Formas de la violencia

En Venezuela la violencia se viraliza y se hace más cruenta porque la inercia que se ha impuesto camina hacia la barbarie, se ceba en la impunidad, se impone como sistema para la resolución de casi cualquier conflicto. La barbarie se ha instalado simplemente porque no hay contrapesos del Estado que le pongan cerco, ni política preventiva alguna ni programa social que ponga en manos del pueblo herramientas (no armas) para contrarrestarla. El Estado, cuando actúa, responde con más violencia y luego se retira. En el prontuario chavista figura, además, un lenguaje oficial que la ha favorecido y este es un hilo conductor cuya carta de origen es un golpe de Estado con víctimas inocentes; y un golpe de Estado es siempre una traición a la confianza que ha depositado una nación en su estamento militar y/o en su oficialidad. El chavismo nace de una traición; su lengua, su vocabulario, las formas coloquiales y gestuales que le acompañan desde Hugo Chávez hacia acá constituyen un entramado del desprecio por el otro, el resentimiento social y la venganza. La violencia machista está incluida allí. Todos los otros tipos de violencia están contenidos allí.

Pero ya la violencia cotidiana no parece ser noticia, pues de alguna manera se ha normalizado. Desde afuera, desde el exilio o el destierro, parece que hubiese mitigado. No es así. La violencia pura y dura goza de menos atención en las redes, probablemente no logra muchos retuits y es un fenómeno que habría que analizar, tal vez. A menos que se produzca un nuevo asesinato particularmente espectacular o notorio (o una masacre), la violencia en Venezuela ya no es noticia. Se dice que hay menos delincuencia porque los delincuentes también han emigrado a países vecinos, o porque se han agazapado tras las matanzas perpetradas al amparo de los operativos OLP, Operativo de Liberación del Pueblo, ese eufemismo que ha dado carta blanca a la represión asesina, según han denunciado organizaciones como Provea (entre otras). En todo caso, la violencia delincuencial puede que se agazape por algún tiempo pero, con seguridad, esa percepción desde el exterior acerca de su supuesta atenuación es una percepción falsa o engañosa ya que no existe política oficial alguna que la contenga sino reacciones espasmódicas de las fuerzas represoras, incluso de claro afán exterminador.

En Venezuela la violencia es un tema tan cotidiano que no es en realidad un tema sino una condición inercial del país, un paisaje sin remedio. El chavismo y el madurismo la han promovido, han hecho de la violencia una buena razón para el aquietamiento y el recogimiento de las clases sociales que pueden lanzarse a la calle. La elite gobernante sabe que la violencia libre y poderosa es un buen aliciente para el miedo colectivo.

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En Venezuela campean diferentes formas de violencia y la desinformación es una de ellas; por eso hay que insistir en rescatarla como fenómeno al que documentar, haciéndole seguimiento y poniéndole atención. Un ejemplo de desinformación que es símil de violencia de Estado: cuando existe una ley pero no se sabe, a tiempo y con verosimilitud, lo que sucede cuando esa ley no se aplica o no encuentra campo de cultivo ni mecanismos confiables de aplicación. La desinformación es producto de personas inútiles al mando en los entes oficiales, pero sobre todo es una política que opera a favor del desamparo. La desinformación va de la mano con la ausencia de garantías. En la Lopnna o Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente hay una serie de consideraciones, mandatos y garantías pero eso es agua de borrajas en el día a día. No hay un sistema de información que registre, publique y garantice el acceso público a datos sobre vulneraciones de los derechos de la niñez. Ninguna institución pública presenta información periódica sobre los niños y adolescentes que mueren asesinados o en accidentes, debido a trato cruel o por maltrato. Nada.

