“Por tanto, decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar, es manifiestamente una mentira”, esto es lo que el sabio San Agustín sentenciaba como concepto de mentira, lo que no sabía para el momento, es que un grupo de personas podía hacer de la mentira una profesión, que además podía generarles poder y dominio sobre un territorio, y hacerlos inmensamente ricos. Claro, San Agustín no tuvo la oportunidad, o la desdicha de conocer la “revolución bolivariana”.
En los últimos días, hemos venido observando una de las mayores operaciones de posicionamiento de la mentira que haya intentado la dictadura en Venezuela, y me refiero a su afán por ser percibidos como quienes están llevando a cabo cambios profundos a favor del respeto y promoción de los Derechos Humanos, esos que a diario son pisoteados con saña en nuestro país. La motivación es clara, conocen que su talón de Aquiles en el ámbito internacional, es que son asociados con las atrocidades que han cometido contra la gente durante años, tal como lo han venido reportando distintos informes internacionales de organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, periodistas y sobre todo las víctimas. Saben además que está latente la posibilidad de que se inicie un proceso de investigación formal ante la Corte Penal Internacional, por lo que les urge maquillar su talante delictivo, y lucir como paladines de la Justicia.
“[Con las leyes aprobadas por la AN en 2021] pretenden lucir como garantistas y respetuosos de los derechos ciudadanos, lo que no dicen es que serán aplicadas por los mismos que violentan lapsos, impiden el derecho a la defensa y al debido proceso”
La evidencia es clara, sólo basta ir observando con cuidado las distintas funciones de esta “puesta en escena”. Recuerden que no se puede cometer una estafa si antes no se engaña a las víctimas, quienes deben percibir la realidad de forma distinta a como es realmente. En la primera escena, de muy mala calidad actoral, por cierto, en junio de este año, crearon una Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, presidida por Diosdado Cabello, la cual, en un destello de genialidad, se propuso acabar con el hacinamiento carcelario. Para ello, ha ido de estado en estado soltando a la mayoría de los presos. En lugar de acometer medidas para procesos judiciales céleres, para acabar con el retardo, designar suficientes funcionarios bien pagados y con estabilidad, resulta más fácil soltar a los presos, que hoy mantienen la misma incertidumbre sobre sus causas, solo que en libertad o bajo medidas cautelares.
Pero la estrategia no se detiene ahí, los estafadores tienen un plan bien trazado. Para ello en días recientes han desocupado “La Tumba” y pasado sus víctimas al Helicoide, el cual están refaccionando para su transferencia al Ministerio de Asuntos Penitenciarios; por cierto, uno de los organismos que ha violado masivamente derechos en el país. La idea es negar la existencia del terrorífico lugar de sofisticada tortura. A la par, y con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos, están dictando una serie de cursos a los cuerpos policiales sobre derechos humanos. Esto sería loable, si no fuera porque al salir de los cursos, los jefes naturales les indican que deben volver al mundo real, de las ejecuciones extrajudiciales, gas y palos a los que protesten, torturas a disidentes, escuchas ilegales, allanamientos sin orden, persecución de familiares de los calificados como “peligrosos”, sitios de detención clandestinos, entre otros.
Para dar continuidad al maquillaje, han puesto a alguno de los habituales violadores de derechos a hacer declaraciones rocambolescas, pero tan desapegadas a la verdad que no hay manera de que sean medianamente creíbles. El Fiscal de la dictadura sin ninguna mueca que delatara tamaña falsedad dijo: “En Venezuela se hace justicia, existe un sistema de justicia, con las limitaciones y las deficiencias normales de cualquier democracia en desarrollo, en transformación, pero con un estándar superior a cualquier otro país del hemisferio occidental”, esto, paradójicamente, coincidió en su momento con la absolución del asesino del joven David Vallenilla, uno de los crímenes de lesa humanidad mejor documentados de todos los que han ocurrido en los últimos años.
Como colofón del aparato de propaganda, la írrita Asamblea Nacional de la dictadura de forma exprés, sin consulta pública, ni debate alguno, reformó el Código Orgánico Procesal Penal; el Código Penitenciario; crearon una regresiva Ley de Hábeas Corpus; Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, del Código Orgánico de Justicia Militar, y de la Ley del Estatuto de la Policía de Investigación. Con este paquetazo normativo, pretenden lucir como garantistas y respetuosos de los derechos ciudadanos, lo que no dicen es que serán aplicadas por los mismos que violentan lapsos, impiden el derecho a la defensa y al debido proceso, pues está claro que nuestro caos judicial no es un tema de leyes sino de operadores.
Lo que la mayoría no sabe, es que el régimen está haciendo esfuerzos para lograr que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visite Venezuela. Los operadores de la idea, estiman que pueden hacerle un tour con perfil turístico como el que ciertos influenciadores de redes sociales suelen hacer, para mostrarle las bondades y avances de la dictadura en el tema de derechos humanos, y así mantener en el congelador el proceso penal que está en fase de examen preliminar. Esa es la razón por la que la dictadura hace alardes de estar sentados en negociaciones con la oposición venezolana hablando de “reinstitucionalización” del sistema judicial (muy conveniente), y además ha ido ante los organismos multilaterales a notificar que estamos en un proceso al que han llamado “negociaciones de paz”. Toda una estrategia diseñada y ejecutada para evadir la justicia. Equivocados están si creen que los ciudadanos nos quedaremos de brazos cruzados frente a esta exaltación de la mentira.