No todas las críticas a las actuaciones de los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez provienen de sectores radicales o forman parte de una conspiración para truncar la vía electoral. Al contrario, defensores del voto que abogan por la moderación también han reprobado -en determinados momentos- las declaraciones y el desempeño de los dos árbitros.
Al margen de las “malas” intenciones y agendas ocultas, el “fuego amigo” puede ser producto de la incomprensión de lo que representan en este momento los dos rectores, pero también pone de bulto el gran desafío que tienen por delante Picón y Márquez para transmitir con claridad su mensaje.
Con la excepción de 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) siempre contó con rectores “de” o “por” la oposición. Personas que respondían a las directrices de las principales fuerzas que adversan al chavismo. Ahora la situación es distinta. Picón y Márquez encarnan o son la expresión de una propuesta política dentro del campo de la oposición, que incluso va en contravía de la estrategia de confrontación impulsada por el G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), desde antes de la instalación del Gobierno interino y de la presidencia encargada de Juan Guaidó.
Esta propuesta política apuesta por el diálogo, la convivencia, la creación de espacios para construir confianza y el entendimiento. Rechazan las posiciones radicales y confían en la existencia de sectores moderados dentro del chavismo, a los que extienden la mano para que se manifiesten sin miedo y se sumen al esfuerzo por pavimentar el camino hacia una transición democrática donde quepan todos por igual.
“Los rectores cumplirán su labor con más o menos brillo, pero nada sustituye el trabajo que deben realizar partidos y sociedad civil para conquistar los triunfos en las urnas”
Partiendo de esos principios, difícil esperar de los rectores que sean “más políticos” o “duros” con aquellos a los que buscan atraer. Picón y Márquez no se “infiltraron” en el organismo para implosionarlo. Están allí procurando contribuir con la conversión del CNE, para que algún día deje de ser lo que hoy sigue siendo -la oficina electoral del PSUV- y se acerque, aunque sea tímidamente, al concepto de institución.
Ese objetivo exige moderar el discurso y ajustarlo a las normas republicanas y democráticas. Y aquí surge otro escollo, pues es inevitable que en este contexto aquello parezca una opereta, donde los actores simulan dirigirse a una institucionalidad que no existe. El chavismo se regodea en la farsa, pero el resto de la audiencia no entiende el número y se siente burlada o confundida.
Aquí no hay espacio para la “renuncia” que algunos, sinceramente indignados, reclaman para responder a los agravios del PSUV. Primero, porque esta política cree en la participación en general, rechaza la “autoexclusión” e intenta aprovechar cualquier espacio para promover la renovación institucional.
Segundo, porque sería irresponsable y hasta ridículo que declinen cuando apenas está comenzando su gestión. Si asumieron esta responsabilidad, deben estar absolutamente conscientes de los obstáculos que enfrentarán. Y tercero, porque en este momento su dimisión tendría un impacto igual a cero. ¿De qué serviría su retirada?, ¿para “revelar” que el CNE es chavista y que en Venezuela no hay elecciones libres?
Son y no son
La afirmación que señala que “el actual CNE se considera el más equilibrado de los últimos 20 años”, en realidad, deja en evidencia tres cosas: 1) La capacidad de incidencia de los actores políticos y sociales involucrados en esta política. 2) La honorabilidad y el respeto de los que gozan Picón y Márquez. 3) El bajísimo nivel que ha exhibido el Poder Electoral desde su fundación. De hecho, si se compara con el nombrado en 2020, presidido por la magistrada Indira Alfonzo, los directorios encabezados por Tibisay Lucena son ejemplo de rectitud.
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) resaltó como un avance ese equilibrio -3 a 2 a favor del chavismo-, mas en los múltiples “sin embargo” de su declaración, la propia UE admite que esto no impidió que se cometieran los mismos abusos de siempre: Uso de recursos del Estado, ventajismo, inhabilitaciones, judicialización de partidos, y censura en medios, entre otros.