No les interesa el tema a los grandes defensores de Alex Saab, por lo visto. Organizaciones privadas han documentado 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes entre 2017 y 2019; en ese periodo ocurrieron 2.291 asesinatos dentro de ese estrato etario y esa cifra engloba, según fuentes, 463 fallecidos por una causa que figura en las estadísticas como «Letalidad policial» pero a la que el Gobierno madurista gusta denominar «Resistencia a la autoridad». Entre 2017 y 2020 por ese concepto perdieron la vida 545 niños y adolescentes, de los cuales 26 tenían menos de 12 años. ¿Qué resistencia a la autoridad pueden ofrecer chicos a esa edad, es que en los veintiséis casos los del FAES o los PNB no fueron capaces de convencer a ninguno, si es que de verdad estaban armados, para que se entregara por las buenas, o es que esos jóvenes pensaron precisamente que entregarse era el pasaporte seguro a un tiro en la cabeza?, ¿qué clase de preparación ante menores en situación de riesgo inminente tienen esos uniformados blindados y armados hasta los dientes?

No hay informes oficiales que analicen estos indicadores ni se evidencia que existan registros institucionales, metodologías o procesos para documentar estos hechos y orientar el desempeño de los distintos órganos y autoridades que tienen responsabilidad en la prevención y control de la violencia. Ya casi terminando el 2021, el último Anuario de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) publicado presenta cifras de 2014. El primero de septiembre pasado se publicó en su página web la información de la mortalidad de 2016. Llevan cinco años de atraso.

En general, la tasa de mortalidad violenta para jóvenes entre 14 y 19 años ha venido incrementándose desde 2016 hasta ahora, y también la de la franja entre 10 y 14 años. ¿Ha habido algún discurso de Nicolás Maduro dedicado a este problema, se ha manifestado alguna preocupación por parte de funcionarios maduristas de manera pública?

Sobre la mortandad que no solo engloba a los menores sino a los adultos se sabe, porque de ello se ha ocupado con la mayor precisión posible el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que en 2020 hubo 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad. Esta ONG califica tales fallecimientos como homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. Eso ha significado una tasa de 16,2 víctimas por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se refiere a un total que, recalco, incluye población adulta y hace referencia a los datos conocidos por la sociedad, en la mayoría de los casos, recogidos por medios de comunicación regional y nacional. Las ONG de derechos humanos en Venezuela recurren a levantar data revisando, pues, las informaciones que aparecen en medios que escapan de alguna manera a la vigilancia o boicot del oficialismo.

De este modo se sabe que en 2020 el supuesto hecho de resistirse a la autoridad ha sido la primera causa de muerte violenta en 112 de los 335 municipios del país; es decir, en un tercio de los municipios. Tales muertes superaron a los homicidios ocasionados por cualquier otro delito (como robo, por ejemplo). De estas 4.231 víctimas de la letalidad policial que hubo durante 2020 se contabilizaron 82 que tenían entre 12 y 17 años. Hubo tres niños con once años o menos que murieron por esa causa a la que aluden los partes oficiales: Resistencia a la autoridad. ¡Qué manía la de este pueblo!, la de resistirse a la autoridad, ¿no?

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La violencia oficial adopta diversas formas pero jamás se disfraza sino que cada quien se pavonea al ejercerla, pues sabe que goza de total impunidad. Eso ha sido así hasta ahora, es posible que cambie tras la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Las formas van de la desinformación contumaz y la opacidad de los datos que deberían ser públicos, hasta el aniquilamiento de niños como ejemplo de que la limpieza delincuencial va en serio, o la tortura por sistema para los rebeldes o la cárcel para los adversarios políticos; pero, incluso, la hipocresía en la palabra de los capitostes del madurismo es una forma de violencia por insultar con ella la inteligencia de la gente. Todo lo que atañe al Estado desde cualquier esquina (sacar un pasaporte o la cédula, sin ir más lejos) es encararse con la discrecionalidad de un funcionario dispuesto al aplastamiento del ciudadano. O puede que el Estado se alíe con lo peor de la delincuencia para construir un tercer infierno, que no es delincuencia propiamente dicha, ni Estado represor, sino una criatura monstruosa que nace del maridaje entre ambos.

