes optan así por su reelección- se postularon ante el Comité, quien anunció que en marzo podría culminar el procedimiento de designación de los magistrados. Pero lo cierto es que, como ha recordado Acceso a la Justicia, el procedimiento se ha retrasado.
Esta reforma, según afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, podría ser un paso prometedor. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la reforma, al no responder a un esfuerzo integrado por restablecer la independencia del Poder Judicial, que ha sido instrumento de la violación sistemática de derechos humanos. ¿Qué puede esperarse?
La ilegitimidad de la reforma del TSJ
Desde la perspectiva jurídica de los Derechos Humanos, la nueva Ley del TSJ no ofrece ninguna oportunidad para restablecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, tal y como ha concluido el profesor Román J. Duque Corredor. La designación de los nuevos magistrados, además, ha incumplido los estándares internacionales mínimos, pues, en suma, ha sido un proceso controlado desde el régimen de Maduro a través del parcializado Comité de Postulaciones Judiciales. Así, tal y como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha concluido, uno de los aspectos más criticables de la reforma fue el incremento del control político sobre el Comité de Postulaciones, lo que se tradujo en la creciente politización de todo el proceso de selección de los nuevos magistrados.
Por si fuera poco, y como ha explicado el profesor Allan R. Brewer-Carías, la Sala Constitucional -incluyendo a los magistrados que optan por la reelección- se apresuró a convalidar la constitucionalidad de la Ley, incluso, para aumentar sus propias facultades.
¿Podrían los nuevos magistrados del TSJ restablecer la autonomía del Tribunal?
El cúmulo de violaciones de la Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, junto con los vicios del procedimiento de selección de los magistrados, afectan irremediablemente los resultados del proceso de selección. No obstante, hay quienes consideran que, a pesar de todo, es posible que la designación de los nuevos magistrados sea un paso hacia el rescate de la autonomía del TSJ. Tal es la posición de diversas personas de la sociedad civil que se reunieron en días pasados con Nicolás Maduro.
“El objetivo no puede ser lograr ‘en alguna medida, al menos’ magistrados honorables. El objetivo es restablecer la independencia del Poder Judicial, especialmente, para brindar remedios efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos”
Así, en misiva dirigida a Maduro, con fecha 5 de abril de 2022, diversos representantes de la sociedad civil reconocieron los elementos de inconstitucionalidad de la Ley de reforma. Con todo, afirmaron que “se trata de una oportunidad de negociar e incidir en que el nuevo TSJ esté compuesto, en alguna medida, al menos, por magistrados honorables a los que se le pueda pedir responsabilidad y rendición en la gestión”. A tales efectos señalan que, por medio del Foro Cívico, promovieron la postulación de 11 candidatos que cumplen con ese perfil.
La reunión ha suscitado algunas duras críticas, que caen en lo que suele denominarse falacia ad hominem, o sea, críticas que se centran en las personas que se reunieron y en la reunión en sí, pero no en los argumentos de la carta. Ese no es mi interés. Por el contrario, mi análisis se centra, únicamente, en los argumentos de la carta. En mi opinión, existe una contradicción insalvable entre el objetivo señalado en la carta y el procedimiento seguido hasta ahora por la ilegítima quinta legislatura, que la misiva en cuestión no ponderó debidamente. La independencia de los magistrados del TSJ no es solo cuestión de negociaciones políticas. Es, antes que nada, una condición que, para ser alcanzada, requiere procedimientos igualmente independientes de selección de los magistrados.
Las razones de inconstitucionalidad de la Ley de reforma, y tanto más, las graves desviaciones del procedimiento de selección, impiden que el nuevo TSJ designado cumpla con los principios constitucionales y los estándares internacionales sobre independencia judicial.
“Desde la perspectiva jurídica de los Derechos Humanos, la nueva Ley del TSJ no ofrece ninguna oportunidad para restablecer la autonomía e independencia del Poder Judicial”
De otro lado, la negociación para la designación de esos magistrados -como sucedió con el nombramiento de los rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)- no ha sido transparente. ¿Quiénes están negociando?, ¿cuál es su cualidad?, ¿cuál es la contrapartida a la designación de los magistrados?, ¿por qué esta negociación no se ha conducido de manera transparente en las conversaciones de México, siendo que la reestructuración del Poder Judicial fue una de las condiciones acordadas en el Memorando de Entendimiento?, ¿por qué no han participado en esas negociaciones otros actores, en especial, de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional? Lo más importante de todo: ¿Por qué las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares y representantes, no tienen cabida en esas poco transparentes negociaciones?
Por último, el objetivo no puede ser lograr “en alguna medida, al menos” magistrados honorables. El objetivo es restablecer la independencia del Poder Judicial, especialmente, para brindar remedios efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este objetivo no se va a lograr si de los 20 nuevos magistrados, por decir un número, 8 son “magistrados honorables”. Esos magistrados, si acaso, solo podrán salvar el voto, mientras la mayoría de “magistrados no-honorables” actuará al servicio de Nicolás Maduro.
¿Podría la designación de los nuevos magistrados del TSJ ser un primer paso para restablecer la autonomía del Tribunal?
Frente al argumento según el cual, en las actuales condiciones, la designación de los nuevos magistrados no podrá restablecer la autonomía del TSJ, se podrá alegar que tal designación sí sería un primer paso para lograr ese objetivo. Frente a la realidad actual de un TSJ en el que el 100% de sus magistrados dependen de Maduro, un nuevo Tribunal en el cual, digamos, el 60% actúe bajo control de Maduro, sería un primer paso.
