La novela que se viene editando alrededor de Monómeros, una empresa colombo-venezolana que domina el mercado de fertilizantes en Colombia, es todo un guion cargado de intrigas, poderes, geopolítica y señalamientos mutuos de presunta corrupción.
Al menos eso es lo que reflejan los hallazgos conocidos por Diario Criterio, en los que algunos directivos considerados alfiles políticos del presidente interino Juan Guaidó, con asiento en la Junta de Monómeros, estarían vinculados con actividades sospechosas. Una de ellas está relacionada con una empresa en paraísos fiscales. Otro de los miembros ejerció como abogado de un narcotraficante que estaría conectado con capos de la mafia colombiana. Y una tercera directiva renunció al cargo porque ese nombramiento hizo que el régimen de Maduro persiguiera sus bienes y los de su familia en Venezuela, sin recibir ayuda o apoyo del presidente interino Guaidó.
A lo anterior se suman las medidas tomadas tanto en Colombia, Venezuela, Estados Unidos y cuyo telón de fondo es la guerra de poderes entre los presidentes Iván Duque y Nicolás Maduro.
El más reciente episodio de contrapunteo sucedió durante el arranque de la negociación entre el Gobierno venezolano y la oposición democrática, el pasado 18 de agosto en México. Maduro aprovechó para exigir la devolución de Monómeros a su país y presentó esa petición como un punto de honor para iniciar los diálogos.
Dos días después el gobierno de Duque le respondió a través de la Superintendencia de Sociedades, expidiendo la Resolución No.301-004466 del 20 de agosto de 2021, que somete a Monómeros bajo el control de esa entidad pública. Aunque al interior de la Casa de Nariño dijeron que la decisión de intervenir la empresa por parte de la Supersociedades se había tomado tiempo atrás, la consideraron severa, y que llegó en el momento oportuno. Todo un portazo claro, y así lo entendieron en el vecino país.
Denuncias como arroz en Monómeros
Lo absurdo de todo ese entramado es que, pese a las embestidas de ambos bandos y las sanciones de Estados Unidos, Monómeros sigue operando a pesar de los escándalos de presunta corrupción que han rodeado tanto a las administraciones de Maduro como a la liderada por el equipo del presidente interino Juan Guaidó.
Así lo demostrarían documentos a los que tuvo acceso Diario Criterio y que reflejan una estrategia que apuntaría al marchitamiento económico de Monómeros, que arrancó desde 2017, con el bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, sumado a las decisiones de la nueva Junta Directivade la empresa y la reciente toma de control de la Supersociedades en Colombia.
Increíblemente, en 2020 Monómeros se ubicó entre las 500 empresas más rentables de Colombia ocupando el puesto 161, con ventas superiores al billón de pesos y utilidades por 32.097 millones de pesos, según el ranking elaborado por la revista Dinero.
Eso explicaría por qué Monómeros despierta tanto interés para ambos gobiernos, el de Colombia y el de Venezuela. Desde el régimen chavista aseguran que la empresa se convirtió en escampadero de todos los alfiles de Juan Guaidó y que el propósito de estos es privatizarla y exprimirla por completo.
Para sostener esa tesis, se apoyan en la reciente denuncia que hizo el diputado venezolano José Luis Pirela, quien aseguró que el 60% de las utilidades de Monómeros serían cedidas a Lion Street, una empresa panameña con menos de cuatro años de existencia. Aunque advirtió que el contrato se rescindió, argumentó que ese simple hecho demostraría las oscuras intenciones.
“Las corruptelas de hoy no justifican las corruptelas del chavismo en el pasado. No vamos a avalar ningún fideicomiso con corruptos, como tampoco avalaremos prácticas confiscatorias de nadie. Monómeros es un activo de la nación venezolana; no es de Maduro ni de Guaidó”, dijo el diputado venezolano en su cuenta de Twitter, tras advertir que estarán vigilantes ante cualquier intención de usar los recursos de Monómeros para financiar campañas políticas tanto en Venezuela como en Colombia.
Desde la otra orilla también disparan en el mismo sentido. Por ejemplo, el informe que presentó la Comisión Presidencial de Gestión de Activos, una entidad que hace parte de la presidencia interina de Guaidó, asegura que cuando asumieron el control de Monómeros, “encontramos a una empresa malgastada y debilitada financieramente a causa de contratos millonarios asignados sin licitación alguna, lo cual demuestra el saqueo que la dictadura ejerció sobre su patrimonio”.
Y añade, como ejemplo concreto de esa supuesta corrupción, el contrato por 320.000 dólares mensuales “para alquilar aviones que eran usados por la dictadura”, dice textualmente el informe presentado en noviembre de 2019.
¿Marchitar para vender?
La cruzada contra Monómeros arrancó a comienzos de 2017, cuando el entonces presidente Barack Obama, antes de abandonar la Casa Blanca, aplicó sanciones contra varias empresas y ciudadanos afines al régimen chavista.
Entre esas empresas cayó Monómeros, que a partir de entonces no pudo continuar sus operaciones comerciales de importación de materias primas, ni transaccionales en divisas.
Posteriormente, el gobierno del presidente Donald Trump endureció los bloqueos a través de la Orden Ejecutiva 13808 de 24 de agosto de 2017, prohibiendo cualquier transacción comercial entre ciudadanos o empresas de ese país y la compañía de fertilizantes. Mientras tanto, en Colombia, las ocho entidades financieras con las que tenía relaciones comerciales cancelaron unilateralmente todos sus productos.
Pese al bloqueo, Monómeros, que importa el 87% de su materia prima, se las ingenió para seguir operando a través de intermediarios de otros países ajenos a las retaliaciones de Estados Unidos y a su vez optó por comprarle insumos a su competidor en Colombia, obviamente incrementando costos.