Lo que ha sucedido desde hace años en las cárceles, bajo la gestión de la  señora Iris Varela y la concurrencia de los pranes, es sintomático, algo que difícilmente pueda entenderse desde afuera y vean, si no, este relato: El fotógrafo falconiano Carlos Hernández, que vive en Madrid actualmente, mandó a concurso una serie de fotografías sobre la Penitenciaria General de Venezuela que había hecho en 2016, pero se le habían quedado «frías». ¿Por qué se le quedaron frías? Porque las había hecho para el periódico Últimas Noticias. El periódico Últimas Noticias era, para quienes no tengan familiaridad con lo que ha sucedido en Venezuela, un periódico muy popular que pasó a manos directas del chavismo y ejerce como pasquín de propaganda desde entonces. Cuando Hernández, a quien habían invitado oficiosamente a la PGV por trabajar en ese momento para el diario, se presentó en la Redacción con las fotos de los presos famélicos que huían de un pran implacable, le dijeron que se las guardara, que eso jamás se publicaría. Y se las guardó y se las trajo a España y las envió a Cantabria, al certamen Agosto Fotográfico del municipio de Torrelavega donde fueron seleccionadas en el acto para ser exhibidas por su calidad y por su contenido.

Una serie de doce fotografías en blanco y negro a la que puso por título «Los sobrevivientes de Franklin Masacre». Pero antes de anunciarse la selección oficial a Hernández lo llamó el curador de la exposición para pedirle una explicación de aquello. ¿Cómo era posible?, le preguntaba una y otra vez. Estaba absolutamente anonadado con las imágenes de biafranos mirando con ojos desamparados a cámara u observándose unos a otros con la miseria en el gesto y en los huesos. ¿Cómo iba alguien en Cantabria a imaginarse aquello?, ¿cómo era posible en un país que era la primera fuerza petrolera de medio mundo? Hernández había escrito, como se pedía en las bases, un texto que acompañaba a la serie, pero le pagaron el viaje (cosa que no estaba prevista) para que fuera a Cantabria a explicar verbalmente aquello, dando su testimonio en primera persona y de viva voz: Sí, él había estado allí, él era el autor que vivió esas escenas dantescas tan de cerca como se apreciaba, y eso había sido apenas ayer, en 2016. Sí, en Venezuela.

El cúmulo de circunstancias que permitieron al fotógrafo capturar esas imágenes, que son la denuncia irrefutable de un Estado sin piedad y sin idea de los Derechos Humanos de cualquier persona, es muy largo para detallarlo aquí. Pero bastará saber que jugó a favor de Hernández esa costumbre del chavismo, la de desatender compromisos o llegar a cualquier hora porque, total, somos la autoridad. Iris Varela iba a protagonizar un acto en la PGV a propósito de un nuevo recinto construido al lado del primero, buena excusa para convocar a la prensa y mostrar la cara lavada de una política penitenciaria que se deseaba vender como humanitaria. No fue la ministra o llegó muy tarde, se le olvidó o se le pinchó una rueda o la llamaron de Miraflores o lo que haya sido. Lo cierto es que los periodistas asistentes quedaron a su libre albedrío por unas horas, y cada quien aprovechó esas horas a su buen entender.

Ese tipo de fotos, con su correspondiente explicación, pues es mentira que una foto vale más que mil palabras pero sí puede moverle el piso a cualquiera, deberían estar en manos de la CPI desde hace mucho. ¿Por qué no reunir, documentar cronológicamente y dar coherencia narrativa al trabajo de los grandes fotógrafos venezolanos que han seguido las formas de la violencia estatal desde hace 20 años hacia acá?, ¿qué institución en el mundo valorará eso?, ¿se comprenderá su importancia como crónica de una inercia que sirva de alerta y prevención al resto del mundo?, ¿qué efecto causaría una exposición en Bruselas o La Haya con muchos Carlos Hernández sacando de sus discos duros lo que han captado desde el horror, desde la miseria o desde la opulencia de los culpables que acaban de recibir obsequiosamente a Karim Khan?