Hay varias objeciones a ese razonamiento:
La primera objeción es que el objetivo que debe lograrse no puede ser tener un “TSJ más balanceado”. No existe ningún estándar internacional que aluda a lo balanceado que deban ser los tribunales. El estándar que vale es la independencia, en especial, de cara a la investigación enmarcada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y en tal sentido, solo hay dos opciones: El nuevo TSJ o es independiente o no lo es. Bajo las actuales condiciones, no es posible que el nuevo TSJ sea independiente, con lo cual, en realidad, no se habría dado ningún paso.
“La independencia de los magistrados del TSJ no es solo cuestión de negociaciones políticas. Es, antes que nada, una condición que, para ser alcanzada, requiere procedimientos igualmente independientes de selección de los magistrados”
La segunda objeción es que este es un razonamiento muy peligroso, pues el entusiasmo del “primer paso”, puede terminar convalidando una violación constitucional. Así, creo más bien que la reorganización del TSJ no es el primer paso sino es el paso final, en el sentido que el nuevo TSJ que surja de ese proceso será el que “administre justicia”, hasta que cambien las condiciones. La idea de pasar de un TSJ 100% sometido a Maduro, a un TSJ -digamos- sometido en un 60% a Maduro puede ser muy sugestiva, pero nada hace pensar que el próximo paso será reducir ese porcentaje al 50%, y luego, en sucesivos pasos, aproximarse al 100% de magistrados independientes. De nuevo, allí está el ejemplo del nuevo CNE: la designación de dos rectores independientes no fue un primero paso. Fue en realidad un “paso único” que se enfrentó a la barrera infranqueable de los tres rectores dominados por Maduro. Por ello, las elecciones regionales y locales fueron fraudulentas, como ha sucedido con todos los procesos conducidos desde 2017.
La tercera y última objeción es que la inconstitucional reorganización del TSJ puede ser un obstáculo para la reconciliación nacional. Sociedades enfrentadas a crisis y conflictos como los que atraviesa Venezuela, deben implementar un cuidadoso proceso de justicia transicional que se mueva entre dos extremos, a saber, la venganza y la impunidad. Dos condiciones son esenciales para ello -y esas dos condiciones están ausentes en la inconstitucional reforma del TSJ-: verdad y justicia. La tesis del “TSJ más balanceado” basado en “espacios que hay que ocupar”, responde a razones políticas, pero ello no es un paso hacia la justicia genuina. Además, al tratarse de una simulación, el nuevo TSJ se basa en un fraude, que es lo contrario a la verdad.
Tal y como afirmó Juan Pablo II, “no hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón”. La inconstitucional y fraudulenta reforma del TSJ no es un paso hacia la justicia, y mal puede ser un paso para la paz y el perdón, basado en la reconciliación nacional.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser el centro (o la ansiada justicia transicional)
No es posible analizar la designación del nuevo TSJ sin hablar de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Así, el necesario restablecimiento de la autonomía del TSJ no solo es un paso necesario para restablecer el Estado de Derecho. En especial, y de manera prioritaria, ello debe ser un paso para restablecer la dignidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos imputables al régimen de Nicolás Maduro.
“No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón”
Juan Pablo II
Pero no solo la reforma del TSJ, por las razones antes dadas, no ofrece ninguna garantía de reparación a las víctimas. Es que, en el fondo, esta reforma forma parte del intento de Nicolás Maduro de simular reformas judiciales para eludir su responsabilidad frente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Habría que preguntar por qué Maduro decidió, ahora, reformar la Ley del TSJ, incluso, reduciendo el período de los magistrados designados -ilegítimamente, por lo demás-. La única razón que justifica esa reforma en este momento es la investigación iniciada por la Fiscalía de la CPI, y en cuyo marco se celebró un Memorando de Entendimiento, que obliga a implementar reformas genuinas en el Poder Judicial para atender al principio de complementariedad. De allí el apuro de Maduro de reformar diversas Leyes penales, y ahora, el apuro de nombrar a un nuevo TSJ. En especial, pues el 16 de abril Maduro deberá explicar a la Fiscalía los avances en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos.
Para esa actuación, y en general, para la investigación ante la Fiscalía, a Maduro le conviene presentar la reforma del TSJ como un primer paso, incluso avalado por la sociedad civil y la “oposición” presente en la quinta legislatura. Con lo cual, la reforma del TSJ es algo peor que una reorganización inconstitucional: es un claro fraude que pretende dar la imagen de un nuevo TSJ que se enmarca en un proceso de reforma integral del Poder Judicial. La reconciliación nacional y la paz no pueden basarse en fraudes y medias verdades. Tampoco en actos de venganza. He insistido en que Venezuela necesita avanzar en un proceso genuino de justicia transicional, con negociaciones abiertas y transparentes en las cuales el centro sean las víctimas. La reforma del TSJ no es un primer paso hacia esa dirección.
Una reforma inconstitucional, controlada políticamente por el régimen de Maduro, y enmarcada en negociaciones poco transparentes en las cuales el régimen decide quién puede participar y quién no, no es un camino que apunte a la justicia, la paz y el perdón. En realidad, es todo lo contrario.