Una labor titánica si recordamos que el 73% de la producción de Monómeros se comercializa en Colombia y el restante 27% se exporta a República Dominicana, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Barbados, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.
Dicho por la propia Supersociedades en una de las resoluciones de toma de control, Monómeros estaba en una situación en la que no podía realizar compras ni ventas de divisas, “lo que ha llevado a aumentar sus cuentas por pagar y por cobrar”.
Como era de esperarse, todo ello trajo como consecuencia que Monómeros afectara su situación financiera, que se reflejó en la reducción del patrimonio en un 20%, pérdida de utilidades por 62.785 millones de pesos y su endeudamiento pasó del 48 al 62%, entre 2017 y 2018.
Sin embargo, en todo el expediente de consideraciones y argumentos que expuso la Supersociedades para tomar el control de Monómeros, queda claro que el más convincente es el social. ¿La razón?
Esa empresa genera 565 empleos directos solo en Barranquilla, donde se encuentra la planta física, y provee otras mil fuentes indirectas de puestos de trabajo. Sumado a ello, con corte a 2018, esa compañía arrastraba un pasivo pensional por 10.656 millones de pesos.
Así las cosas, no cabe duda que Monómeros, además de convertirse en la joya de la corona por la que se pelean Duque y Maduro, tiene un gran impacto social en el país.
Los alfiles de Guaidó en Monómeros
Otra de las denuncias que se puede confirmar con una simple revisión de las actas de Junta de Monómeros es que en esa empresa hay varios nombres de los escuderos y compañeros de lucha política dentro de la oposición que lidera en Venezuela el presidente interino Juan Guaidó.
Desde que Guaidó fue proclamado Presidente encargado, en enero de 2019, una de sus primeras gestiones fue cambiar la Junta chavista que había en Monómeros y nombrar una nueva; como era de esperarse allí tomaron asiento sus amigos.
De hecho, en el vecino país circula en redes sociales una lista con los nombres de 37 supuestos opositores ligados a Guaidó y a quienes las autoridades les bloquearon sus cuentas bancarias mediante acciones consideradas como retaliaciones.
De ese listado, Diario Criterio encontró a once de esos opositores en las Juntas directivas de Monómeros o sus empresas filiales. Cabe aclarar que ese nombramiento no constituye delito alguno o configura una falta de ética o irregularidad. Por el contrario, resulta obvio que Guaidó nombre en esos cargos clave a personas de su confianza.
Sin embargo, llama la atención que dos de ellos renunciaron con curiosos argumentos y otro aparece como defensor de un narcotraficante con supuestos vínculos con Daniel “El Loco” Barrera.
La renuncia más llamativa sucedió el pasado 12 de septiembre, cuando la presidente de la Junta Directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández de Castro, le entregó su carta de dimisión a Guaidó, argumentando no estar de acuerdo con la decisión tomada por la gerencia y otros miembros de Junta, en el sentido de controvertir la toma de control que hizo la Supersociedades.
“Considero que con esta acción de controvertir la Resolución de la Superintendencia de Sociedades, se arriesgan más 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos que hacen parte de la operación de Monómeros, al generar gran desconfianza en los proveedores de materia prima que apalancan el proceso de la compañía y se hace evidente un enfrentamiento con el Estado colombiano”, argumentó la presidente saliente de la Junta.
El nombre de Hernández también aparece ligado a Crea Resultados, S.A., que es una empresa constituida en Panamá desde 2014 con un capital de 120.000 dólares, pero que aparece suspendida según registros públicos de ese país.
La otra renuncia ruidosa a la Junta de Monómeros ocurrió el 3 de noviembre de 2020, a cargo de Ceimy Dayana Martínez Budez, también ficha de Guaidó. Ella se fue molesta con este, porque según explicó en su carta de dimisión, esa designación ad honorem le trajo muchos problemas a su familia con el régimen de Maduro, pero poca ayuda y respaldo del Presidente interino.
“(…) Mi nombre y el de mi familia en Venezuela se han visto gravemente afectados por el simple hecho de ser miembro suplente de una Junta directiva/comité en el que nunca tuve la oportunidad de participar, siendo además que por el solo hecho de ser nombrado para estos cargos fueron ilegalmente allanados y tomados por la fuerza física e injustamente todos los bienes de mi familia y los míos, sin obtener ningún tipo de ayuda del Presidente interino de Venezuela”, escribió la directiva.
Otro de los miembros polémicos de esa Junta es el joven abogado, deportista y dueño de restaurantes y discotecas, Yadid Jalaff Reyes. Este colombo-venezolano es hijo de padres colombianos y actualmente reside en su natal Barranquilla, ciudad a la que llegó en 2015 tras migrar de Venezuela.
Su nombramiento en la Junta de Monómeros fue un festín para el régimen chavista, porque lo ligan con la defensa judicial que hiciera del narcotraficante canadiense Steven Douglas Skinner, célebre en Colombia porque, según investigación de la Policía antinarcóticos y la DEA, aparece vinculado al tráfico de heroína líquida y con presuntos nexos con la red mafiosa de Daniel “El Loco” Barrera.
En efecto, de acuerdo con registros públicos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, el nombre de Jalaff Reyes aparece inscrito junto a otro abogado como defensores de Skinner, dentro del Expediente No.2016-168.
Al margen de todos esos señalamientos y llamativas coincidencias, una cosa queda clara en el novelón alrededor de Monómeros: quien se quede con esa empresa colombo-venezolana no solo se echa al bolsillo una caja registradora que factura ventas superiores al billón de pesos al año, sino un verdadero fortín electoral.