El 18 de marzo de 2022 una noticia irrumpió en las redes: el régimen de Nicolás Maduro había devuelto el inmueble conocido como “Sambil La Candelaria” a su propietario, Constructora Sambil, luego de que en 2008 el gobierno de Hugo Chávez ordenara su expropiación.
En un país polarizado como Venezuela, no sorprende la diversidad de reacciones que esta acción generó. Para algunos, la devolución de El Sambil La Candelaria es una muestra de las políticas promercado que el régimen de Maduro está implementando para atraer inversiones privadas, como parte de la transformación de la economía venezolana. Para otros, es una muestra más de la arbitrariedad y corrupción del régimen de Maduro.
¿Cuál de las dos versiones describe mejor lo que está pasando?
Un poco de historia
La expropiación de El Sambil La Candelaria es parte de una cadena de políticas implementadas especialmente desde 2005, y que se orientaron a destruir los derechos económicos privados. Esta destrucción no solo se alcanzó por medio de controles centralizados, sino, además, a través de una abusiva política de expropiaciones de hecho.
He aludido a expropiaciones de hecho pues no se trató de medidas de expropiación conducidas de acuerdo con las garantías que prescribe la todavía vigente Ley de Expropiación. En realidad, los gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la propiedad privada por medio de un sinnúmero de medidas arbitrarias, tales y como ocupaciones, medidas judiciales de intervención, o sanciones impuestas por la supuesta infracción de la Ley.
“Esta restitución fue arbitraria, pues no es resultado de una política general y transparente. Una de las reformas necesarias en Venezuela es restablecer el derecho de propiedad privada”
Tal fue el caso de la expropiación de El Sambil, que en su momento estudié. Así, la expropiación fue arbitrariamente ordenada por Chávez, sin debido proceso, e implementada por medio de ocupaciones y medidas judiciales igualmente arbitrarias. Se trató, en realidad, de un despojo, que además no condujo a la construcción de ninguna obra pública.
Chávez pudo implementar este despojo pues había desmantelado las garantías del Estado de Derecho, en especial, después de la intervención política del Tribunal Supremo de Justicia. Como resultado de ello, los inversionistas nacionales afectados por las expropiaciones no pudieron acceder a ningún mecanismo independiente para proteger sus derechos. Los inversionistas extranjeros corrieron con algo más de suerte, pues algunos pudieron tener acceso al arbitraje internacional de inversiones, lo que ha resultado en condenas por miles de millones de dólares.
Pero para los inversionistas nacionales, solo cabía esperar.
Una reparación incompleta
Catorce años después, la larga espera de Constructora Sambil terminó, al menos en parte, ante la devolución del inmueble. Esta no es, sin embargo, una medida adecuada de reparación.
Así, es innegable que la devolución del inmueble que había sido despojado en 2008 genera una condición más eficiente. La Constructora ha recuperado la posesión del inmueble que siempre fue su propiedad, anunciando planes de inversión para la apertura del centro comercial. Este solo anuncio genera condiciones favorables por las expectativas de creación de puestos de trabajo en la zona. De esa manera, en un análisis costo-beneficio, la devolución del inmueble resulta favorable.
“Chávez pudo implementar este despojo pues había desmantelado las garantías del Estado de Derecho, en especial, después de la intervención política del Tribunal Supremo de Justicia”
Pero no es una reparación integral. De acuerdo con la Ley de Expropiación, en casos como el examinado de la Constructora Sambil no solo tiene derecho a la devolución del inmueble, sino además, a la compensación de los daños y perjuicios ocasionados por el despojo, tanto por los daños causados (daño emergente) como por los ingresos dejados de percibir (lucro cesante). Cabría además explorar la posibilidad de un daño reputacional.
No conocemos los detalles legales de la devolución, pero nada hace pensar que el régimen de Maduro accedió a una reparación integral, que insisto, es la única forma de restituir debidamente los derechos económicos de Constructora Sambil. Por ello, la reparación fue incompleta.
Una restitución arbitraria
Además, esta restitución fue arbitraria, pues no es resultado de una política general y transparente. Una de las reformas necesarias en Venezuela, como he explicado en mi nuevo libro, es restablecer el derecho de propiedad privada, todo lo cual precisa de: (i) Un nuevo marco legislativo; (ii) Garantías de control judicial por medio de tribunales independientes, y (iii) Una política general y transparente de indemnización y restablecimiento integral a los inversionistas cuyos derechos fueron expropiados.
Uno de los mecanismos de restablecimiento de los derechos de propiedad es mediante la devolución de las propiedades despojadas a sus legítimos dueños, junto a políticas de fomento que faciliten las inversiones necesarias para la recuperación y plena utilización de esas propiedades.
“El primer paso es restablecer los mecanismos de mercado, y esa sigue siendo una tarea pendiente”
La devolución del Sambil La Candelaria incumple esas condiciones. Así, no es una política general, pues solo aplica a un solo caso. Tampoco es una política transparente, pues no se conocen las causas y términos bajo las cuales esa devolución procedió. Lo más importante: todavía están vigentes las mismas instituciones predatorias que, en 2008, permitieron el despojo de El Sambil.
Aclaro que esta es una arbitrariedad desde la perspectiva de las políticas públicas, no desde la perspectiva de Constructora Sambil. Esa empresa es una víctima de las políticas predatorias y, como tal, tiene derecho a una reparación integral. Aun cuando esa reparación no se haya logrado, la restitución del inmueble de su propiedad mejora su situación, y ello, de por sí, es una medida positiva.
El colapso del Estado no es una política pro-mercado
Con la poca información que manejo, creo que lo más razonable es concluir que la devolución de El Sambil respondió a una medida pragmática. Ante el colapso estatal, era imposible que el Estado emprendiera alguna obra en El Sambil. Frente a su situación de abandono, el régimen de Maduro prefirió su devolución -sigilosa- a Constructora El Sambil. El régimen de Maduro se beneficia, al menos, por dos motivos: (i) Se libera de las cargas de mantenimiento y operación del inmueble, y (ii) Ayuda a la narrativa de la transformación económica pro-mercado.
“Lo más importante: todavía están vigentes las mismas instituciones predatorias que, en 2008, permitieron el despojo de El Sambil”
Con lo cual, la devolución de El Sambil La Candelaria responde a lo que yo he llamado espacios de tolerancia económica: el colapso estatal llevó al régimen de Maduro a tolerar la inversión privada. Sin embargo, los mecanismos de mercado no han sido restablecidos: no hay reglas que garanticen los derechos económicos, no hay tribunales independientes que protejan a la inversión privada, y tampoco hay una policía general y transparente de restablecimiento de los derechos de propiedad, como parte de la renegociación de la deuda pública venezolana.
De allí el error conceptual de ver, en este gesto del régimen de Maduro, una política pro-mercado signo de la recuperación económica. En realidad, para recuperarse de un colapso del 80% del Producto Interno Bruto (PIB), Venezuela necesita mucho más que devolver un centro comercial ilegítimamente despojado hace 14 años. El primer paso es restablecer los mecanismos de mercado, y esa sigue siendo una tarea pendiente.