Por cuestiones de tiempo, la evaluación de la MOE-UE no incluyó el caso del estado Barinas, quizá la única novedad de este proceso: la inhabilitación de un candidato tras su victoria. Sectores de oposición buscaron atenuar o disminuir la responsabilidad en este hecho del CNE, con el fin de no empañar el “prestigio” que habría alcanzado en pocas semanas.
“Son un activo importante para la ciudadanía y pueden apelar a la negociación, impulsar los temas clave de la agenda electoral, ejercer la supervisión in situ y, en última instancia, elevar su voz de protesta ante los abusos”
Así, entre las múltiples interpretaciones del caso, surgió una que exponía una especie de conspiración fraguada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el más villano de los villanos, provocando gran consternación entre los rectores chavistas. Al final, era complicado detectar los límites del mencionado complot, pues la inhabilitación fue firmada por una ficha de Nicolás Maduro, en teoría más proclive a la apertura. Otra versión, en cambio, sostenía que el trío de árbitros rojos había cumplido gustoso la encomienda de sus superiores.
El rector Picón alertó que “desde afuera” torpedeaban al CNE. Y eso es absolutamente cierto, pues todos los poderes públicos venezolanos llevan 22 años siendo atacados “desde afuera”, lugar que tiene su código postal en Miraflores. Desde afuera se desmontó el TSJ, la Fiscalía, la Contraloría, el Parlamento y toda la institucionalidad venezolana. Luego, aquello ha contado con la complicidad o aquiescencia de algunos desde adentro.
El equilibrio
Tal vez lo mejor sería marcar las diferencias ante la opinión pública. Los rectores Picón y Márquez no “son” sino que forman parte del CNE, ente dominado por el chavismo. No tienen el poder de definir el rumbo del organismo, pero sí son un activo importante para la ciudadanía y pueden apelar a la negociación, impulsar los temas clave de la agenda electoral, ejercer la supervisión in situ y, en última instancia, elevar su voz de protesta ante los abusos.
Atar la participación electoral al “prestigio” del CNE sería contradictorio, más si se ha señalado que la insistencia en el tema de las condiciones es usada como excusa o coartada por quienes promueven la abstención. Si el llamado a votar depende del equilibrio del CNE, muy probablemente nadie sufragará jamás ni para una junta de condominio.
“Todos los poderes públicos venezolanos llevan 22 años siendo atacados ‘desde afuera’, lugar que tiene su código postal en Miraflores. Desde afuera se desmontó el TSJ, la Fiscalía, la Contraloría, el Parlamento y toda la institucionalidad venezolana”
Recordar, además, que la derrota electoral más traumática sufrida por la oposición ocurrió con dos rectores de oposición: Ezequiel Zamora y Sobella Mejías en el revocatorio de 2004. Y los mayores éxitos con un solo rector, Vicente Díaz en la reforma de 2007; y el muy discreto Luis Emilio Rondón en las parlamentarias de 2015. Conclusión: los rectores cumplirán su labor con más o menos brillo, pero nada sustituye el trabajo que deben realizar partidos y sociedad civil para conquistar los triunfos en las urnas.
Para finalizar, un punto clave: si bien en Venezuela lo más seguro es que quién sabe, estos rectores han sido designados para un periodo de 7 -se lee siete- años. Es decir, son quienes conducirán el proceso para las elecciones presidenciales. Nada más y nada menos. Los llamaron para protagonizar la Serie Mundial. No se les puede medir con total rigurosidad por los cuatro turnos que tomaron en el Spring Training. Esto apenas comienza.
En realidad, el problema de los rectores Picón y Márquez no está en la oposición. El gran reto lo tienen “desde afuera”, porque el oficialismo sí entiende la jugada. ¿Estará dispuesta la cúpula del PSUV -o su supuesto grupo moderado- a ceder poder real, recuperar la institucionalidad del país y abrir cauce a la democratización de Venezuela? Seguro los rectores podrán obtener la respuesta, tras profundo escrutinio.